Venezuela / Nombramiento de embajador en la OEA: maniobra para la intervención

El 22 de enero de 2019, la Asamblea Nacional continúa en contumacia, acuerda que la Sala Constitucional para ellos no existe o no tiene importancia y produce un nombramiento de un Embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Este acto leído desde el derecho nacional, en especial tomando en cuenta el contenido  de la Sentencia N°003 dictada el 21 de enero de 2019, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es un acto invalido que puede ser valorado por las instancias con competencia penal como un acto de usurpación. Pues el nombramiento de los Embajadores corresponde al Poder Ejecutivo como titular de la política exterior, y es tan sólo objeto de una valoración posterior por parte del Poder Legislativo.

Sin embargo, esto queda como un asunto doméstico o secundario. Por ello, con carácter de urgencia los invito a que miremos el escenario interamericano. Partamos por considerar que está en curso la solicitud de retiro que realizó la Cancillería venezolana en 2017, por lo que pronto se cumplirán los dos años previstos en la Carta Constitutiva para que rinda efecto. Y que analicemos lo fundamental, que es lo que puede pretender la oposición con este acto.

Recordemos para ello que Luis Almagro, deslucido burócrata interamericano, ha adquirido el hábito de afirmar que él es la Organización. Lo cual no se corresponde con la realidad pero sí con la presentación mediática. Luego de que pretenden desde hace al menos tres años aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana, lo que no les ha sido posible porque, como es usual en el Derecho, hacerlo requiere un procedimiento y que, adicionalmente, apenas se empezó a rumorar que pudiera el pretendido Presidente de la Asamblea Nacional asumir la Presidencia de la República, Almagro manifestó su apoyo a la idea en redes sociales.

Volviendo a la Carta Democrática, el elemento previo a iniciar el procedimiento que contiene es tener la legitimidad para hacerlo. Señala la Carta que puede ser aplicada a solicitud del “gobierno  de un Estado miembro”, según lo dispuesto en el artículo 17 de este documento.

Recordemos que es justa esta la pregunta que está planteada en los medios para la opinión pública mundial: ¿cuál es en este momento el gobierno legítimo de Venezuela?

La respuesta, que no tiene en el derecho nacional ninguna duda, es que el gobierno de Venezuela está encabezado por Nicolás Maduro, pero ellos quieren inducir la idea de que hay una usurpación, o al menos -usando el lenguaje de Wikipedia- una disputa. Recordemos en esto esa terrible frase de comienzos de año donde ellos hablaban que debía “transferirse el gobierno a la Asamblea Nacional”, lo que ellos pretenden dar por consumado.

Así las cosas, para ellos gobierna el hipotético Presidente de la Asamblea Nacional, y el nombramiento de un Embajador es un acto de gobierno, además uno que tiene consecuencias en el extranjero.

Visto a la luz de la Carta Interamericana, es evidente que jugarán a pretender que el “verdadero gobierno” clama que se intervenga en Venezuela, donde el poder ha sido transferido y existe un gobierno, que se prueba entre otras cosas porque tiene su Embajador que no logra consolidarse porque es víctima de un “usurpador”.

Es evidente que, para que esto pueda ocurrir, la multilateral primero tendría que reconocer un acto que, según las autoridades venezolanas, es nulo y posteriormente sacar a la delegación oficial de Venezuela de la OEA, que suena como un acto inusualmente canalla y bochornoso.

Sabemos que la historia de la OEA no se ha caracterizado por su apoyo a la democracia o la soberanía de los pueblos, y que tienen un momento particularmente opaco desde que la Secretaría General fue asumida por Luis Almagro, pero es este un momento trascendental para el Derecho interamericano, pues no existe manera posible de que la OEA le dé carácter de embajador al nuevo nombrado sin romper definitivamente con las apariencias de respeto al Estado de Derecho en los países que la conforman, porque -insistimos- actúan en el marco de un Derecho que en este país, presidencialista desde 1811, jamás ha existido.

Este evento, que a primera vista nos puede parecer una bufonada, pone la mira sobre la OEA, que avalándolo contribuirá definitivamente a la destrucción de la noción de autodeterminación de los pueblos, y a acercar nuestras suertes a las de los sueños de los muros de Trump y a las declaraciones de Bolsonaro, quien augura  que pronto este continente dejará de ser bolivariano.

Esto como recordatorio en presente por si nos hubiésemos olvidado de las diferencias del sueño de un mundo nuestroamericano, como decía Martí y aquellos primeros proyectos bolivarianos, con este esquema interamericano hijo del panamericanismo y deudo de la

 

 

Doctrina Monroe.

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