Resumen Latinoamericano/ 12 de Noviembre 2018.- Una nueva sección informativa de las luchas sindicales del pueblo argentino contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri.Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal.
Invitamos a quienes quieran informar sobre despidos, huelgas, ocupaciones, movilizaciones y conflictos sindicales y sociales varios, que nos envíen sus gacetillas y comunicados a resumenrebel@gmail.com
El secretario general de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy, se quejó de que el eventual cobro de un bono de fin de año “es absolutamente insuficiente”, al argumentar que “la inflación va a ser cercana al 50%”.
“El bono es absolutamente insuficiente, porque la inflación va a ser cercana al 50%. Y todavía no sabemos si el bono se va a aplicar a los estatales”, sostuvo Hugo “Cachorro” Godoy.
En diálogo con Radio Continental, el dirigente opositor también cuestionó al Gobierno por no haber incluido a ATE ni a la CTA en la negociación: “No hemos sido consultados ni nada por el estilo. Hay una actitud de elegir a un grupo de dirigentes que supuestamente represente a todos los trabajadores y con esto inhabilita a la gran mayoría”.
El también secretario adjunto de la CTA Autónoma arremetió contra su par de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez. “Lamentablemente, el Gobierno busca tener relación con sindicatos amigos que le convaliden la política de despidos y ajuste. Por eso tiene una relación privilegiada con ese gremio y su dirigencia. El acuerdo que hace un grupo de dirigentes de la CGT incluye a Andrés Rodríguez y UPCN en una demostración más de su colaboracionismo y complicidad con las políticas de ajuste del Gobierno de Mauricio Macri”, lanzó.
En ese sentido, “Cachorro” Godoy se refirió a la situación económica de los trabajadores estatales: “Hemos reclamado al Gobierno a que reabra las paritarias. Estamos lejos, somos el sector que más ha perdido en términos salariales en los últimos años. Queremos que se reabra la paritaria para discutir una recomposición en serio”.
En tanto, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) remarcó que la CTA está “analizando la situación” para definir si realiza un paro nacional antes de fin de año.
“No descartamos eso. Estamos analizando la situación. Ya hemos convocado a una movilización para el 30 de noviembre en el marco del G20 para repudiar las políticas que los principales países quieren imponer a naciones como la nuestra a través del FMI”, señaló.
Además, apuntó: “No descartamos realizar otras medidas de fuerza para discutir más en concreto la situación salarial. Vamos a conversar con todos los que estén dispuestos a dar la pelea”.
¿A quiénes les llegará el bono de fin de año?
El gobierno nacional consiguió levantar el paro de la CGT con un bono de apenas 5000 pesos. Pero no incluye a trabajadores de sectores en crisis y los estatales deben negociar con los gobiernos provinciales.
¿A quiénes les llegará el bono de fin de año?
El gremio de trabajadores más perjudicado en lo que va del año son los estatales. Pero para ellos el bono de fin de año dependerá de la buena voluntad de los gobiernos provinciales. La pérdida de poder adquisitivo que sufrieron este año fue del 14%. Para igualar la capacidad de compra que tenían en 2017, el bono de fin de año de los estatales debería ser de $51.734. Pero, en las provincias más generosas recibirán apenas 10.000 e inclusive en algunas como Santa Fe ni siquiera tendrán bono.
En Río Negro, el acuerdo logrado entre los estatales y el Ejecutivo es que se pague por única vez un bono por $3500. En Neuquén, pese al reclamo de los gremios y a que la Provincia ya ha utilizado este mecanismo en años anteriores, aún no hay información oficial respecto de un pago extra antes de fin de año.
En lo que hace al resto del país, en Santiago del Estero el gobernador Gerardo Zamora anunció un bono de $10000 pesos, a pagar en dos cuotas. En Tierra del Fuego y La Pampa será de $6000, mientras que en Formosa de $5000. Para los empleados estatales de San Luis, La Rioja y Misiones, el monto extra en diciembre será de $3000.
En algunas provincias como Santa Fe, los trabajadores estatales ni siquiera tendrán bono.
Tucumán, Salta, Mendoza, Corrientes, Chubut, Santa Cruz, Santa Fe y Entre Ríos entran junto con los patagónicos en el lote de los que no desembolsarán cifra alguna en busca de equiparar las diferencias salariales entre la inflación de este año y las paritarias acordadas.
“Lo único que ganan los dirigentes que están en la CGT es obtener la exclusividad de la representación de los trabajadores ante el Gobierno. Y lo que el Gobierno busca con esto es que le garantice frenar la conflictividad social y la protesta de los trabajadores frente a la gran agresión de sus políticas económicas”, sostuvo Hugo Godoy, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
“Nosotros, desde ATE, estamos pidiendo la reapertura de la paritaria y, como lo demuestra el acampe que están llevando adelante los compañeros de la provincia de Buenos Aires para discutir el Presupuesto 2019 presentado por la gobernadora (María Eugenia) Vidal, nuestro reclamo sigue recorriendo el país y ganando adhesiones. Por lo tanto, no descartamos la realización de nuevas medidas de fuerza nacionales antes de fin de año”, agregó Godoy.
El secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli, aseguró que el bono de $ 5.000 es insuficiente para compensar la pérdida salarial frente a la inflación y abogó por la unidad del sindicalismo y el peronismo de cara a las elecciones de 2019.
“No salió la reglamentación todavía. La CGT arregló que salga por decreto. No está explícito si va a ser para todos, si se discute como una paritaria”, sostuvo el líder mecánico en diálogo con FM La Patriada.
“Es difícil en este momento articular algo que sea un pago masivo. No sabemos si es para los maestros, los estatales, los jubilados, la actividad privada. Después hay un problema: dicen que los gremios tienen que discutir la implementación, pero sabemos que en cada caso son distintos”, indicó el sindicalista.
“Hay pequeñas empresas que la están pasando muy mal. Distinto sería que fuera un pago que absorbe el Estado para todo el mundo y que luego la actividad privada la pueda descargar”, agregó Pignanelli.
Para el también referente del Frente Sindical para el Modelo Nacional, los $ 5.000 son insuficientes. “Para los gremios que no pudieron llegar a 38% o 40% (de aumento salarial) no les va a alcanzar. Es un paliativo. Si todo el mundo está hablando que hasta septiembre la inflación fue de entre 39% y 40% y en agosto le está faltando un 5%, es un paliativo. Algunos pactaron 20%, 25% o 28%, pero algunos 15%. Son realidad que hay que ver”.
El gremialista aventuró más dificultades para fin de año. “Para las fiestas se habla de un pan dulce más barato a $ 200 y uno de precios mediano a $ 500. El conflicto social lo pueden frenar, pero la necesidad no. Los gremios a nivel general pueden haber sacado un 25% que no cubre la inflación. Hay muchos sectores el conurbano que lo sienten, hay un 40% de gente que no está en el sistema laboral, ni declarados, ¿esos cómo lo cobran?”, se preguntó.
El líder de los mecánicos además puso en duda si lo beneficiarios de los planes sociales y laborales también lo recibirán y advirtió por la crisis en las pymes. “Tampoco hay sustento con la plata del Estado. Lo que está pasando es crítico y con el enfriamiento de la economía se está dejando en el camino a muchas pymes y economías regionales, que son el 75% de los laburantes”, subrayó.
Por otra parte, abogó la unificación de las posturas de la CGT y evitó cuestionar el levantamiento del quinto paro general previsto para este mes. “Es imperiosa la unidad y cuando la unidad es imperiosa hay que ser muy prudente de lo que se pueda decir, porque somos todos compañeros. Si entre compañeros decimos a los cuatro vientos o que pensamos sin analizar las circunstancias, no se brega para la unidad. Un pensamiento profundo hacia afuera puede dar adhesiones, pero hay que ser prudente”, dijo, y también se refirió al regreso de Hugo Moyano al PJ y de las reuniones en el peronismo. “Tenemos que hacer la unidad aunque duela”, afirmó.
Pablo Micheli cargó duramente contra la CGT y acusó a la dirigencia cegetista de “bajar el paro” a cambio de dinamitar el proyecto oficial que estipulaba la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas para los sindicalistas.
“Nuestra crítica a esa algarabía del binomio de la CGT que baja un paro por este acuerdo nos llama poderosamente la atención. En particular creo que detrás de eso hay alguna cosa más por la cual resolvieron bajar el paro”, disparó el titular de una de las vertientes de la CTA Autónoma y abrió interrogantes sobre los intereses que se jugaban detrás de las negociaciones.
“Viste que hace unos días atrás el gobierno comenzó a plantear, cosas que estoy de acuerdo, es más, lo hago regularmente, que los dirigentes sindicales presentemos nuestra declaración jurada. Bueno, esto trajo mucho revuelo en la CGT y sé que hubo conversaciones entre el Gobierno y la CGT que no fueron públicas alrededor de este tema para que eso no prosperara”, añadió el ceteísta.
Además, Micheli graficó que se trató de “una moneda de cambio”, quien acenturó que “lo sabremos si en la ley de Ética Pública no aparece el tema de la obligatoriedad”.
El referente de la CTA argumentó “que la gente tiene devaluado al dirigente sindical, nos tiene muy mal visto, somos de los que más imagen negativa tenemos” por cuestiones como las que negoció la CGT.
Por un cálculo del gobierno de la Provincia al otorgar adelantos que finalmente fueron descontados, cientos de docentes recibieron su recibo de sueldo con insólito descuentos. En algunos casos, deben al Estado hasta 20 mil pesos.
En un capítulo más del conflicto docente en la Provincia de Buenos Aires, ahora cientos de maestros recibieron descuentos en su último recibo de sueldo, al punto de llegar a deber dinero al gobierno.
Todo surgió luego de que el gobierno efectuara “pagos a cuenta de futuros acuerdos”, una especie de adelantos mientras la paritaria no cerraba. Pero, finalmente ese acuerdo concluyó con menos de lo previamente estimado y ahora el gobierno está reduciendo esos salarios, afectando especialmente a aquellos que se desempeñan en la educación privada.
“Esos pagos que hicieron como adelanto a cuenta no se sabe qué naturaleza jurídica tienen. Se sumaban todos los cargos que tenía un docente y lo ponían en una categoría. Pero en el caso de los docentes privados todo se complica porque no tenemos un solo empleador como los estatales”, dijo al portal Todo Provincial, Marina Jauregui, secretaria gremial de Sadop.
Esto llevó a casos disparatados como el ocurrido en Mar del Plata, donde a una docente le llegó un descuento de 21 mil pesos.
Esto ya venía siendo advertido por la titular FEB, Mirta Petroccini, quien en pasadas paritarias se encargó de reparar en las consecuencias que podrían llegar a tener los adelantos que ofrecía “arbitrariamente” el gobierno.
Por su parte, desde Suteba también sacaron un comunicado explicando por qué se dio este artilugio que terminó por endeudar a los docentes. Según el gremio, en el recibo de este mes figura “lo que cobraste este mes con el aumento, sin los retroactivos”.
“El recibo del mes pasado fue modificado. Si lo buscas, vas a encontrar que allí está cargado el retroactivo que deberían abonarnos. Pero a ese retroactivo se le descuenta en formato de deuda los adelantos a cuenta que el gobierno nos pagó en negro y unilateralmente estos meses, antes de cerrar la paritaria por decreto”, ampliaron desde Suteba.
Ahora, cientos de docentes se encuentran en una incertidumbre mayor. Al ya conflicto no resuelto desde comienzo de año, ahora muchos terminan por presentar una deuda.
Con agenda hasta el 2020, terminó el Tercer Encuentro Nacional de Niñez
Entre las principales conclusiones, se definió una jornada nacional de lucha para el próximo 9 de mayo cuando se decidirá la sede 2020.
Tras dos históricas jornadas de debate en paneles y talleres, con aportes de niños, niñas y adolescentes, organizaciones, sindicatos, investigadores e investigadoras, docentes, funcionarios, profesionales y militantes de las más diversas experiencias, concluyó en Viedma el Tercer Encuentro Nacional por la Niñez, organizado por el Foro por los Derechos de la Niñez, la Fundación Che Pibe, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma.
En este marco, las organizaciones participantes, y todas las que se suman a partir de ahora, acordaron convocar a una jornada nacional de lucha para el próximo 9 de mayo para exigir el real funcionamiento del sistema de protección integral de la niñez y adolescencia. En este andar se definirá también la sede de la próxima edición a realizarse en el 2020.
Si bien, toda la información será sistematizada en un Informe de la situación del Sistema Nacional de Niñez, al finalizar la Jornada se leyeron las conclusiones principales que se extrajeron de los aportes de compañeros y compañeras de los más de 30 espacios de debate que se dieron en los dos intensos días. Entre las que figuran: la discusión de la riqueza como disputa central que atraviesa todos los temas, se discutió el Presupuesto 2019 para el Sistema de Niñez, de lo que se extrajo que se evidencia una reducción del 70% en áreas como educación y un 30% en la Secretaría Nacional de niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF). Esta situación empeora por el hecho de que en lo que va de 2018 sólo se ejecutaron un 27% del total de las partidas de niñez. Como propuesta surgió la aplicación de gravámenes sobre los bienes de los dueños de la riqueza, sólo con una mínima de alícuota a 114.000 de los argentinos que tienen un millón de dólares, podría duplicarse la Asignación Universal Por hijo.
Otro de los puntos que atravesó todas los debates fue la violencia institucional que viven los pibes en sus barrios y específicamente la represión policial, hubo cantidad de exposiciones que buscan sistematizar la cantidad de situaciones e implementar “controles populares de las fuerzas de seguridad”. En este sentido, se volvió a decir No a la baja en la edad de punibilidad de los pibes y pibas y en la necesidad imperiosa de políticas públicas con enfoque de derecho que aborden su integralidad.
Como propuesta de los participantes, se expuso la necesidad de crear en estos encuentros, mesas o paneles sobre la educación sexual integral y el abuso sexual infantil. Asimismo, se hizo lugar a dos jóvenes que se acercaron con una denuncia de abuso en Viedma, para lo cual el Encuentro se comprometió a accionar de forma legal.
La participación de los niños, niñas y adolescentes quizás fue el dato más importante del Encuentro, uno de los paneles que protagonizaron fue sobre la aplicación de la Convención Internacional en Argentina: comentaron experiencias e investigaciones en relación al Informe que presentaron. Además, resaltaron en los paneles de migración y discriminación, nuevas experiencias culturales y medios de comunicación y niñez.
Asimismo, se destaca de las conclusiones el petitorio que será entregado al Congreso de la Nación antes del 13 de noviembre para que sea asignado el Defensor/a de los derechos del niño/a.
Cabe destacar la asistencia de más de mil acreditados que aportaron sus demandas, anhelos y realizaciones a este encuentro en el cual los niños y niñas fueron protagonistas, alzando la voz para dar cuenta de las distintas realidades que los atraviesan y generando propuestas concretas de cara al futuro inmediato.
Así, con dinámicas que estimularon la participación, las intervenciones de los compañeros y compañeras llegados de todo el país se escucharon en los salones de la sede del CURZA de la UNCO en la capital provincial.
La síntesis de las relatorías de cada panel y talleres estarán disponibles en los próximos días, dando cuenta de los ejes centrales para seguir construyendo una agenda alternativa que dé prioridad a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, algo que el Estado debe garantizar a través de políticas al servicio del pueblo.
Todas las organizaciones presentes, militantes de diferentes espacios y los jóvenes, niños y niñas que fueron protagonistas de este Tercer Encuentro Nacional, refrendaron en Viedma su compromiso en la lucha por una niñez con derechos en un mundo con justicia.
Cobertura colaborativa
Violento procedimiento policial en una fábrica recuperada
Esta mañana, la empresa recuperada Renacer (ex TresGe) fue usurpada violentamente por un allegado al ex dueño, amparado por la Policía de la Ciudad, en el marco de lo que los trabajadores denuncian como un “operativo ilegal” y un “violento atropello patronal”. En estos momentos los trabajadores y sus abogados permanecen en la puerta de la planta de producción sin poder ingresar al lugar.
La fábrica de bolsos y otros artículos de cuero es una de las más recientes de las empresas recuperadas que fueron a la quiebra durante el macrismo TresGe –rebautizada como “Renacer”- había sido abandonada por su dueño este año. En marzo los veinte empleados de la fábrica ubicada en La Paternal comenzaron a tener problemas para percibir sus salarios y en mayo la empresa dejó definitivamente de pagarlos. El 11 de mayo, al presentarse a trabajar, los 20 empleados de la pyme encontraron la puerta cerrada, con una nueva cerradura y candado, y las vidrieras tapiadas por tablones. “Fue entonces que el dueño cerró la empresa, dejó a los trabajadores a su suerte y estos con un gran esfuerzo la lograron volver a poner en marcha”, relata Luis Palmeiro, abogado de la Renacer. “Como resultado de ese gran esfuerzo colectivo reanudan la explotación y hace unos quince días obtienen la matrícula que los reconoce como empresa recuperada del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)”, que es el organismo nacional que actúa en estos casos.
Esta mañana, una persona que dijo ser el dueño del lugar se presentó en la puerta de la fábrica. El portero, quien también integra la cooperativa, lo dejó entrar y éste, con apoyo de la Policía de la Ciudad, obligó a abandonar el lugar a los trabajadores que se encontraban adentro. “Fue un procedimiento completamente ilegal y violento”, analiza el abogado.
En primer lugar, “porque no existe ningún cargo vigente contra los trabajadores”. En segundo lugar, “porque la Renacer ya cuenta con su matrícula emitida por un organismo oficial”. En tercer lugar, porque “como pudimos confirmar poco después, esta personas no es el dueño, sino un allegado al dueño, es decir, no tiene ninguna facultad para ingresar a la fábrica. Es un usurpador. Y aunque fuera el dueño, una vez que la empresa pasa a ser reconocida como cooperativa, éste ya no tiene esa facultad”. Y concluye Palmeiro: “Ahora nos encontramos en la puerta del lugar a la espera de que la Policía termine de chequear con la Fiscalía, que tampoco nos quieren decir cuál es, para que nos den explicaciones por este procedimiento por demás irregular”.
Se confirmaron 7 despidos y 20 retiros voluntarios en la firma entrerriana. Les ofrecen indemnizaciones en 6 o 12 cuotas. Desde hace meses hay suspensiones y jornadas de trabajo reducidas.
En la mañana del viernes, llegaron siete nuevos telegramas de despidos para operarios que cuentan con entre 7 y 27 años de antigüedad en la textil entrerriana Rontaltex.
En medio de la conmoción por el momento que atraviesa el equipo de trabajo, informaron que luego de una charla con el secretario gremial y el secretario general, definieron realizar una asamblea abierta.
El encuentro será hoy desde las 14 horas en las puertas de la fábrica. Allí definirán cuáles son los pasos a seguir.
Además de los 7 despedidos, se habrían confirmado unos 20 retiros voluntarios. El objetivo de la empresa es reducir el número de personal por la marcada caída de las ventas.
En este sentido, los obreros señalaron a las políticas económicas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri y a la apertura de las importaciones que genera una inevitable competencia.
La situación de Rontaltex comenzó a complicarse desde los primeros días de agosto, cuando empezaron a trabajar con reducción de horarios.
En principio la medida iba a ejecutarse por 3 semanas pero los turnos y horarios nunca volvieron a la normalidad. Luego de nueve semanas retomaron las negociaciones y lejos de regresar a los turnos habituales, el ofrecimiento fue el retiro voluntario de los trabajadores.
Las condiciones no eran las óptimas, debido a que la indemnización sería pagada en 6 y hasta 12 cuotas. En la fábrica textil Rontaltex trabajaban unos 90 operarios entre hombres y mujeres y contaba con tres turnos todos los días.
Actualmente fueron eliminados los turnos del sábado y domingo y los salarios se redujeron a un 75%.
Los empresarios informaron que por la crisis y la caída de las ventas de combustibles “no podrán afrontar” el plus de $ 5.000. Además, recordaron que ya cerraron paritarias por 40%. Piden “comprensión” a Acuña.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha), que agrupa a 4.000 estaciones de servicio con más de 60.000 puestos de trabajo registrados, anunció que “no podrán afrontar” el pago del bono de $ 5.000 acordado entre el Gobierno, empresarios y la CGT.
La entidad que conduce el correntino Carlos Gold cerró un aumento de 40% con el gremio del integrante del binomio de conducción de la CGT, Carlos Acuña, hasta enero de 2019, luego de reabrir la paritaria en varias oportunidades.
“Representa uno de los porcentajes más altos de los que han sido anunciados por el resto de las actividades, a tal punto que fue reconocido como satisfactorio por el mismo secretario general del Foesgra y Soesgype”, recordaron los dueños de las estaciones.
En ese marco, los expendedores remarcaron que el sector lo integran pymes o microempresas y que en la actualidad está “abordando los serios inconvenientes que sobrevienen en esta etapa de ajuste con una tolerancia extrema”.
“La caída de ventas de los combustibles, hoy de público conocimiento, está repercutiendo seria y negativamente sobre el punto de equilibrio requerido para asegurar la sostenibilidad y continuidad de las estaciones, con lo cual nuevos egresos adicionales hacen peligrar la subsistencia de los mismos”, subrayaron.
Las ventas (naftas más gasoil) cayeron 11,5% en septiembre en relación con agosto y un 9,3% con respecto al mismo mes del año pasado, con un fuerte derrumbe en el caso de la nafta premium que llegó al 17,5% sobre agosto y al 27,6% en términos interanuales. La caída de las ventas se explica por la recesión y por la disminución del poder de compra de los consumidores.
En la Confederación aseguran que no están en condiciones de pagar el bono. “Cómo máxima representación gremial empresaria del sector hemos abordado la discusión paritaria con la comprensión y madurez que la crisis económica y su impacto en el bolsillo de los trabajadores requería, arribando a los acuerdos satisfactorios antes mencionados. Ahora exigimos esa misma compresión para nuestro sector, que también sufre las consecuencias y el impacto del deterioro del bolsillo de los consumidores. El ajuste tiene un límite y hoy este límite ya está cumplido”, enfatizaron.
“Desde CECHA requerimos a las autoridades del gobierno que consideren plenamente que nuestra actividad está remunerando lo que se acordó en las diversas negociaciones paritarias y no podrá hoy afrontar nuevos compromisos salariales. No obstante ello y a los fines de poder buscar alternativas de solución, CECHA se ofrece a integrar una mesa de diálogo en carácter de urgente con quienes integramos directamente este sector a saber: la representación de los trabajadores, las empresas petroleras y el Ministerio de Producción”, concluyeron.
En septiembre y octubre hubo más de 20 mil cesantías y suspensiones
Despidos multiplicados por siete
Como consecuencia de la devaluación y la crisis cambiaria, el último bimestre mostró un marcado incremento de las cesantías: 20.872 trabajadores perdieron su empleo, contra los 3087 del mismo período de 2017. El sector más afectado sigue siendo la industria.
De cada cien trabajadores echados en estos meses, 74 se desempeñaban en talleres y fábricas.
Imagen: Sandra Cartasso
En el bimestre septiembre-octubre los despidos y suspensiones sumaron siete veces más que el año pasado: 20.872 personas fueron expulsadas del trabajo, mientras que en 2017, durante el mismo período, se habían registrado 3087 casos. La razón principal de este derrumbe del empleo (agravamiento en la pérdida de puestos de trabajo) sigue siendo la destrucción de la industria. De cada cien trabajadores echados en estos últimos dos meses, 74 se desempeñaban en talleres y fábricas.
Este es el primer dato impactante del último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre despidos y suspensiones. Puesto sobre un gráfico, la curva de expulsiones en el sector privado muestra así una violenta subida en septiembre (ver gráfico).
“Septiembre fue el mes del mayor impacto de la crisis derivada de la devaluación y la inestabilidad cambiaria, en el que se registró una caída récord de la actividad industrial del 11,5 por ciento interanual. Evidentemente, esa caída tuvo impacto sobre la evolución del empleo. No fue el primer mes sino el quinto de caída de la industria, pero sin dudas fue sensiblemente mayor que los anteriores. La caída de la actividad industrial tuvo así un impacto directo sobre el mercado de trabajo”, explicó el titular del CEPA, Hernán Letcher.
Si en lugar de mirar el bimestre la mirada se amplía a los diez primeros meses de 2018, lo que se ve es que los despidos y suspensiones, aunque ahora acelerados, han sido permanentes a lo largo del año. El segundo dato a remarcar del análisis es que en lo que va de 2018 hubo un promedio de 6 mil despidos y suspensiones mensuales.
En el acumulado del año las cesantías y suspensiones suman 56.969 casos, 15.825 de ellos de empleados públicos y 44.144 del sector privado. El 2018 se inició con dos meses en que los despidos estatales fueron más numerosos; luego, en los siguientes cinco meses, fue el sector privado el que pasó a despedir más. En agosto hubo una situación de convergencia o empate, ya que los despidos de estatales y privados tuvieron la misma intensidad. Finalmente, la crisis volvió a golpear con mayor fuerza a trabajadores del sector privado, que han sido especialmente perjudicados este año.
Las actividades más afectadas fueron, en orden decreciente: la industria (33.478 despidos en estos diez meses), trabajadores del Estado (ya sea en el Ejecutivo o en empresas de capital estatal: 15.827 casos), prestación de servicios (9270 casos). La construcción tuvo 947 casos registrados y el sector primario 449. Es decir que los despidos y suspensiones de la industria sumaron el 56 por ciento de los casos. Y en el sector público, entre los correspondientes al Poder Ejecutivo y a las empresas estatales, se dieron el 27 por ciento de los despidos.
El tercer dato a tener en cuenta es la cantidad de despidos por cierres. Uno de cada nueve despidos de los primeros diez meses del año fueron a raíz de bajadas de persianas. En el caso de la industria la proporción fue aún mayor: uno de cada siete casos de despidos estuvieron vinculados a cierres.
Entre los ejemplos más recientes hay varios de marcas instaladas, como los de dos plantas de Alpargatas en La Pampa y Catamarca (textil), Freddo que mantiene sus locales pero cerró su fábrica, Cotagú (lácteos), Gaelle (industria textil), Servicios Tecnológicos Integrados (tecnología espacial, ubicada en Bariloche, que desde 1991 participó en todos los lanzamientos al espacio que realizó la Conae).
Haciendo un desglose sector por sector, en la industria, encabezaron la lista de afectados los trabajadores de los rubros alimentos y bebidas, textiles, de electrónica y electrodomésticos y metalúrgicas. Los de automotrices y de autopartes sufrieron altos índices de suspensiones (General Motors, FIAT, Renault, Volkswagen).
De los despidos del sector servicios, los más numerosos se dieron dentro de Comercio, que representaron el 53 por ciento de los despidos y suspensiones acumulados en el año para el sector (4885 casos sobre un total de 9270). En el segundo lugar de las actividades de servicios más afectadas figuran los medios de comunicación, con 782 despidos acumulados en lo que va del año.
En el sector público, 2018 tuvo despidos en entes descentralizados como el Conicet, Vialidad, INTI, Coros y Orquestas y el Senasa, en el Poder Ejecutivo Nacional, gobernaciones y municipalidades y en empresas de capital estatal como Nucleoeléctrica Argentina, YPF, Fadea y Fabricaciones Militares.
Evolución de despidos y suspensiones mensuales en los sectores público y privado, en los primeros diez meses de 2018
elaboración CEPA
Evolución de despidos y suspensiones en la industria entre enero/octubre de 2017 y enero/octubre de 2018
elaboración CEPA
El accidente había ocurrió en medio del cambio de turno de los empleados. “Los tubos de una pared de agua se quedaron sin líquido debido a un error humano de mal manejo, y se produjo la ruptura de los mismos“, explicó en su momento la empresa en un comunicado.
Ese día, junto a González, también resultó herido Julio Ricardo Saed Ahsmed, quien ahora se encuentra fuera de peligro.
Lo cierto es que en el país, los accidentes laborales van en aumento y las muertes por esta causa también. Así lo expresa el último informe elaborado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que en el período de enero a diciembre de 2017 registró 580.328 incidentes y 743 muertes notificadas por las empresas.
Sin embargo, los datos no contemplan los casos de trabajadores informales o en negro, por lo que se estima que las cifras serían mucho más altas.
“La cantidad de trabajadores fallecidos por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT y EP) creció un 2,1%, determinando un aumento del índice de incidencia de fallecidos del orden del 1,0% respecto del 2016 (42,7% de casos mortales en ocasión de trabajo cada millón de trabajadores cubiertos). La incidencia de la accidentabilidad in itinere disminuyó un 2,1% respecto al año anterior (14,2% de accidentes de trayecto cada mil trabajadores cubiertos)”, indica el informe.
Lo importante de este asunto es que estos índices crecieron a partir de la modificación de la ley de ART, que exige bajar los costos laborales. El abaratamiento de estos costos empresariales implica una flexibilización de la fuerza laboral, precarizando y explotando obreros a cambio de mayores ganancias e inversiones futuras.
La alternativa para los trabajadores
En 2012 el entonces diputado nacional por Unidad Popular, Víctor De Gennaro, presentó el proyecto de la Ley de Prevención de Riesgos y Reparación de Daños en la Salud Laboral.
La iniciativa -que finalmente no logró sortear el lobby de las ART en el Congreso Nacional- buscaba erradicar el negocio que las empresas aseguradoras y el Estado hacen a costa de la vida los trabajadores, instrumentando un sistema solidario que contemplaba la generación de un Banco Nacional mantenido con el aporte destinado a las ART, que posibilitaría que cualquier trabajador de cualquier ámbito esté cubierto ante emergencias o enfermedades, y que se haría cargo de la reparación de los daños y perjuicios.
El proyecto proponía un cambio de paradigma hacia un sistema gestionado con participación de los trabajadores, que además serían protagonistas en el diseño y control de las acciones de prevención, que aseguraría la reparación integral y automática de los daños, entre otras previsiones.
En enero de 2017, a tono con los reclamos empresarios, el gobierno de Mauricio Macri modificó por decreto la vigente Ley de riesgos del trabajo. Así, los trabajadores que sufran accidentes estarán obligados a pasar por una comisión médica -que suele fijar reparaciones insuficientes- antes de recurrir a la Justicia, trabando sus posibilidades de reclamo y defensa. El Gobierno utilizó un DNU pese a que había una ley debatiéndose en el Congreso. De esa manera la precarización implica menos costos empresarios, y más riesgos laborales.
You must be logged in to post a comment Login