Colombia. Jesús Santrich: “¡Jamás permitiré que me extraditen!”

Resumen Latinoamericano / 9 de noviembre de 2018 / Semanario Voz

En su primera entrevista para medios de comunicación luego de su detención, el líder de la extinta guerrilla se defiende de las acusaciones que el fiscal Néstor Humberto Martínez y la DEA hacen en su contra, advierte de la crisis en la implementación de los acuerdos de paz reflejada en la desnaturalización de la JEP por parte del uribismo, y lanza un mensaje al país para no desfallecer en la búsqueda de la paz con justicia social

Redacción política

-El país ya conoce los elementos de juicio que tienen los Estados Unidos en su contra. Hablan de dos audios en donde usted acepta una cita para hablar sobre proyectos productivos ¿puede contarnos el contexto de esos audios?

–El contexto de los audios es el de mi trabajo como integrante de la Comisión de Seguimiento e Impulso a la Verificación e Implementación, Csivi, en el que entre otros asuntos, me correspondía promover la implementación de los acuerdos, lo cual incluía atender propuestas que aparecieran en el campo de la reincorporación. Cientos de reuniones y conversaciones tengo sobre esos temas con múltiples empresarios y entidades.

En esas circunstancias aparece Marlon Marín, buscando acercar gente interesada en apoyar la reincorporación. Él llega con la idea de proyectos de granjas “Econativas” para los ETCR, proyecto en el que se formularon estudios auspiciados por agencias de la ONU y personal de la oficina de Ministerio del Posconflicto. Marín entonces lleva a unos supuestos empresarios mexicanos que querían ayudar supuestamente en este tipo de inversiones.

Se realizó una reunión para eso, para manifestar la intención de presentar un proyecto y quedaron en que ellos continuaban haciendo las gestiones con el Gobierno. Después de esa reunión primera, es que Marín insiste en una segunda donde los empresarios presentarían detalles del proyecto. Buscando ese segundo encuentro es que me hace una llamada insistiendo en que los atienda. En esa llamada que ya es pública queda claro que me insisten en que los atienda para hablar de proyectos productivos y no de ningún negocio ilícito. Con esta gente no hablo cosa distinta diferente a los proyectos productivos en reuniones de muy pocos minutos.

El Fiscal se ha visto obligado a revelar los audios que decía tener en mi contra que simplemente dan cuenta del montaje de la DEA, del Estado colombiano y de personas que usan para fabricar el engaño, aludiendo a mí sin mi concurso; por eso el desespero que se les nota en pedir que los atienda: está claro que necesitaban involucrarme de cualquier manera.

Al final no son más que conversaciones donde agentes de la DEA y sus colaboradores hablan entre sí y otras donde intentan gestionar una reunión conmigo para hablar de proyectos productivos. Ninguna prueba contundente ni concluyente de nada, como se atrevió a decir el entonces presidente Santos.

–Qué sigue en su defensa cuando ya se conocen las pruebas de la Fiscalía.

–Mi defensa desde el primer momento de esta oscura trama se ha centrado en demostrar las falsedades, en exigir que mi conducta la evalúe la JEP mediante un debate probatorio, que es lo que indica el Acuerdo de Paz y la norma constitucional en este tipo de casos (Artículo 19 del Acto Legislativo 01 de 2017). Con certeza absoluta nadie podrá presentar pruebas porque se trata de una acusación sobre hechos que no ocurrieron.

Es por esa razón que existe todo un concierto institucional para evitar que en mi caso la JEP pueda realizar una sola prueba y tome las decisiones en derecho. No se trata solamente de mi caso particular, sino de la subsistencia misma de la JEP lo que está en juego.

–Su juez natural es la JEP, ya ha pasado los primeros casos y ya han sido llamados excomandantes a iniciar el proceso judicial en esa instancia. ¿Usted confía en su juez natural, la JEP?

–La creación de la JEP se dio a partir de nuestro cuestionamiento al “ius puniendi” y a la crisis de la jurisdicción ordinaria. Se procuró crear dentro del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición, una jurisdicción fiable e imparcial, con el infortunio que el Congreso y el conjunto de la institucionalidad desfiguró enormemente sus características de origen consagradas en el Acuerdo. Pero como sea de momento es lo que menos contaminado está, a diferencia de las otras jurisdicciones, instrumentos fundamentales de la guerra. No puedo cuestionar su actuación porque apenas está iniciando su gestión surtiendo todo tipo de presiones.

El proceso de paz

–Hablemos del proceso de paz ¿Qué intereses están detrás de la sistemática agresión al proceso de paz?

–El proceso de paz está en crisis por los incumplimientos del Estado. Ha habido algunas realizaciones normativas, el acceso a ocho curules parlamentarias, unos pocos recursos de sobrevivencia para los excombatientes en el plano de este terreno en disputa que es la implementación.  Pero en lo fundamental, la perfidia está configurada y atizada por sectores guerreristas como el uribismo, haciendo de protagonistas de la vindicta. Aunque los verdaderos titiriteros están en el bloque de poder dominante, en las transnacionales y el sector financiero, en la embajada gringa, que son los verdaderos factores de poder que quieren acabar con las FARC, no sólo con lo que eran como fuerza guerrillera, sino como el proyecto de cambio revolucionario que encarnan, así no tengan armas.

El Acuerdo está planteado como la suma de una serie de fórmulas para la superación de las causas del conflicto. El cumplimiento del acuerdo por lo tanto no se puede medir por fracciones, sino en la vocación o decisión política del establecimiento de superar las causas del conflicto. Y ya vemos cómo estamos. No hay reforma rural integral ni apertura democrática, y continúa la erradicación forzada a sangre y fuego, mientras en componendas parlamentarias se le pretende robar la verdad a las víctimas de crímenes de Estado. Sin alterar estas causas del conflicto, se está traicionando a la solución política.

–El Fiscal General de la Nación respondió a una nota que usted le envía “yo no respondo a los que están en la cárcel” ¿qué intereses defendería el Fiscal Martínez para estar empecinado en mantenerlo a usted tras las rejas?

–No esperaba un abrazo del Fiscal ni lo deseo. Lo que quería era que el país conociera las famosas “pruebas” con los que pretendía engañar incautos. Y eso se dio, al menos en lo que el Fiscal decía tener. Pero aquí el asunto no podemos dejarlo en la ojeriza del personaje contra mí. Puede haber un resentimiento, porque desde que asumió le critiqué públicamente su obstruccionismo contra el proceso de paz y dije que él debía explicar el país sus enredos con Odebrech; pero yo solo soy el inicio caprichoso de una estrategia de aplastamiento decidida contra la dirigencia, para borrar toda alternativa de resistencia y de construcción de nuevo país. Lo que nos ocurre, acentuando la guerra judicial y sin abandonar la guerra sucia, es lo mismo que sucedió dentro de la expresión de terror estatal en el marco de la lucha de clases a la Unión Patriótica y al conjunto del movimiento popular.

Tal vez a mí no me responderá por estar en la cárcel, pero al detenido Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI, le va a tener que responder porque ya fue citado en el proceso por los sobornos en la vía Ocaña-Gamarra.

–Hay militares que han ido a la JEP para responder por los hechos del conflicto. ¿Cómo valora eso?

–La JEP se concibió para que en el post-acuerdo evaluara la conducta durante la confrontación, no solo de la insurgencia, sino de los actores de la larga guerra, incluyendo a militares y terceros, fueran estos o no agentes del Estado. No fue pensada como un tribunal de sometimiento de los excombatientes esa comparecencia de los militares y los demás indicados. Pero precisamente por parte de la desfiguración tratan de convertirla en tribunal de juzgamiento de la insurgencia aplicando además del derecho penal del enemigo.

Por demás no se puede perder de vista que ya la fuerza pública cuenta con una sala de definiciones jurídicas a las que se han acudido 1915 militares. Lo paradójico es que mientras los militares se amparan a la JEP, sus supuestos defensores los quieren sacar de esta. De por medio solo está el gran temor a la verdad que tienen todos aquellos que se beneficiaron de los crímenes de Estado perpetrados por los miembros de la Fuerza Pública.

Desnaturalizar la JEP

–Cree que hay un plan para judicializarlos fuera de la JEP. De ser así ¿cómo se debe evitar? Y ¿qué repercusiones puede tener en el proceso de paz?

–Desde antes de la firma del Acuerdo se observaba un afán de lograr el sometimiento de la insurgencia, más que un pacto de reconciliación, y la vía de materialización es la de la judicialización, la restricción del ejercicio político y la elegibilidad de la comandancia. Finalmente se suponía haber superado estos desencuentros con la redacción del acuerdo del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y no Repetición, en el que se incluyó la JEP y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.

Pero para el caso, se pretende que se use la verdad como factor de vindicta, tomándonos como victimarios per se, y para la JEP se redactó una Ley Estatutaria con tales variaciones que buscan convertir sus estrados en un tribunal de la inquisición contra los excombatientes. Incluso en la ley de procedimiento se intentó incluir artículos para colocar sobre la insurgencia la Espada de Damocles de la extradición, como si no se hubiera previsto que después de la firma del acuerdo abundarían las falsas acusaciones para lanzarnos a las fauces de la justicia ordinaria y de los tribunales yanquis.

Para evitar esto el único garante es el movimiento popular. Si no hay un apersonamiento del propósito de paz y del acuerdo por parte del movimiento social y popular no hay nada que hacer, pues la regresión nos conduciría a ciclos de violencia más terribles en la medida en que estarán alimentados por una pérdida total de confianza en las salidas dialogadas. La perfidia es una puñalada mortal contra cualquier intento de reconciliación.

–El Centro Democrático quiere desnaturalizar la JEP para militares y crear una sala especial en donde sean juzgados por jueces elegidos por el presidente Duque. ¿Qué opinión le merece?

–El Centro Democrático, con sus políticas militaristas y de vindicta desenfrenada, no sólo quiere desnaturalizar aún más la JEP y aplastar a la FARC. Que nadie se engañe, su propósito es el aniquilamiento de cualquier alternativa revolucionaria, así sea desarmada. Y este asunto de la sala especial para militares elegidos por el presidente, o introducir magistrados de su acomodo en todas las salas de la JEP, además de ser un despropósito respecto al mismo estado de derecho burgués, es un engaño para los mismos militares.

Las salas y tribunales de la JEP son más que suficientes, creería yo, si no se da la interferencia nociva y las presiones de las demás ramas del poder público. Escindir la JEP desequilibrando el sistema es abrir causales para que intervenga la Corte Penal Internacional por cuenta de subrayado que evidencia propósitos de impunidad, sometiendo el proceso a mayor inseguridad jurídica y política.

–Usted es uno de los representantes a la Cámara por FARC. Cuándo cese la prisión se posesionará en su curul ¿cuál será su trabajo allí?

–El equipo jurídico que me apoya ha insistido en lograr la posibilidad de no perder la curul en el Congreso, entendiendo que esta pela es por mantener las posibilidades jurídicas e institucionales de que el Estado retome el rumbo de la implementación del Acuerdo de Paz. Pero el Estado camina en el sentido contrario.

Desde la Presidencia de la Cámara de Representantes se ha demandado mi pérdida de investidura parlamentaria. Esta es una pelea que cursa en el Consejo de Estado y que expresa como se le ha violado no solo mis derechos políticos como persona en proceso de reincorporación, sino el compromiso del Estado de permitir esta curul al partido FARC. Se pactaron 10 curules, si hoy solo se pueden ocupar 8, hay perfidia del Estado e incumplimiento de lo acordado. Hay sectores del establecimiento que quieren es declarar la silla vacía y que el partido pierda la curul.

De manera calculada se pasa por alto que yo no tengo impedimento alguno en Colombia. Estoy privado de mi libertad sin tener ningún proceso en el país, y aún como prisionero se me negaron mi derecho a trasladarme a la posesión. Aspiro a que esta batalla la gane mi partido y quien asuma la curul siga las líneas programáticas que trazamos en el congreso fundacional y las del equipo parlamentario de oposición, la bancada alternativa en Cámara y Senado, en beneficio de las pobrerías de nuestro país. Parte de ello está en luchar por el cumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz y abrirle paso al proceso constituyente, que en el mediano plazo será la única forma de ganar una paz estable y duradera.

–Envíele un mensaje al país.

–Mi mensaje al país en primer lugar es el de la gratitud por la solidaridad que desde muchos sectores sociales he recibido, envuelto en la esperanza que todavía tienen en la posibilidad de alcanzar la paz. Pienso que hay que persistir en la búsqueda de propósitos de justicia social y en la construcción de una alternativa de cambio en convergencia sin sectarismos, sin dogmatismos, confiando en las capacidades transformadoras de los pobres, de las muchedumbres del movimiento social y de las organizaciones y partidos que representan los intereses de los desposeídos.

Aquí la unidad de los comunistas y revolucionarios juega un papel fundamental, sin caer en la trampa orientada a cazar enemigos en la izquierda. De mi parte tengan certeza que daré todo de mí, sin doblegarme y con el juramento reiterado de triunfar o morir en esta batalla. En mí no se consumará el arrodillamiento ni el chantaje pretendido. ¡Jamás permitiré que me extraditen! Mantengo en alto la consigna fariana de que Hemos jurado vencer y venceremos.