Estado Español. ¿De verdad el problema clave es el Tribunal Supremo? (Opinión)

Por Ángeles Maestro, Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2018.-

El escándalo producido por la decisión del Pleno del Tribunal Supremo de invalidar una sentencia firme de la sala de lo Contencioso del mismo Tribunal ha tenido la gran virtud, no sólo de mostrar “quién manda aquí”1, sino de hacer inocultable la podredumbre que impregna a “las más altas instancias del Estado”.

La indignación razonable no debiera llevarnos a tratar esta sentencia como un caso aislado. Tampoco como la manifestación esencial del problema. Esta sentencia se une a la lista de escándalos protagonizados por ese Tribunal. Cada vez más gente de a pie sabe que eso ocurre cada día en multitud de tribunales y despachos oficiales y que, si no son suficientes las “puertas giratorias”, se recurre a presiones directas más violentas.

Eso sucede aquí, en cualquier país de la UE y en cualquier estado del planeta en el que el poder real máximo resida en una plutocracia que controla los bancos y las grandes multinacionales y que tiene los poderes del Estado a su servicio. Se llama capitalismo.

Lo que evidencian casos como este es que verdaderamente, en algo, “Spain is different”. Aquí la cosa es más burda, como recuerdan los tribunales de derechos humanos o los de otros países de la UE. Ni siquiera hay que molestarse en guardar las apariencias. Permanece en las cúpulas de los aparatos del Estado la misma prepotencia impune que implantaron a sangre y fuego los vencedores de la guerra civil, que se ha mantenido desde la Transición bien guardada por el PSOE y el PP, y que hoy exhibe, insultante, el rey emérito.

Y esa tarea sigue pendiente, viva y apremiante, después de cuarenta años.

Pero el caso del pago del impuesto de las hipotecas, no sólo muestra la vergüenza de la corrupción evidente del “más alto Tribunal”.

Quienes – como el PP, y una ristra de tertulianos y “expertos”- argumentan que la sentencia debe aceptarse porque si se hiciera pagar el impuesto a los bancos se encarecería el precio de las hipotecas, están mostrando una realidad incontestable: el poder de los bancos es absoluto.

Y este inmenso negocio, desde el estallido de la crisis financiera y por obra y gracia de la Unión Europea y de su Banco Central (BCE), se hace sobre todo con dinero público.

El BCE con competencia exclusiva para imprimir y prestar dinero tras la desaparición de los bancos centrales de los países miembros, no puede comprar deuda pública de los Estados y sólo puede vender dinero a los bancos. El tipo de interés actual es del 0,25%.

El artículo 123 de su Reglamento prohíbe taxativamente al BCE adquirir deuda pública, pero cuando pese a todo hacen el favor de comprarla es a cambio de nuevas privatizaciones y reformas laborales, recortes en las pensiones, etc. ¿Cabe alguna duda de a quién representan?

El negocio se cierra cuando los Estados se ven obligados a comprar dinero a los bancos privados a cambio de deuda pública al tipo de interés “de mercado”, es decir, abonando para obtener dinero un interés mucho más elevado que el pagado por los bancos al BCE. Y la deuda pública aumenta y aumenta. Así, mientras los servicios y prestaciones públicos se desmoronan, La Troika y los bancos dicen que se debe a que “vivimos por encima de nuestras posibilidades y gastamos más de lo que ingresamos”. Los acreedores del Estado son los grandes bancos, de aquí y de fuera.

Y es el Estado, en este caso el español, quien con dinero público extraído de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de las becas, etc, ha rescatado a unos bancos que ya han anunciado que no devolverán los más de 60.000 millones de euros que oficialmente reconocen haber recibido.

Son esos mismos bancos los que como hienas han arrojado, y arrojan, a la calle – y muchas veces al suicidio – a cientos de miles de familias obreras que no consiguen con sus míseros salarios, o desde el paro, pagar su hipoteca o su alquiler. El resultado: un millón setecientos mil desahucios desde que empezó la crisis y cerca de tres millones de viviendas vacías.

Y las decisiones las toman exactamente los mismos consejos de administración que se autoadjudican salarios astronómicos y exhiben beneficios récord cada año.

Además, es a esos bancos a quienes como “prioridad absoluta” el Estado debe pagar la deuda pública contraída, tal y como obliga el artículo 135 de la Constitución y el Tratado de Estabilidad de la Zona Euro de 2013. Para eliminar cualquier escapatoria, la Ley 2/20122 que desarrolla los marcos legislativos anteriores establece la tenaza de la reducción del gasto público que debe asegurar el pago de esa deuda.

Ese marco jurídico-político permite la intervención, real y directa, de la llamada Troika (UE, BCE y FMI), sobre los presupuestos de todas las administraciones públicas y de la Seguridad Social.

Curiosamente esa humillante intervención, a la que se van sometiendo dócilmente todos los gobiernos desde 2011, incluido el actual con su variopinto apoyo parlamentario, no les parece lesiva para la soberanía a tantos exhibidores de banderas y defensores de la patria. Pero lo más grave, es que se oculta sistemáticamente que los programas políticos y las promesas de cambio que construye con desparpajo el “relato” de PSOE y Unidos Podemos son rigurosa y estrictamente papel mojado en el vigente marco jurídico-político de la UE y del Euro. El ejemplo de Syriza ahorra más argumentos.

Esta esperpéntica situación, responsable directa de la miseria y la desesperación de millones de personas, es la que – contra toda lógica – parece intocable e inamovible, y ante la que doblan la rodilla, derechas y supuestas izquierdas.
Obviamente, esa sacrosanta intangibilidad de los auténticos pilares del poder se asienta sobre el desconocimiento por parte de la mayoría del funcionamiento del siniestro engranaje de la dominación. Y se alimenta cuando ante situaciones como la actual, que muestran al desnudo el omnímodo poder del capital, la izquierda institucional señala solamente a sus esbirros, en este caso al Tribunal Supremo. El magnate del automóvil, Henry Ford decía que si la gente supiera como funciona el sistema financiero habría una revolución antes de mañana. ¿A quién sirve el silencio acerca de la mano que mece la cuna?

La crisis, mejor dicho, las consecuencias de la crisis, arrojadas brutalmente sobre las condiciones de la inmensa mayoría, arrancan máscaras y, aún a pesar de todos las maniobras de confusión, la realidad se abre camino. Ante la conciencia de cada vez más gente se abre paso la necesidad de plantear objetivos políticos indispensables, de los que no se habla en las instituciones.

La expropiación de la banca, negar el pago de la deuda y salir del Euro y de la UE, constituyen la única alternativa, la condición sin la cual no hay cambio posible.

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LA NOTICIA:

El Tribunal Supremo da la razón a los bancos y falla que el cliente pague el impuesto de las hipotecas

7 nov. 2018

El Tribunal Supremo da la razón a los bancos.

La votación ha mostrado un Tribunal Supremo partido por la mitad: 15 magistrados votaron por volver a la situación anterior y 13 por ratificar lo decidido el pasado 18 de octubre por la Sección Segunda. El recuento ha sido tan ajustado que, sobre el papel, si hubieran participado los tres magistrados presentes el resultado podía haber sido otro.

Al final de la tarde, el presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, llevó a votación la propuesta de la magistrada Pilar Teso de que pagasen las entidades financieras pero sin retroactividad alguna. Es decir, que la modificación se aplicara sólo a las nuevas hipotecas. La opción, planteada como una especie de solución de intermedia de consenso, sólo obtuvo 11 votos y fue rechazada. Díez-Picazo votó a favor, pero algunos magistrados que sí eran partidarios de ratificar el cambio en la jurisprudencia rechazaron la opción. A su juicio no había base legal para limitar el derecho de un ciudadano a reclamar a Hacienda por un ingreso indebido dentro del plazo legal de prescripción de cuatro años.

Fracasado ese intento, Díez-Picazo decidió que se votara directamente la estimación o no de los recursos que pedían que pagasen los bancos. Algunos magistrados expusieron que antes querían tratar más a fondo el asunto de la retroactividad. El presidente rechazó seguir con las deliberaciones y ordenó la votación definitiva: apoyar o rechazar la nueva doctrina, sin entrar en el alcance de la eventual retroactividad.

Por su cargo, Díez-Picazo era el último en votar y cuando le llegó el turno el resultado era de 14 a 13. Si ratificaba la decisión dictada hace dos semanas por la Sección Segunda había empate y se prolongaba la incertidumbre. Pero una vez rechazada su opción preferida de que paguen los bancos sin retroactividad prefirió volver a la doctrina clásica, lo que dejó un balance de 15 a 13 a favor de lo que pedían las entidades financieras. Como él, ante la evidencia de que no iban a limitar las reclamaciones de los clientes, magistrados que habían defendido el ratificar el cambio de jurisprudencia acabaron por votar en contra.

La solución ante un empate habría pasado por incorporar al debate a dos de los tres magistrados que estaban fuera de Madrid -el tercero no podía participar por tener relación con el caso-, más un tercero de otra Sala para ser impares e impedir otra igualdad. No hizo falta, porque Díez-Picazo dijo expresamente que no quería un empate y que se sumaba a los 14 votos partidarios de volver a la situación anterior.

Punto de partida

Así pues, las cosas vuelven a donde estaban, pero ahora con un daño a la imagen del Supremo en el que coinciden todas las fuentes consultadas. A muchos les preocupa que el mensaje a la ciudadanía haya sido que si hay algo que resulte perjudicial a las entidades financieras, siempre se puede intentar corregirlo. Así se interpretó la decisión de Luis María Diez Picazo de llevar el asunto al Pleno.

La decisión del Pleno supone enmendar la plana a esa la Sección Segunda de la Sala, que es la que tiene encomendada la resolución de todos los recursos en materia tributaria. En el Pleno, en cambio, han entrado a votar magistrados del resto de secciones, que en el día a día resuelven recursos de otros ámbitos. Fueron cinco de los magistrados, de esa Sección Segunda los que decidieron anular el reglamento del impuesto e interpretar que lo que realmente se desprendía de la ley era que el obligado tributario era el banco.

En las intervenciones del Pleno varios magistrados les recriminaron que abordaran un cambio de algo tan consolidado y tan trascendente sin tener un motivo real de peso para ello.

La reunión del Pleno cierra del debate del impuesto, por lo que a partir de ahora los magistrados encargados de filtrar la admisión de recursos de casación rechazarán los que lleguen pidiendo que paguen los bancos.

La decisión deja ahora vía libre a que otra Sala del Supremo, la Primera, reactive su propia sentencia sobre el reparto del resto de gastos de la hipoteca, que estaba a punto de dictar y que suspendió a la espera de que la Sala Tercera se aclarase con el impuesto. Esa Sala Primera, como ha hecho hasta ahora, se alineará con la Tercera y el debate del impuesto quedará zanjado.

El Supremo ha comunicado este martes únicamente el resultado de la votación. La sentencia con los argumentos, así como los votos particulares que se redacten, se conocerán en los próximos días.

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