Colombia. Entre la coca y el glifosato

Resumen Latinoamericano*, 8 de noviembre de 2018.-

Las fumigaciones aéreas con glifosato se reanudaron a mediados de octubre en el departamento de Antioquia. Esta práctica había sido suspendida desde el 2015 debido a las repercusiones negativas en la salud, tanto humana como ambiental. Asimismo, la afección a otros cultivos y la ineficacia para cumplir con su objetivo son elementos que fueron denunciados por el campesinado y que continúan vigentes con su regreso.

Octubre del 2018. Bajo Cauca – Antioquia

Más de tres mil militares empiezan a copar las carreteras mientras que las avionetas ya se escuchan entre las montañas; luego de tres años, los cocales de dos municipios de la subregión volvieron a ser fumigados con glifosato.

Esta práctica había sido suspendida desde el 2015 debido a las reiteradas denuncias internacionales que se realizaron, anunciando los efectos negativos que tenía el glifosato en la salud de las personas; este mismo año el Centro Internacional para el Estudio del Cáncer agregó esta sustancia a la lista de sustancias probablemente cancerígenas. Así, el Ministerio de Salud solicitó al Consejo Nacional de Estupefacientes la suspensión de las fumigaciones.

A finales de junio Iván Duque afirmó que no descartaría la posibilidad de volver a llevar a cabo las fumigaciones aéreas con glifosato; lo respaldó Francisco Santos, embajador de Colombia en EEUU: “las fumigaciones con glifosato tienen que volver”.

Apenas algunos meses después, este hecho ya es una realidad en el Bajo Cauca antioqueño, lugar en el que se concentran más de la mitad de los cultivos de coca sembrados en el departamento.

Se trata de un ‘programa piloto’, en el que, además de avionetas, se utilizarán drones, así como las erradicaciones manuales realizadas por el Ejército. Según lo confirmó Luis Pérez, gobernador del departamento, estas operaciones estarán acompañadas por más de tres mil militares que garantizarán el éxito de la operación.

Fumigaciones aéreas, ¿La solución?

Las fumigaciones aéreas con glifosato comenzaron en el gobierno de Belisario Betancur (1984) y se incrementaron a principios de los 2000, con la implementación del Plan Colombia. Sin embargo, las cifras muestran que esta práctica coincide con el aumento de los cultivos de la planta en el país.

Es decir, si al inicio de los ochenta los cultivos estaban solo en cuatro departamentos, para el año 2000 -luego de más de 15 años de fumigaciones- ya hacían presencia en otros 20 departamentos.

Asimismo, Luis Pérez afirmó que en el departamento ya se han fumigado 15 mil hectáreas, sin embargo “estos cultivos siguen creciendo”.

Esta práctica no representa una solución real para contribuir a la sustitución de estos cultivos; el auge de los campesinos que cultivan coca tiene sus bases en las precarias condiciones de vida en el campo. La escasez de vías y de garantías para comercializar los otros productos agrícolas son algunos de esos elementos.

“Si hay un momento en el que la gente cultiva coca es porque no hay otra alternativa agrícola para la región que tenga la sostenibilidad y que genere recursos para la comunidad; al menos tener lo básico que es la comida, la vivienda”, afirma Johan Ortega*, campesino del Catatumbo.

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En el Río Atrato los colores de un amanecer fácilmente se confunden con los de la tarde. El naranja estalla en el horizonte y apenas deja ver la silueta de las canoas que recorren el agua, dibujando un enjambre de ondas a su paso. En una de ellas va Don Julio* que aprendió a manejar motor hace ya once años y desde entonces no ha parado de hacerlo.

Julio* nació en un pueblo cerca al Carmen de Bolívar, pero luego de haber cumplido su mayoría de edad viajó hacia el Caquetá en busca de más oportunidades laborales. Fue entonces que se encontró con las plantaciones de coca que, en cada raspa, recibían a los cientos de campesinos que llegaban al territorio con la necesidad de un sustento económico.

Estuvo de raspa en raspa durante siete años, en los cuales completó el dinero para llegar hasta el Chocó y comprar la motorcanoa que lo mantendría alejado de las plantas durante once años.

“Si no hubiera sido por la raspa yo no estaría aquí; no tendría mi canoa, mi motor. Por allá por donde yo nací la cosa era difícil uno sin tierra, casi que ni alcanzaba para comer”, dice él.

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El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso ilícito -PNIS- plantea dos enfoques: 1. La sustitución voluntaria para los campesinos que deseen cambiar estos cultivos por otros; y 2. La erradicación forzosa realizada por el Ejército en lugares con una gran extensión de cultivos.

Este primer enfoque cuenta con asistencia tanto económica como técnica para las familias, proyectos productivos y vías, centros de acopio, entre otros elementos que aseguren buenas condiciones para quienes decidan sustituir.

Sin embargo, en departamentos como Arauca y Bolívar en donde ya se ha comenzado con el proceso, las comunidades han denunciado que se les ha incumplido, tanto con los pagos como con la asistencia técnica. En cambio, hay escasez de alimentos y de recursos para conseguirlos, así como el incremento de la presencia militar en los territorios.

El 14 de septiembre diversas organizaciones sociales lanzaron el comunicado ?Ni glifosato, ni ningún agente químico sobre nuestros territorios!’; allí le exigían al Gobierno incrementar los recursos destinados para la sustitución voluntaria adelantada por el PNIS y brindar garantías de seguridad para quienes están dinamizando este proceso en los territorios.

En el mismo comunicado demandaron la designación de un responsable para la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos y dejar de realizar las erradicaciones forzadas.

“Se le ha reiterado al gobierno en marchas, en eventos que la gente estaría dispuesta a retirar y a erradicar la coca por sus propios medios pero teniendo unas condiciones de vida digna para las mismas comunidades”, señala Johan*.

*El nombre de los campesinos fue cambiado a petición de las fuentes

*Fuente: CI.