Chile. ¿Había estado de derecho a inicios de los ’90?: El cuestionable argumento contra el asilo a Palma Salamanca

Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2018.-

Desde el Gobierno sostienen que cuando Jaime Guzmán fue ajusticiado por el FPMR ya se había “restablecido el orden democrático” en Chile. Una afirmación rebatida por abogados en base a una serie de antecedentes sobre esos primeros años post dictadura.

Por Daniel Labbé Yáñez, Politika.

Uno de los principales argumentos del gobierno de Sebastián Piñera en contra del asilo político otorgado por Francia al ex frentista Ricardo Palma Salamanca es que tanto el ajusticiamiento del senador Jaime Guzmán como el enjuiciamiento del otrora guerrillero, habrían ocurrido luego de recuperada la democracia y el estado de derecho en Chile. Así al menos lo sostuvo el ministerio de Relaciones Exteriores chileno al asegurar que “tanto los hechos criminales perpetrados por el señor Palma Salamanca como su posterior enjuiciamiento y condena tuvieron lugar una vez restablecido el orden democrático en Chile, lo que ocurrió el 11 de marzo de 1990”.

¿Eso fue efectivamente así? ¿Había realmente un estado de derecho en el Chile de inicios de los ’90?

Al responder a las críticas surgidas desde el gobierno de Sebastián Piñera, fue la propia cancillería francesa la que afirmó que “el caso de Ricardo Palma Salamanca se refiere a la historia de Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet” y que fue en ese marco que la Oficina Francesa para la Protección de los Refugiados y los Apátridas (Ofpra) “ha determinado de manera independiente, en el marco de la legislación francesa, sobre la solicitud de asilo presentada”.

Abogado Roberto Ávila

Algo en lo que el reconocido abogado de Derechos Humanos Roberto Ávila concuerda, al sostener que “la dictadura no había terminado al momento de su ajusticiamiento”. El jurista profundiza en esta idea planteando que cuando el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) fue emboscado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) “Pinochet era comandante en jefe del Ejército, con un Estado Mayor repleto de genocidas. Toda la Corte Suprema la había nombrado Pinochet, controlaban el Senado mediante designados o elegidos con el tramposo binominal. Las policías estaban llenas de torturadores en ejercicio. Los comandantes en jefe de las FFAA eran inamovibles”.

Para ejemplificar este escenario, Ávila recordó el intento de procesamiento a comienzos de los años ’90 en contra de Augusto Pinochet Hiriart, hijo del dictador, por el llamado caso de los “Pinocheques”. Este hecho comenzó con la compra en 1987 por parte del hijo del genocida de la empresa Valmoval, dedicada a la administración de fusiles y administrada por el Ejército, la que se había declarado recientemente en quiebra. Dos años después, la institución militar volvió a adquirir dicha empresa, pagando el mismo general Augusto Pinochet a su hijo – a través de los tres llamados “Pinocheques”- un monto cercano a los 3 millones de dólares.

Finalmente, este evidente caso de corrupción no pudo enfrentarse nunca judicialmente como correspondía, debido a las diversas presiones del dictador y del propio Ejército, siendo finalmente cerrado en 1995 sin ninguna pena para sus autores. Dos fueron las acciones de amedrentamiento de parte del alto mando militar, llevándose a cabo primero el recordado “ejercicio de enlace” el 19 de diciembre de 1990, que consistió en un acuartelamiento del Ejército luego de que el gobierno del presidente Patricio Aylwin exigiera la renuncia de Pinochet a la comandancia en jefe de la institución castrense.

Luego, en mayo de 1993, cuando la investigación judicial se reactivó y se citó a declarar a ocho oficiales, Augusto Pinochet respondió con un movimiento de tropas en donde comandos de paracaidistas aparecieron vestidos de combate y con sus rostros tiznados, rodeando el edificio del Ministerio de Defensa, acción conocida como “El Boinazo”.

“Por este matoneo al presidente de la República, el Consejo de Defensa del Estado tuvo que abandonar la acción judicial. Así no se puede hablar ni de senador ni de democracia ni de asesinato”, enfatiza el abogado Roberto Ávila respecto del contexto en el que Guzmán fue abatido.

El abogado Juan Pablo Elgueta, coordinador del Frente Amplio de Ñuñoa, ha cuestionado igualmente las supuestas garantías democráticas que habrían existido cuando se produjo el atentado contra el senador de ultraderecha. “Con Pinochet en la comandancia en jefe (del Ejército), con senadores designados, con los civiles colaboracionistas y militares desconociendo las violaciones a los DDHH, con ‘boinazos’ y ‘ejercicios de enlace’, con el peor criminal de lesa humanidad de la historia de Chile, Manuel Contreras, caminando libre”, fue como describió el jurista ese momento. “¿Era esa una democracia? ¿Había estado de derecho en Chile? Claramente la respuesta es NO”, apunta el jurista.

“Fue un acto de guerra realizado por un grupo armado que combatía una dictadura en tiempos en los que con claridad NO imperaba el estado de derecho en Chile. Palma no sería entregado a Chile para su juzgamiento, eso ya se produjo en los inicios de los ’90 en un Chile claramente no democrático y con tribunales no independientes que aún 10 años después fueron incapaces de condenar a Pinochet. Por eso se le da el asilo”, concluye Elgueta.

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