Perú. Entre la justicia y el espectáculo

Resumen Latinoamericano / 5 de noviembre de 2018 / Bárbara Ester, Celag

En vísperas de la Noche de Brujas el Juzgado de Investigación Preparatoria del Perú, presidido por el magistrado Richard Concepción Carhuancho, determinó que existían fundamentos para dictar prisión preventiva por 36 meses a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, principal fuerza opositora en declive. El mes de noviembre comenzaría, entonces, con las imágenes de su encarcelamiento, acusada por delitos de lavado de activos durante la campaña presidencial de 2011 y de conformar una organización criminal.

En paralelo a ello se han reunido indicios de prácticas como el ‘pitufeo’ para lavar activos, las declaraciones de los directivos de Odebrecht sobre contribuciones a la campaña fujimorista, aportantes falsos y revelaciones de testigos protegidos. Lo que comenzó como una indagación de aportes fantasma ha ganado cuerpo hasta transformarse en un gran caso de lavado de activos, comparable al que involucra al expresidente Alejandro Toledo. Es decir que, de cara a un futuro juicio, la Fiscalía asevera contar con pruebas -aun cuando los aportes de campaña no declarados no constituyan un delito-. Hoy, la excandidata presidencial prácticamente ha sido juzgada de hecho y deberá cumplir condena sin sentencia. El juez Concepción realizó una nueva fundamentación para volver a solicitar la prisión preventiva contra Keiko, apelando a un supuesto peligro de fuga cuya base argumentativa son indicios discriminatorios e irrelevantes como su ascendencia japonesa o el hecho de vivir en una casa alquilada.

En Perú, Ollanta Humala y Nadine Heredia fueron sometidos a prisión preventiva en abril de 2017, a la vez que todos los presidentes desde el fujimorato han sido judicializados, por lo que no se trata de una novedad. Sin embargo, el caso es que el liderazgo de Vizcarra se ha construido de menos a más a partir de la confrontación con Keiko, a pesar de que su partido negoció abiertamente con el sector de su hermano Kenji, expresión del albertismo -el mismo sector que, desde entonces, se escindió de Fuerza Popular-.

Martín Vizcarra logró reinventarse y dar un giro político a raíz de un diagnóstico certero. La supuesta ‘lucha contra la corrupción’ era un argumento que le permitió vincularse con un tema ya instalado en la región: el Lava Jato. Para Vizcarra significó usar de caballo de batalla un tema en boga que, además, implicaba desligarse simbólicamente de su antecesor, quién renunció precisamente por dicha causa. La encuesta titulada Semana de la Evidencia 2018 y realizada por Ipsos Perú, arroja como saldo el viraje en la problematización de los principales desafíos de la sociedad peruana, pasando de la carestía (88%) y el terrorismo (62%) a comienzos de los años noventa, a la corrupción (53%) y la delincuencia (52%) en la actualidad.

Principales problemas para el electorado en Perú

Por su parte, el sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicado a fines de octubre reflejó que el actual mandatario contaba con una aprobación del 60%, así como un 69% que lo considera un demócrata. La polarización con Keiko le dio la posibilidad a Vizcarra de enfrentar a una villana ideal, lo que le permitió -con poco- lucir como un reluciente caballero en la cruzada por la justicia y la lucha anticorrupción. Sin embargo, no propuso tratar el problema de fondo, es decir, sancionar una nueva Constitución que permita resolver el enquistado andamiaje institucional fujimorista. De acuerdo con la Encuesta de Poder de Semana Económica e Ipsos Perú, Vizcarra es percibido como el hombre más poderoso del país. Las acusaciones del fujimorismo al intentar asociarlo con la izquierda o el terrorismo ya van quedando demodé; en la encuesta de IEP sólo el 20% lo considera un dictador.

¿Fin del fujimorismo o fin del keikismo?

La verdadera caída de Keiko no es su imagen en prisión, sino el agotamiento de su relato que vociferaba que los políticos que sucedieron a Alberto Fujimori –autoproclamado pacificador- fueron una sucesión de corruptos. Esa concepción implosionó. El principal cambio en la estrategia del Partido, que mantuvo la identidad fujimorista en el siglo XXI, fue entre las elecciones de 2011 y las de 2016. Mientras en las primeras conservó la carga simbólica del Gobierno paterno, en las últimas intentó imponerse en el Partido, distanciándose de la línea paterna –albertista– y reemplazando su círculo de consejeros. Ninguna de las dos estrategias logró superar su resultado electoral: favorita en primera vuela pero rechazada en balotaje.

No es seguro que el proceso contra Keiko Fujimori culmine en su condena, tampoco necesario. El vía crucis de su imagen en todos los medios ya ha hecho mella. Sus principales errores fueron tanto al interior como al exterior de su partido. En primer lugar, por el carácter obstruccionista asumido con Pedro Kuczynski, lo que reavivó el sentimiento de antifujimorismo que la hizo salir derrotada en dos elecciones consecutivas. Luego, las denuncias sobre la financiación ilícita de su campaña en 2011 reforzaron la antipatía.

Cuando su nombre apareció entre las anotaciones de Marcelo Odebrecht, la encuesta de El Comercio-Ipsos registraba que, si bien la gran mayoría consideraba que debía ser investigada, su apoyo aun alcanzaba el 38% y no bajó del 30% durante el 2017. Su gran falta, la que dilapidaría su popularidad –decayendo de un 30% en enero de 2018 a un 19% en abril- sería la difusión de los videos contra su hermano Kenji, los cuales le permitieron lograr la renuncia de Kuczynski y desacreditar a su principal competidor, el hermano leal a Alberto y uno de los artífices de la negociación por el indulto. Fue entonces cuando las bases fujimoristas soltaron la mano de la lideresa naranja. Lo que está por verse ahora es si Kenji, virtualmente desaforado del Congreso y denunciado penalmente a pedido de Fuerza Popular, logrará reconstruir al fujimorismo de entre sus cenizas.

Nuevas figuras de la pasarela judicial en Perú

Mientras la investigación judicial despedaza la imagen pública de Keiko y su partido, la llamada Encuesta del Poder, un sondeo anual a líderes de opinión para rastrear a los personajes más influyentes, dio como saldo un gran protagonismo del sector judicial: dos jueces y dos fiscales destacaron entre las 20 personalidades más poderosas del país por primera vez en 38 años. En el sondeo, el mencionado juez Richard Concepción figura en el puesto 11; el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, en el 16; y el fiscal José Domingo Pérez, quien solicitó los 36 meses de prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular, en el puesto 20. Desde entonces, las largas sesiones del tribunal son seguidas por Facebook Live y el canal televisivo del Poder Judicial, y el fiscal que ha encarcelado a Keiko se ha convertido en una especie de celebrity anfibio entre la Justicia y el espectáculo.

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