El Gobierno paraguayo le pidió a su par Bolsonaro la extradición ex dirigentes de Patria Libre que están refugiados en Brasil

Resumen Latinoamericano / 4 de noviembre de 2018.

El Gobierno paraguayo del strossnista Abdo Benítez le solicito al nuevo presidente fascista de Brasil, Jair Bolsonaro, que suspenda el asilo político y extradite a los ex dirigentes del Partido Patria Libre, Juan Arrom y Anuncio Martí. A continuación reproducimos el comunicado que saco el Partido Comunista Paraguayo.

 

¡Solidaridad con los refugiados políticos en Brasil!

 

El Gobierno Nacional, a través de sus ministros Juan Ernesto Villamayor (Interior) y Luis Alberto Castiglioni (RREE) anunció que oficializará el pedido al Gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil de “suspensión” del refugio político y la posterior extradición de Juan Arrom y Anuncio Martí, ex dirigentes del Partido Patria Libre, quienes tienen el status de refugiados políticos concedido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Brasil.

Al realizar el anuncio, el Gobierno de Mario Abdo Benítez volvió a quebrantar el Estado de Derecho y atentar contra la constitucional presunción de inocencia afirmando que con el pedido de extradición buscan que Arrom y Martí “paguen por los delitos cometidos”. Juan Arrom y Anuncio Martí no han sido condenados hasta la fecha por ningún delito, apenas han sido sindicados por el Ministerio Público dirigido por el entonces Fiscal General Oscar Germán Latorre, autor intelectual del secuestro y tortura del que ambos refugiados políticos fueron víctimas entre el 17 y el 30 de enero del año 2002 con el fin de obligarlos a confesar el secuestro de María Edith Bordón de De Bernardi.

Juan Arrom y anuncio Martí gozan del derecho a la presunción de inocencia sobre la farsa judicial montada contra ellos, por lo que la calificación de “delincuentes” emitida contra ellos por parte del Gobierno constituye un flagrante atropello a la Constitución y al orden Jurídico que debe ser sancionado.

Pero mas allá de la gravedad de este hecho inicial, el pedido de “suspensión” del refugio político de Arrom y Martí constituye una evidencia de la prepotencia e ignorancia de un gobierno que desconoce que no es facultad del Ejecutivo Brasileño revocar el refugio de los mencionados dirigentes políticos ya que quien les concedió el refugio político es el ACNUR, organismo de la ONU con competencia en la materia de refugio político. Ni Jair Bolsonaro, ni ningún otro Presidente de Brasil tiene la facultad de resolver algo así. El único organismo con facultades para revocar el refugio en Brasil es el CONARE, instancia en la cual el Estado Brasileño tiene participación y esta conformado mayoritariamente por organismos internacionales. Las únicas causales para que se pueda revocar el status de refugiados de Juan Arrom y Anuncio Martí son una probada actividad política en el vecino país o un intento de ingresar al Paraguay por parte de los mismos.

Esta bravuconada de Mario Abdo Benítez no es novedad, igual medida ya han adoptado los gobiernos de Paraguay en el 2004, 2008 y 2010, llegando incluso, en la última ocasión al absurdo de ofrecer recompensa internacional por la captura de Juan Arrom y Anuncio Martí, refugiados en Brasil.

Con la Declaración emitida hoy por 35 votos a favor y 1 en contra en la Cámara de Senadores “Por el cual apoya, respalda y alienta las gestiones del Poder Ejecutivo, en procura de obtener la extradición de ciudadanos paraguayos sindicados por la presunta comisión de varios hechos punibles”, el legislativo suma apoyo político a esta bravuconada institucional que legitima la búsqueda de impunidad de los graves hechos de Terrorismo de Estado, secuestro y tortura cometidos por altos funcionarios del Estado contra los hoy refugiados políticos del Brasil.

La resolución de la CIDH sobre el caso

Los autores materiales e intelectuales del secuestro y tortura del que fueron objeto Juan Arrom y Anuncio Martí durante el mes de enero del 2002 quedaron impunes, esto motivó la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2004. En el 2008 la CIDH admitió el Caso 12.685 por los hechos de Terrorismo de Estado, secuestro y torturas a que fueron sometidos y, finalmente, esta instancia dictaminó recomendaciones al Estado Paraguayo en esta causa y ante el incumplimiento, elevó la acusación ante la Corte Interamericana de DDHH que podría imponer severas sanciones por Terrorismo de Estado y Delitos de Lesa Humanidad

La decisión en instancias de la CIDH, denominadas en la técnica jurídica como “recomendaciones” implica el reconocimiento de la responsabilidad del Estado Paraguayo de esos delitos. Como lo dispone el Art. 51 de la Convención Americana de Derechos Humanos:

“La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe”. La resolución de la CIDH es del pasado 12 de diciembre de 2017.

El Caso Arrom/Martí ha sido derivado a la Corte Interamericana con relativa celeridad considerando su extrema gravedad, puesto que los sucesivos gobiernos de Paraguay no han frenado la actitud abierta de persecución política e ideológica contra estos militantes que se encuentran con Refugio Político y bajo protección de la ONU.

Cabe recordar que ya en el 2002 en el juicio político al que fuera sometido uno de los autores intelectuales del secuestro y tortura de Arrom y Martí, Oscar Latorre Cañete, ex Fiscal General del Estado, “personal del Ministerio Público, del Centro de Investigación Judicial y de la Policía Nacional (…) es partícipe del grave cuadro de violaciones a los derechos humanos, no solo de los señores Martí y Arrom (…). La responsabilidad política de todos estos hechos recae finalmente en el Fiscal General del Estado, quien es el titular y máximo responsable del Ministerio Público y solamente puede ser removido por la vía del enjuiciamiento político. Sin embargo, de comprobarse que además estaba en conocimiento, al igual que los fiscales de la causa, de la desaparición forzosa y tortura de los señores Arrom y Martí, el doctor Oscar Latorre además deberá enfrentar procesos penales por su participación en estos hechos” (Líbelo acusatorio en la sesión del Congreso paraguayo, 12 de febrero de 2002).

El juicio político iniciado contra el ex Presidente Luis Angel González Macchi, en febrero de 2003, tuvo también entre las acusaciones principales el caso de Arrom y Martí y dejó en claro los motivos del proceso en el libelo acusatorio de la Cámara de Diputados
:
“El Caso Arrom/Martí. El caso más grave y que ejemplifica mejor esta conducta delictual de los organismos de seguridad del Estado, es el de la privación ilegítima de libertad, desaparición forzada, tortura, tratos crueles y degradantes en perjuicio de los ciudadanos Juan Arrom, Anuncio Martí, Víctor Colmán, Ana Rosa Samudio de Colmán y Jorge Samudio….(pag. 3)”

El documento acusatorio, que fuera aprobado por la Cámara de Diputados en forma unánime (ABC 21/12/2002) estableció cuatro bloques de violaciones en materia de derechos humanos en el caso de Arrom y Martí:

· Responsabilidad por privación ilegítima de libertad y desaparición forzada.
· Responsabilidad por tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
· Ejercicio ilícito del poder público en flagrante violación de los derechos humanos.
· Responsabilidad por persecución ideológica y menoscabo a la libertad de asociación.

La mayoría de los partícipes de estos graves hechos que configuran imprescriptibles delitos de lesa humanidad están impunes y algunos de ellos aún en actividad en organismos estatales.

Sin lugar a dudas el Estado Paraguayo será condenado nuevamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras el Gobierno actual insiste en un improcedente e inmoral pedido de suspensión del refugio político en el caso más grave de Terrorismo de Estado cometido desde la salida de Alfredo Stroessner del gobierno en 1989.

El fortalecimiento de las dictaduras mafiosas en nuestros países y estas no tan novedosas acciones nos llevan a confirmar la existencia de una coordinación represiva de tinte terrorista entre las oligarquías mafiosas en lo que bien podríamos considerar un renovado “Plan Cóndor”.

Ante esto, más que nunca es de vital importancia la coordinación solidaria e internacionalista para resistir en clave de ofensiva ante esta nueva ola fascista regional, en este marco, la defensa de todas las presas y presos políticos, exiliados, refugiados y criminalizados por su opción política es un piso básico de defensa del derecho al ejercicio de la disidencia política y la democracia.

Partido Comunista Paraguayo
1/11/2018

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