Chile. Largo camino a la justicia: 45 años del paso de la Caravana de la Muerte por La Serena

Resumen Latinoamericano / 21 de octubre de 2018 / Raúl Martínez, Radio UChile

El 16 de octubre de 1973 aterrizó en el patio del entonces Regimiento Arica –hoy Regimiento Coquimbo del Ejército- el helicóptero que transportaba al general Sergio Arellano Stark junto a su comitiva. Fueron recibidos por Juan Emilio Cheyre quien les indicó, según apunta toda la investigación, a los militantes de izquierda que luego fueron fusilados y enterrados en una fosa común del cementerio de la ciudad.

“No me acuerdo”. Así tituló el diario La Región de Coquimbo y La Serena durante esta semana, frase que estaba acompañada por una imagen de Juan Emilio Cheyre. Aparece compungido e incluso con un aire inocente, provinciano.

Pero la historia del ex comandante en jefe del Ejército lo vincula directamente con las torturas, interrogatorios, robo de menores e incluso el fusilamiento de militantes de los partidos de la Unidad Popular que luego del golpe de Estado de septiembre de 1973 fueron detenidos y llevados al Regimiento Arica, fortín que desde una colina gobierna toda la ciudad de La Serena.

“Yo sólo era el ayudante del comandante Lapostol”, agrega Cheyre en su defensa casi desesperada al verse cercado por la justicia y los testimonios de quienes sobrevivieron al recinto militar que el 16 de octubre de 1973 fue el sitio del asesinato de 15 personas, entre las que se contaban al músico y director de orquesta Jorge Peña Hen, el técnico eléctrico y militante comunista de 23 años Óscar Aedo Herrera o el campesino, también integrante del PC Óscar Cortés Cortés.

Pero el olvido de Cheyre choca con la realidad. Así lo sostiene el abogado querellante en esta causa, Cristián Cruz, quien insiste que el general en retiro tiene responsabilidad. Y mucha.

“Hay una pluralidad, una serie de medios probatorios, incluso algunos emanados del propio Ejército, declaraciones incluso de suboficiales, de oficiales, que dan cuenta en su contexto cuál era el rol, cuál es la trascendencia de Cheyre en ese fortín, que en la práctica era el segundo hombre de abordo” después del comandante Ariosto Lapostol.

Cruz agrega que Cheyre era el encargado del área de inteligencia del recinto, “que era la responsable de tener a los prisioneros ahí. Porque aquí no es que llegue el helicóptero, bajan por sogas del mismo un par psicópatas y van a buscar a las víctimas a sus casas para ejecutarlas dentro del fortín. ¡No! Esto es mucho más elaborado”.

Esto porque la reconstrucción de la historia ha permitido determinar que hubo gestiones de parte de suboficiales del Regimiento Arica, como por ejemplo con el cementerio de La Serena para que evacuaran a todas las visitas que estaban en la necrópolis durante esa jornada para luego trasladar los cadáveres de las víctimas.

“Desde el regimiento se dan las señas de lo que va a ocurrir. Por un lado tenemos suboficiales que antes que se produzcan los fusilamientos, antes de que llegue la comitiva, son invitados a participar de los fusilamientos. Entonces eso desbarata absolutamente la tesis de que llega la tropa en el helicóptero y sin avisar, sin ningún concierto previo ejecuta a las víctimas pasando a llevar a la tropa local. Eso es imposible”, precisa Cruz.

El abogado sostuvo que la negativa de Cheyre a reconocer su responsabilidad en los hechos se enlaza con el acto de homenaje realizado en la Escuela Militar. Los familiares solicitaron autorización para realizar una misa en memoria de los 15 asesinados durante esta semana, pero el Ejército se negó aduciendo que la integridad de los interesados en hacer el acto ecuménico podría verse en riesgo.

“Es una respuesta brutal. Yo quiero creer que es producto de la estupidez. Ese es el criterio, esa es la humanidad, estos son los actos de reconciliación que nos están pidiendo u ofreciendo. Es reírse y no entender nada”, criticó el jurista.

Cuatro décadas sin justicia

“Comenzamos haciendo marchas, íbamos a La Serena todos los años, porque yo soy de Ovalle, nos juntábamos con los familiares de otros lugares para ir al lugar donde supuestamente se encontraban ellos. Y el año 1998 abren la fosa común y sacan los restos de nuestros familiares donde habían tirado restos del hospital, placentas, jeringas, todo eso”.

El relato es de Dora Cortés, hija de Hipólito Cortés Álvarez, dirigente comunista de 48 años, reconocido en su pueblo por su trabajo para beneficiar a los ovallinos.

“Mi padre era dirigente de la Junta de Vecinos de la población Limarí. De hecho él era presidente del comité pro-casa que se llamaba comité de adelanto. Y él consiguió junto a la directiva una cantidad de casas. Acá en la Limarí se entregaron más de 100 casas a vecinos, gente muy humilde. Era época de la Unidad Popular, fue en 1971”, rememora la mujer.

Sobre la apertura de la fosa común, para Dora Cortés se trató de un golpe mediático de las autoridades de la época para demostrar que en Chile se estaba avanzando en encontrar y entregar los restos de los detenidos desaparecidos.

“Justamente un 16 de octubre de 1998 arrestan a Pinochet en Londres. Y vienen y nos dicen que sí se puede – abrir la fosa común-. Yo creo que el gobierno, una forma de demostrar que aquí se estaban haciendo esfuerzos por ayudar a la gente en el tema de derechos humanos, abren la fosa común. Y con la paleontóloga Patricia Hernández empezamos a hacer el reconocimiento”, puntualiza.

Cortés critica el intento de Cheyre por eludir su actuar durante los consejos de guerra que están firmados de su puño y letra y que ordenaron la muerte de estas 15 personas.

“Hay ex presos políticos que lo vinculan a torturas. Él firmaba los bandos. El mismo Ejército dio a conocer que él firmaba cuando eran los consejos de guerra. Incluso el que dio a conocer el bando que en La Serena se había ejecutado a 15 personas” fue Cheyre, precisa la hija del ex militante comunista.

Una de las actividades es una marcha que se realizó desde el Cementerio General de La Serena, hasta el memorial de los  Detenidos Desaparecidos. Fuente: Diario el Día                                                       

Ahora se espera que en las próximas semanas se dicten las sentencias de primera instancia. Los familiares consideran que los responsables deben ser condenados a cadena perpetua y se termine así la espera de 45 años sin justicia.