Venezuela. La tragedia como instrumento: necrofilia y propaganda en el caso Albán

Resumen Latinoamericano / 11 de octubre de 2018 / Misión Verdad

La manera en que evolucionan los acontecimientos alrededor del suicidio cometido por el concejal del Municipio Libertador y militante del partido político Primero Justicia (PJ), Fernando Albán, revela un trasfondo que busca capitalizar políticamente su muerte por parte de dirigentes opositores, a la vez que intenta mitigar los avances sobre las investigaciones del magnicidio en grado de frustración perpetrado contra el presidente Nicolás Maduro y miembros del Gabinete.

Cronología de los hechos y evidencias de la versión oficial

Las primeras informaciones oficiales fueron comunicadas por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. En su cuenta de Twitter divulgó la noticia de muerte del concejal, revelando que estaba detenido desde principios de octubre por la investigación del magnicidio en grado de frustración.

Explicó que el fallecido se lanzó de una ventana de las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) antes de su traslado a un tribunal. Reverol señaló que un equipo multidisciplinario, en conjunto con el Ministerio Público, se encargaría de la investigación a fondo de los hechos.

El 5 de octubre detuvieron a Fernando Albán en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, luego de regresar de una gira en Nueva York, donde estuvo reunido con el operador intelectual del atentado terrorista contra Nicolás Maduro, Julio Borges. Así lo mencionó el ex diputado en su cuenta de Twitter.

En rueda de prensa realizada este miércoles 10 de octubre, el fiscal general de la República Tarek Wiliam Saab aportó información detallada sobre los eventos previos al suicidio.

El concejal fue trasladado por agentes del Sebin a su sede en el Helicoide, por su presunta implicación en el intento de magnicidio del 4 de agosto.

Dos días después, se presentó ante el Tribunal 6º de Control del Área Metropolitana de Caracas, donde se “declinó la causa al 1º de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo”, reseñado por el portal web de la Fiscalía.

El lunes 8 de octubre, durante la hora de almuerzo, Fernando Albán estaba en el piso 10 del Helicoide cuando solicitó permiso para ir al baño. Concedido el pase, se dirigió hacia una ventana panorámica para lanzarse afuera y acabar con su vida.

Se activó el protocolo para investigar el caso, teniendo en cuenta la agenda de manipulación que medios privados agilizaron sobre los detalles en torno al hecho. De las primeras evidencias, destaca la autopsia realizada al cuerpo, que no muestra signos de violencia anterior al suicidio. El examen, además, revela que la muerte fue causada por un “traumatismo cráneo-facial severo y shock hipovolémico secundario a traumatismo toraco-abdominal y pélvico cerrado producto de la caída”.

Igualmente, se corroboró en los exámenes que el cuerpo de Albán estaba con vida al momento inmediato de la caída. Este dato desmonta la teoría difundida por el diputado de la AN en desacato, Juan Miguel Matheus, quien asegura que fue por asfixia mecánica e inmersión que falleció el concejal.

Saab añadió que los resultados pueden ser auditados por cualquier experto y que cuentan con respaldo fotográfico. Precisó que, en la experticia, se hizo una exhaustiva inspección técnica de la zona, revisión de las cámaras de seguridad que grabaron el momento y el interrogatorio a siete funcionarios públicos que estuvieron presentes en la muerte de Fernando Albán.

La plataforma de periodismo digital La Tabla muestra otros complementos para ampliar el perfil de Albán. Expone las conexiones financieras que manejaba el militante de PJ, específicamente el de la firma de contadores Audi-Con, que ofrece servicios relacionados a gestiones migratorias en la ciudad de Nueva York para el mercado venezolano.

Instrumentalización de una tragedia

Desde la tribuna política opositora de Primero Justicia se niega la versión oficial del suicidio, alegando el asesinato de Albán y culpabilizando al Estado. Esta acusación tiene relación con otras anteriores que se hicieran por la detención de Juan Requesens, señalado en las declaraciones de los autores materiales del magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro y confirmado por el mismo Requesens en una grabación que fue difundida públicamente.

La intención apuntaría a desestimar los acontecimientos del ataque terrorista contra el Estado venezolano en agosto reciente, intentando minar mediáticamente las investigaciones al denunciar, sin pruebas, que se realizan torturas a los involucrados capturados de la operación.

En el marco de esta operación, se autoconvocaron algunos dirigentes de la oposición venezolana como voceros de la versión de un “asesinato político”, siendo estos minimizados en medio del ruido propagandístico generado por los mandatarios de la región latinoamericana en las agresiones diplomáticas contra el gobierno venezolano, todos capitaneados desde la OEA, es decir, desde Washington. Portales web y los medios en general también participaron de un tratamiento necrófilo con respecto a la muerte de Albán.

Julio Borges, que asumió un tono de preocupación desde la detención del concejal por el grado de incriminación que pudo tener el testimonio en tribunales y a raíz de su muerte, encabeza la desacreditación del contexto en el que estaba inmerso antes de cometer suicidio. Sin embargo, la ausencia de pruebas contundentes que respalden ese objetivo, lo terminan empujando a la argumentación basada en flojas reinterpretaciones de la información oficial.

El secretario general de Primero Justicia, Tomás Guanipa, conduce el posicionamiento en redes sociales de aquella versión, jugando con las sensibles imágenes de la muerte (sacando máximo provecho de la cobertura) y así redirigir el esfuerzo de oxigenar la matriz de opinión “dictadura y represión en Venezuela”, desplazada en el campo político por las acciones en materia económica que tomó el ejecutivo nacional en el marco de la reconversión monetaria a finales de agosto.

Corker y el anuncio de posibilidad de diálogo propuesto por la UE

Otras vocerías nacionales se han hecho eco de la muerte de Fernando Albán, pero mayor peso tiene la dimensión internacional a la que rápidamente escaló el suceso.

La cancillería de Perú emitió un comunicado en el que países integrantes del Grupo de Lima se hacen eco de las acusaciones hechas por la oposición venezolana. Los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía condenan la supuesta violación de derechos humanos en Venezuela.

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, emitió un comunicado para condenar la muerte del funcionario, dando fuerza a la versión disociada de la oposición local.

En el documento, confirma que Fernando Albán viajó a Nueva York para hablar de la “importancia de retornar la democracia al pueblo venezolano”. Recordemos que la última tarea del representante de la Administración Trump, con respecto a Venezuela, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue azuzar el conflicto entre Colombia y Venezuela con la colaboración del presidente Iván Duque.

En simultáneo, ocurre la reunión del senador estadounidense Bob Corker con representantes del gobierno nacional y de la oposición, en conversaciones con los dos sectores, el mismo día de la muerte de Fernando Albán. Esta coincidencia sirvió para instrumentalizar la tragedia y llamar la atención de las vocerías estadounidenses que se encontraban en el país, contra cualquier clima de apertura que a bien se pudiera instalar.

A mediados del mes de mayo, el republicano Corker sirvió de mediador en el canal de comunicación y negociación que se abrió entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos para liberar al norteamericano Joshua Holt, una acción paralela a funcionarios de Washington que se decantan por el cerco y la asfixia vía sanciones económicas.

El matiz de acercamiento diplomático que representa el senador Corker fue lacerado con el empleo manipulado de información con respecto a la muerte de Albán, logrando una declaración de rechazo y sospecha por parte del senador al Estado venezolano, vital para reforzar un clima de tensión entre las relaciones bilaterales de ambos países.

Así mismo ocurrió con el anuncio de diálogo y aproximación con Venezuela que hizo la Unión Europea (UE) a través de su alta representante para la Política Exterior, Federica Mogherini. La jefa diplomática anunció que se efectuaría un Consejo de Asuntos Exteriores con el fin de hacer propuestas desde los Estados europeos que pudieran abrir un camino de diálogo en Venezuela.

Se le sumó, además, el llamado de la embajada francesa en Venezuela al esclarecimiento del caso al gobierno de Nicolás Maduro, y pidió una investigación “imparcial e independiente”, en la misma tónica de la UE y otros operadores políticos foráneos. En la misma senda habló la alemana Angela Merkel, a quien el canciller Jorge Arreaza respondió ante la diplomacia de la intervención.

Paralelo a esto, hicieron sus propias conclusiones acerca del suicidio del concejal de PJ, reclamando “investigaciones independientes”, sumándose al llamado que hizo el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y fracturando la delgada alternativa diplomática para relacionarse con el gobierno de Nicolás Maduro.

El aprovechamiento de los elementos fortuitos que forman parte del caso Albán parece más una expresión para compensar la pérdida progresiva de influencia en el terreno de las decisiones políticas en el plano internacional, no habiendo consenso entre mandatarios y operadores con el fin de invadir militarmente Venezuela, que una verdadera condolencia y preocupación para con los familiares del concejal.