Colombia. La Paz tiene su propio camino

Resumen Latinoamericano / 8 de octubre de 2018 / Hernando Martínez

“No hay democracia si no se entiende la Nación como una misión colectiva, un compromiso de todos”

Luis Carlos Galán Sarmiento (Bucaramanga 1943 – Soacha 1989)

Ahora que el proceso de solución política pasa por un momento de empantanamiento, es necesario buscar puntos de encuentro en la visión sobre el conflicto interno para “resolver los problemas fundamentales”, como dijo Álvaro Gómez Hurtado (Bogotá 1919 – Bogotá 1995);  que a nuestro criterio, son aquellos problemas que gestan el conflicto, tales como los territoriales, la propiedad de la tierra, la política minera y energética, la participación política, la violencia política, la exclusión y el empobrecimiento de la mayoría de la población.

Encontrar una visión común del conflicto es el presupuesto básico para llegar a tener una visión común sobre la paz, reflexión nacional en la que es indispensable la participación de todos los sectores de la sociedad colombiana. Ejercicio que bien puede llamarse de Diálogo Nacional; partiendo de la convicción que la paz es el único camino, que hace viable a la nación colombiana.

El carácter del conflicto

En 1984, hace 34 años, el presidente Belisario Betancur, firmó un acuerdo de paz con las FARC, reconociendo el carácter político de las guerrillas. Las fuerzas de extrema derecha incrustadas en el Estado fraguaron el genocidio de la UP y de otros movimientos de izquierda, con lo cual destruyeron este acuerdo.

En adelante los gobiernos negociaron, o hicieron intentos de negociar, con todos los movimientos guerrilleros, dándoles reconocimiento político a través de amnistías generales y de acuerdos de participación política, como el ocurrido en 1990.

A partir del año 2002 el presidente Álvaro Uribe Vélez reforzó en las Cortes jurisprudencias que tratan a las guerrillas como grupos de delincuencia común, a la vez que criminalizó y señaló como “redes de apoyo a terroristas” a las organizaciones sociales y políticas que lo adversan.

Cabe destacar que durante el primer mandato de Uribe (2002-2006), sucedió el punto más alto de las acciones terroristas amparadas por el Estado, causando asesinato de líderes, masacres de pobladores, desplazamiento forzado y despojo de tierras; ola criminal promovida y amparada por políticos, gobernantes, congresistas, militares y empresarios; hechos de terror recrudecidos desde el mandato de Andrés Pastrana (1998-2002). Oleada terrorista perpetrada por las fuerzas paraestatales y estatales, como resultado de la aplicación del Plan Colombia, inspirado y financiado por la plutocracia de los Estados Unidos.

El Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) adelantó el proceso de solución política al conflicto que en 5 años pactó el Acuerdo de Paz con las FARC. Igualmente, acordó una Agenda de conversaciones con el ELN.

El Gobierno de Iván Duque, desde su campaña electoral hasta la fecha, reduce en su discurso la paz a un asunto de desarmar a las guerrillas, negando el conflicto armado de carácter político, tal como lo sostiene su patrocinador el ex presidente Uribe.

La crisis que llega

En el transcurso del año, el proceso de solución política entró en crisis. Una vez ocurrido el desarme de las FARC, las élites dominantes asumieron la guerra mediática contra las FARC -ya convertida en partido- para obstruirlas políticamente y continuar extinguiéndolas.

El Gobierno estancó la Mesa de conversaciones con el ELN durante el primer semestre del 2018, debido a la alianza hecha entre los seguidores de Uribe y los partidos de la coalición de gobierno, aprovechando la debilidad del Gobierno de Santos.

El Congreso y las Cortes fueron diligentes con iniciativas que modifican los acuerdos, recortando reivindicaciones para las comunidades, los movimientos alternativos y para las mismas FARC, pero se mantienen negligentes para implementar acuerdos sobre reforma política, las circunscripciones territoriales especiales de paz, la política de desarrollo agrario integral, la sustitución de cultivos de coca y de la unidad especial de lucha contra el paramilitarismo, entre otros acuerdos.

El objetivo del diálogo, de los acuerdos y del proceso de paz es erradicar la violencia política, pero actualmente cuando hay un post Acuerdo y una Mesa de Conversaciones estancada con el ELN, lo que está ocurriendo es la persecución y matanza de líderes sociales, para lo cual la élite hace crecer el paramilitarismo.

A más de un año de las FARC haber entregado las armas el Gobierno no ha financiado ningún proyecto productivo a los excombatientes, pero continúa la estigmatización y los asesinatos de ellos y sus familiares.

El actual Gobierno ha ralentizado la implementación de los Acuerdos con las FARC y mantiene congelada la Mesa con el ELN.

La falta de voluntad y de compromiso de las clases dominantes para dialogar y cumplir lo acordado, genera desconfianza en los exguerrilleros de FARC y de los combatientes del ELN, y escepticismo en muchos sectores de la sociedad.

La paz es más que negociación

El desarrollo de un amplio movimiento constituido por diversos sectores sociales, ambientales, de género, étnicos y por el movimiento progresista democratizador, es quien presiona la continuidad y fortalecimiento del proceso de solución política, entendida como el diálogo para enfrentar los problemas del país y la voluntad para implementar los acuerdos hechos.

Con el respaldo de la comunidad internacional, el movimiento colombiano contra la guerra y por la paz, como proyecto democratizador, podrá seguir avanzando en su camino transformador.

 

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