Por Mañanas Activas| viernes, 28 septiembre, 2018

¿Qué pasó, donde están nuestros hijos? ¿Quién desapareció a nuestros 43 compañeros?

Estas preguntas retumban una y otra vez en los padres y madres, compañeros y hermanos de lucha, en muchas partes del mundo, que continúan exigiendo verdad y justicia.

Del otro lado, solo el silencio. O la mentira convertida en “verdad histórica” para lograr rápidamente el cierre del caso y garantizar la impunidad.  El gobierno mexicano ha ocultado, dilatado y manipulado las pruebas amparando a los responsables: los cuerpos de Policía Municipal, Federal y Ministerial, el Ejército y agentes civiles vinculados al narcotráfico. Solamente ha viciado el caso de pruebas falsas, sin una investigación real.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), bajo la órbita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó 4 nuevas líneas de investigación claves en el proceso, tendientes a descubrir la participación de las fuerzas represivas involucradas. El Gobierno no renovó su período de trabajo y los investigadores debieron abandonar el país.

Frente a esto la CIDH aprobó un Mecanismo Especial de Seguimiento para continuar supervisando la investigación el cual corrobora que el caso esta totalmente estancado y que no hay ninguna sentencia condenatoria a los responsables. A su vez el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sentencia que muchas de las personas arrestadas en la etapa inicial del proceso habrían sido detenidas arbitrariamente y torturadas utilizadas como chivos expiatorios del caso. Ahora un Tribunal mexicano acaba de establecer la creación de una “Comisión de Verdad y Justicia”,algo que podría convertirse en un precedente histórico para empezar a desenterrar la verdad de todos los casos que aún están pendientes.

Enrique Peña Nieto, junto a todo su aparato represivo gubernamental, ha incumplido permanentemente las múltiples recomendaciones y observaciones internacionales. Ahora, Andrés Manuel Lopez Obrador, quién asumirá en diciembre como el nuevo presidente y se arroga ser la “Esperanza de México” deberá rendir cuentas de la barbarie que asola el país. Porque saber la verdad acerca de la desaparición de los 43 normalistas significa condenar al terrorismo de Estado que impera hoy en México, que sólo desde 2006, ha dejado como saldo mas de 100.000 asesinados, más de 30.000 desaparecidos y miles de presos políticos. Y las cifra van en aumento.