Colombia. Renuncie ministro Botero

Resumen Latinoamericano / 24 de septiembre de 2018 / Andrés Caycedo

Las declaraciones del actual ministro de Defensa Guillermo Botero contra la protesta social, no son sorpresa alguna. Son el pensamiento de la ultraderecha, del partido de los seguidores de Uribe que está hoy al frente del gobierno. De ellos no se podría esperar nada distinto. Coinciden con lo que se presentó en los dos periodos del gobierno de Uribe y con lo que ha predicado el Centro Democrático en estos años, al oponerse a los procesos de paz y a cualquier opción que avance en la democracia y la participación real de la sociedad.

Este ministro se ha atrevido a decir que, “con los dineros ilícitos corrompen y financian la protesta social… entonces cada vez que ustedes ven que cerraron la [autopista] Panamericana o ayer que me cerraron unas carreteras en Nariño, detrás de eso siempre hay mafias organizadas”.

El ministro al afirmar que la protesta social la financian los grupos ilegales, las mafias organizadas, en los que mete en un sólo costal a narcos, paramilitares, bandas delincuenciales, etc., de hecho agudiza la ilegalización y criminalización de la movilización social, fenómeno que ya se viene dando y que es propio del régimen dominante. Pero que se puede agudizar aún más con estas declaraciones y otras acusaciones anteriores. El ministro y este Gobierno no tratan la protesta social como un derecho legítimo, sino como un actividad de carácter delincuencial, ilegal y judicializable.

Por esas posiciones y otras declaraciones de este ministro, en las que anunció que legislaría para reglamentar aún más la protesta social, en el Congreso, sectores de la oposición, han citado al ministro a un Debate de control político. Lo cual es muy positivo. Pero limitado, si a la vez no se desarrolla una dinámica de opinión, de movilización de calle, amplia y unitaria para bloquear las pretensiones de la ultraderecha que esta enquistada hoy en el Gobierno.

Reaccionar a tiempo

Corresponde reaccionar a tiempo, no dejar pasar por alto estas expresiones, ni lo que de ellas se derivan, no facilitar que las mismas, con la ayuda de los grandes medios, se legitimen socialmente en un país en que la ultraderecha ha permeado importantes sectores poblacionales, en el que cuenta con un gran arsenal mediático y del respaldo de buena parte de las clases dominantes y de la presidencia de Trump.

Un ministro con esas posiciones agrava aún más el marco represivo, de intolerancia y de trato violento a la movilización social. Hay que reaccionar en múltiples formas, juntarse con muchos que no están por esas opciones, ganar la fuerza para rechazar esas conductas, lograr al menos la renuncia del ministro Botero. Si todo queda igual después de esas declaraciones, vendrán días más difíciles de violencia estatal e ilegal contra el movimiento social y la oposición. Por ello no hay lugar ahora para la indiferencia o la pasividad.

Denunciar a quienes atizan la matanza de líderes

Con esas posiciones, este ministro, en lugar de preocuparse por el asesinato de los líderes, que para este año está rebasando en cantidad e impunidad los de los años anteriores, lo que hace es inyectarle combustible al Genocidio en curso contra los líderes sociales y los defensores de Derechos Humanos.

Sus declaraciones podrían convertirse en una “sentencia de muerte”. Al respecto un político del establecimiento, no de la izquierda, Humberto de la Calle, negociador del gobierno en los Acuerdos de paz con las FARC, planteó:

Cuidado con las palabras. Las condenas en la cúspide se convierten en tragedia en la base. Ya un ministro se cayó cuando, contra la evidencia, dijo que el candidato [Bernardo] Jaramillo era agente de las Farc y fue asesinado”.

El Gobierno no quiere sacar la violencia de la política

Con esas posiciones del Gobierno, con esa mentalidad del Centro Democrático expresada en las actitudes del ministro Botero, ellos se reafirman en la utilización de la violencia que por siempre han ejercido los de arriba para hacer la política a favor de sus intereses. Se reafirman en su práctica histórica, que hoy se expresa entre otras, en el Genocidio en curso frente a los líderes sociales. Pero a la vez y sin la intención de cambiar ellos, nos piden a las expresiones insurgentes, que suspendamos la resistencia armada y nuestra condición de rebeldes.

Si el propósito en un acuerdo de paz es sacar la violencia de la política, esto rige para las dos partes: para el régimen y para los de abajo. No sólo para unos. De lo contrario no avanzaremos hacia la paz, sino hacia el engaño, hacia nuevas frustraciones y nuevas guerras.

Lo mínimo que hay que lograr para debilitar las agresiones contra el movimiento social y contra quienes plantean otras opciones de país es al menos exigir la renuncia de este Ministro. Para ello el debate en el Congreso tiene importancia. Pero hasta ahora nunca los Debates de Control parlamentario han logrado conseguir la salida de un alto funcionario. El establecimiento potencia sus diferentes mecanismos para impedirlo. La experiencia más reciente es lo que paso con el ministro Carrasquilla. Ahí sigue.

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