En plan de ajuste, el Gobierno extendió hasta fines de noviembre el plazo para sumarse al plan de retiros voluntarios. Lo hizo a través de una resolución de Modernización, que perdió el rango y no las mañas.

La medida se adoptó a través de una resolución de la Secretaría de Gobierno de Modernización que encabeza Andrés Ibarra, publicada en el Boletín Oficial.

La norma aclaró que el personal que adhiera al retiro voluntario “puede optar por mantener la cobertura médica asistencial que presta la obra social a la que actualmente se encuentre afiliado” en caso de que así lo habilite la AFIP.

La norma alcanza al grueso del personal de la administración pública nacional, incluidos todos los Ministerios, salvo algunas áreas de gestión, las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales de Seguridad

Carlos “Perro” Santillán, símbolo de la resistencia contra el neoliberalismo menemista, remarcó que la situación social es “terrible”. “Lo que está ocurriendo ahora es peor en que en 2001”, especificó.

“Los trabajadores sin trabajo queremos que nos den trabajo, no bolsones”, especificó Santillán en declaraciones al programa Mal Aconsejados que se emite los lunes de 16 a 18 horas por Radio Caput.

“Lo que está ocurriendo ahora es peor en que en 2001”, argumentó quien ahora también es líder de los municipales jujeños y criticó la desaparición de los ministerios de Agroindustria, Salud y Trabajo que impactarán en los sectores populares y los trabajadores.

“El ministerio de Agroindustria es necesario para los pequeños productores y la agricultura familiar. Es condenar a cientos de miles de familias en toda la nación al hambre”, precisó.

“Estamos viviendo una situación malísima y para colmo tenemos que soportar organizaciones nacionales que puedan estar a la altura de los derechos que estamos perdiendo los trabajadores y que puedan enfrentar las políticas que están aplicando”, agregó el jujeño.

Las 70 familias que desde hace 8 días ocupan pacíficamente un predio ubicado en el Barrio Esther (Claypole, partido de Almirante Brown), realizan un corte de ruta en el cruce de Monteverde y avenida República. Ayer se movilizaron al municipio para exigirle al intendente justicialista Mariano Cascallares que intervenga para frenar la orden de desalojo del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Pero no recibieron soluciones. “Queremos que esos terrenos los ocupen familias que están sin viviendas, que ya no pueden alquilar. No tuvimos respuestas. Lo único que recibimos fueron amenazas de desalojo. Anoche vino Gendarmería para asustar a la gente”, denunció Jesica, delegada de las familias. Una comisión negociadora se reunirá con la Secretaría de Hábitat para evaluar la relocalización de las familias. Por ANRed.

Tras la movilización que realizaron ayer hasta la sede del municipio – donde no recibieron respuestas ni soluciones concretas de parte del personal del intendente justicialista Mariano Cascallares – las familias, junto a organizaciones sociales, redoblaron la medida de lucha: realizan desde la mañana un corte de ruta con quema de gomas a la altura del cruce de Monteverde y la Avenida República, en la localidad bonerense de Claypole, en reclamo de que el municipio frene el desalojo que pesa sobre las familias y les dé una solución de vivienda digna.

Ante la imposibilidad de seguir pagando alquileres y la necesidad de vivienda digna, las 70 familias ocupan pacíficamente desde hace ya 8 días un predio en el barrio Esther, de la localidad de Claypole (entre las calles Leguizamón, Araujo, Acassuso y Córdoba), donde hasta ahora habían terrenos baldíos sin dueños con basura y pastizales.

En declaraciones realizadas a la prensa del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) – que también se encuentra acompañando el corte de las familias – Jésica, delegada de las familias de la toma, relató: “hace 8 días que tomamos los terrenos, que son baldíos, no son de nadie, y que hace más de 60 años que están abandonados. Queremos que esos terrenos los ocupen familias que están sin viviendas, que alquilan y ya no pueden alquilar. También tenemos compañeros en situación de calle. Necesitamos un comedor en el Barrio Esther para los chicos. No tuvimos respuestas. Lo único que recibimos fueron amenazas de desalojo. Anoche vino Gendarmería para asustar a la gente”, denunció.

También fue entrevistada Gabriela, del Barrio El Cerrito de Claypole – lindero al Barrio Esther – que expresó: “estoy y estamos vecinos tomando tierras porque hay mucha necesidad de vivienda. No podemos pagar alquiler y no tenemos la posibilidad de tener un trabajo con sueldo digno. Hay mucha gente que vive cartoneando y ni siquiera llega para poder llevar un pedacito de pan a su mesa. Y esto lleva a que tengamos que tomar tierras porque no queda otra. La situación del país es difícil. Más con este gobierno de ahora”.

Con respecto a las nulas respuestas de la municipalidad, Gabriela señaló: “nos dicen que hay un supuesto dueño que nunca apareció, y que ellos no pueden hacer nada. Ellos se lavaron las manos, no les importaron las familias que estaban ahí. Más de 70 familias y 500 chicos esperando a tener un pedacito de tierra para vivir dignamente. Lo único que sí hacen es mandarnos la policía, que en todo momento está hostigando, sacándonos fotos y metiéndole miedo a la gente. Pero acá estamos dándole pelea”.

Al cierre de esta nota, una comisión negociadora representante de las familias se disponía a viajar al municipio para mantener una reunión con la Secretaría de Hábitat, para que el municipio evalúe la posibilidad de relocalizar a las familias.

Compartimos comunicado del Frente Popular Darío Santillán:

08 HS CORTE TOTAL EN MONTEVERDE Y REPÚBLICA ARGENTINA 

Desde el Frente Popular Darío Santillán queremos expresar nuestra máxima solidaridad con las familias que están resistiendo la ocupación de tierras en el Barrio Esther, Burzaco.

El contexto socio económico hace que el acceso a la vivienda sea, cada vez más, un privilegio para unas pocas familias. Las políticas aplicadas por Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional afectan principalmente a los sectores populares, que son quienes más sufren la carga del ajuste y la devaluación.

Tanto el gobierno de María Eugenia Vidal como el de Mariano Cascallares eligen darle la espalda al legítimo reclamo de las más de 90 familias que ocupan el predio, priorizando el enriquecimiento de algunos especuladores a costa del despojo y la represión de familias enteras.

La situacion es crítica e insostenible y se resuelve con diálogo y no con represión, ni con un desalojo violento. Exigimos que nos reciba el intendente para resolver este conflicto a favor de lxs que menos tienen.

QUE SE DECLARE EN ALTE. BROWN LA EMERGENCIA HABITACIONAL

Seguimos organizadxs y luchando, defendiendo el derecho a la vivienda y sostenemos que la tierra es de quienes la habitan y la trabajan.

La comunidad educativa de Moreno decidió levantar el acampe tras un mes y medio de permanencia. La medida fue resuelta luego de conformarse el comité de crisis y de que el municipio garantizara los fondos y propusiera un plan de obras para el corto, mediano y largo plazo. Algunas escuelas continuarán cerradas con continuidad pedagógica y se mantiene la emergencia edicilia. Por ANRed.

Anoche, tras la primera reunión del comité de crisis, se levantó el acampe frente al Consejo Escolar de Moreno. Por primera vez, en más de un mes y medio de pelea, tras la muerte de Sandra y Rubén, los funcionarios provinciales se sentaron junto a la comunidad educativa dispuestos a atender sus reclamos. Mediante una masiva asamblea integrada por docentes, directivos, familiares y estudiantes se resolvió culminar la segunda etapa de la intervención al organismo.

El acuerdo habilita al comité de crisis, compuesto por padres, madres y un estudiante, a controlar el plan de obras en las escuelas, así como también a supervisar los fondos destinados al mejoramiento de las mismas: basado en los 11 puntos de habitabilidad fijados en el acuerdo paritario de 2011. A su vez, la actual interventora del Consejo Escolar, Ana Karina Politi, actuará como “delegada provincial” y deberá trabajar en conjunto con el Comité.  Según trascendidos, los fondos para la readecuación de las escuelas estarán garantizados por las autoridades bonaerenses, y saldrán de los aportes provinciales y del presupuesto que el Municipio de Moreno tenía previsto para 2019. Los ingresos serán utilizados para el plan establecido en el corto, mediano y largo plazo, y prevé que las cooperativas participen de las obras.

Es importante aclarar que, en medio del acampe y de la resistencia organizada por la comunidad educativa de Moreno, y al cumplirse el primer mes desde el crimen de Sandra y Rubén, se produjeron varios hechos de corte mafioso en el distrito. Cómo el de la docente Corina De Bonis, a quien obligaron a subir a un auto, para luego amenazarla de muerte y escribirle en la panza con un punzón “ollas no”.

Sin embargo, y pese al consenso en levantar el acampe, continúa el debate entre la comunidad educativa de Moreno. En un comunicado de prensa titulado “Las puebladas no necesitan permiso ni autorización” las y los integrantes de la Bordó Moreno manifiestan: “Cada unx de nosotrxs, hoy más que nunca, debemos seguir alertas y movilizadxs. La habilitabilidad total (y no parcial) de cada escuela, es la que se debe garantizar antes que nada para que se reestablezcan las clases”.

Y finalizan adviertiendo que “Para esta nueva etapa creemos que los representantes al comité deban necesariamente refrendar sus decisiones permanentemente”. Mientras tanto, el plan de continuidad pedagógica proseguirá hasta que sea garantizado el certificado de habitabilidad. Y a su vez, continuará la emergencia edilicia y varias escuelas permanecerán cerradas con continuidad pedagógica. La próxima reunión prevista del comité de crisis se realizará el jueves 27 de septiembre.