Colombia. ELN: Están en crisis los procesos de paz

Resumen Latinoamericano / 12 de septiembre de 2018 / Abel Villa

En este fin de semana vimos al antiguo abogado de la Odebrecht, convertido ahora en Fiscal General de Colombia, preparando la reactivación de órdenes de captura contra 6 jefes de las FARC, que según él, “están desaparecidos e incumpliendo los acuerdos de paz”. Los inculpados por el Fiscal son:

Luciano Marín, ‘Iván Márquez’; Fabián Ramírez; Hernán Darío Velásquez, ‘el Paisa’; José Manuel Sierra, ‘Zarco’; Luis Gustavo Cuéllar, ‘Manuel Político’; y Alberto Cruz, ‘Enrique Marulanda’.

Los montajes de la Agencia anti drogas (DEA) contra Jesús Santrich, el negociador de paz de las FARC, persiguen extraditarlo a los Estados Unidos; a lo que se suma la ofensiva penal del Fiscal General contra los acuerdos de paz; ambas expresan falta de voluntad de las élites más retardatarias, para que haya avance de tales acuerdos y una solución política del conflicto.

También es evidente la crisis del proceso de paz con las FARC, a causa de los incumplimientos del gobierno de Santos, los que se agudizarán con Duque. Esta crisis se hace más visible ahora que sectores de las FARC se han visto obligados a apartarse del proceso, porque el régimen además de  incumplir, asesina a ex combatientes y amenaza con entregar a sus jefes en extradición a los EEUU.

Igual situación ocurre en el proceso con el Ejército de Liberación Nacional, al desconocer el gobierno de Duque los acuerdos y desarrollos anteriores, y hacer exigencias unilaterales que echarán todo a perder.

Como estos asuntos del conflicto son aparentemente políticos-militares, pero las élites dominantes los manejan como asuntos de negocios, cabe preguntar, ¿Cuánto ganan con perpetuar la guerra? ¿Están dispuestas a renunciar a estas ganancias?

La crónica anunciada

En septiembre del 2016, firmaron en la ciudad de Cartagena los Acuerdos entre las FARC y el Estado. No obstante, a pesar de suscribirse ante todo el país y en presencia de la comunidad internacional, estos no fueron los que quedaron vigentes. Las clases dominantes, un mes después, se valieron de los resultados del Plebiscito del 2 de octubre, para imponer la renegociación de los mismos.

Pero no fue esta la única, ni la última renegociación. Los Acuerdos fueron modificados posteriormente una y otra vez, al hacer tránsito por las Cortes, el legislativo y todo el resto de la maraña institucional. Otra parte de lo acordado esta relegado al papel. No se ha cumplido. Todo indica que definitivamente no se cumplirá.

Por su parte, las FARC ya cumplieron en el punto esencial y de mayor interés para el establecimiento: la entrega de armas, la desmovilización y la reinserción. Esta parte del Acuerdo, a diferencia de los compromisos del Estado, tenía fechas y mecanismos precisos para su ejecución.

Miremos ahora el cumplimiento del lado del Estado y del régimen:

Precaria Justicia de Paz

Una de las piedras angulares de lo acordado fue la Justicia Especial de Paz (JEP). En este punto, las FARC admitieron como delitos a ser juzgados, acciones propias de la rebelión y del alzamiento armado. En este caso la acción de la justicia no se limitaba sólo a las desviaciones o errores que se hubieran podido cometer en relación a la ética que rige la rebelión; sino a acciones propias de la lucha insurgente.

La JEP estaba originalmente concebida para juzgar a todos los actores del conflicto, como militares, los llamados terceros (civiles que han tenido una incidencia directa en la promoción y financiación del paramilitarismo) y a los guerrilleros. Pero con las renegociaciones impuestas a este Acuerdo y con las decisiones unilaterales de las distintas ramas e instancias del Estado, esta ha quedado reducida a juzgar solamente a las FARC; convirtiendo a estas en las únicas responsables de la guerra. Mientras que las clases dominantes y sus instituciones, quedan eximidas y exentas de toda responsabilidad.

Timochenko, expresa algo similar en una carta de noviembre 17 de 2017: “Una jurisdicción que tenía por objeto el juzgamiento de los crímenes más graves cometidos por todos los involucrados directa o indirectamente en el conflicto, ahora quedó reservada para el juzgamiento exclusivo de los excombatientes de las FARC, lo cual evidencia una manifiesta violación de lo que se pactó entre las partes”.

Ejército anti restitución de tierras

En los Acuerdos con las FARC, el primer punto fue sobre una “reforma agraria integral”, que en su contenido quedó lejos de dejar atrás la desigual distribución de la tierra, el latifundio improductivo y el arrinconamiento al campesinado. Pero aún con esas limitaciones, distintos sectores de las élites dominantes y los grandes terratenientes, “pusieron el grito en el cielo”, porque lo consideraron un atentado a la propiedad.

Al respecto, el Partido del Común en la Declaración política que expidió su Dirección Nacional, el pasado 2 de septiembre, dice: “La Reforma Rural Integral no se ve por ninguna parte, al tiempo que se crece el propósito de reemplazarla con proyectos que sólo apuntan al interés de grandes empresarios”.

Estatuto de la oposición “en veremos”

Otro aspecto sustancial de los Acuerdos y en lo que tampoco hay nada, es lo relacionado con la llamada reforma política y la participación de la sociedad. Allí se contemplaban distintas medidas tendientes a ampliar la democracia colombiana, sin que se alterasen los aspectos esenciales de la democracia liberal burguesa. No obstante ello, al respecto nada se ha cumplido.

En una carta de Iván Márquez del 15 de Julio de este año, dice al respecto: “no se ve por ninguna parte la determinación de cumplir con asuntos esenciales del acuerdo como la Reforma Política, sin la cual no habrían condiciones para el tránsito de la rebelión armada a la política legal”.

Trump impone su guerra contra las drogas

Otro capítulo de los Acuerdos es sobre la sustitución de los cultivos de uso ilícito y a su erradicación, problema principal de muchas regiones apartadas del país, donde el Estado está ausente y del que derivan su subsistencia medio millón de familias campesinas.

El Partido FARC, en la Declaración política ya citada del 2 de septiembre, expresa: “Sorprende la forma como el nuevo Ministro de Defensa anuncia políticas que desconocen flagrantemente lo pactado sobre sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito”.

Lo que está haciendo Duque, cumpliendo las exigencias de Trump, es enterrar los acuerdos de impulso a la sustitución voluntaria de estos cultivos, y abrir un frente de guerra contra los campesinos más marginados del país.

Presencia en el Congreso, ¿y en la política?

Hoy hacen parte del Senado y la Cámara, 10 integrantes del Partido del Común, lo que hay que registrar como un acuerdo cumplido. Sí. Así es. Pero, es evidente que la persecución contra las FARC se mantiene y la élite la traslada hacia el nuevo Partido, con lo que no les dan la bienvenida como nuevo sujeto político y demuestran que prima en el régimen el afán de venganza y humillación, expresado en el acoso mediático y la campaña de desprestigio a que los someten cada día.

El Estado los niega como fuerza política, cuando deja en el papel la mayoría de los Acuerdos, tales como: cuestiones relativas a la reincorporación, los proyectos productivos, la excarcelación de la totalidad de sus presos políticos, el respeto a la vida de los desmovilizados, la Comisión de Investigación Especial de los crímenes del paramilitarismo, para citar sólo algunos casos.

En la Declaración del Partido de las FARC, de este 2 de septiembre, dicen: “Nuestro partido exige el cumplimiento de lo acordado en materia de reincorporación…. Las amenazas de la miseria y el futuro incierto se ciernen de manera inminente sobre quienes dejaron las armas y cumplieron al pie de la letra lo acordado”. “Repugna que el Estado colombiano no ofrezca posibilidades ciertas de reincorporación, pactadas formalmente además”.

Un deporte de la élite es incumplir

El Informe de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) sobre la implementación de estos Acuerdos, publicado este mes, dice: “A la fecha es casi nulo el avance en la implementación de las disposiciones del Acuerdo de paz, en lo concerniente a las reivindicaciones, garantías y salvaguardas referidas a los pueblos y comunidades indígenas de Colombia… El capítulo étnico-afro no se está implementando”.

En la carta del noviembre 17 de 2017, Timochenko hace una apreciación global del cumplimiento de los Acuerdos:

Los integrantes del nuevo partido estamos alarmados en máximo grado, ya no solo por los incumplimientos por parte del Estado en múltiples materias acordadas, sino sobre todo por la osadía con que distintas instituciones vienen actuando en contradicción abierta con el Acuerdo Final, hasta el punto de modificarlo en aspectos esenciales”.

Las clases dominantes se resisten a cambiar

Nosotros, como Ejército de Liberación Nacional y como parte de quienes buscamos cambios en Colombia, hemos estado expectantes de lo acontecido con los Acuerdos de paz con las FARC.

Vemos que nuevamente las élites dominantes, se atraviesan en las búsquedas de paz y en las opciones de cambio, que facilitarían la solución política del conflicto y abrirían nuevos caminos para el país. Así lo evidencian al no honrar la palabra, al no cumplir como Estado, con lo acordado.

Algo similar, está ocurriendo con el proceso de solución política en el que estamos  comprometidos,  al pretender el actual Gobierno, modificar aspectos básicos de los Acuerdos hechos con el Gobierno anterior, tales como la arquitectura o diseño del proceso de conversaciones, pactado el 30 de Marzo del 2016.

Mirando lo que ha pasado, nos preguntamos, ¿Qué tanto se puede confiar en la palabra de las clases dominantes? ¿Qué tan válido sería aceptar, que primero ha de cumplir la insurgencia y después el régimen?

La solución está en adoptar el criterio de la reciprocidad en el cumplimiento e implementación de Acuerdos, para cumplir de manera simétrica.

Memoria y Esperanza

Pero ante este panorama es esperanzador la fuerza de masas y de país que realiza una presión por la paz y por los cambios. En esa dirección, habremos de marchar todos aquellos que soñamos con la paz y la Nueva Colombia.

Sólo si desatamos una gran fuerza de las mayorías nacionales, obligaremos a las élites gobernantes a aceptar los caminos de paz y las transformaciones que la acompañan, y en consecuencia a cumplir los Acuerdos de paz con las guerrillas. Pero también los muchos que han firmado con el movimiento social y con las distintas movilizaciones nacionales y regionales, desarrollados todos estos años.

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