Colombia. La Red de Hermandad y Solidaridad denuncia el asesinato de 4 líderes sociales

Resumen Latinoamericano / 14 de agosto de 2018 / Trochando Sin Fronteras

La Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher) denunció el asesinato de 4 líderes sociales en el país durante el transcurso de la Caravana por el Territorio y la Dignidad de los Pueblos.

La Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher) ha finalizado  la Caravana por el Territorio y la Dignidad de los Pueblos (en la que se han integrado 5 ciudadanos españoles -2 valencianos y 3 zaragozanos), después de 11 días de recorrido por los departamentos del Centro Oriente de Colombia, y lo ha hecho con la denuncia de la muerte de 4 líderes sociales del país durante dichos días.

Se trata de los líderes comunales José Edgardo Benavides y Alejandro Jacanemejoy, asesinados respectivamente en las localidades de San Miguel y Puñuña Negro-Leguizamo, ambas en el departamento de Putumayo. Asimismo, fue asesinado Emiliano Troches, líder del resguardo indígena Guadualito, en la localidad de Toribio, y el docente Carlos Montaño, en el municipio de Timbiqui, ambas localidades del departamento del Cauca. Así lo informaron fuentes de Redher, cuya coordinadora, Cristina Hernández, ha denunciado “la impunidad con la que actúa el paramilitarismo y el narco en Colombia, muchas veces incluso con la connivencia de las mismas fuerzas del Estado, a través de los cuerpos policiales y el ejército”.

La Caravana por el Territorio y la Dignidad de los Pueblos que hoy finalizó ha realizado una ruta por diversas poblaciones de las regiones del Centro Oriente colombiano con el objetivo de denunciar y visibilizar, entre otras, la problemática de “las centenares de miles de personas desplazadas de manera forzosa a causa del conflicto armado, el paramilitarismo y el narco a lo largo y ancho del país”, tal y como relata Hernández. De la misma manera, la Caravana de Redher ha denunciado cómo “la explotación minero-energética en la zona por parte de multinacionales también causa miles de desplazados, y pone en riesgo la permanencia en el territorio de las comunidades indígenas y campesinas, además de afectar gravemente el entorno natural y, con ello, el modo de vida de sus poblaciones”.

Todo ello, como explica Hernández, “a través de la vulneración sistemática de los derechos humanos más elementales, como es el derecho a la vida, tal y como se demuestra en las últimas muertes violentas de líderes sociales: personas que en sus comunidades alzan la voz para denunciar las prácticas mafiosas que se desarrollan en su propio territorio, unas veces gracias a la desidia y otras con la connivencia del propio Estado”. En este sentido, desde la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia se ha instado al nuevo presidente del país, Iván Duque, a que “tome cartas en el asunto para acabar con la impunidad de la que gozan las organizaciones que están eliminando de manera sistemática a aquellas personas que suponen un problema para los intereses económicos de determinadas empresas o para el paramilitarismo en la región”. Según Cristina Hernández, “cualquier gobierno debe velar por los intereses de su población y porque se cumplan los derechos humanos en su país, y Colombia no puede esperar ni un día más a que esto se haga efectivo”.

Los españoles integrantes en la caravana proceden de Valencia y de Zaragoza, y están vinculados al Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África de Valencia (CEDSALA), y al Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Junto con ellos han viajado 2 ciudadanos alemanes (pertenecientes a Interventionistische Linke) y un total de 17 colombianos impulsados por diversas entidades vinculadas con los derechos humanos y ambientales.

Partiendo de Bogotá, la capital del país, la caravana ha recorrido diversas poblaciones de los departamentos del Meta, Casanare, Arauca y Boyacá, finalizando en la región de Cundinamarca, todas ellas afectadas por las problemáticas anteriormente descritas. La caravana de carácter internacional sirve de denuncia, apoyo e incluso protección a la movilización de las entidades sociales que denuncian la vulneración de los derechos humanos en el país.