Es motivo de preocupación que Uruguay mantenga Ley de Caducidad, dice informe de Amnistía Internacional

Resumen Latinoamericano*, 31 de julio 2018.

Amnistía Internacional elaboró un documento, que será presentado en el examen periódico universal (EPU) en enero de 2019, y con el que se evalúa la aplicación real de las recomendaciones formuladas a los países en el anterior examen.

Amnistía Internacional consideró que es “motivo de preocupación” que nuestro país no haya “abolido” la ley 15.848 de 1986 (Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado), que “ha dado lugar a impunidad por crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos”, según consigna Montevideo Portal.

En este punto, Amnistía recuerda que en febrero de 2017 el “Comando Barneix” realizó una serie de amenazas a 13 personas implicadas en la investigación de los crímenes realizados en el pasado, y que en noviembre del mismo año amenazaron de muerte al Fiscal de Corte, Jorge Díaz. “En ambos casos, la investigación policial no identificó a los responsables”, lamenta el informe.

El informe detalla también sobre las condiciones de reclusión en las prisiones uruguayas. Según el documento, el gobierno uruguayo “ha adoptado algunas medidas positivas”, como la construcción de un nuevo complejo penitenciario en Punta de Rieles, pero sin embargo el 30 % de la población carcelaria tiene “condiciones de vida muy malas” con “elevados niveles de violencia”. “Por lo tanto, se puede decir que allí hay tratos crueles, inhumanos o degradantes”, citan.

En otro apartado, el documento aborda la situación de la violencia de género y los derechos de las personas LGBTI. AI consideró que es motivo de “preocupación” la falta de medidas “básicas” para prevenir y combatir la violencia de género, y señala: línea telefónica las 24 horas, servicios de asesoramiento en persona para las víctimas, prestaciones de servicios de refugio para situaciones de emergencia y servicios interinstitucionales, como recepción de denuncias ante la policía, asesoría jurídica o asistencia para reubicación.

“Es motivo de preocupación que, en 2017, 31 mujeres y niñas fueran asesinadas por sus parejas, ex parejas o familiares, y que en el primer semestre de 2018 se hayan cometido 16 feminicidios. La persistencia de prejuicios en las sentencias judiciales, como el sexismo y el clasismo, y la falta de seguimiento de las denuncias de las víctimas por parte de la policía siguen constituyendo un gran obstáculo para la lucha contra todas las formas de violencia de género”, apunta el documento.

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