El jueves el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, advirtió que la pobreza aumentó entre tres y cuatro puntos en los primeros meses del año al compararlo con el anterior semestre, que había sido del 25,7%. “Hoy tres de cada diez argentinos están en situación de pobreza por ingresos”, precisó en una entrevista en Radio La Red.

También dijo que los chicos “son mucho más vulnerables en todos los contextos” y puntualizó que “el 25 % come en comedores comunitarios y escolares”, pero “esta cifra se está ampliando significativamente”.

En el Conurbano las cifras son más dramáticas. De acuerdo a un relevamiento de la Defensoría del Pueblo bonaerense, el 54,2% de los menores de edad vive en condiciones de pobreza y el 37,7 % depende de los comedores escolares para alcanzar una alimentación mínima que les permita desarrollarse. Pero la estadística es incapaz de reflejar la desesperación de perder hasta eso.

“Por lo menos queríamos sostener el comedor hasta después de las vacaciones de invierno, porque en las vacaciones los chicos se pierden la comida que dan en la escuela pero fue imposible. La demanda creció mucho y la comida no alcanzaba para todos. Los grandes podemos zafar tomando mate, pero cómo le vas a negar un plato de comida a los chicos, los abuelos y los discapacitados. Con todo el dolor en el alma tuvimos que cerrar”, cuenta Diego Vivas, presidente de la Asociación Civil Rinconcito del Pilar, que administraba cuatro merenderos y un comedor en la zona de Manuel Alberti, Del Viso y Pilar.

Diego empezó a trabajar para paliar necesidades en plena crisis del 2001 y desde entonces no hubo un solo día en que no se repartiera un plato de comida o un mate cocido en alguno de sus centros. “El último mes –recuerda– ya no nos alcanzaba ni para pagar las garrafas así que tuve que vender una impresora y una biblioteca. Nosotros entregábamos viandas porque no teníamos un lugar físico que nos permitiera recibir a tanta gente, pero igual nos vino una boleta de luz de 16 mil pesos. Teníamos un supermercado que nos ayudaba donando mercadería pero también cerró por la crisis. También organizábamos eventos para recaudar fondos pero hoy la gente no tiene plata ni para comprar una rifa”.

Desbordados. Hace dos semanas, la gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, anunció un paquete de 318 millones de pesos para atenuar el impacto de la inflación en los alimentos que incluyó un aumento del 15% retroactivo a mayo del Plan Más Vida, una tarjeta mensual de 5000 pesos para mil comedores –destinado a la compra de garrafas, productos de limpieza o alimentos frescos– y la inclusión de 18 nuevos municipios en el programa Un Vaso de Leche por Día.

Pero a veces el Estado llega tarde. En Troncos del Talar, en el partido de Tigre, están en peligro unas 400 viandas por día, entre almuerzo y merienda, el apoyo escolar que reciben 130 chicos, un taller de fotografía, una posta sanitaria y un curso de Psicología Social y otro de Operador en Adicciones.

“Se nos hace difícil seguir porque no estamos llegando a fin de mes. A los 15 días ya nos quedamos sin mercadería y tenemos que inventar con lo que tenemos porque no podes dejar sin comer a la gente. Así que tenemos que estirar todo. Lo que antes era una porción abundante ahora es una porción chica. Esta situación nos obliga a pensar en cerrar el comedor”, confiesa con dolor Cristina Geréz, coordinadora de Los Bajitos, un lugar que nació con la intención de ser un centro cultural pero que la necesidad lo convirtió en un refugio entre tanto desamparo.

Además de hacer malabares con la comida, Cristina tiene la ingrata tarea de elegir el destino del poco dinero que ingresa. “Tenemos un subsidio de la provincia que antes nos permitía pagar los servicios, a los docentes y comprar algo de mercadería, pero ahora con esa plata cubrimos los sueldos de las docentes y tengo que elegir si pago los servicios o compro mercadería”.

Cristina tenía la ilusión de inaugurar en su centro un espacio de primera infancia pero los atrasos en las partidas oficiales hicieron que los costos de los materiales y la mano de obra se dispararan hasta convencerla de postergar su sueño.

Para Hernán Amándola, a cargo del Hogar El Ángel Azul”, de La Plata, “el día a día es lo que te pasa por arriba”.

“A nosotros el Estado provincial –explica– nos pasa por cada chico unos 6000 pesos. Eso está totalmente desactualizado. Por mes recibimos entre 140 y 150 mil pesos pero nosotros tenemos de gasto unos 350 mil. Es muy complicado seguir así”.

Hernán define la situación actual, no sólo de los comedores, sino de la población en general, “de supervivencia”, en la cual “uno se preocupa más en cómo generar recursos que en la necesidad de los pibes”.

“Nos estamos organizando con distintas organizaciones de La Plata y grupos de niñez y adolescencia para buscar estrategias que puedan hacer frente a esta situación porque todos estamos desbordados. Ya sabemos que esto no va a mejorar, así que buscamos estabilidad, que no empeore más”, se sincera. «

La malnutrición aumentó un 3% en seis meses

A veces se piensa que con conseguir un plato de comida alcanza. Pero la clave está en qué se come. Cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes de la Provincia de Buenos Aires están malnutridos. Analizando las causas más detalladamente, un 20,7% tiene sobrepeso, un 19,5% obesidad y un 2,1% tiene bajo peso.
Los impactantes datos surgen de un relevamiento realizado a 20.662 personas durante los meses de marzo y abril por la organización Barrios de Pie en conjunto con el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) en 30 distritos del Conurbano Bonaerense. Con esa base publican dos veces al año el Indicador Barrial de Situación Nutricional (IBSN)
El 42,3% de menores malnutridos significan un progresivo agravamiento de la situación alimenticia, si se los compara con los resultados del primer semestre de 2017 donde la malnutrición estaba en 39,4 por ciento. Con respecto a los lactantes, de 0 a dos años, el 26,1% de los para 2506 entrevistados presentaba malnutrición (3,6% de bajo peso, un 11,4% de sobrepeso y 11,1% de obesidad).
En la segunda infancia, de 6 a 10 años, de un total de 7089 niños/as, el 45,7% está afectado por algunas de las variantes de malnutrición (un 1,6% por bajo peso, 19,6% por sobrepeso, 24,6% por obesidad). En esta franja se da un importante aumento de la malnutrición: de 39% en 2017, a un 45,7% en el presente año, produciéndose los mayores incrementos en obesidad (de 19,2% al 24,6%) y en sobrepeso (17,1% a 19,6 por ciento).

En las últimas 48 horas, el gobierno nacional dio una fuerte señal sobre el camino económico y social que ha decidido recorrer. Mientras que, por un lado, anunció que reducirá los ingresos de los asalariados con el recorte de las asignaciones familiares y que por medio de un tarifazo en el transporte enflaquecerá aún más los bolsillos populares, por el otro ratificó su decisión de sostener los beneficios impositivos del sector rural por la vía del mantenimiento del programa de quita gradual de las retenciones.

La suma de decisiones del gobierno tiene consecuencias concretas. Por caso, el sector rural dejará de pagar impuestos por 8000 millones de pesos este año sólo en lo que hace al comercio internacional de porotos de soja y derivados, como informó Tiempoen su edición del pasado domingo 22.

En cambio, por la reducción de las asignaciones familiares, el tarifazo en el transporte y una modificación regresiva en el Impuesto a las Ganancias, los asalariados podrían verse perjudicados en unos 25 mil millones al año.

Estas definiciones se dan en el marco del reciente acuerdo firmado entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha precisado una hoja de ruta en el ajuste en el gasto público y que implica una reducción de los gastos gubernamentales nacionales del orden de los 300 mil millones el año próximo.

La administración macrista anunció en diversas oportunidades que respetará la quita de impuestos al sector empresario, sean las retenciones, las rebajas de las contribuciones a la Seguridad Social o la reducción del tope del Impuesto a las Ganancias empresarias al 25 por ciento.

En cambio, ha apuntado su lápiz ajustador hacia los gastos sociales, educativos y de salud, además de a las inversiones estatales.

El viernes trascendió que el gobierno había resuelto reducir de manera sustancial las erogaciones vinculadas a los planes sociales de vivienda. De otro lado, los docentes se encuentran en estado y movilización por la amenaza de eliminación del Fondo de Incentivo Docente (ver página 17).

Golpe al bolsillo

Cuántos son los asalariados que pierden ingresos con la modificación de las asignaciones familiares, es un dato que tiene la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y que no ha trascendido. Pero un cálculo realizado por el experto Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social, que funciona en la CTA Autónoma, indica que existen casos en los que podrían perder hasta el 25% de sus ingresos netos.

“Son los casos de trabajadores con cinco hijos e ingresos brutos por 24 mil pesos, radicados en las provincias de Salta, Jujuy, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego”, detalló Campos. En esas situaciones, la pérdida de ingreso neto varía entre el 22 y el 24,7 por ciento.

“Quizá la cantidad de trabajadores en esta situación no sea elevada, pero será una quita brutal de ingresos para ellos”, subrayó.

De acuerdo con un cálculo de la fundación Cippec, la medida afectaría los ingresos de los padres de entre 300 mil y 400 mil niños y jóvenes hasta 18 años, lo que representa casi el 10% del total de beneficiarios del régimen de asignaciones familiares, en torno de los 4,3 millones.

Según un cálculo de Hernán Lechter, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el gobierno dejará de pagar asignaciones por unos 9800 millones de pesos por año con esta medida cuando entre en vigor, en septiembre que viene. Ello contradice los dichos oficiales, en el sentido de que con esta decisión se busca un sistema de seguridad social de “mayor equidad”.

“La reducción de las asignaciones familiares coincide con lo que se ahorran las patronales del campo con la quita de las retenciones”, indicó Lechter. “Define con claridad cuáles son las prioridades del gobierno”, agregó.

Otra decisión conocida el viernes pasado fue la imposición para que la deducción por hijo en el Impuesto a las Ganancias sólo pueda ser hecha por uno de los padres, a diferencia de ahora que la deducción pueden hacerla ambos padres.

En este caso tampoco se sabe cuántos son los casos afectados, aunque según la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), suman 48 mil los niños y jóvenes que son deducidos por ambos padres. La cifra de cuánto más de Impuesto a las Ganancias deberán pagar  esos contribuyentes varía entre los 2800 y los 11 mil pesos anuales.

Trenes y micros

De acuerdo con cálculos del sector, el tarifazo del transporte público significará unos 13 mil millones de pesos anuales más que deberán pagar los pasajeros de micros y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En el Ministerio de Transporte aseguraron que esta cifra no implicará una disminución de los subsidios que en la actualidad el gobierno destina a ambos servicios, en torno de los 80 mil millones de pesos en este ejercicio. El tarifazo apuntaría, más bien, a solventar los nuevos costos del transporte de pasajeros en el AMBA, impactados por la suba del precio de los combustibles y el efecto de la devaluación.

Ayer, en diálogo con el programa El Lobby, de Radio Con Vos, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich aseguró sobre la suba de tarifas que “lo estamos haciendo gradual y escalonado, mes por mes, para que vaya acompañando los aumentos de salarios que vaya teniendo la gente”. Aunque también tiene un efecto distinto, de aplacar el nivel de inflación si se hiciera todo el incremento, del 30% como mínimo, en un único mes.

Dietrich no pudo garantizar que no habrá más subas en el transporte. “Aspiramos a que este año no haya necesidad de otro aumento en la tarifa de colectivos”, dijo.

En la Rural, ayer, la vicepresidenta, Gabriela Michetti, remarcó la política oficial de beneficios al sector agropecuario: “Seguimos confirmando que cuando al campo se le saca el pie de encima enseguida demuestra todo lo que es capaz de hacer”, dijo ante el entusiasmo de los presentes.

Si bien en su discurso no hubo novedades, Michetti remarcó en forma permanente la visión que tiene el gobierno del sector rural, al que llenó de elogios.

El contraste de como el gobierno trata los ingresos de los asalariados y los del sector rural no sólo es económico. Incluye una mirada de ambos sectores diametralmente opuesta. “Es toda una definición de prioridades. El ajuste cae sobre los sectores medios y bajos, pero no toca a los sectores de altos ingresos”, concluyó Campos. «

Críticas desde las provincias

Las modificaciones al régimen de asignaciones familiares, como era previsible, causaron malestar en las provincias donde se perderán beneficios. Las reacciones provinieron incluso de mandatarios con cierta afinidad con el gobierno nacional, como el salteño Juan Manuel Urtubey. “La decisión vuelve a marcar la mirada centralista del gobierno, que en lugar de elaborar políticas públicas que sinteticen las distintas realidades de la Argentina, generaliza la realidad de Buenos Aires y la asemeja al interior profundo”, señaló.

Otra provincia afectada es Tierra del Fuego. Su gobernadora, Rosana Bertone, calificó la decisión como “un ajuste contra la Patagonia. El diferencial para esta región no se trata de un beneficio o un derroche, sino de un derecho y una medida de justicia social que busca hacer soberanía en la Patagonia, que hace a la política habitacional de la Nación”.

Por su parte, el bloque de diputados Argentina Federal, que representa a los gobernadores peronistas no kirchneristas, expresó en un comunicado que la medida es “un nuevo atropello contra la equidad federal. Esto genera más inequidad y retraso en las regiones que necesitan crecer en nuestro país. El gobierno intenta aumentar la recaudación perjudicando a las familias que más requieren del apoyo del Estado”.