Colombia. Ser Líder Social No Es Delito

Resumen Latinoamericano / 12 de julio de 2018 / Julián Gil, CI

La situación del país amerita un análisis histórico profundo, que permita comprender el acontecer actual en relación a los distintos momentos de la vida nacional.

Es claro que no asistimos a un momento de apertura democrática donde todas las fuerzas sociales y políticas tienen participación. Contrario a esto, es un momento en que se van cerrando mucho más las posibilidades democráticas.

Lo que viene aconteciendo no es solamente el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales. Es el intento de exterminio del movimiento social y de las alternativas democráticas nacionales. Es preciso revisar este fenómeno sistemático de cara a la estrategia de persecución social y política que desde el Gobierno de Uribe Vélez se viene consolidando y que en el Gobierno de Juan Manuel Santos ha escalado a cifras solo comparables con el genocidio ocurrido contra la Unión Patriótica –UP-, el movimiento social y político ¡A Luchar! y las propuestas democráticas de finales del siglo XX.

Dicha estrategia se acompaña de la permanente persecución política donde se judicializa a líderes, señalando y estigmatizando su labor social al referenciarlos como parte de los grupos insurgentes armados que hacen presencia en el país o (como recientemente ha manifestado el ministro de Defensa) de participar de grupos paramilitares como el Clan del Golfo.

Con la ultraderecha en el Gobierno, el cinismo que ejecuta y encarcela a líderes sociales seguirá hablando de líos de faldas, casos aislados o riñas callejeras. Mientras, el copamiento paraestatal de los territorios estratégicos para la producción nacional sigue avanzando, abriendo campo a los proyectos extractivistas multinacionales.

Lo que avanza, entonces, es el cercamiento político de las comunidades organizadas, los movimientos sociales y los proyectos alternativos de país. Este es un momento de retroceso histórico en cuanto a las ganancias en derechos sociales, económicos, culturales y políticos obtenidos durante décadas de luchas de los movimientos sociales, populares y comunitarios. Ya con la criminalización de la protesta social, la persecución a procesos organizativos, la judicialización y asesinato de líderes sociales.

Estas acciones cohartan el libre ejercicio político y aterrorizan a la sociedad, sometiéndola a un régimen dictatorial que elimina todo lo distinto y busca acabar con los mínimos políticos presentes en la Constitución del 91. No hay un compromiso real con la generación de garantías para el ejercicio político o la exigencia de derechos. Todo esto configura un fascismo estructural, enmascarado en una falsa democracia que se cree con facultades de intervenir en otros Estados.

Estos elementos mencionados contrarían el discurso demagógico de la Paz, que los gobernantes de turno y muchos incautos aseveran estar trabajando en pos de la construcción de condiciones para el logro de una Paz nacional y territorial.

Lo que estamos viviendo es una pacificación a sangre y fuego que busca eliminar -ya sea con deslegitimación, la cárcel o la muerte- toda postura que represente posibilidades de transformación social o cambios en las formas de hacer política.

CI JG/PC/12/07/18/11:30

*Julián Gil es un líder social y Secretario Técnico del Congreso de los Pueblos. En estos momentos es preso político de este movimiento en la Cárcel La Picota, Bogotá.

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