Argentina. Resumen gremial y social. La entrega de la ANSES al FMI/ Avanza uno de los proyectos de Reforma Laboral/ La Bancaria se adhiere al paro de la CGT/ CGT: liberan fondos de salud, pero con más discrecionalidad/ Vaciamiento de Telam: ¿El fin de los medios públicos?

Resumen Latinoamericano/ 18 de junio 2018.- Una nueva sección informativa de las luchas sindicales del pueblo argentino contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri.Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal.

Invitamos a quienes quieran informar sobre despidos, huelgas, ocupaciones, movilizaciones y conflictos sindicales y sociales varios, que nos envíen sus gacetillas y comunicados a resumenrebel@gmail.com

 

 

La gestión oligárquica ya dilapidó, sin resultados favorables, diez mil millones de dólares.

LA ENTREGA DE LA ANSES – FMI

Por Gabriel Fernández 

Ahora, vaciará la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) al vender los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) para pagar jubilaciones y pensiones. La gravísima resolución es parte del paquete de ajuste propuesto por el mismo gobierno para acceder al innecesario y oneroso préstamo del Fondo Monetario Internacional.

ANSES – FMI / La entrega oculta

La gestión oligárquica ya dilapidó, sin resultados favorables, diez mil millones de dólares. Ahora, vaciará la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) al vender los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) para pagar jubilaciones y pensiones. La gravísima resolución es parte del paquete de ajuste propuesto por el mismo gobierno para acceder al innecesario y oneroso préstamo del Fondo Monetario Internacional.

Quizás con el objetivo de seguir avanzando en la batalla cultural, la documentación enviada a las autoridades del ente multilateral denomina el dinero de los jubilados involucrado en el FGS como los “fondos de pensiones incautados en 2008”.

Como bien indica hoy el periodista Tomás Lukin “Cuando la Anses recuperó el control de los fondos de las AFJP, el fondo contracíclico asumió la tenencia de un importante paquete de títulos públicos y participaciones accionarias en 44 compañías donde habían invertido las administradoras privadas, pero la administración estatal lo hizo crecer en más de treinta veces”.

La ruinosa propuesta oficial implica dilapidar 40.000 millones de pesos anualmente. Además de acciones y bonos, el FGS está compuesto por fondos comunes de inversión, proyectos de infraestructura, el Pro.Cre.Ar y los créditos Argenta. Así se busca sostener una parte de la inversión continua de jubilaciones y pensiones mediante la liquidación de una cantidad relevante de activos.

Leamos lo que bien podría considerarse un delito contra el pueblo trabajador: “Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyendo aquellas en la Ley de Reparación Histórica”; esto lo indica el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras.

Lo único bueno es que lo admite. El planteo “argentino” indica que “El valor de los activos de los fondos de pensiones incautados en 2008 se distribuirá a lo largo del tiempo como ingresos para compensar parcialmente el gasto futuro en pensiones”.

Sin derrochar expresiones mediante gestos humanitarios, el texto concluye: “El monto se dividirá por la expectativa de vida promedio de los contribuyentes a esos esquemas en 2018, es decir, 20 años. El límite en el importe a reconocer como ingresos será de 0,4 por ciento del PIB por año”. Está firmado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, y el desplazado presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.

 

* Director La Señal Medios / Sindical Federal / Area Periodística Radio Gráfica.

 

 

 

Con el Mundial como cortina, sigue avanzando uno de los proyectos de Reforma Laboral

Con el Mundial como cortina, sigue avanzando uno de los proyectos de Reforma Laboral

Será mañana en el Senado. Es el menos polémico de los tres proyectos en los que el Gobierno dividió la reforma laboral. Es el que hace foco en el sistema de salud. El resto sigue en las gateras.

El Senado retomará mañana en comisión el debate sobre la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud (AGNET), uno de los tres proyectos en los que se dividió la propuesta oficial de la reforma laboral, durante una audiencia a la que fueron convocados representantes de laboratorios y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El encuentro fue convocado para el martes a partir de las 15 en el salón Arturo Illia del Palacio Legislativo por el presidente de la comisión de Salud, Mario Fiad.

A la audiencia fueron invitados Drajer Isaías, presidente de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa); Daniel Gollan, ex ministro de Salud de la Nación; y Fernando Avellaneda, miembro del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina.

También hablarán Macaerna Sabin Paz, del Cels, y Miguel Tavella, presidente del Instituto de Seguridad Social de la Provincia de la Pampa.

En la reunión del martes pasado, el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, había defendido la creación de la AGNET con el argumento de que contribuirá a achicar “la segmentación en el sistema de salud de la Argentina entre la población que posee coberturas formales y quienes no las tienen”.

El funcionario advirtió que un tercio de la población en la Argentina “no tiene cobertura formal” y consideró que “la segmentación que existe” en el país “es inadmisible” por “más federal que sea la Argentina”.

La AGNET deberá evaluar los medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos y quirúrgicos destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud, a fin de determinar la oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el Programa Médico Obligatorio (PMO).

De los tres proyectos en los que se dividió la denominada reforma laboral, la creación de la AGNET es el que menos controversia genera entre Cambiemos y la oposición.

Con la exposición del ministro de Salud, quedó abierto el debate sobre las leyes laborales. Los otros dos proyectos que forman parte de la denominada reforma laboral.

 

 

 

Confirman que no habrá atención al público en los bancos

La Bancaria se adhiere al paro de la CGT

Imagen: Sandra Cartasso

La Asociación Bancaria anunció que adherirá al paro general convocado por la CGT para el próximo 25 de junio contra las políticas de ajuste del gobierno de Cambiemos. La medida será “sin concurrencia a los lugares de trabajo”, por lo cual ese día no habrá actividad financiera.

La adhesión a la tercera huelga general que la central obrara más importante del país realiza contra la administración de Mauricio Macri fue confirmada por el gremio conducido por Sergio Palazzo a través de un comunicado en el que reclama un “urgente” cambio de la política económica, la derogación de la reforma previsional votada en diciembre. También rechaza el acuerdo entre el Gobierno y el FMI, y exige paritarias libres.

El paro bancario de apoyo a la medida de fuerza de la CGT tenía un amplio grado de previsibilidad desde el momento en que la Corriente Federal de Trabajadores, uno de cuyos referentes es Palazzo, anunció la semana pasada que se plegaría a esa convocatoria que se prevé contundente.

“Todos los días se suceden hechos y noticias que confirman el carácter devastador del esquema económico del Gobierno que, sin sustento en la economía real, destruye el trabajo, pulveriza el salario y perjudica y empobrece a nuestra sociedad”, puntualiza la declaración de La Bancaria.

Además, cuestiona la política financiera que provocó la corrida cambiaria y la fuerte devaluación del peso que en las últimas semanas provocaron “la dilapidación de las reservas” federales. También pone en tela de juicio la solicitud de asistencia al Fondo Monetario, porque con ella se redundará en una “profundización del ajuste que se realiza sobre las familias trabajadoras y la economía real”.

 

CGT: liberan fondos de salud, pero con más discrecionalidad

• DECRETO FIRMADO POR EL GOBIERNO ANTES DE LA HUELGA NACIONAL DEL 25 DE JUNIO
El Gobierno puso a disposición más de $6.000 millones y al mismo tiempo sometió la mayor parte de los repartos, que antes eran automáticos, a la firma de Triaca. Para los dirigentes, el paro es inevitable.
Por MARIANO MARTÍN
Besamanos. Triaca rearmó la ingeniería de reparto de fondos para asegurarse una firma previa a la entrega que hasta ahora era automática.

Besamanos. Triaca rearmó la ingeniería de reparto de fondos para asegurarse una firma previa a la entrega que hasta ahora era automática.

El Gobierno cumplió con la liberación de fondos a las obras sociales sindicales, pero aplicó un rebalanceo de modo tal de aumentar el grado de discrecionalidad en la distribución en medio de la negociación con la CGT por el paro nacional del lunes que viene. El Decreto 554 publicado el viernes último establece un mecanismo de reparto de un fondo paralizado desde 2016 que llegó en la actualidad a $6.000 millones, tal como había adelantado la semana pasada este diario, y que amplía un subsidio para las entidades gremiales que atienden a jubilados y cancela expedientes congelados.

La normativa, que lleva la firma de Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, “atiende el reclamo que había hecho la CGT sobre los fondos de las obras sociales” en uno de los cinco puntos que puso la central como condición para levantar la huelga, dijo José Luis Lingeri, jefe del gremio de Obras Sanitarias y referente en la temática sanitaria, aunque “no va a alcanzar” para suspender la medida de fuerza, aclaró.

El eje central de la ingeniería del decreto pasa por la reducción de un subsidio que tiene un mecanismo automático de reparto en función de una fórmula que involucra cantidad de afiliados de cada obra social y valor de las prestaciones sanitarias otorgadas y la suba proporcional de otros sistemas de distribución que dependen de las firmas del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y del superintendente de Salud, Sandro Taricco. En reserva, dirigentes de CGT le advirtieron a este diario que sobre los mismos recursos prometidos el Gobierno, por un lado sistematizó su entrega, pero por otro, la blindó con la imposición de firmas políticas previas.

El decreto puso en vigencia un compromiso que había asumido Macri en 2016 para la cancelación a favor de las entidades de salud de los gremios de más de 20 mil millones de pesos que durante el Gobierno anterior se habían acumulado en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) y que Cristina de Kirchner liberaba con cuentagotas y al compás del estado de su relación con el sindicalismo tradicional.

De aquel anuncio la normativa publicada el viernes atiende un capítulo que entonces alcanzaba $4.500 millones y que según la estructura de 2016 debían quedar a disposición de las obras sociales para atender epidemias, planes de prevención, ampliaciones o compras edilicias y otro tipo de inversiones en infraestructura así como “programas de fortalecimiento institucional”, de modernización o incluso un ambiguo “financiamiento de situaciones de excepción”. En la Superintendencia calcularon que aquel fondo creció, con intereses, a unos 6 mil millones de pesos en la actualidad.

En cuanto al rebalanceo de recursos la norma redujo a la mitad el Subsidio Automático de Mitigación de Asimetrías (SUMA) para destinar esos fondos a reforzar el Sistema Único de Reintegros (SUR, que maneja la Superintendencia y les devuelve a las obras sociales el valor de las prácticas médicas más complejas y costosas). Además, el SUR se verá fortalecido por unos $1.600 millones provenientes de los intereses del fondo paralizado desde 2016 que permitirá cancelar expedientes presentados en años anteriores y que no habían sido saldados.

Otra novedad del decreto es la ampliación de otro subsidio destinado a la atención de jubilados. En lugar del actual SUMA70, que alcanza a las entidades que cubren a jubilados de más de 70 años derivados por el PAMI, el decreto crea el SUMA65 para involucrar a más beneficiarios y permitir una suba de la cápita por cada uno de ellos de los actuales $662 a 862 pesos. Sólo por ese concepto el sistema de salud de los gremios percibirá $864 millones más por año para compensar esas coberturas. Se trata de una demanda recurrente de las organizaciones sindicales que mantuvieron en sus obras sociales a los jubilados que optaron por quedarse en sus prestadoras de origen en lugar de acudir al PAMI. La CGT procura además una actualización de los aportes de los monotributistas que eligieron cobertura médica a través de sus obras sociales aunque esa negociación quedó asociada al trámite que tendrán en el Congreso los tres proyectos de ley de reforma laboral que envió el Gobierno.

 

La CGT ya pide la reapertura de paritarias

La CGT ya pide la reapertura de paritarias

El triunviro de la CGT, Juan Carlos Schmid, ratificó el paro del 25 de junio y aseguró: “Acá es necesaria la reapertura de paritarias, hay que evitar pérdida de poder adquisitivo”.

El integrante del triunvirato que encabeza la CGT Juan Carlos Schmid reclamó la “reapertura de paritarias” para “evitar pérdida de poder adquisitivo”.

“Acá es necesaria la reapertura de paritarias, hay que evitar pérdida de poder adquisitivo”, señaló Schmid, quien advirtió sobre la suba de la inflación.

El jefe del gremio de Dragado y Balizamiento aseguró que el paro nacional convocado para el 25 de junio próximo está “confirmado” y vaticinó que la medida de fuerza “tendrá un alcance masivo”.

“Hay incertidumbre y angustia, además de bronca de lo que está ocurriendo. La CGT lo estaba advirtiendo y se está confirmando”, señaló Schmid en declaraciones a FM Milenium.

El sindicalista evaluó además que las renuncias de Juan José Aranguren al Ministerio de Energía y de Francisco Cabrera al de Producción “confirma el fracaso de la política” del oficialismo.

 

Los trabajadores de Télam denuncian vaciamiento y alertan por los contenidos de la agencia

Mediante un comunicado, los empleados nucleados en Sipreba explicaron un plan encabezado por el titular de los medios públicos, Hernán Lombardi, y hablaron de “usinas clandestinas” que emitirían cables para tapar el conflicto.

De acuerdo con lo que apuntaron los trabajadores nucleados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, desplegará una estrategia que incluye “despidos en masa, eliminación de la función publicitaria de la agencia y el feroz disciplinamiento de toda voz en la redacción para poner de rodillas a una agencia y que sea, como nunca antes, una agencia gubernamental y no del Estado”.

“Obediencia o desempleo, es el lema del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos”, acusan en el comunicado y llamaron “a todas las centrales sindicales y asociaciones gremiales de cualquier tradición política a advertir la gravedad de los hechos”.

Demás les pidieron a los periodistas “a estar en guardia ante los ‘contenidos periodísticos’ que la agencia emitirá -desde usinas clandestinas, ya montadas en otros edificios- en los próximos días, en la ficción de que la empresa no se encuentra en conflicto y que se emite un ‘servicio informativo’”.

El plan del gobierno para desmantelar la agencia Télam

¿EL FIN DE LOS MEDIOS PÚBLICOS?

Las trabajadoras y los trabajadores de la agencia de noticias y publicidad Télam, nucleados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), denunciamos la existencia de un proyecto cierto, verificado, de ejecución inminente, destinado a desmantelar un medio público fundamental del Estado argentino, con 73 años de vida, a través de la promoción de despidos masivos y la destrucción de su servicio federal, con el objetivo de terminar de acomodar el ecosistema de medios y modelarlo al servicio del capital concentrado.

El ministro Hernán Lombardi se dispone a ejecutar un drástico plan de destrucción de la agencia: despidos en masa, eliminación de la función publicitaria de la agencia y el feroz disciplinamiento de toda voz en la redacción para poner de rodillas a una agencia y que sea, como nunca antes, una agencia gubernamental y no del Estado. Una agencia al servicio de los funcionarios y no de la sociedad civil. Obediencia o desempleo, es el lema del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.

Llamamos a todas las centrales sindicales y asociaciones gremiales de cualquier tradición política a advertir la gravedad de los hechos. Ya no habrá voz del conflicto social ni del conflicto gremial que tenga micrófono.

Convocamos a los colegas y asociaciones de periodistas a reaccionar ante la feroz limitación que el vaciamiento de Télam y su reducción a una expresión mínima, simbólica, supone para la libertad de expresión. Sin trabajadores de prensa, no hay libertad de expresión. Sin medios públicos, tampoco.

Alertamos a los abonados de la agencia, que compran el servicio, a estar en guardia ante los “contenidos periodísticos” que la agencia emitirá -desde usinas clandestinas, ya montadas en otros edificios- en los próximos días, en la ficción de que la empresa no se encuentra en conflicto y que se emite un “servicio informativo”. La política del simulacro.

Las trabajadoras y los trabajadores de Télam vamos a defender, como ya lo hicimos ante otros proyectos de cierre en 1996 y 2000 frente a políticas del mismo cuño, la existencia y el valor social de la agencia pública y publicitaria de noticias. En ese sentido, llamamos a todas las representaciones sindicales de Télam a luchar de conjunto por una agencia al servicio de los argentinos.

Porque los trabajadores no somos el problema. Somos la solución.

Comisión Gremial Interna Télam – SiPreBA.

 

 

 

Con una promesa de continuidad laboral, levantan la toma del Ingenio San Isidro

Con una promesa de continuidad laboral, levantan la toma del Ingenio San Isidro

Los trabajadores levantaron la toma del predio azucarero, tras el compromiso del grupo peruano Gloria, ante la justicia, de vender el ingenio y anular las denuncias penales contra los protagonistas de la medida de fuerza.

“Más allá de que siempre consideramos improcedentes la acusación por usurpación que hizo el grupo Gloria, ya que nosotros lo que hicimos fue ingresar pacíficamente a nuestro lugar de trabajo para dejar todo acondicionado, en la medida de nuestras posibilidades, para que el ingenio pueda volver a funcionar lo antes posible, ratificamos nuestra voluntad de no entorpecer el proceso de venta”, dijo hoy el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar de San Isidro (Soeasi), Mariano Cuenca.

Las afirmaciones del dirigente fueron formuladas tras el levantamiento de la toma que un grupo de trabajadores había iniciado el lunes pasado, con el fin de solicitar que se aceleren las gestiones de venta y que el establecimiento pueda volver a funcionar.

El grupo Gloria denunció a los protagonistas de la medida, por lo que la fiscal de general Güemes, Verónica Simesen, imputó por el delito de usurpación a Cuenca y otros 74 trabajadores.

Luego de dos audiencias conciliatorias convocadas por la fiscal, entre el Soeasi y los representantes del grupo multinacional de origen peruano, las partes firmaron un acta en la que los dueños del ingenio se comprometen a vender la empresa y, al mismo tiempo, retirar por improcedentes las denuncias penales que habían radicado en contra de Cuenca y otros 74 trabajadores.

Por ello, los trabajadores azucareros se retiraron del predio del ingenio San Isidro, que está en la localidad de Campo Santo, ubicada a unos 45 kilómetros de la capital salteña.

El dirigente sindical azucarero expresó que “estaremos atentos y seguiremos de cerca todo este proceso, ya que la empresa anunció que el próximo lunes viajará uno de los oferentes de Tucumán a Perú para ver si es posible culminar la venta de inmediato”.

En la industria azucarera, los tiempos están condicionados al inicio de la zafra, y por ello el dirigente gremial advirtió que “no somos sólo nosotros quienes debemos estar atentos, sino también las autoridades provinciales, porque en caso de que no se concrete a cortísimo plazo, el gobernador Juan Manuel Urtubey tendrá que rever la postura que tuvo hasta ahora y tomar intervención para que el ingenio funcione”.

En ese sentido, Cuenca recordó que “no podemos permitirnos aceptar que se prolonguen los plazos de inicio de la zafra 2018 y no solamente por las 730 familias que quedan en total desamparo, sino por el golpe que sería para la economía regional en general”.

El ingenio San Isidro, fundado en 1760 y considerado el más antiguo del país, anunció en enero pasado el cese de sus actividades y el inicio de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), por razones de orden económico, financiero y laboral.

 

Sin acercamiento con Vidal, los médicos bonaerenses se suman al paro de la CGT

Sin acercamiento con Vidal, los médicos bonaerenses se suman al paro de la CGT

La CICOP, gremio que nuclea a 13.000 afiliados en los 80 hospitales bonaerenses, más hospitales municipales y centros de atención, resolvió que se sumará al paro nacional convocado por la CGT y las dos CTA para el lunes 25 de junio.

La entidad, según informó en un comunicado, resolvió además otros dos paros de 24 horas, para el martes 19 de la semana próxima y también para el viernes 29 de este mes, día en el que instalarán en la Plaza de los Dos Congresos (CABA) una Carpa Sanitaria,.

“El Congreso de CICOP decidió un nuevo paro de 24 horas para la próxima semana”, explicó el presidente del gremio, el médico Fernando Corsiglia, y agregó que “se llevará a cabo el martes 19 y se acompañará de acciones locales y regionales en diversas seccionales”.

“Al mismo tiempo -continuó- el Congreso de CICOP decidió adherir a la convocatoria de paro general realizada por la CGT y ambas CTA para el lunes 25 de julio, planteando que ese día la protesta debería tener carácter activo”.

“Y finalmente, decidimos que el viernes 29 de junio llevaremos a cabo un nuevo paro de 24 horas, y en esa jornada instalaremos una Carpa Sanitaria, remedando las carpas sanitarias de los años anteriores, en la Plaza de los Dos Congresos”, añadió.

“La idea es manifestar y visibilizar nuestros reclamos: la situación crítica de la salud pública y nuestro rechazo a la propuesta que realizara el gobierno de María Eugenia Vidal en la paritaria específica del sector, ley 10471, donde volvió a insistir (como en la paritaria general de estatales ley 10430) con un 15 por ciento de aumento salarial en tres cuotas y un adicional como bonificación no remunerativa de presentismo, que rechazamos de plano”, finalizó Corsiglia.

 

Por Julian Inzaugarat

Por la crisis, el Parque Industrial Villa Flandria suspende la producción por 30 días

(Por Julian Inzaugarat) La crisis textil parece no tener piso y se sigue profundizando tras cada nueva medida del gobierno nacional. Tarifazos, importaciones, la caída del consumo y la pérdida de poder adquisitivo son los causantes. En Luján, la crisis generó la suspensión por 30 días en la producción del Parque Industrial y el gremio textil movilizará el miércoles 20 de junio. Distintas Cámaras textiles con el apoyo de los gremios del sector denunciaron a través de un documento que, de persistir las políticas económicas del gobierno nacional, 500 mil puestos de trabajo en todo el país entrarán en peligro.

En nuestra ciudad, uno de los polos textiles más grande del país, la crisis del sector sigue profundizandose y haciendo estragos entre los trabajadores. Desde la Cámara Textil de Luján informaron que el Parque Industrial de Jáuregui frenará la producción por 30 días debido a la falta de ventas y la gran acumulación de stock. La medida se toma para frenar los costos de luz y gas aunque los trabajadores seguirán percibiendo el sueldo según lo anunciado por los empresarios.

En la empresa Algoselan confirmaron la suspensión de 30 textiles y se prevé hacer una reducción de los telares de última generación que posee la fábrica por la caída económica. En alerta ante posibles despidos, suspensiones y reducción de horas extras, la Asociación Obrera Textil anunció una movilización para el miércoles 20 de junio a las 16:00 frente a la Municipalidad de Luján.

La devaluación del peso tampoco es una gran solución para los textiles. A pesar de que las prendas internacionales tienen un mayor valor por el precio del dólar, las tarifas y los commodities de algodón también se dispararon junto con la caída del poder adquisitivo de los trabajadores.

Según el Informe de importaciones de prendas de vestir realizado por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, los datos de los primeros tres meses del año (de enero a marzo) reflejan las mismas estadísticas que en el período en 2017. Los números muestran un incremento de la importación de vestimenta que rondó el 12,6% en dólares y el 25,5% en kilogramos, alcanzando, los USD 162,2 millones y los 7,9 millones de kilogramos. Tanto en dólares como en volumen, las cifras han resultado las más altas de –al menos- los últimos 17 años.

Asimismo, el costo de la energía eléctrica para el sector textil se incrementó en febrero un 118,2 por ciento respecto del mismo mes de 2017. Otro de las variables que afecta fuertemente a la industria textil es el precio de la nafta, que impacta en los costos de logística, registró un aumento del 36,9 por ciento.

En abril, las importaciones crecieron 94% en toneladas en comparación a igual mes del año pasado. Sólo durante ese mes, la Argentina importó U$S 62,1 millones de dólares en prendas, un 69,7% superior a los registros de abril de 2017. Y se le suma que las exportaciones de ropa cayeron 9,4% en el primer cuatrimestre del año respecto a mismo periodo de 2017.

Otro dato que suma a esta grave situación, es que los comercios minoristas registran caídas en las ventas de 6,3% en abril de 2018 comparado con abril de 2017, según la CAME.

Este cóctel explosivo de tarifazos, importaciones desmedidas, caída del consumo llevó a registrar el nivel más bajo de utilización de la capacidad instalada de la industrial textil. En febrero 2018, se utilizó sólo el 48,3% frente al 72,2% usado en febrero del 2016.

(*) Fuente: Ladran Sancho

 

 

 

Smata denunció que vienen miles de suspensiones y despidos en la industria automotriz

Smata denunció que vienen miles de suspensiones y despidos en la industria automotriz

Faurecia, Brembo, Deutz, Fran, Honda y Yamaha plantean suspensiones y despidos al no poder competir con la importación. Mercedez Benz, General Motors y Ford, a partir de la reducción de la producción.

Smata decidió el estado de alerta y movilización ante “la decisión del Estado de dejar en manos del mercado los designios de la industria”, y aseguró que “se pretende que la actividad sea el estandarte de crecimiento de una política económica que poco entiende lo industrial”.

Aunque reconoció que este año se venderán entre 850 y 900.000 unidades, la organización sindical señaló en una solicitada que aparecerá en los diarios nacionales que “el 75 u 80 por ciento de esos vehículos son importados y las pretendidas y anunciadas millonarias inversiones de las terminales se postergaron hasta 2021”.

“Se lee a diario sobre las importantes inversiones que anunció la industria automotriz, cómo las ventas de automóviles crecen respecto de períodos anteriores y que cada vez está más cerca el objetivo de vender un millón de unidades. Lo más pomposo es que se anuncia una gran mesa conducida por el gobierno para fabricarlas en 2021”, puntualizó.

El sindicato que conduce Ricardo Pignanelli indicó que “los titulares periodísticos y los anuncios se contradicen con la realidad”, y explicó que “la liberación de importaciones, el incumplimiento del intercambio comercial automotriz con Brasil (Flex), que impone que por cada dólar exportado se importe uno y medio, sin penalidades económicas a las empresas que lo incumplen, y una política monetaria con intereses desorbitantes y mercado cambiario liberado, jaquea a la carrocera Metalpar, que podría cerrar su planta”.

“Faurecia, Brembo, Deutz, Fran, Honda y Yamaha plantean suspensiones y despidos al no poder competir con la importación. Mercedez Benz, General Motors y Ford a partir de la reducción de la producción. No es posible el diálogo con quien no sabe escuchar. Estos problemas fueron denunciados ante Trabajo, Industria, Transporte y Comercio. El gremio siempre fue bien recibido y escuchado, pero nunca comprendido. El caso más emblemático de esa situación lo protagoniza la compañía Metalpar”, afirmó el documento.

También explicó que esa firma es la mayor carrocera de colectivos del país, una industria que requiere “un programa productivo que garantice volúmenes de renovación de unidades que cubran la plena ocupación de su capacidad productiva”.

“Luego de diez reuniones, el Estado decidió dejar en manos del mercado los designios de esta industria. Sin su intervención en el control de las importaciones, sin la protección a la manufactura nacional, sin respeto a la Ley de Autopartes y a los acuerdos comerciales, la industria automotriz está en peligro y el futuro de los mecánicos es incierto”, puntualizó.

También aseguró que “los gremialistas son sabios y prudentes pero no están muertos”, y afirmó que esos dirigentes pretendieron “tender un puente de plata y fueron tratados como enemigos, en especial por parte de la cartera de Trabajo”.

“No nos condiciona nada ni nos extorsionada nadie. La fortaleza de los mecánicos, en unidad de concepción, llevará a la victoria sobre un enemigo sin rostro”, concluyó.

 

El 24 por ciento de las empresas de la construcción prevé reducir personal

La crisis impacta de lleno en el empleo

El ajuste fiscal comprometido ante el FMI impactará de lleno en la obra pública. A su vez, el encarecimiento de las propiedades por la suba del tipo de cambio limita el poder de compra de los créditos hipotecarios, lo que ralentizará la actividad privada.
La construcción fue uno de los motores del empleo el año pasado, pero ya comenzó a frenarse.
La construcción fue uno de los motores del empleo el año pasado, pero ya comenzó a frenarse. 


Imagen: Guadalupe Lombardo

La construcción fue uno de los motores del empleo al explicar el 49 por ciento de los puestos de trabajo formales privados creados el año pasado, tanto por la obra pública como por la privada. Sin embargo, el acelerado deterioro económico de los últimos meses impactó de lleno en las expectativas. Un informe del Observatorio de Comercio Exterior, Producción y Empleo (CEPE) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) destaca, en base a datos del Indec, que en abril de 2017 el 29 por ciento de las empresas del sector esperaba aumentar personal y apenas un 6 por ciento pensaba recortar empleo. Sin embargo, un año después el 24 por ciento declaró que reduciría su plantel y solo un 9 por ciento que esperaba subas. Los datos son previos a la aceleración de la corrida cambiaria y el acuerdo con el FMI. Por lo tanto, es de esperar que las perspectivas empeoren todavía más. Situaciones similares se observan en la industria y el comercio.

El ajuste fiscal comprometido ante el FMI impactará de lleno en la obra pública, como el propio gobierno ya reconoció. A su vez, el encarecimiento de las propiedades por la suba del tipo de cambio limita el poder de compra de los créditos hipotecarios, lo que ralentizará el aumento de la construcción privada. Por lo tanto, la caída del empleo podría ser incluso peor a lo que surge del relevamiento de expectativas de abril.

“Ya en los meses previos a la corrida cambiaria el empleo comenzaba a mostrar señales de estancamiento. La aceleración de la inflación, la caída de actividad y el ajuste fiscal que trae aparejado el acuerdo con el FMI profundizarán esta tendencia en el mercado laboral, con pérdida de puestos de trabajo y precarización aun mayor del empleo. Esto se observará tanto en sectores que traccionaron cierta recuperación en 2017    –construcción y comercio– como en aquellos que no dejaron de destruir empleo –como es el sector industrial–, aseguró Paula Español, coordinadora del CEPE.

En el caso de la industria manufacturera, el desempeño en los últimos meses ha sido heterogéneo, con algunos sectores de buen desempeño y otros que continuaron reduciendo su producción. Sin embargo, a pesar de cierta mejora de la actividad a nivel agregado, el sector siguió destruyendo empleo.

Ya existen señales de desaceleración de la producción en los sectores más dinámicos, como maquinaria agrícola y la siderurgia. Como consecuencia de la sequía la demanda de maquinaria para el agro cayó y las ventas nacionales se redujeron 21,4 por ciento interanual. A su vez, dado el aumento de la tasa de interés producto de la corrida, se espera que se contraiga el crédito para compra de bienes de capital de este tipo.

Al mismo tiempo, el sector siderúrgico estuvo traccionado por la producción de maquinaria agrícola y la construcción. La caída en las ventas del primero y las expectativas de contracción del segundo impactarían negativamente en la producción de acero.

Finalmente, los sectores de peor desempeño en la industria son textiles, indumentaria, marroquinería y calzado, que fueron fuertemente golpeados por la apertura de importaciones y la contracción de la demanda doméstica.

Al igual que en la construcción, las expectativas en el mes de abril se revirtieron en el sector industrial. De acuerdo al Estimador Mensual Industrial del Indec, el 14,1 por ciento de las empresas del sector esperan a partir de abril disminuciones en su personal, mientras que 12,8 por ciento espera aumentos. A comienzos de año, la situación era inversa: 20,4 por ciento esperaba subas y 9,7 por ciento bajas.

“Cuando se analizan las expectativas de creación de empleo de los empresarios de la industria y la construcción relevadas por el Indec, se observa que aquellas empresas que prevén disminuir personal superaron en cantidad a las que esperan crear empleo. Esto permite anticipar que los próximos meses serán duros para el empleo”, afirmó el rector de la UMET, Nicolás Trotta.

Por último, el informe también advierte que el comercio, de gran importancia en la recuperación del año pasado, también perderían dinamismo. Como consecuencia de la corrida, es esperable que se acentúe la caída del salario real producto de la aceleración inflacionaria y se resienta aún más el consumo. La disminución de la demanda implicaría también una reducción del personal en los comercios, tal como sucedió en los últimos episodios de salto del tipo de cambio.

 

 

Retroceso del cooperativismo

La crisis de SanCor

El 24 de octubre de 1844 fue creada, en la ciudad de Rochdale, la primera entidad cooperativa. El principal insumo teórico utilizado por los tejedores ingleses, que impulsaron esa pionera experiencia, fueron los textos de los socialistas utópicos. Mario Schujman explica en Siglo XXI: política, poder y economía social y solidaria que “las primeras entidades cooperativas y mutuales fueron producto de la práctica y de las ideas de los trabajadores para procurarse, mediante la lucha sindical, la cooperación y la ayuda mutua, condiciones más favorables para su propia subsistencia, la de sus familias y las de la comunidad en la que vivían”.

El cooperativismo se consolidó con el paso del tiempo como una alternativa de gestión económica (democrática, participativa) diferenciada del modelo clásico de organización empresarial.

Los desafíos para este tipo de instituciones siempre fueron múltiples. Las cooperativas deben ser eficientes conservando su doble articulación como movimiento social y empresa. El manejo de ese delicado equilibrio se torna más dificultoso cuando las políticas económicas marchan a contrapelo de los ideales solidarios.

Por ejemplo, la caída del Hogar Obrero fue un icono del derrumbe económico–social neoliberal de los noventa. El dirigente cooperativo Juan Carlos Fissore decía que “El Hogar Obrero para el cooperativismo es como el Obelisco para Buenos Aires”. Esa entidad, fundada en 1905, quedó librada a su suerte cuando el presidente Carlos Menem se opuso al otorgamiento de un crédito puente. Según los directivos del Hogar Obrero, el préstamo habría permitido sortear las dificultades financieras. La quiebra de la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias fue otro ejemplo de esa etapa.

En ese momento, Floreal Gorini diagnosticaba que “el movimiento está en crisis porque está en crisis el país. Es una crisis inducida en función de una inserción mayor en la dependencia, a la que nuestros dirigentes políticos, nuestros gobernantes, llaman inserción en el Primer Mundo”.

Cualquier similitud con la actualidad no es mera coincidencia. La posible transferencia de Sancor a Adecoagro es alentada desde los despachos gubernamentales. La venta fue aprobada en una asamblea extraordinaria aunque quedó supeditada a la reestructuración de la deuda acumulada por la cooperativa. Las dificultades económica–financieras de SanCor vienen de lejos. Sin perjuicio de eso, las políticas oficiales profundizaron los problemas sectoriales.

El trasfondo de esta negociación es la disputa entre dos modelos de país distintos. En su trabajo SanCor ¿otra víctima del sinceramiento?, las economistas Carla Seain y Paula Rodríguez sostienen que “está en juego si la lechería argentina va a poder contar, en la definición de las relaciones entre los distintos actores del complejo productivo, con una empresa cooperativa (de los productores nacionales) fuerte, o si, por el contrario, se va a redefinir todo ese espacio hacia modelos de empresas industriales privadas y/o escindidas de los tamberos, caracterizados por relaciones asimétricas donde el productor primario se ve compelido a ceder en el precio y las condiciones cada vez que tiene que entregar su producto. Dicho de otro modo, en el caso SanCor y en cómo se termine de resolver su crisis, está en juego si primarán aún más las relaciones asimétricas tan características del complejo lechero argentino o si, por el contrario, se recuperan y fortalecen relaciones de mayor paridad, con una presencia significativa del sistema cooperativo”

 

 

La AFIP avanza en la reducción salarial de sus empleados

La AFIP avanza en la reducción salarial de sus empleados

El titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, envió un mensaje a todo el personal en el que explicó cómo que piensa reducir hasta un 20% la “cuenta de jerarquización”. Se trata de un porcentaje de la recaudación que cobran los empleados.

El titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, envió un “Mensaje del Administrador Federal a todo el personal” en el que explicó cómo piensa reducir hasta un 20% la “cuenta de jerarquización”, que es un porcentaje de la recaudación que cobran todos los empleados del organismo.

“Como es de público conocimiento, la semana pasada las autoridades de AFIP comenzamos conversaciones con los líderes sindicales de Aefip y Supara (Aduana) para discutir la paritaria salarial 2018. Utilizamos la discusión para plantear también modificaciones a la Cuenta de Jerarquización”, comienza el mail de Cuccioli que difundió El Cronista.

Justificó las medidas porque “tenemos deficiencias de funcionamiento, lo que provoca que recaudemos por debajo de nuestro potencial”.

Con un estilo de preguntas y respuestas, Cuccioli afirmó en su mail lo siguiente: “Nadie va a ganar menos de lo que gana actualmente”.

En realidad, el acta emitida por, Facundo Rocha, de Recursos Humanos, para las paritarias, habla de un “congelamiento salarial, entendiendo por ello, un ajuste en la cuenta de jerarquización del 0,55%, garantizando que el saldo promedio anual bruto del trabajador será similar respecto del período 2017/2018”. Los gremios rechazan todo y amenazan con parar.

Además señaló que “no está contemplado ningún despido. Los funcionarios de AFIP son en su inmensa mayoría planta permanente. Y además, en la actualidad, tenemos el problema opuesto: se retiran más compañeros de AFIP de los que ingresan”.

En concreto lo que informó Cuccioli es que la jerarquización seguirá funcionanro, pero “Lo que estamos planteando es una reducción del porcentaje de la cuenta de jerarquización en hasta un 20%”.

El sindicato Aefip rechazó cualquier tipo de ajuste y calculó que, en realidad, la medida es una reducción real del 13% del ingreso total de cada empleado del organismo. “Estamos volviendo al ajuste de 2001”, subrayó Federico Cardone, secretario de Prensa, del gremio.

 

El grito de “No a la Mina” llega a Comodoro Py

La Multisectorial Antiextractivista acompañará al abogado Gustavo Macayo. quien expondrá cómo el Estado nacional y provincial persiguieron y espiaron ilegalmente a vecinos de Esquel, Trevelín y pueblos originarios.

El abogado de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina. Gustavo Macayo, presentará argumentos y pruebas en el marco de la causa federal por espionaje ilegal contra vecinos de Esquel, Trevellín y la comarca, activistas de No a la Mina y en apoyo a los pueblos originarios.

Militantes ambientales y la Multisectorial Antiextractivista  se movilizarán a Comodoro Py este martes a las 10: 40 y a las 13, Macayo brindará una conferencia de prensa.

ESPIONAJE ILEGAL

Macayo, quien además lleva más de veinticuatro años defendiendo los derechos de los pueblos indígenas sober la causa de espionaje ilegal a vecinos señaló a Diario La portada: “La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia dictó el sobreseimiento de cuatro de los cinco procesados, los dos fiscales, el comisario y el subcomisario de la provincia, quedando solamente el agente de la AFI”.

“Presentamos una casación porque nos pareció un fallo retrógrado y mal fundamentado. Ahora estamos esperando que nos llame la Cámara de Casación de Comodoro Py para una audiencia donde vamos a ampliar los argumentos. Sabemos que es una causa que incomoda mucho al Estado nacional y provincial porque queda en evidencia que se persigue y espía ilegalmente y se busca desactivar la lucha social”, dijo.

Macayo es querellante en la causa e incluido en el listado de casi 30 vecinos que fueron víctimas del espionaje del agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI),.

Los vecinos sostienen que habría un segundo espía que estuvo en Esquel un tiempo, y que tal vez colaboró en el armado de las fichas, dado que se mezclaba entre los periodistas en los distintos eventos y tomaba fotografías, que luego no aparecían en ningún medio.

 

 

Un 6,4 por ciento, según informó CAME

Caen las ventas por el Día del Padre

Imagen: EFE

Las cantidades vendidas en comercios minoristas por el Día del Padre cayeron 6,4 por ciento respecto del año pasado, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La base de comparación ya era baja porque el año pasado las ventas habían caído 3,6 por ciento con respecto a 2016. No obstante, lo que más sorprendió no fue la caída sino la explicación que ofreció CAME en su comunicado: “El Día del Padre igualmente es una fecha que comercialmente viene perdiendo peso en los últimos años. Se prioriza más el encuentro con la familia que el regalo en sí. Por eso, esta temporada lo que más abundó fueron reservas en restaurantes, o pedidos de comida en la modalidad ‘delivery’”, indicó el informe.

El sorprendente argumento luego fue complementado con una referencia a la difícil situación económica que atraviesa el país. “Hubo muchas tarjetas con los límites cargados. Se dividieron pagos en dos o tres plásticos y también sumando efectivo. Se notó en el mercado la falta de poder adquisitivo y la incertidumbre sobre el rumbo económico”, destacó el informe. El ticket promedio fue de 680 pesos, un 19,2 por ciento por encima del 2017, y los comercios lanzaron descuentos de hasta 40 por ciento por pagos en efectivo.

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Este año sólo el 23,7 por ciento de los comercios consultados finalizó la fecha en alza frente al 2017, el 58,8 por ciento terminó en baja y el 17,5 por ciento sin cambios. Los rubros de mejor performance fueron “Perfumerías”, que se mantuvo sin cambios frente al año pasado y “Gastronomía y Restaurantes”, donde las ventas declinaron sólo 0,2 por ciento frente al Día del Padre anterior. Los desplomes anuales más fuertes (medidos en cantidades) se produjeron en “Libros, CD y DVD” (-12,2 por ciento), “Herramientas y artículos de ferretería” (-10,5 por ciento) e “Indumentaria”’ (-9,6 por ciento). Por otra parte, continuaron ganando relevancia este año las ventas por Internet. Según el análisis de demanda realizado por Focus Market para CAME sobre un relevamiento en 3300 consumidores, el 18 por ciento de las ventas del Día del Padre fueron online, el 43 por ciento se realizaron en comercios a cielo abierto, el 9 por ciento en supermercados y el 30 por ciento en shoppings.

 

Rosario Cierra

Rosario Cierra

Masivo cierre de comercios en Rosario que se profundiza en los últimos meses. Un informe de la Legislatura local que da pavura por los puestos de trabajo que se pierden

Rosario padece una epidemia de cierre de comercios en estos últimos tres años que en el último semestre se profundizó. Desde diciembre del año pasado a este mes de junio, se registraron 760 nuevos locales ociosos.

Según un estudio de la Concejalía Popular, la cantidad de espacios vacíos creció de 2.769 a 3.529, un 27 por ciento, en los seis meses de este año.

Esa pérdida de 760 negocios activos en un semestre se eleva a 1.355 si el lapso de análisis se estira hasta abril de 2017 (cuando había 2.174 comercios ociosos). En poco más de un año, entonces, esa merma asciende a un 62 por ciento.

En dos años, la cantidad de locales cerrados o desocupados subió un 225 por ciento (eran 1562 en abril de 2016). Y frente a julio de 2015, es decir en casi tres años, la cifra se multiplicó por cuatro: había 918 en aquel mes.

El presidente de la Concejalía, Nire Roldán, señaló que la mayoría de la merma se concentra en la parte central de la ciudad. “Es muy preocupante el crecimiento de la ociosidad de los locales comerciales en el último año, más de mil locales,  tomando en cuenta un pronunciado vaciamiento de galerías y centros comerciales, donde se aprecia una movilidad de aquellos que no cierran a sitios más pequeños o más distantes”, afirmó.

Roldán mencionó “tres razones principales vinculadas a los escalonamientos de precios de los contratos de locación, a los precios abusivos en relación a la actividad, a la fuerte caída del consumo y al ahogo económico generado por el valor de las tarifas de gas, luz y servicios en general”.

“El golpe en la zona centro y macrocentro es más fuerte que en los barrios, y los ajustes en locales céntricos generan una gran movilidad y desplazamientos de los locales comerciales. Se nota además un alto crecimiento de la permanencia de algunos locales comerciales desocupados, algunos hace más de un año”, dijo el ex concejal.

Todos los datos del informe de la Concejalía Popular, del que Rosario3.comadelanta un resumen, se presentarán este lunes a las 10 en el Sindicato de Empleados de Comercio, Corrientes 450, junto a comerciantes, empleados y representantes de Pymes.

El estudio fue realizado del 1° de junio de 2018 hasta el 14 de junio de 2018 sobre 16 zonas de Rosario por el equipo de trabajo del Centro de Estudios Metropolitanos de la Concejalía Popular.

 

Indignante: detectan 40% de empleo informal en countries y edificios de lujo

Indignante: detectan 40% de empleo informal en countries y edificios de lujo

AFIP detectó un 40% de empleo no registrado en personal de casa particulares, en el marco de operativos desarrollados en 30 countries y barrios privados del Gran Buenos Aires y 10 edificios de lujo ubicados en Puerto Madero.

Entre 1.051 empleadas relevadas, se detectaron a 423 trabajadoras sin registrar de las cuales 27 cumplían sus tareas en Puerto Madero, 193 en la zona norte, 51 en la oeste y 152 el sur del conurbano bonaerense, indicó AFIP en un comunicado.

Luego del control realizado, en menos de una semana, la AFIP verificó que los empleadores dieron de alta a 30 trabajadores que inicialmente no estaban registrados dentro del Régimen de Casas Particulares. Al resto de los empleadores se le envío la intimación correspondiente, se informó.

Estas fiscalizaciones se suman a las 650.000 inducciones electrónicas que la AFIP envió a contribuyentes que, por distintos parámetros analizados, se presumen como posibles empleadores de este régimen.

Durante el operativo, funcionarios de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social repartieron material gráfico a cada uno de los trabajadores y brindaron información referida a sus derechos como empleados y a las obligaciones que les corresponden a quienes los emplean.

Además, la AFIP contó con el apoyo de tres Espacios Móviles de Atención donde se brindó un asesoramiento personalizado y se registró la denuncia de los trabajadores que declararon no estar registrados.

 

Chau Benetton de la UBA

En una decisión inédita, impulsada por docentes y alumnos, la Facultad de Agronomía de la UBA rescindió el convenio con la multinacional italiana, dueña de la estancia Leleque (donde desapareció Santiago Maldonado) y denunciada por comunidades mapuches. 

 

   Por Darío Aranda para lavaca.org

No fue el gobierno de Chubut. No fue el gobierno nacional. Tampoco el Poder Judicial. Mucho menos los grandes medios de comunicación. Benetton, multinacional que es la mayor dueña de tierras de Argentina (un millón de hectáreas), recibió un cuestionamiento tan inesperado como simbólico: la Facultad de Agronomía de la Universidad e Buenos Aires (Fauba) canceló el convenio de cooperación con la empresa.

La respuesta a una pregunta

La desaparición de Santiago Maldonado en terrenos de Benetton se dio en el marco de la represión a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen. El caso repercutió en la agenda social, mediática y política. “¿Dónde está Santiago Maldonado?”, se transformó en campaña nacional. Organismos de derechos humanos y comunidad indígenas (entre otros actores) de un lado. El Gobierno Nacional, con la ministra Patricia Bullrich al frente, respaldaron a la Gendarmería y su represión.

La Fauba no estuvo ajena a la desaparición de Maldonado. Hubo charlas, manifestaciones, pedidos de justicia. En ese marco, la fuerza estudiantil Abriendo Caminos denunció que la Facultad mantenía un convenio de cooperación con la multinacional, que en Argentina opera con la figura legal de Compañía de Tierras del Sud Argentino (CTSA) y cuenta con siete estancias, 900 mil hectáreas distribuidas en cuatro provincias (Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz). Benetton es el mayor propietario privado de la Argentina.

MU accedió al contrato en diciembre pasado. “Convenio específico de asistencia técnica entre Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires”, es el título formal de expediente, de seis carillas, donde firman Diego Eduardo Perazzo (directivo de la empresa) y el decano Rodolfo Golluscio. La cláusula primera establece el objetivo del contrato: “Se planea llevar a cabo una evaluación sistemática de la disponibilidad de recursos forrajeros a los largo del año y proponer un plan de manejo de pastoreo de pastizales patagónicos (…) Se buscará mejorar la cantidad y la calidad de a producción ganadera”. Específica que “la evaluación de los recursos se basará en el procesamiento de imágenes digitales provistas por distintos tipos de satélites”.

Precisa que los productos finales serán tres informes con la descripción del “estado de los recursos y detalles del plan de manejo” que se entregarán luego de las tres visitas a los campos de Benetton (meses estimados de enero, abril y septiembre).

El segundo punto señala que la Facultad brindará capacitación a personal de la empresa y contempla la posibilidad de pasantías con estudiantes de grado y postgrado. La tercera cláusula señala que el responsable técnico del proyecto es el mismo decano de la Fauba, Rodolfo Golluscio, “quien deberá entregar un informe final de actividades y resultados”.

La empresa abonó 96.000 pesos en tres cuotas de 32.000. Autoridades de la Fauba argumentan que los montos bajos (96.000 pesos) serían prueba de que los convenios no condicionan a la Facultad. Pero otros sectores lo interpretan de forma opuesta: hasta por poca plata se dejan condicionar. El fondo del asunto es la universidad pública y su relación con el sector privado. Y un hecho objetivo: trabajar junto a una multinacional denunciada por violar derechos indígenas.

El contrato con Benetton fue muy cuestionado por la agrupación estudiantil Abriendo Caminos, también (aunque más diplomáticamente) por el Frente Amplio por una Nueva Agronomía (FANA).

  Resistencias académicas

El Grupo de Estudio y Trabajo junto a comunidades Qom (GET-Qom) de la Fauba, conformado por docentes y estudiantes de la Facultad, solicitó formalmente en febrero la suspensión del convenio entre la Facultad y Benetton. El GET-Qom trabaja hace años junto a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa.

En un carta dirigida al decano Rodolfo Golluscio cuestionaron que “los convenios entre la Fauba y la CTSA del grupo Benetton se desarrollan sin ningún tipo de cuestionamiento, histórico, social ni político, reproduciendo una formación acrítica de sus estudiantes de grado y posgrado sobre los alcances de las acciones, investigaciones y publicaciones que se generan, avalando de esta forma una historia de genocidio, despojo e injusticia que se mantiene en el tiempo”.

El pedido de rescisión se basó en fundamentos histórico-políticos respecto al despojo del territorio mapuche. Citan la investigación del historiador Ramón Minieri (libro “Ese ajeno sur”) donde aporta pruebas de la ilegitimidad del título original de esas tierras (adquirido en 1991 por Benetton).

También recuerdan la vigencia de legislación que debiera proteger a los pueblos indígenas. Desde la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), hasta la Ley 26160 (freno a los desalojos) y el Convenio 169 de la OIT.

“Los convenios de Fauba-Benetton implican el desconocimiento de los antecedentes históricos y de la legislación existente, vulnerando de ese modo derechos de los pueblos indígenas en cuanto al acceso a los territorios ancestrales y a sus recursos naturales, así como el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. De manera que se es partícipe voluntario o involuntario, de la disgregación de un pueblo originario, de la pérdida de sus territorios, de su cultura, de su lengua y de sus prácticas ancestrales dificultando la reproducción de su vida cotidiana”, resalta el escrito presentado ante las autoridades de la UBA.

Los integrantes de el GET-Qom afirmaron que la universidad pública tiene como misión y obligación que los frutos de su investigación y extensión estén, en primer lugar, al servicio de los sectores más vulnerables, excluidos, como lo son los pueblos indígenas y los pequeños campesinos, y no al servicio de las grandes compañías que vulneran los derechos de los sectores populares del campo.

Valorizaron que durante la gestión de Golluscio se apoyó el trabajo de docentes junto a comunidad indígenas y campesinas, y por ese mismo motivo consideraron coherente la necesidad de que la Fauba no trabaje junto a Benetton y otras empresas denunciadas por la violación de derechos indígenas.

El escrito, de cuatro páginas, finalizaba: “Solicitamos que se rescinda en forma inmediata el convenio con la CTSA (Benetton) y no se vuelvan a establecer nuevos convenios o vínculos en tanto se mantengan la causas que fundamentan la actual solicitud. Lo hacemos con el convencimiento de que esta acción será un aporte valioso en el camino de reparación de tantos años de injusticia, despojos e invisibilización de los pueblos indígenas”.

El debate

El Consejo Directivo emitió dos dictámenes. Uno de mayoría, presentado por los consejeros profesores de la gestión (encabezado por Golluscio) que proponía renovar el convenio. Otro, de minoría, presentado por consejeras representantes de graduados (de la lista llamada “Integración”) y que pidió la rescisión.

Sobre dieciséis integrantes, sólo tres votos se inclinaban por la cancelación del contrato (consejeros de graduados y estudiantil -por el FANA-).

Desde el GET-Qom ya consideraron un triunfo que la Fauba debata, por primera vez, el accionar de una empresa denunciada por pueblos indígenas. Y comenzaron a buscar apoyos extra universidad. De inmediato se sumaron entidades que trabajan junto a pueblos indígenas, investigadores y organismos de derechos humanos: Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), Grupo d Apoyo Jurídico al Acceso a la Tierra (Gajat), Grupo de Filosofía de la Biología (UBA) y el Instituto de Ciencias Antropológicas (Facultad de Filosofía y Letras de la UBA), entre otros.

El tratamiento del convenio en el Consejo Directivo de la Fauba comenzó a hacer cada vez más ruido. La sesiones son abiertas y las críticos prometían llenar la sala. Dos adhesiones terminaron por inclinar la balanza: el Premio Nobel de la Paz y titular del Serpaj, Adolfo Pérez Esquivel, envió una carta pidiendo la suspensión del convenio. Y, el último día, Verónica Heredia (abogada de la familia Maldonado) avisó que Sergio (hermano de Santiago) también apoyaba el pedido de cancelar el convenio.

El martes 5 de junio fue el día de sesiones. La flamante decana, Marcela Gally, informó la situación y, sobre tablas, presentó un tercer dictamen. Planteó una fundamentación pro empresaria: “El valor académico del convenio ha sido sumamente valioso desde el punto de vista de generación de conocimiento científico, así como en la formación de recursos humanos”. Defendió el trabajo junto a  Benetton.

El dictamen de la decana excusó a la Facultad en su accionar, pero también pidió la no renovación del contrato.

Fue votado por unanimidad (el Grupo GET-Qom rechazó la fundamentación).

   Pro-Empresa

-El decano saliente y responsable técnico del convenio, Rodolfo Golluscio, reconoció que ya había avanzado en la renovación del contrato (aún sabiendo que se debía aprobar en el Consejo Directivo). Lamentó que se haya votado la cancelación y pidió que no se diera publicidad a la decisión.

-La consejera estudiantil por la agrupación Línea de Agronomía  Independiente (LAI, de derecha) cuestionó con enojo que la sociedad opine sobre el accionar de la Facultad y, más enojada aún, rechazó que la universidad pública tome decisiones según lo que sucede fuera de la isla universitaria.

-La vicedecana, Adriana Kantolic, se expresó en contra de la cancelación del convenio. Incluso acusó a los solicitantes de haber tergiversado información para obtener el apoyo de Pérez Esquivel y de organizaciones indígenas. Kantolic, defensora del modelo transgénico, es la responsable técnica de otros convenios con empresas, entre ellas la cuestionada Monsanto.

   Pequeño gran triunfo

Monsanto, Syngenta, Bayer, Aapresid y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) son algunas de las empresas del agronegocio que tienen convenios (y financiamiento) con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba), tal cual se reveló en distintas notas en la revista MU. Las compañías impulsan un modelo con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Desde la Ley de Educación Superior, sancionada durante el menemismo, la educación pública quedó permeable al sector privado.

La cancelación del convenio con Benetton es inédita en la Fauba. Es un triunfo de docentes, graduados y estudiantes, que también cuestionan los vínculos de la Facultad con compañías transgéncias, y le pusieron así un freno a autoridades y docentes pro-empresas.

 

 

 

 

El fuerte aumento del precio en perspectiva histórica. Los casos de la Revolución Francesa y del caudillo urbano Alberto Barceló

El pan de la discordia

El precio del trigo se incrementó estimulando un aumento de la producción y de los saldos exportables. El costo de vida se elevó empujado por el alza de la harina lo que afectó a un insumo básico de la canasta familiar de los sectores más humildes de la población: el pan.
Imagen: Télam

El fuerte aumento del precio del pan, indispensable en la dieta de los pobres, conmovió a la Francia de 1789. Las demandas del pueblo se tradujeron en airados reclamos frente al Palacio de Versalles: “¡No tenemos pan! ¡No tenemos pan!”. La anécdota cuenta que María Antonieta contemplaba desde la ventana la protesta, ajena a los motivos del reclamo. Un funcionario le explicó que la gente estaba hambrienta; no tenía qué comer. La reina, de cuya testa daría cuenta la guillotina un año después, replicó: “Si no tienen pan que coman brioche (pasteles)”, sin advertir que los miserables no tenían recursos para adquirir el elevado precio del pan ni menos para las brioches. En esta instancia, el clamor de los revoltosos abrió el período de discordia que culminó con la Revolución Francesa. En los días que corren, “el horno no está para bollos” y “el pan nuestro de cada día”, se emplean en relación a la crisis social y a las movilizaciones cotidianas repudiando a un gobierno que –al igual que la reina de Francia, pero sin su ignorancia– se muestra insensible ante el malestar popular.

¿Por qué volver a refrescar la historia? Porque hay conceptos que están en la boca de muchos y todavía son incomprendidos, como el llamado populismo. Por eso es bueno analizarlos de nuevo cuando la actualidad vuelve a  hacer resurgir viejas épocas y problemas y surgen nuevos aportes bibliográficos que brindan otra luz sobre la cuestión, partiendo de una situación mundial en algo parecida a la actual, como la crisis de 1930 (La Avellaneda de Barceló en la década infame de Ricardo Vicente).

En esa época los gobiernos conservadores en el poder, en defensa de sus propios intereses ligados al negocio agropecuario, tuvieron que aplicar políticas proteccionistas: elevación de aranceles, control de cambios, creación de numerosas juntas reguladoras (granos, carnes), del más crudo intervencionismo estatal. La ideología predominante en esa elite, el librecambio, dejó paso a una participación creciente del Estado en la economía. Esto significó, sobre todo, precios sostén para la agricultura y la ganadería, beneficios especiales a las empresas y al comercio británico a través del Pacto Roca–Runciman (que garantizaba una cuota de exportación de carnes en el Reino Unido), asegurar el pago de la deuda externa, realizar el salvataje de bancos en quiebra, y otras medidas que tendían a mantener y profundizar el esquema de intereses predominantes. Cierto es que inadvertidamente, la necesidad de ahorrar importaciones para equilibrar el sector externo llevó a un proceso de industrialización que luego se iba ampliar bajo la presidencia de Perón, aunque usando la intervención estatal con un fin diferente.

Lo que no hubo en toda esa larga década denominada por José Luis Torres como “infame” (fraude electoral, represión popular y una vasta red de corrupción) fue una política social que paliara también las consecuencias de la crisis entre los crecientes estratos sociales medios y bajos. Sin embargo, existió también un cierto atisbo de morigerar la situación de las clases menos favorecidas por parte de un político local, calificado de corrupto y autoritario, que procuraba evitar que las cartas se quemaran por la revuelta social y no siempre jugaba las mismas que el régimen gobernante. Algo que podríamos definir, si tal definición cabe en un mundo académico donde los conceptos en vez de reflejar esconden a menudo la  realidad, de populismo de derecha. Polo fabril por excelencia, Avellaneda albergaba un lugar sórdido donde moraba el juego clandestino, la trata de blancas y otras lindezas bajo la atenta mirada del último caudillo urbano conservador: don Alberto Barceló.

En 1937, el mercado mundial del trigo le dio una mano al sector agroexportador local. El precio del cereal se incrementó estimulando un aumento de la producción y de los saldos exportables. El costo de vida se elevó empujado por el aumento de la harina lo que afectó a un insumo básico de la canasta familiar de los sectores más humildes de la población: el pan. Los panaderos, para afrontar los mayores costos derivados del encarecimiento de la harina, se vieron obligados a subir su precio. Fue entonces que intendente Barceló arbitró entre las partes y logró la paz entre tirios y troyanos. Contempló los reclamos de los patrones y de los trabajadores y extinguió el foco del incendio: el precio del pan se mantuvo sin experimentar aumentos.

Barceló era dueño y señor de una de las más extensas zonas de los suburbios de Buenos Aires, aventajada por un vigoroso desarrollo industrial. Fue allí una figura prototípica que, aunque mantuvo fuertes vínculos con el comportamiento orgánico de sus raíces políticas, poseyó también elementos completamente originales, emparentados de algún modo con un período de transición hacia modalidades distintas de la política nacional. Barceló utilizó toda la metodología de su partido de origen para conservar el poder, a la que agregó elementos sui generis, tales como figuras casi míticas del llamado matonaje: el famoso “Ruggerito”. Pero dentro de la llamada “década infame” fue un personaje particular: no representó fielmente a la típica oligarquía terrateniente que detentaba el gobierno nacional porque su base económica era puramente urbana, no la renta agraria.

Su personalidad ha sido asociada al fraude electoral y a actividades criminales y corruptas, como el juego y la prostitución. En el imaginario popular se han resaltado estos aspectos del desempeño del caudillo quedando opacado un mayor conocimiento de la política municipal desarrollada durante su conducción. Pero existieron también aspectos olvidados que muestran que si en lo esencial reprodujeron las políticas nacionales del conservadurismo, su patronazgo y su clientelismo tenían características peculiares, con las que se cubrían los baches que dejaban las crisis económicas del poder oligárquico. Con ellas el caudillo pretendía defender a los sectores locales, económicos y sociales de las políticas más negativas del régimen. Y a ello se debía su popularidad,

La medida comunal tomada en los años 30, que procuró aquietar las aguas tenía un sesgo de extravagancia y expresaba una variante del intervencionismo estatal. La solución proteccionista implementada por Barceló configuraba una medida heterodoxa tendiente a neutralizar la creciente conflictividad social que se alimentaba del proceso inflacionario y a defender los intereses de los pequeños productores panaderos del distrito.

Ese modelo de arbitraje iba a ser luego considerado por algunos estudiosos como un anticipo de lo que sería el peronismo. Su ejemplo anticipa, es cierto, la larga persistencia de caudillos en las zonas urbanas, que luego se traslada a intendencias del Gran Buenos Aires, pero las políticas de Barceló fueron en su momento sólo medidas defensivas locales para aminorar la conflictividad social que resultaba de un proceso de industrialización no especialmente deseado.

Cuando el coronel Perón comienza en 1943 su política de favorecer a los trabajadores a través de la secretaría de Trabajo y Previsión, el Times de Londres haciendo un balance de la misma (4-12-1945) decía, sorprendido, que el gobierno militar estaba girando hacia la izquierda empujado por las masas, algo bien diferente a la experiencia conservadora de Barceló. Además, las mejoras sociales formaban una parte inherente de la industrialización, constituían la base del incremento de demanda necesaria para que la misma se sostuviera. De todos modos, aclarar ciertas políticas de esos años, sirve mejor para entender un presente distinto, insensible a todas esas cuestiones. El actual gobierno encuentra en esa época parte de su pasado (el triunfo de un gobierno conservador por las urnas, aunque en  aquel caso mediante un fraude escandaloso) y la presencia de ancestros que gobernaban entonces y se reflejan en muchos de sus descendientes actuales. Recordemos, por ejemplo, a uno que no cambió ni nombre ni apellido, Federico Pinedo

* Profesores de la Universidad de Buenos Aires.

 

 

El ajuste después del ajuste

Economía macrista para principiantes

El 20 de diciembre de 2017 el dólar valía, en la calle, $17,95. Casi seis meses después, el billete superó los $28,60. Aquel 20 de diciembre, las perspectivas inflacionarias del Gobierno para todo 2018 estaban en el orden del 10% (elevadas, días después, al 15%); luego de seis meses, se habla de una inflación anual del 27%. Ese 20 de diciembre, las perspectivas del crecimiento de la economía se situaban en el 3,5% del PBI; para el junio siguiente ya se vaticina que no se crecerá ni un punto porcentual. Por diciembre de 2017, cuando recién se liberaba el precio de los combustibles, en el Gran Buenos Aires el litro de nafta súper era de $22,66; a fines del mayo siguiente, con cuatro subas en el medio, roza los $26.

En diciembre, el Gobierno nos hablaba de un despegue económico maravilloso y, seis meses después, pide un auxilio de US$ 50.000 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI).

La Argentina de Mauricio Macri no tiene rumbo. Según datos de ATE-Indec, desde diciembre del 2015, cuando asumió Cambiemos, los trabajadores han perdido un salario y medio. Si se actualiza con el reciente cierre de la paritaria en un 15%, mientras se especula que la inflación superará el 27%, habrá que sumarle varios puntos a esta caída.

Hace 12 años, la Argentina cancelaba sus deudas y dejaba la tutoría del FMI. Hoy, con un gobierno neoliberal en el poder, un nuevo préstamo impone condiciones y ajusta más el ajuste. Así, el supuesto gradualismo le cede el lugar a la ortodoxia monetaria con recetas ya conocidas: quita de salarios por acción directa y por devaluación, achique del Estado, recorte de gastos en áreas sensibles y reducción de la obra pública. Por el compromiso asumido con el FMI, el Gobierno debe reducir su déficit fiscal y, para ello, anunció un recorte de gastos para 2019 del orden de los $250.000 millones, a los que habrá que agregarle otros 20.000 millones anunciados recientemente para lo que queda del año.

En diciembre de 2017, el Gobierno logró que el Congreso le votara una reforma previsional que, a junio y por inflación, arrojó una pérdida salarial para los jubilados de casi un 7%. Sólo al momento de la votación, en el Presupuesto de este año el oficialismo ya le había quitado al Sistema de Seguridad Social más de $100.000 millones. Y en otro ajuste al sector público, en el primer cuatrimestre del año, había despedido a más de 4.000 trabajadores estatales, formalizado el anunció de la acogida a retiros voluntarios (extensivo a las administraciones provinciales y municipales), y congelado por dos años los ingresos al Estado.

Además de la liberación del precio de las naftas, también se quitaron los subsidios a la luz, el gas y el agua (servicios que en promedio aumentaron desde que Macri están en el poder más del 1.000%) y prometió al FMI otra quita equivalente a $80.000 millones para el próximo año, que muy probablemente también sea mayor ya que gran parte de estos servicios están dolarizados.

Desde la llegada al gobierno de Cambiemos, la Argentina es el país del mundo que más deuda ha emitido: casi US$ 143.000 mil millones, sin contar el reciente blindaje del FMI y los US$ 5.650 millones que aportarán Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF-Banco de Desarrollo. En dos años, la Argentina gobernada por Macri ha emitido un 97,1% más de deuda en moneda extranjera que el que viene detrás, Arabia Saudita, y un 195% más que Indonesia, que ocupa el tercer lugar.

Fuga y bicicleta financiera

Mientras se emitía deuda por US$ 143.000 millones, en los primeros dos años de Cambiemos se fugaron del país más de US$ 88.000 millones, sin contar la corrida cambiaria de abril/mayo, que generó fuga de divisas por más de US$ 12.000 millones.

En un semestre, Argentina devaluó su moneda casi un 60%. Brasil, por ejemplo -que atraviesa un período de inestabilidad política-, sólo lo hizo en torno al 20%, y en el mismo período la inflación en el país vecino alcanzó el 1%, contra el 9,6% que se acumuló sólo en el primer cuatrimestre en el nuestro.

En estos seis meses, la tasa de referencia del Banco Central pasó del 27 al 40%, justo a tiempo para el vencimiento de Lebac. Con esos intereses, que no existen en ninguna economía del mundo, no fue necesario convencer a los acreedores para que mantuvieran sus posiciones en el circuito financiero.

El próximo 19 de junio habrá un nuevo vencimiento de letras por $534.000 millones (poco menos de US$ 20.000 millones, si se convierten a la moneda norteamericana al tipo de cambio vigente al cierre de esta nota). Y por si algún tenedor de Lebac quisieran retirarse, un día después -el 20 de junio- llegará el primer desembolso de US$15.000 millones, que provendrán del nuevo blindaje otorgado por el FMI. Dicho de otra manera, el acuerdo con el organismo de crédito llega a tiempo para garantizar y salvaguardar la fuga ordenada de divisas de todos aquellos agentes del capitalismo mundial que especulan con el peso argentino.

Fuente: Alejandro Asís; www.canalabierto.com.ar

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