Canadá “sanciona” a Venezuela bajo pretextos falaces de la OEA

Resumen Latinoamericano / 31 de mayo de 2018 / Misión Verdad

El gobierno canadiense de Justin Trudeau sancionó el miércoles a 14 funcionarios de instancias públicas venezolanas, incluyendo a Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro. Estas medidas punitivas y discrecionales se basan en acusaciones de que estas personas son “responsables del desmantelamiento de la democracia venezolana”.

Apartándose de su estilo aparentemente centrista y socialdemócrata, o como algunos lo llamarían, “de izquierda moderada”, el gobierno canadiense suscribe al pie de la letra las acciones orquestadas por la Casa Blanca de armar un expediente contra instituciones venezolanas.

Buenos amigos de Arabia Saudita (país donde hay una dictadura familiar clerical desde sus orígenes) y de Colombia, el gobierno de Canadá ha señalado que las sanciones “son consistentes con los principios y valores canadienses y buscan mantener la presión sobre el gobierno venezolano para que restaure la democracia constitucional y respete los derechos humanos y democráticos”, dijo la canciller canadiense Chrystia Freeland en un comunicado.

“Estas sanciones envían un claro mensaje de que el comportamiento antidemocrático del régimen de Maduro tiene consecuencias. El anuncio de hoy es prueba de nuestro compromiso con la defensa de la democracia y de los derechos humanos alrededor del mundo y nuestro rechazo de las elecciones presidenciales fraudulentas de Venezuela”, agregó.

Además de Cilia Flores, las sanciones aplicadas apuntan a los dirigentes bolivarianos Tania Díaz, vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente; a Fidel Ernesto Vásquez Iriarte, director general de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República; y a Érika del Valle Farías Peña, alcaldesa del municipio Libertador de Caracas.

Asimismo, la medida va dirigida también contra el diputado de la Asamblea Nacional Ramón Darío Vivas Velasco, al magistrado Christian Tyrone Zerpa, a la magistrada Fanny Beatriz Márquez Cordero, al magistrado Malaquías Gil Rodríguez, la magistrada Indira Maira Alfonzo Izaguirre y la magistrada Jhannett María Madriz Sotillo.

¿Nuevas sanciones de papel?

La publicación de esta nueva medida supone la congelación de cualquier bien que los sancionados podrían tener en Canadá, bajo el señalamiento de que “el régimen de Nicolás Maduro” cumpliera con su empeño en “realizar elecciones consideradas como fraudulentas por la comunidad internacional”.

Además de ello, Canadá ha suscrito un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que ordena colocar en la silla de los acusados al Gobierno de Venezuela por “crímenes de lesa humanidad”. En referencia a la determinación publicada esta misma semana por el referido órgano que amplifica el endeble expediente judicial contra las instituciones venezolanas.

El gobierno canadiense no ha dado cuenta de algún bien incautado en su territorio y que sea propiedad de alguno de los sancionados. Tampoco han dado referencias ni elementos sustentados de la existencia de dichos bienes.

La hasta ahora no demostrada existencia de propiedades de estos venezolanos en Canadá, podría dar cuenta de que este nuevo lote de sanciones tienen poco sentido práctico, para efectos de la sanción directa a estos funcionarios. Son inefectivas. No obstante, en consecuencia suponen que dichas medidas son ejercidas como actos coercitivos de deslegitimación de las autoridades y las instituciones venezolanas, en el marco de una campaña que ha escalado y se ha profundizado, colocando al país en el cepo de la comunidad internacional.

De hecho, lo relevante de la acción canadiense, además de criminalizar las elecciones presidenciales venezolanas y el derecho al voto de la población que participó en ellas, viene con el ingrediente estridente de suscribir la tiranización del país al declarar, en el marco de las instrucciones de la OEA, que el Gobierno venezolano y sus representantes estarían cometiendo crímenes de lesa humanidad.

Luis Almagro, usando a su gusto la plataforma multilateral de la OEA, ha elaborado este nuevo artilugio narrativo. Un informe generado por un panel de “expertos” en la OEA diseñado para presionar a algunos Estados de la organización para llevar a altos funcionarios del Gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI), como lo ha dicho expresamente el Secretario General de esa entidad.

Luego de la falible deliberación del llamado “Tribunal Supremo legítimo en el exilio”, concretamente desde Colombia, que decretó el cese de funciones en el cargo del presidente Maduro y se “ordenó” su captura por entes policiales internacionales, el frente judicial de asedio a Venezuela ha adquirido una nueva derivación con la participación de la OEA en un rol activo para consolidar un expediente a consignar ante la CPI.

Se trata de la reedición del mismo guión de hace más de un año, cuando Luis Almagro anunció que se emprendería la vía de proceder con un juicio internacional a Maduro, cuestión que fue dilatando progresivamente.

El desplazamiento de la OEA como dispositivo operativo y funcional del asedio a Venezuela se había producido en meses anteriores con la incorporación del Grupo de Lima a la escena. No obstante, la OEA ha asumido recuperar un lugar de privilegio en este frente, el cual es un elemento de desbocamiento por vía judicial que apunta a la asfixia y aislamiento de Venezuela.