Bloqueo financiero: EEUU usa técnicas de Estado policial contra Venezuela

Resumen Latinoamericano / 13 de mayo de 2018 / Misión Verdad

El bloqueo financiero ejecutado por EEUU y solicitado por operadores del antichavismo nacional e internacional es clave para la imposición del Estado policial que busca alinear gobiernos, pueblos y el orden internacional a imagen de Occidente. En Venezuela afecta áreas sensibles a la cotidianidad de la población como alimentación, transporte, medicamentos y servicios públicos como el agua, electricidad, gas, entre otros.

Empecemos por el contrabando

Medicamentos de alto costo para el tratamiento contra enfermedades como el cáncer, diabetes, hipertensión, antidepresivos, antibióticos, muchas con leyenda “uso institucional”, fueron incautados en Barranquilla, Cartagena, Medellín y Bogotá. Estos medicamentos fueron contrabandeados desde Venezuela, así como diferentes dispositivos médicos para cirugía y procedimientos especializados. En 14 allanamientos se incautaron 9 mil 896 unidades de medicamentos, 5 mil 537 de dispositivos médicos y 570 de reactivos de diagnóstico in-vitro que serían comercializados.

Dicha información del pasado abril es sólo un ejemplo de las magnitudes del contrabando que afecta a Venezuela, no fue tan difundida como el expediente de “crisis humanitaria” en la frontera con el Norte de Santander y la Guajira en el que participan también organismos mutilaterales como el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

Cigarrillos, carne, café, arroz, verduras, hortalizas, frutas, agua y bombonas de gas doméstico, entre otros rubros producidos o adquiridos por el pueblo y gobierno de Venezuela, se contrabandean en la frontera colombo-venezolana, delincuentes también se han dedicado a robar cables de electricidad y otros materiales estratégicos para luego venderlos en Colombia, impactando los servicios básicos.

Los bolívares (billetes de 100 mil) son vendidos en cantidades masivas al otro lado de la frontera por el doble de su costo, es decir, por cada billete de Bs 100 mil ofrecen el doble por transferencia electrónica, preferiblemente a cuentas de Banesco. El papel moneda venezolano es utilizado en Colombia para la falsificación de otras monedas o reintroducido para la compra del contrabando.

La frontera terrestre entre ambos países es de 2 mil 219 kilómetros, se dice que la más poblada de América del Sur. Se estima que existen más de 200 trochas ilegales por las que circulan más de 100 mil barriles diarios de petroderivados como gasolina y lubricantes. Esto ocasiona pérdidas de 1.5 millones de dólares diarios, según cifras de Petróleos de Venezuela PDVSA.

El bloqueo financiero y Juan Manuel Santos entran en la maniobra

Esta extracción intensiva ha obligado al Gobierno a realizar compras internacionales que han sido sistemáticamente bloqueadas por EEUU mediante la amenaza y el chantaje a empresas proveedoras y gobiernos de diversos países. El presidente de la Comisión del Poder Público de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Pedro Carreño, aseguró en enero pasado que en noviembre de 2017 fueron devueltas 23 operaciones en el sistema financiero internacional por 39 millones de dólares para alimentos, insumos básicos y medicamentos. A pesar de que Venezuela haya cancelado más de 70 mil millones de dólares en deuda, las agencias calificadoras de riesgo declaran al país en bancarrota.

En agosto del pasado 2017, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe negociaciones en deuda nueva y capitales emitidos por el Gobierno venezolano y la empresa petrolera estatal PDVSA, además de no permitir los pagos de dividendos a Venezuela.

También en 2017 unas 300 mil dosis de insulina pagadas por el Estado venezolano no llegaron al país porque el banco estadounidense Citibank boicoteó su compra, 18 millones de cajas CLAP no desembarcaron por trabas impuestas por el sistema financiero estadounidense, un cargamento de un medicamento usado para tratar la malaria fue retenido por un laboratorio colombiano llamado BSN Medical.

El experto independiente de la ONU para la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo, Alfred de Zayas, ha analizado la situación económica producida por el bloqueo financiero impuesto por EEUU y se ha mostrado preocupado por el uso de la deuda externa de Venezuela por parte de las instituciones financieras para bloquear su acceso a los recursos e impedir que se invierta en salud y alimentos.

Por más de seis meses la proveedora de servicios financieros Euroclear ha congelado 1 mil 650 millones de dólares destinados a la compra de medicinas y alimentos, 450 millones de dólares en efectivo y 1 mil 200 millones en bonos, ya aceptados por agentes económicos. El Ministerio de Hacienda de Colombia y el Departamento del Tesoro de EEUU crearon un “grupo de trabajo estratégico” con el que buscan “perseguir” la corrupción en Venezuela, con esta iniciativa se bloquearían las exportaciones que anualmente Colombia realiza hacia Venezuela, las cuales mayoritariamente se relacionan con semillas, artículos de limpieza, medicinas y, por supuesto, alimentos.

Se condena también al sector del agro colombiano que en gran medida se beneficia de la importación de fertilizantes desde Venezuela mientras se favorece el negocio asociado al “Bolívar Cúcuta” y el contrabando de extracción hacia Colombia.Euroclear es un sistema de pago y entrega totalmente informatizado, que permite intercambiar títulos, bonos y dinero de un lugar a otro del planeta y en tiempo real, que debería garantizar a operadores financieros que quien paga manda el dinero, y quien cobra realmente lo recibe.

El Estado policial actuando mediante el bloqueo financiero

Asumiéndose gobierno mundial, la corporatocracia globalizada que dirige EEUU perfila un sistema en el que mantiene un estricto control social, suprimiendo paulatinamente los derechos civiles que dice defender, mientras la dirigencia de un país no desestabilice esa condición de control pueden ejercerse ciertos derechos políticos. Para legitimarla se requiere construir un enemigo o amenaza que debe ser combatido en nombre del bien común, estos son: terrorismo, narcotráfico, delincuencia, etc.

En este combate, con respecto a Venezuela, son legitimados los diversos mecanismos de control, entre los cuales está la intervención de sistemas de pago, acoso y chantaje de proveedores, conformación de expedientes difusos de delitos como narcotráfico, corrupción y otros. Esa praxis política ya es un hecho global, ha configurado nuevos marcos para el ejercicio del poder y el control social de poblaciones nunca antes vistos.

En Venezuela esta estructura ideológica y material del poder transnacional termina justificando, mediante el bloqueo financiero, la ejecución de crímenes como el contrabando, fraude cambiario y daño patrimonial para combatir los supuestos delitos del Gobierno considerado como “amenaza”. Incluso sanciones que afectan sin distinción la salud y la vida de la población son estimuladas en un lenguaje de secuestro y extorsión.

La expansión de ese concepto permite que se adopten elementos totalitarios. La imposición de normativas internacionales arbitrarias como las que se buscan imponer desde la Organización de Estados Americanos (OEA) y el uso de herramientras para la prevención del “terrorismo y el narcotrático” como el las “banderas rojas” del Departamento del Tesoro y la Ley Patriota para bloquer pagos y transacciones financieras de Venezuela de cualquier índole.

De esta forma, EEUU utiliza armas económicas orientadas en el ámbito militar para lograr una asfixia total de la economía venezolana, las mismas están amparadas bajo un marco narrativo que intenta proyectar a la nación caribeña como un “Estado fallido” al cual le deben ser cercenados sus derechos más elementales en el comercio internacional.

Narrativa y materialmente, EEUU aborda sus ataques contra Venezuela como si se tratara de un caso policial. Bajo ese sentido político impuesto es que las transacciones financieras del país para importar bienes básicos son perseguidas como si se tratara de la búsqueda de un criminal que debe pagar por algún delito cometido, o lo que es lo mismo, según Julio Borges refiriéndose a Venezuela, “una enfermedad contagiosa que debe colocarse bajo cuarentena”.

El embargo prometido por algunos funcionarios de EEUU vendría a completar la imposición de ese Estado policial financiero, en el que la población venezolana entera se encuentra secuestrada, monitoreada y vigilada permanentemente, controlando los flujos económicos y financieros que la sostienen vitalmente. Desde los insumos médicos hasta las cajas CLAP, EEUU intenta definir a cuántos recursos debe acceder la población como si se estuviera administrando un campo de concentración.

Detrás de la falsa preocupación de “restablecer la democracia”, siguiendo el último discurso del vicepresidente Mike Pence, se encuentra la aplicación de diversos modos de control social y financiero que buscan obligar a la población a aceptar ese Estado policial como único horizonte civilizatorio.

Mientras tanto la “opción militar” verbalizada por Trump en agosto del año pasado sigue sobre la mesa, aunque ya por bloqueo financiero bastante han avanzado en la militarización de las finanzas venezolanas, en el monitoreo constante de sus transacciones internacionales y la vigilancia policial de cada importación que haga.

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