Colombia. Sobre la persecución política contra el Senador y líder campesino Alberto Castilla

Resumen Latinoamericano / 18 de marzo de 2018 / Colombia Informa

¿Un ajuste de cuentas? ¿Una estrategia para quitarle al Polo (y al sector alternativo) una de las curules ganadas en el Congreso? ¿Una jugada política de la ultradrecha para que la Mesa con el Ejército de Liberación Nacional -ELN- nunca acabe de cuajar? ¿Una nueva etapa de la persecución y criminalización contra el movimiento social? ¿Una “polarización” mediante el miedo orquestado por la derecha para ganar las próximas Elecciones Presidenciales?

Todas estas y algunas que iremos descubriendo parecen ser las razones de la petición de la Fiscalía ante la Corte Suprema para abrir una investigación en contra del Senador Campesino Alberto Castilla por presuntos vínculos con el ELN. Este 16 de marzo, el citado ente investigador hizo una compulsa de copias en contra del Senador de la República y líder campesino Alberto Castilla y del vicepresidente de la Cámara de Representantes y dirigente indígena, Germán Bernardo Carlosama, por presuntos nexos con la organización insurgente.

“Vengo esta mañana a hablar con ustedes y a decirles que mi conciencia está tranquila. Que no tengo ningún vínculo con el ELN. Que no puede existir ninguna relación de este tipo porque absolutamente no tengo ningún vínculo con ninguna organización ilegal. No debe suceder el que ser un líder social se convierta en objeto de judicialización”, afirmó Castilla la mañana de este 17 de marzo en una rueda de prensa a la que convocó para comentarle al país lo que viene ocurriendo en su contra.

“Me entero -explicó- por los medios de comunicación porque no he sido notificado formalmente de la compulsa de copias que ha hecho la Fiscalía ante la Corte Suprema para que se abra investigación por presuntos nexos míos con el ELN. Necesitamos conocer cuáles son las razones que tiene la Fiscalía para solicitar esa investigación. Me pongo a disposición de la Corte Suprema de Justicia para cuando lo considere y para el momento que lo necesite, estaré dispuesto a acatar el llamado que me haga.”

¿Motivos?

Todo sucede en la misma semana de la Elección Legislativa donde el Polo Democrático Alternativo mantuvo sus cinco lugares en el Senado, encabezados por Jorge Enrique Robledo (quien obtuvo la tercera mayor votación del país pasando de 190.000 votos en 2014 a 226.099), siguiéndolo el excandidato a la Gobernación de Santander y empresario Leonidas Gómez, luego Alexander López con 84.229, Iván Cepeda y el Senador Campesino Alberto Castilla con 27.744 votos.

Algunas hipótesis plantean que las razones de esta persecución política contra ambos parlamentarios responde a un ajuste de cuentas del Fiscal General Néstor Humberto Martínez, pues han declarado que frente a las investigaciones de casos de corrupción empresarial (como el Escándalo Odebrecht) debía declararse impedido por su vínculo con los imputados.

El pasado jueves 15 reinició en Quito el proceso de conversaciones entre el ELN y el Gobierno Nacional. Esto sucede después del congelamiento de dicha Mesa ocurrido al final del Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional que ambas partes sostuvieron por 101 días. Desde entonces a la fecha el Gobierno ha demostrado poca voluntad de continuar con esos diálogos y la ultraderecha utiliza la satanización de la Paz como una de sus armas para lograr convocar a un voto que le haga ganar las presidenciales en el próximo mes de mayo. No sería nada raro que esta acusación de la Fiscalía fuera un falso positivo judicial de los que acostumbra a utilizar para justificar posteriores actuaciones.

Además, en el período posterior a la firma de los Acuerdos de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- y el Gobierno de Juan Manuel Santos, la cifra de líderes y lideresas asesinadas ha aumentado vertiginosamente. Asimismo, crece la criminalización y el tratamiento de guerra a la protesta social que busca participar en la construcción de una vida digna. Para nadie es un secreto que, una vez “silenciadas las armas” de una guerrilla y sentados en la mesa con otra, el Gobierno necesita un “enemigo común” con el cual justificar la militarización de la sociedad colombiana y su inversión en industria para la guerra.

Un dato interesante resulta que, mientras la Fiscalía despliega sus fuerzas contra líderes respaldados por el pueblo, un Juez de Medellín libera por vencimiento de términos a Santiago Uribe, hermano del expresidente y empresario probado miembro del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles.

Representantes del Congreso de los Pueblos y del Coordinador Nacional Agrario leyeron una carta donde la sociedad civil rechaza persecución política contra los luchadores sociales.

Respaldo de la sociedad

Más de 300 organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y personalidades políticas firmaron una carta de indignación y rechazo ante la actuación de la Fiscalía. “Manifestamos nuestra indignación y rechazo frente a las acusaciones temerarias realizadas por la Fiscalía General de la Nación contra estos dos representantes del movimiento social. Estos señalamientos hacen parte de la sistemática estrategia de criminalización de los liderazgos sociales y contrasta con la abierta inoperancia de las instituciones estatales que mantienen la impunidad en los casos de agresiones contra quienes defienden los derechos humanos en Colombia”, puntualizaron.

Entre los firmantes están la Asociación Minga; el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; la Comisión de Justicia y Paz; el Comité Noruego de Solidaridad con América Latina; la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -Cceeu-; la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos -Credhos-; la Unión Sindical Obrera -USO-; el Congreso de los Pueblos; el Coordinador Nacional Agrario -CNA-; personalidades políticas como el también Senador Iván Cepeda y los representantes a la Cámara, Alirio Uribe y Víctor Correa; y Colombia Informa.

Respaldo del Polo Democrático Alternativo

“Sobre este asunto, el Polo Democrático deja sentadas tres posiciones. Primero, este partido desde su origen no ha tenido ni tiene nada que ver con la insurgencia armada y la lucha política; ni ninguno de sus militantes lo ha hecho ni lo haces. En ese sentido, el Polo Democrático respalda absolutamente al Senador Alberto Castilla, considera que es absolutamente inocente de cualquier tipo de difamaciones que se le puedan hacer. Igualmente, el Polo Democrático ha señalado en esta comunicación que es histórica esta persecución. Para nosotros no es nueva”, declaró el concejal Alvaro Argote Muñoz, Presidente del Polo Democrático Alternativo, quien también estaba presente en la rueda de prensa.

La historia relata que otros senadores como Carlos Gaviria, Jorge Robledo e Iván Cepeda -todos miembros del Polo- han sido víctimas de persecuciones políticas por parte de la derecha. Cabe recordar el viraje en el juicio convocado contra Cepeda por el expresidente y Senador de la ultraderecha Álvaro Uribe, el cual hace pocas semanas dio un viraje hacia donde la misma Corte encontró violaciones a la ley: el conocido nexo entre Uribe y el paramilitarismo.

Ser líder social No es un delito

“Quiero creer que no hay ningunas razones políticas para que la Fiscalía asuma esa posición en este momento. Quisiera creerlo. Espero que el hecho de yo ser de una región como El Catatumbo no genere una relación directa con que allí hay un conflicto armado entre varios actores y que, ante eso, mis actuaciones hayan sido por reclamar derechos, defender el territorio, acompañar a las comunidades en el ejercicio de Consultas Populares como una manera de participación política en la toma de decisiones. Eso no puede ser entendido como formo parte de un actor subversivo, sino que es nuestro ejercicio de participación parlamentaria”, concluyó Castilla.

CI PC/17/03/18/15:00