Bolivia: (Análisis) Institución del racismo en Santa Cruz

 

 

Por Juan Carlos Zambrana Marchetti*; Resumen Latinoamericano, 18 marzo 2108

 

En los archivos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos existe una gran cantidad de documentos sobre Bolivia, en los que la embajada de ese país en La Paz, informaba con una precisión asombrosa, sobre los acontecimientos políticos en Bolivia. Entre esa montaña de documentos, hay una década que es particularmente sorprendente, y es las de los años cincuenta del siglo pasado. Ese es el periodo de las llamadas luchas “cívicas” cruceñas por las regalías petroleras del 11% en la cual nace la narrativa de la enemistad de origen racial con el colla altiplánico que se opone al desarrollo de Santa Cruz. Esa es la narrativa por la cual el Comité Cívico pro Santa Cruz, fijó en la mente colectiva del pueblo cruceño, al colla como el enemigo externo, idea que se convirtió en el paradigma cruceño de hacer política desde entonces hasta el presente, redefiniendo además el concepto de lo que es la cruceñidad. En otras palabras, a lo que significaba ser cruceño se le añadió la condición de odiar al colla, y obedecer el mandato del comité cívico.

Como se pudo observar durante los dos primeros meses del año 2018, el citado comité cívico, sigue usando ese paradigma para amedrentar a los sectores que no acatan sus paros. En el caso del paro cívico departamental del 21 de febrero de 2018, en contra de la re postulación del presidente Evo Morales, las instituciones representativas de Santa Cruz no querían hacerlo. Ni el mismo comité cívico de atrevía a convocarlo, porque sabía que iba a fracasar ya que el pueblo no lo iba a acatar. Es ahí cuando empiezan las presiones y manipulaciones a la consciencia colectiva del pueblo cruceño, donde ya está grabada la creencia antes mencionada de que el colla es su enemigo externo.

Entonces, primero un grupo de mujeres organiza protestas contra el comité cívico, acusando a sus líderes, entre otras cosas, de cobardes. Luego se hacen marchas y todo tipo de presión mediática para presionar a los sectores más representativos de la cruceñidad, hasta que al final se convoca el paro para después del carnaval, y se empieza a amenazar a quienes no lo acaten. Ante la amenaza de ser marcados como enemigos de la cruceñidad, al final ceden la alcaldía, la gobernación, los empresarios y la gran mayoría de los otros sectores. Entonces todo el pueblo cruceño, una vez más, se vio obligado a acatar un paro contra el presidente Evo Morales, pero un paro que iba en contra de la voluntad popular, y que el comité Cívico terminó imponiendo por la fuerza, bloqueando las calles, avenidas y carreteras, para convertir lo que no lograron que fuera una expresión libre de rechazo al presidente, por lo menos en un secuestro colectivo que diera la impresión de oposición.

El caso empieza a ser revelador, cuando se constata que esa fórmula por la cual unos cuantos “cívicos” se atribuyen la voz de todo el pueblo cruceño, y lo obligan a parar, es una fórmula que fue desarrollada en la década de los años cincuenta, durante las llamadas luchas cívicas, por extremistas de la derecha cruceña a los que la embajada de Estados Unidos describió como “peligrosos”. Más sorprendente aún, es constatar que la narrativa que fija al colla como enemigo externo de Santa Cruz, no pasa de ser una infamia, pero una infamia criminal y muy bien utilizada.

Veamos entonces cual es el meollo del referido conflicto entre cambas y collas.

Las regalías petroleras del 11% para los departamentos productores fueron concedidas en el año 1938 mediante un decreto ley que no se cumplió, y pasó al olvido por mucho tiempo, que además fue ignorado por otras dos legislaciones posteriores (El Código del Petróleo, y el Contrato con la Gulf Oil Co.) La catarsis empieza a manifestarse después de la revolución nacional del año 1952, cuando el indígena del altiplano (el colla) derrota al ejército que lo reprimía, le quita las armas e instaura el proceso de cambio del Movimiento nacionalista Revolucionario (MNR). Una de las tres históricas reformas del MNR, fue la del voto universal que por primera vez incluyó al indígena en la vida democrática. Fue de ese modo que el padrón electoral de Bolivia subió de 125.000 electores en el año 1951 a 1.600.000 en el año 1956. Con tan enorme inclusión indígena y de la clase plebeya en general, en la elección de ese año el MNR obtuvo el 82% de los votos, acaparando todos los escaños en la cámara de senadores, y 63 de un total de 68 en la cámara de diputados, lo cual representaba el 94% del poder parlamentario. Hasta Estados Unidos reconoció que ese era, hasta el momento, el parlamento más representativo que haya tenido Bolivia. Todos los parlamentarios del pueblo cruceño eran de la clase social plebeya que al pasar de ser sirviente a ser autoridad, se convirtió en un elemento “indeseable” para la élite, la cual se negó a aceptar esa autoridad y prefirió resistir el proceso de cambio.

Pero no era fácil resistir unas reformas tan justas, porque en momentos en que todos los caminos al poder pasaban por el indígena, a la élite cruceña no le quedaba otra opción más que constituirse, al igual que el MNR, en una fuerza que, de alguna manera, representara también al indígena en las elecciones. Pero como era ideológicamente opuesta a las reformas, decidió desviar la atención del debate ideológico hacia una causa que tocara los sentimientos del pueblo. Una causa tan justa, que fuera capaz de exacerbar los ánimos del pueblo, y de aglutinarlo entorno a su liderazgo. Esa causa justa fue la lucha por el desarrollo de Santa Cruz, que sería librada contra su enemigo externo, “el colla altiplánico y centralista, que se oponía a su progreso. Pero como el liderazgo político de Santa Cruz ya le pertenecía al MNR, porque los diputados y senadores eran del MNR, entonces esa lucha por Santa Cruz, tendría que librarse desde una nueva plataforma: el “civismo”.

Entonces la clase oligárquica de Santa Cruz, había inventado ya su enemigo externo, había encontrado la causa justa, y se había inventado también la plataforma desde la cual iba a librar su guerra contra la revolución boliviana. Solo le faltaba lograr la adhesión del indígena, lo cual no era una tarea fácil porque consistía básicamente en robarle su representación, en momentos en que la revolución nacional le había entregado el poder al campesino en las manos. La forma que se inventó la oligarquía para robarle el poder al indígena oriental, fue tan brillante, que es digna de ser estudiada con detenimiento. La burguesía, y la pequeña burguesía de Santa Cruz, las dos clases sociales herederas del conquistador, se mimetizaron con el indígena oriental al que ellos llamaban peyorativamente “camba”, creando una nueva identidad que incluyó a todos: blancos, indígenas, ricos, y pobres. Después de ponerlos a todos en una misma categoría, y de poner al comité cívico como autoridad moral de los cruceños, la élite empresarial pasó a hacer prevalecer su poderío económico para controlar al flamante “liderazgo” del comité cívico, y de ese modo retener el poder.

Lo hizo asumiendo la defensa de todo el pueblo cruceño, al iniciar los reclamos por las regalías petroleras del 11%, que por justicia le pertenecían a Santa Cruz, y que el gobierno altiplánico de La Paz, se negaba a cumplir. En la esfera emocional, se había iniciado la guerra del pueblo “camba”, contra su enemigo externo: “el colla” centralista y altiplánico que le impedía su progreso.

Sorprendentemente, lo que revelan los documentos desclasificados del Departamento de Estado, es que el colla era el enemigo equivocado de Santa Cruz, porque legalmente la defensa de esas regalías, no estaba en manos del comité pro Santa Cruz, sino en manos de un parlamento dominado por la izquierda indígena y colla, que cumplió al pie de la letra con lo que pedía Santa Cruz, ya que sancionó oportunamente una ley interpretativa del Código del Petróleo, que al no reconocerlas había creado el conflicto entre Santa Cruz y Bolivia.

Entonces si el congreso plebeyo, de la clase social india y emergente que los cruceños llamaban “indeseable”, no eran el verdadero enemigo de Santa Cruz, ¿entonces quién era? La historia muestra que fue el presidente Siles quien se negó a promulgar la ley con su firma. Siles era un blanco burgués que hablaba en ingles con los gringos, cuando no quería que lo entiendan los bolivianos. Recordemos que para esa fecha, él ya había desvirtuado la revolución, pero la incógnita se mantiene, porque ¿cuál podría haber sido la razón para que Siles decidiera cometer semejante error histórico que claramente estaba dividiendo a los bolivianos?. Primero, que estaba totalmente derechizado por Estados Unidos, y segundo, que estaba reducido a presidente títere, al actuar en sumisión por dependencia económica ya que era Estados Unidos el que financiaba a su gobierno.

Atrapado en esa dependencia, Siles tenía dos presiones externas y un interés político interno para no firmar esa ley. Las presiones externas eran, primero; no atentar contra los intereses de Estados Unidos, ya que el Código del Petróleo boliviano que hizo desaparecer las regalías concedidas por el presidente revolucionario Germán Busch Becerra en el año 1938, había sido redactado por el abogado Wortham Davenport, pagado por Estados Unidos para redactar un código entreguista del petróleo boliviano. Segundo, el problema era que el petróleo boliviano estaba siendo explotado por la Gulf Oil Co una empresa estadounidense que sólo dejaba en el país un total de 11% de regalías por derechos de explotación. Entonces las opciones eran dividir esa migaja del 11% entre Bolivia y Santa Cruz, o darle el total a uno de los dos.

En cuanto al interés político interno que tenía Siles para no firmar, era que la élite cruceña parapetada tras su comité cívico, y representando ya a todo el pueblo cruceño, desconocía el poder político del MNR en Santa Cruz, y por lo tanto se oponía a que fueran esos “elementos indeseables” del MNR quienes canalizaran esa reivindicación. No quería que el MNR obtuviera el rédito político, ni que tuviera algo que ver con la posterior administración de esa fortuna. En otras palabras, no querían que los políticos plebeyos del MNR fueran los héroes en Santa Cruz. Querían ser ellos los héroes de esa conquista, y después los administradores de las regalías. Fue por esa disputa política por el liderazgo en Santa Cruz, que ninguna de las dos partes quiso ceder y se inició el periodo de presiones y acciones de hecho que desencadenaron en violencia y derramamiento de sangre.

Durante ese periodo, el comité cívico pro Santa Cruz, y su brazo armado, la Unión Juvenil Cruceñista, tomaron control paramilitar de Santa Cruz. Tanto era el amedrentamiento de los “cívicos” contra las autoridades designadas por el gobierno central, como el Alcalde y el Prefecto, para que obedecieran al liderazgo de la “cruceñidad”, y no al gobierno central, que éstas autoridades terminaban cediendo, y los 200 carabineros que oficialmente tenían a cargo la seguridad de la ciudad y sólo podían garantizarla deambulando a pie y armados con laques de madera, fueron desplazados por las fuerzas paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista, las cuales, eran las que patrullaban la ciudad fuertemente armadas, y en vehículos motorizados.

La escalada de violencia que desembocó en lo que se conoce como la “revolución de 1958” empezó el 29 de octubre del año 1957 cuando apenas después de un mes de concluido el periodo de un año bajo estado de sitio, el gobierno de Hernán Siles Zuazo, volvió a decretarlo, debido a la incesante campaña de desobediencia civil y desconocimiento de la autoridad nacional que había en Santa Cruz. Una constante subversión que, según los documentos del Departamento de Estado, parecía haber llegado al grado del separatismo.

Uno de los informes de la embajada, indica que el Comité Cívico, después de haber celebrado su cabildo abierto el miércoles, había declarado el jueves una jornada de huelga general. Temprano en la mañana del jueves, Radio Grigotá, una de las emisoras locales, había transmitido un mensaje del alcalde, instruyendo enérgicamente a la empresa privada a abrir sus establecimientos como de costumbre. Una multitud de estudiantes, comerciantes y numerosos miembros y simpatizantes del Comité Cívico entraron a la Alcaldía Municipal, ubicada frente a la acera oeste de la Plaza principal 24 de Septiembre (hoy Casa de la Cultura), para protestar por esa instrucción, y para presionar al alcalde a que revirtiera su instructiva y se sometiera al mandato del “cruceñismo”. Indica el informe que en la Alcaldía se acuartelaban sólo 18 agentes de la Policía Política del MNR. En Bolivia, esa policía era conocida como “El control político”, y era una fuerza armada que rivalizaba con la de la Unión Juvenil Cruceñista. Esos dos grupos eran enemigos acérrimos, y fue en torno a era rivalidad política que se suscitaron los hechos de violencia.

Relata el informe que mientras la multitud protestaba entrando y saliendo de la Alcaldía, un miembro de la Policía Política, de apellido Pérez, abrió fuego, matando a un joven llamado Jorge Roca. Sobre este mismo incidente, el primer presidente de la Unión Juvenil Cruceñista, Carlos Valverde Barbery, reconoció varias décadas después, en una entrevista televisiva con su hijo Carlos Valverde Bravo, que el enfrentamiento con los agentes del Control Político del MNR se produjo en el atrio de la alcaldía. Valverde explicó, que lo que sucedió fue que, él intentó quitarle el rifle a uno de los agentes; y que mientras sucedía ese forcejeo se produjo el disparo que mató a Jorge Roca. No queda claro en la entrevista si el disparo salió del rifle que estaba siendo forcejeado, o si salió del rifle de otro agente. En todo caso, lo que es indiscutible es que ese forcejeo fue la acción que provocó la reacción del disparo letal, lo cual involucra directamente a Valverde Barbery. Después de muerto Roca, la gente, reforzada por algunos cadetes de la Fuerza Aérea cargó de nuevo en contra de la Alcaldía. Los miembros de la Policía Política dispararon un par de ráfagas sobre las cabezas de la multitud y luego escaparon individualmente, dejando sus armas, las que obviamente pasaron a engrosar el arsenal de la Unión Juvenil.

Relata el obispo Brown, uno de los informantes de la embajada, que después de capturar a los 14 agentes de la Policía Política, el Comité los interrogó individualmente. Presumiblemente, ese “interrogatorio” estuvo más a cargo de la Unión Juvenil que del Comité Cívico, pero en realidad eran la misma cosa y por eso la embajada no los diferenciaba. Sobre el método utilizado para el interrogatorio, el informe sólo menciona que los agentes fueron considerablemente maltratados, lo cual se puede interpretar como que el “método” fue el de las pateaduras y las golpizas.

El informe del obispo indica también que los prisioneros quedaron retenidos en el patio de la Alcaldía bajo la guardia de los cívicos, quienes obviamente no gozaban de status oficial como fuerzas de seguridad. Eso condujo a que muy temprano en la mañana del viernes, (aproximadamente 03.00) un hombre, que se cree fue el hermano del fallecido Jorge Roca, llegara a la Alcaldía con una pistola y le disparara al prisionero Pérez. Carlos Valverde Barbery reconoció años después, en la entrevista antes mencionada, que él era el guardia que custodiaba al prisionero, o por lo menos uno de los guardias, pero que al enterarse de que el hermano de Roca estaba llegando, él supuso que sería para ajusticiar a Pérez, y decidió salirse de la alcaldía para no involucrarse en el asesinato. La provocación, incitación, presencia en los escenarios de violencia, y súbito alejamiento, era una estrategia muy bien utilizada por los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, no sólo para no involucrar al Comité Pro Santa Cruz, sino también para evadir ellos mismos la responsabilidad de sus acciones.

El obispo Brown dijo que los estadounidenses radicados en Santa Cruz no corrían peligro alguno, que el único peligro para la seguridad ciudadana vendría si se produjera una ruptura grave de la ley y el orden. Ese caos podría esperarse sólo si tropas gubernamentales de carabineros llegaran a Santa Cruz desde afuera. En ese caso, algunos de los jóvenes exaltados de Melchor Pinto probablemente dispararían y ocasionarían saqueos, en esas circunstancias las nuevas fuerzas gubernamentales no podrían mantener el orden en la ciudad.

Resulta curioso que para el obispo Brown, la anulación de los carabineros como institución encargada del orden público, su reemplazo por la milicia armada del Comité Cívico y el asesinato de dos personas en las oficinas públicas de la Alcaldía, en pleno estado de sitio, no hubiese constituido una “ruptura grave de la ley y el orden”. Más extraño aún es el hecho de que sólo la posible llegada de refuerzos policiales sería considerada como el acto de ruptura de la ley y el orden. Eso quiere decir que tanto el pueblo cruceño, como Estados Unidos, ya reconocían a la toma forzosa de Santa Cruz por parte del Comité Cívico y su Unión Juvenil, como el “orden establecido”, y a sus determinaciones como a la ley que imperaba en Santa Cruz.

En cuanto al conflicto por las regalías petroleras que reclamaba Santa Cruz, Carlos Valverde Barbery relata que él había sido incluido en la comisión negociadora de Santa Cruz que viajó a la ciudad de La Paz; que al llegar a esa ciudad, el oficial mayor del Ministerio de Gobierno se sorprendió de que el Comité pro Santa Cruz haya incluido en la comisión negociadora a Carlos Valverde y al doctor Luis (Lulo) Terrazas, dos hombres que habían iniciado el asalto al palacio de gobierno que concluyó con el asesinato del presidente Villarroel el 21 de julio de 1946.

También llama la atención un dato importantísimo en la entrevista de Valverde Barbery, ya que se menciona que el día de la llegada de la comisión cruceña a La Paz, es decir, antes de que empezara la negociación, se les había acercado el senador por Santa Cruz, Luis Sandoval Morón a decirles que él también era cruceño, que estaba de acuerdo con el 11% de regalías para Santa Cruz y que les pedía se lo incluyera en la comisión negociadora, a lo que Terrazas habría contestado que no podrían hacerlo porque ellos obedecían a una asamblea en Santa Cruz, y que no tenían facultad para añadir a nadie en la comisión. Era obvio que Sandoval, como líder político del MNR por Santa Cruz, quería ser parte de la solución del problema, pero siendo la disputa de fondo por el liderazgo en Santa Cruz, los cívicos no se lo permitieron.

A pesar de que por lo menos dos miembros de la comisión cruceña, tenían antecedentes como miembros de grupos de choque de la derecha, y enemigos acérrimos de la revolución boliviana, el presidente Siles los recibió, y luego, mediante sus ministros negociadores, empezó por ofrecerles 2% (en su intento de repartir el 11% entre Santa Cruz y Bolivia). Luego, ante la negativa de la comisión cruceña, el presidente subido a 5%, y que al final aceptó ceder el 11%, con la condición de que Santa Cruz se quedara con 6% y le cediera el 5% al departamento del Beni, propuesta que los negociadores consultaron con Santa Cruz, y que fue aceptada. En el avión de regreso a Santa Cruz, Carlos Valverde, que era beniano, expresó su temor de que al llegar los cruceños los colgaran por haber cedido 5% a favor del departamento del Beni.

Entonces tratemos de visualizar que Carlos Valverde y el resto de la comisión negociadora estaba en un avión a punto de aterrizar en Santa Cruz. Están aterrorizados porque durante la negociación con el Presidente Siles, habían cedido 5% de las regalías a favor de departamento del Beni. Grande fue la sorpresa de esos negociadores cuando fueron recibidos como héroes ya que se había conseguido el total del 11%. Entonces ¿qué fue lo que sucedido en ese ínterin?

En un intento más del MNR por obtener algún rédito político para con el pueblo cruceño, el problema fue resuelto por el mismo congreso plebeyo que había sancionado la ley interpretativa, y que, en aplicación del artículo 79 de la Constitución Política del Estado, que facultaba al presidente del Congreso a promulgar las leyes que el presidente de la república no hubiese vetado ni promulgado en el plazo de diez días, el honorable senador y presidente del Senado, el doctor Rubén Julio Castro, la promulgó con su firma. El artículo único establecía:

La regalía a que se refiere el Código del Petróleo en favor del Estado, corresponde a los Departamentos productores en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de 15 de julio de 1938.

Al promulgar la Ley Interpretativa que había presentado el diputado también del MNR Virgilio Vega Terrazas, el senador Rubén Julio le reconoció a Santa Cruz la totalidad del 11%, sin necesidad de tener que dividirlo con el departamento del Beni como lo había propuesto el presidente Siles y aceptado el presidente del comité Pro Santa Cruz, Melchor Pinto Parada. Es decir; los parlamentarios plebeyos del MNR le dieron a Santa Cruz casi el doble de lo que el Comité pro Santa Cruz ya había aceptado en sus negociaciones con el presidente de la república.

De ese modo quedaron reconocidas legalmente las regalías petroleras que garantizarían el despegue económico de Santa Cruz, lo cual fue una victoria monumental que tuvo repercusiones históricas. Por esta razón es pertinente analizar quiénes se beneficiaron del rédito político.

Lo más curioso de este caso, es que los honorables parlamentarios Rubén Julio Castro y Virgilio Vega Terrazas, los dos hombres que hicieron realidad la hazaña que parecía imposible, eran parlamentarios del MNR, representantes de la clase social que la elite cruceña consideraba el elemento menos deseable de la sociedad. El honorable Virgilio Vega no era abogado de profesión sino peluquero y dirigente sindical, igual que Juan Lechín Oquendo, el histórico líder sindical de los trabajadores mineros, y de la Central Obrera Boliviana, quien había sancionado esa Ley interpretativa de las regalías cuando ejercía como presidente del Senado, el 17 de enero de 1957. Entonces, si esa victoria de Santa Cruz fue algo monumental, ¿dónde están los monumentos de esos tres hombres valerosos que se enfrentaron no sólo al presidente Siles, sino también a Estados Unidos y a sus intereses geopolíticos y petroleros? No existen esos monumentos, porque la ley interpretativa que reivindicó las regalías petroleras que reclamaba Santa Cruz, fue inmortalizada en las manos de Melchor Pinto Parada, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. El hombre que había sido considerado peligroso por el Departamento de Estado, que había conducido el conflicto por el lado de la violencia, que había renunciado ya casi a la mitad de esas regalías, y que nada tuvo que ver con la sanción ni con la promulgación de la ley que arbitrariamente el autor del monumento le puso su sus manos.

El monumento fue erigido por el Comité pro Santa Cruz, el 4 de julio de 1986, también durante el gobierno neoliberal de Víctor Paz Estenssoro, en el cual entregó los recursos nacionales a las transnacionales extranjeras. Los honorables Rubén Julio castro, Virgilio Vega Terrazas y Juan Lechín Oquendo, no tienen monumentos ni avenidas con sus nombres porque fueron eliminados de la historia cruceña de las regalías petroleras. Se los omitió, en primer lugar, porque no eran de la clase social que se había apoderado con las armas de la causa de las regalías petroleras sin tener representatividad política alguna. Y en segundo lugar, porque pertenecían al MNR, un partido político que representaba al elemento menos deseable de la sociedad. A base de infamias y chismes convertidos en “historia”, se los estigmatizó como indignos de representar a Santa Cruz para poder hacer abstracción del componente revolucionario y nacionalista del progreso cruceño, y para evadir también el debate político en general, lo cual desnudaría la irracional resistencia de la oligarquía cruceña al proceso de cambio conducido por el MNR, el cual incluía el progreso cruceño como proyecto nacional.

También resulta revelador, la constatación de que el unionista Jorge Roca murió en el patio de la Alcaldía de Santa Cruz, frente a la plaza principal de la ciudad, en medio de un enfrentamiento entre la Unión Juvenil Cruceñista que había invadido la alcaldía para presionar al alcalde a someterse al mandato del Comité, a someterse a un paro Cívico en pleno estado de Sitio, y para obligarlo a entregar el control político de Santa Cruz, durante un gobierno revolucionario que irónicamente estaba protegido por Estados Unidos, país que además había sido el autor directo e indirecto del escamoteo de las regalías que Santa Cruz reclamaba. Por lo tanto, entre todos esos altos intereses económicos, geopolíticos y políticos internos que involucraba este conflicto por las regalías petroleras, absolutamente nada tenía que ver el colla de la supuesta raza maldita, que también supuestamente era el enemigo de Santa Cruz. Como hemos visto ese paradigma es una infamia criminal, que ocasiona muertes y hasta el día de hoy sigue promoviendo el odio del camba hacia el colla.

No es exageración decir que en la era del Estado Plurinacional de Bolivia, en pleno siglo XXI, quienes promueven el odio, el racismo y el separatismo, debieran estar en la cárcel. Esto es un crimen, porque no se trata sólo de la ausencia de los tres monumentos a la verdad, ni de la existencia del mencionado monumento a la mentira. El caso es que la ciudad de Santa Cruz, está minada de monumentos orientados a promover el odio contra el colla. Veamos un solo ejemplo de como el civismo cruceño ha tergiversado tanto la historia. El lugar exacto de la muerte de Roca, la posible causa accidental del disparo, y la nacionalidad argentina de su victimario el agente Pérez, resultan relevantes porque, curiosamente, el actual monumento a Jorge Roca, en el que él se halla empuñando un rifle y sosteniendo la bandera de Santa Cruz junto a Gumercindo Coronado (la otra baja que sufrieron los “cívicos” en esos días), no fue colocado en la vieja alcaldía de Santa Cruz, frente a la acera oeste de la plaza principal, donde murió, ni frente a la Embajada de Argentina, país donde nació Pérez, ni frente al consulado de Estados Unidos, potencia que le había quitado a Santa Cruz sus regalías y era dueña del poder en Bolivia. Este monumento fue colocado en la periferia oeste de la ciudad, expresando beligerancia regional hacia el oeste, contra el colla originario del occidente del país.

El monumento fue levantado en el año 1986 durante otro gobierno del MNR y de Víctor Paz Estenssoro, esta vez con su ministro Gonzalo Sánchez de Lozada. Fue ordenado y financiado por la Alcaldía Municipal de Santa Cruz y por la Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz (CORDECRUZ). La inclusión de la bandera cruceña en ese monumento, al igual que en todos monumentos relacionados a las “luchas cívicas” de los años cincuenta, es totalmente arbitraria ya que en esos tiempos esa bandera no existía como como tal y por lo tanto, jamás había sido usada.

En cuanto al simbolismo de los rifles, logra expresar con toda efectividad la irracionalidad de la subversión armada de los grupos de choque de la élite cruceña contra un gobierno democrático, reformista e incluyente. Resulta obvio que la erección de ese monumento del camba confrontando al colla con las armas es otro esfuerzo consciente de reforzar la narrativa de avasallamiento colla contra Santa Cruz que tuvo que ser combatido con las armas: otra de las falsas programaciones que se le han grabado a la consciencia colectiva del pueblo cruceño y cuyas consecuencias están visibles en el racismo e intolerancia que todavía se observa cuando alguien manipula esas programaciones para enfurecerlo y exacerbarlo.

Sobre CORDECRUZ, la segunda institución promotora del monumento, hay que resaltar que era la institución encargada de la planificación estratégica del desarrollo, y por lo tanto administradora del dinero destinado para ese objetivo en Santa Cruz. La motivación para el engaño no podía ser más obvia.

La implantación sistemática de símbolos para promover el odio racial se ejecutó en Santa Cruz con tanta impunidad y por tanto tiempo, que al presente existen muchos a los que el pueblo ama, sin imaginarse la infamia que verdaderamente evocan. Ese es el caso, por ejemplo del monumento al Indio Chiriguano, a Andrés Ibáñez, a la Mujer Cruceña, el Avión Pirata, y aunque sea difícil creerlo, también el muy amado Cristo Redentor. Todos tienen una historia secreta en la que se esconde la verdadera orientación del simbolismo. De hecho, la razón para que en Santa Cruz perdure ese sentimiento antagónico a Bolivia sería que la ciudad sigue saturada de monumentos y toda simbología separatista y anticolla, de tal modo que su población sobrevive en un ambiente tóxico que no le permite ver la realidad, ni pensar con libertad. A todo eso, habría que añadirle, la constante alienación promovida por la prensa corporativa, el comiteísmo cívico, las cooperativas de servicios públicos, las fraternidades, y la asociación de comparsas, por citar algunas de la “instituciones representativas de la cruceñidad”.

Hay otro dato interesante sobre las regalías petroleras del 11% que tanto ama Santa Cruz, y en general sobre su progreso económico. Todos sabemos que la nacionalización de los hidrocarburos hecha por el gobierno de Evo Morales, y los nuevos contratos de explotación, han multiplicado los ingresos de Santa Cruz. Todos sabemos también que nunca antes la empresa privada de Santa Cruz ha tenido mejor periodo de prosperidad, pero un pequeño detalle que nadie menciona es que Evo Morales fue el único presidente de Bolivia que incluyó las regalías petroleras del 11% en la constitución política del Estado, para que nunca más vuelvan a ser eliminadas de la legislación. Eso está en el Artículo 368 de la nueva Constitución.

Entonces, la tozuda oposición del “camba” contra el presidente “colla” es irracional, y demuestra que el departamento de Santa Cruz sigue, en alguna medida, reaccionando a un presente que es mejor, de acuerdo erróneas programaciones del pasado. La historia nos demuestra que con infamias se promovió el odio, que el odio generó violencia, y que la violencia generó muerte. Se ha demostrado también que las instituciones cívicas cruceñas, por haber promovido el odio racial constantemente, durante tanto tiempo, y por seguir haciéndolo en el presente, son las promotoras del odio y del racismo. Esos son actos claramente punibles en el nuevo Estado Plurinacional. Crímenes institucionalizados en los cuales la madre de todas las Instituciones representativas de la cruceñidad es el Comité Cívico Pro Santa Cruz, los monumentos y la narrativa envenenada son sus armas, las víctimas son todos los collas del pueblo boliviano, y los cambas somos culpables de haber guardado, hasta el día de hoy, el silencio cómplice que permitió la impunidad.

Hay que reconocer que el racismo y el separatismo no son problemas exclusivos de Santa Cruz, sin embargo, el agravante, en este caso, es la institucionalización de la promoción del odio racial. Para poder ver claramente lo que significa este agravante vamos a partir de una definición de la palabra: institucionalización

En los contextos sociológico y psiquiátrico, la palabra institucionalización se aplica a la sumisión de un individuo o de un grupo de individuos, al régimen de vida de una institución como el orfanato, el servicio militar, el asilo, la cárcel o el manicomio, donde viven internados durante un largo periodo, hasta hacerse dependientes de ella.”

Esa definición se aplica perfectamente al estado de sumisión en que la Institución del Comité Cívico Pro Santa Cruz, ha mantenido a las otras instituciones representativas de la cruceñidad, y por la fuerza a todo el pueblo cruceño, por más de medio siglo.

Esta revisión de la verdadera función histórica del comité cívico expone su faceta represora y alienante, con la que metió al pueblo en estado sicológico de engaño colectivo, para obligarlo a odiar al colla, y que incluso ahora cuando ya esa mentira no es creíble, se niega a liberar a su víctima, obligándola con chantajes y con medidas de hecho a seguir sometiéndose. Tanto en el orfanato, como en otras de las instituciones antes mencionadas, las personas eventualmente se liberan de la sumisión a esas esas instituciones. Ese es el caso del colegio militar, del asilo, y hasta de la cárcel, pero cuando el daño es psicológico, la liberación es más difícil, y ese es el caso del enfermo mental recluido en un manicomio. El racismo institucionalizado se encuentra en esta última categoría, porque los racistas que controlan el sistema, por lo general se justifican tanto, y se aferran tanto a sus ideas, que, para que éstas desaparezcan, tienen que morir con ellos. Ese fue el caso, por ejemplo, del racismo Nazi, donde recién después de la ejecución de los culpables, y de la exposición al mundo de la magnitud de los crímenes, el pueblo alemán se dio cuenta de la atrocidad de la que había sido cómplice, sufrió ignominia y sufrió vergüenza, pero empezó de inmediato su rehabilitación.

Santa Cruz tiene todavía la opción de no llegar a ese extremo, porque aunque queden todavía algunos viejos racistas y separatistas, existe ya una nueva generación de cruceños que puede tener el valor de destapar este tabú para confrontar esta criminalidad. Ya es hora de que el pueblo cruceño, a la cabeza de sus jóvenes, inicie una movilización y una causa penal para terminar con estas prácticas, y especialmente, para exigirle al alcalde la remoción de estas armas de guerra psicológica que siguen atentando contra la paz y la concordia del pueblo boliviano.

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*Juan Carlos Zambrana Marchetti es analista político independiente.

Columnista del diario La Razón, y autor del libro de investigación histórica

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