Venezuela da contundente respuesta a “irresponsables afirmaciones” del Alto Comisionado para DDHH de la ONU

Resumn Latinoamericano/ 13 de marzo 2018

Ginebra, 13 de marzo.- El Gobierno Bolivariano respondió de manera categórica a las infundadas e irresponsables afirmaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derecho HumanosZeid Ra’ad Al Hussein, sobre Venezuela, en la presentación de su Informe Anual en la 37º sesión del Consejo de Derechos Humanos.

Por medio de una Nota Verbal remitida a la Oficina del Alto Comisionado por la Misión Permanente de Venezuela ante la ONU Ginebra, el gobierno venezolano señaló que “Una vez más el Alto Comisionado vulnera las normas y principios que deben regir su actuación, al fijar posición politizada, parcializada y selectiva sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela”.

A continuación la Nota Verbal íntegra:

La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales con sede en Ginebra saluda atentamente a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derecho Humanos en la oportunidad de, en alcance a la Nota Verbal Nº 0125 de fecha 7 de marzo de 2018, hacer referencia a las declaraciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en la presentación de su Informe Anual en la 37º sesión del Consejo de Derechos Humanos, el pasado miércoles, 7 de marzo de 2018.

La República Bolivariana de Venezuela repudia las infundadas e irresponsables afirmaciones del Alto Comisionado, con relación a la democracia y la vigencia de los derechos humanos en Venezuela.

Una vez más el Alto Comisionado vulnera las normas y principios que deben regir su actuación, al fijar posición politizada, parcializada y selectiva sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Desde el comienzo de su mandato ha hipotecado la majestad del cargo que representa para ponerlo al servicio de una estrategia de agresión permanente contra nuestro país.

No es casualidad que cada declaración del Alto Comisionado esté precedida por encuentros con representantes de los sectores más extremos y antidemocráticos de la oposición, que se han propuesto desestabilizar la democracia participativa y protagónica de Venezuela.

Los infundados pronunciamientos del Alto Comisionado en contra del Gobierno venezolano son numerosos. Ha asumido, como verdades, las cuantiosas mentiras que utiliza la oposición violenta y extremista, que cumple con los mandatos de sus patrones, especialmente el Gobierno de los Estados Unidos.

El Alto Comisionado perdió el necesario equilibrio sobre Venezuela y otros asuntos del mundo. No oculta que es un vocero del Departamento de Estado norteamericano.

En su desesperada obsesión contra Venezuela formula juicios de valor que son claramente refutados por declaraciones y opiniones del Experto Independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Alfred de Zayas, emitidas a raíz de su reciente visita a  nuestro país, que tuvo lugar entre los meses de noviembre y diciembre de 2017.

Ese Experto  recabó -libremente- amplia información sobre la real situación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Desmontó, con fundamentada argumentación, la tesis de una supuesta crisis humanitaria.

Es muy lamentable que el Alto Comisionado -como ha sido su costumbre durante la permanencia en su cargo-, sin siquiera solicitar información al Estado venezolano, e ignorando la inmensa cantidad de pruebas irrefutables sobre los hechos que alega  -mediante documentos oficiales fidedignos, materiales escritos, gráficos y audiovisuales provenientes de fuentes comprobadas-, que han sido remitidos oportunamente y de manera voluntaria por el Gobierno venezolano a su Oficina, utilice el mismo discurso de poderes foráneos imperialistas y sus aliados, sobre temas diversos de derechos humanos para satanizar al país.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza y condena categóricamente que el Alto Comisionado pretenda juzgar los procesos electorales que se desarrollan en el país, sin disponer de mandato ni competencia alguna para ello, en perjuicio de las grandes mayorías e, incluso, de sectores de la oposición política que están decididos a dirimir sus diferencias mediante el ejercicio democrático y legítimo del derecho al voto.

Llama la atención que el Alto Comisionado pretenda impugnar las elecciones presidenciales y de otras instancias representativas, pautadas para el próximo 20 de mayo de 2018, coincidiendo con los planteamientos de sectores antidemocráticos nacionales y extranjeros.

Falso es que el Tribunal Supremo de Justicia haya invalidado partidos políticos de la oposición. Dos de ellos no cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley de Partidos Políticos al no participar en el último proceso electoral y al decidir -de manera voluntaria-, que no participarían en las elecciones presidenciales. Por tanto, se auto excluyeron de la contienda electoral.

Las instituciones democráticas en el país se han fortalecido con el ejercicio del derecho humano a la participación activa y protagónica del pueblo venezolano.

Venezuela tiene un record mundial de consultas populares -24 elecciones nacionales celebradas en 19 años de Revolución Bolivariana-, con un sistema electoral de los más modernos y transparentes a nivel internacional.
El pasado año el pueblo venezolano, y mediante elecciones libres, universales, directas y secretas, eligió la Asamblea Nacional Constituyente, los gobernadores de estado y alcaldes del país. Tres elecciones realizadas en un período de cuatro meses. Nuestro pueblo ejerció en forma plena su soberanía y libertades democráticas.

Gracias a los humanistas programas sociales del Gobierno bolivariano se ha elevado la calidad de vida de la población venezolana. Estos programas son disfrutados por todos, sin distinción alguna.

La complicidad del Alto Comisionado con la acometida multiforme que está en marcha contra Venezuela es evidente. Guarda silencio ante las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados, que impactan negativamente en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo venezolano.

Con su actitud se coloca al margen de los postulados emanados de la Declaración y Programa de Acción de Viena, así como de la resolución que dio origen al Consejo de Derechos Humanos.

Sorprende que ignore que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las Repercusiones Negativas de las Medidas Coercitivas Unilaterales en el Disfrute de los Derechos Humanos, Idriss Jazairy, ha expresado que tales sanciones “no son la respuesta a la crisis en Venezuela y que la comunidad internacional no debería imponerlas. (…) Las sanciones agravarían la situación del pueblo de Venezuela (…)”.

El Relator Jazairy insistió en que “(…) los esfuerzos orientados a dañar la economía sólo generarían violaciones de los derechos de los ciudadanos corrientes. Las sanciones causan trastornos a cualquier Estado y cuando perjudican a la economía pueden tener una repercusión devastadora sobre los ciudadanos de los países en desarrollo”.

Es evidente que el Alto Comisionado usa -indebidamente- el noble tema de los derechos humanos para tratar de imponer una visión anacrónica y unívoca del mundo.

A pesar de los nefastos efectos de las mencionadas medidas coercitivas unilaterales y del sabotaje foráneo en contra de la economía venezolana, el Gobierno Bolivariano  sigue implementando su modelo de protección social, con pleno respeto a los derechos humanos.

Venezuela destina el 74% de su presupuesto nacional a los programas sociales, misiones y grandes misiones que han elevado la calidad de vida de nuestro pueblo.

Venezuela es uno de los países con mayor igualdad y equidad social en nuestra región. En el Informe de la ONU sobre la evolución del Índice de Desarrollo Humano de 2016, se reporta que este Índice “(…) colocó a Venezuela en la categoría de alto desarrollo humano”.

El derecho a la vida, a la integridad física de las personas, a la libertad de expresión y opinión, a la libertad de asociación y reunión pacíficas, está plenamente garantizado en Venezuela.

Repudiable es que el Alto Comisionado haya hecho mutis cuando sectores fascistas y extremistas de la oposición recurrieron a la violencia y al terrorismo durante sus manifestaciones contra el gobierno democrático de Nicolás Maduro.

Es inaudito que proponga que el Consejo de Derechos Humanos imponga mecanismos de monitoreo y tutelaje a  Venezuela.

Nuestro país es libre y soberano, y tiene  un alto sentido de patria; es heredero de la estirpe libertaria de Simón Bolívar, que levanta con dignidad las banderas de la independencia y la autodeterminación.

La República Bolivariana de Venezuela reitera su compromiso con los derechos humanos, en los términos establecidos en la Constitución venezolana  y en los tratados internacionales válidamente suscritos y ratificados por la República.

Venezuela está comprometida con el Sistema Universal de Derechos Humanos. Por eso ha presentado a los diferentes Comités de los Órganos de Tratados los informes solicitados. Y en los dos ciclos del Examen Periódico Universal ha acogido e implementado la mayoría de las recomendaciones formuladas por los Estados.

En esa misma línea, con el propósito de mantener una relación cooperativa con el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos, Venezuela invitó al Experto Independiente sobre un Orden Internacional Democrático y Equitativo, Alfred de Zayas. Al concluir su visita el Experto hizo una serie de recomendaciones constructivas, las cuales están siendo estudiadas por el Estado venezolano, y algunas de las cuales ya se han implementado.

Con ese mismo espíritu Venezuela ha invitado al Relator Especial sobre el Impacto Negativo de las Medidas Coercitivas Unilaterales en el Disfrute de los Derechos Humanos, Idriss Jazairy, y al Relator Especial sobre Derecho al Desarrollo, Saad Alfarargi, para que visiten nuestro país en el curso de este año.

Nuevas evidencias de que el Estado Venezolano desea mantener relaciones de cooperación con todo el Sistema Universal de Derechos Humanos.

En tal sentido, la República Bolivariana de Venezuela reafirma su compromiso de seguir cooperando con el Consejo de Derechos Humanos, sus mecanismos, y demás órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales con sede en Ginebra, aprovecha la oportunidad para reiterar a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las seguridades de su más alta estima y distinguida consideración.

Ginebra, 12 de marzo de 2018.

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