Chile, una larga batalla por la Memoria

Por Enric Llopis,  Resumen Latinoamericano, 14 de febrero de 2018.-

El investigador Boris Hau y el historiador Mario Amorós participan en un acto sobre “la Memoria de Antonio Llidó y el compromiso con la verdad y la justicia”.

La Corte Suprema de Chile confirmó el pasado 13 de octubre la condena de tres excarabineros (policías) a 15 años y un día de cárcel por su responsabilidad en las ejecuciones “políticas” de Miguel Díaz León y Ángel Espinosa Valenzuela. Los asesinatos ocurrieron el 14 de septiembre de 1973 –tres días después del golpe perpetrado por el general Pinochet- en la ribera del río Mapocho, en la Región Metropolitana de Santiago. El 29 de septiembre la Sala de lo Penal de la Corte Suprema condenó asimismo a 12 carabineros en retiro como responsables del secuestro, en septiembre de 1973, de Osvaldo y Gardenio Sepúlveda Torres en la comuna de Cunco (provincia de Cautín). Tras su encierro en los calabozos y ser trasladados en un vehículo policial, los dos hermanos desaparecieron. El fallo condena a dos penas de tres años de cárcel a los ocho policías cómplices y a otros cuatro años de presidio a los cuatro agentes encubridores; en todos los casos el alto tribunal concedió el beneficio de la libertad vigilada. El pasado tres de octubre el juez Álvaro Mesa decidió procesar al general en retiro Santiago Sinclair Oyaneder por las presuntas torturas contra nueve presos políticos que se hallaban, después del alzamiento militar, en la cárcel de la ciudad de Valdivia; el juez ordenó el arresto domiciliario, debido a la edad avanzada del exgeneral.
Son algunos de los casos incluidos en el último Boletín del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales de Santiago, publicado en diciembre de 2017. El documento también hace referencia a la condena en octubre de 2017 de 35 exmiembros de la DINA (policía secreta de la dictadura) por el secuestro y desaparición de la médico y militante del Partido Comunista Reinalda Pereira Plaza en diciembre de 1976, dentro de un “operativo a gran escala” y cuando estaba embarazada de cinco meses. Las penas oscilan entre los siete y los diez años de prisión para los 21 autores del delito y cuatro para los policías cómplices, mientras que once agentes resultaron absueltos. Además se condena al fisco a pagar una indemnización de 130 millones de pesos (215.000 dólares) al cónyuge de la víctima.
 
Boris Hau es abogado e investigador del Observatorio de Justicia Transicional. En un acto organizado por el Fòrum de Debats de la Universitat de València –“La Memoria de Antonio Llidó y el compromiso con la verdad y la justicia”- ha subrayado los “importantes avances” logrados después de 16 años de gobierno militar y durante los 28 años de democracia en Chile. Pero continúan vigentes retos como “continuar exigiendo penas de cárcel para los responsables de los crímenes”. Una de las primeras iniciativas del presidente Patricio Aylwin fue la constitución en abril de 1990 de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que elaboró el informe Rettig. Después de nueve meses de trabajo, el informe concluyó que 2.279 personas perdieron la vida durante la dictadura militar (2.115 a causa de violaciones de los derechos humanos y 164 por la violencia política); la cifra de ejecuciones políticas y desapariciones se elevaría en informes posteriores a 3.218. Además una ley promulgada en enero de 1992 estableció una pensión mensual de reparación para los familiares de las víctimas identificadas en el informe Rettig. Sucesivas investigaciones afinaron la magnitud de la represión. Así, la Comisión Valech concluyó que más de 37.000 personas fueron víctimas de la prisión política y la tortura durante la dictadura.
En un artículo publicado en la Revista Interdisciplinar de Direitos Humanos de la Universidad de Sao Paulo, Boris Hau apunta la reacción a las denuncias de Pinochet, quien tras la dictadura se mantuvo como jefe del ejército y a partir de 1998 fue senador vitalicio; afirmó que no aceptaría “ser situado ante la ciudadanía en el banquillo de los acusados, por haber salvado la libertad y soberanía de la patria a requerimiento insistente de la civilidad”. El texto de Hau –“Chile, una democracia consolidada luego de 27 años de luchas por la Justicia y la Verdad para las víctimas de la dictadura”- señala los hitos en las políticas de memoria y reparación. En febrero de 1994 se inauguró en el patio 102 del Cementerio General de Santiago el Memorial del Detenido, Desaparecido y Ejecutado Político; también en 2004, la movilización de la Asamblea por los Derechos Humanos de Peñalolén y La Reina concluyó en la recuperación de “Villa Grimaldi” (Santiago de Chile) como sitio de Memoria. En esta antigua villa operó desde finales de 1973 el cuartel Terranova, principal recinto de secuestro y tortura de la DINA. En marzo de 1997 fue inaugurado el Parque por la Paz “Villa Grimaldi”. Actualmente la página Web del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos aporta información de 93 memoriales a las víctimas de la dictadura sólo en la Región Metropolitana de Santiago.
 
El profesor e investigador del Programa Memoria y Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago, Boris Hau, recuerda que, durante los primeros años de la  democracia, “la Justicia estaba ausente”. Pinochet continuaba al frente de las fuerzas armadas y desde 1978 se hallaba en vigor la Ley de Amnistía, que protegía a los autores, cómplices o encubridores de “hechos delictuosos” entre septiembre de 1973 y marzo de 1978, siempre que no estuvieran procesados o condenados. Los principios de verdad, justicia y reparación tenían que ganar terreno a pulso. Un avance muy considerable se produjo en junio de 1995, cuando la Corte Suprema ratificó las condenas al exdirector de operaciones de la DINA, Manuel Contreras, y al exbrigadier Pedro Espinoza a seis y siete años de prisión, respectivamente, como responsables del asesinato de Orlando Letelier, ministro de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa durante el gobierno de la Unidad Popular. “Fue el primer caso en que se hizo Justicia para las víctimas de la dictadura”, resalta Boris Hau.
El año 1998 reforzó el cambio de tendencia en la batalla por la memoria. El 13 de enero la fallecida secretaria general del Partido Comunista de Chile, Gladys Marín, presentó en la Corte de Apelaciones de Santiago una querella criminal contra el exdictador por los delitos de genocidio, secuestro, asociación ilícita e inhumación ilegal. El motivo, la detención y desaparición de su expareja, Jorge Muñoz, y otros cuatro dirigentes comunistas en 1976. A los quince días se sumó la querella de los familiares del abogado y dirigente socialista, Héctor Mario Silva Iriarte, asesinado en octubre de 1973 cerca de la ciudad de Antofagasta.
Pero tal vez el hecho más significativo fuera el arresto domiciliario del senador vitalicio Augusto Pinochet en Londres, en octubre de 1998, por orden del entonces magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien pretendía juzgar al general golpista por crímenes de “lesa humanidad”. El arresto se prolongó durante 503 días. Entre los cargos contra el exdictador se incluían 94 denuncias de tortura por parte de ciudadanos españoles y el secuestro y asesinato por la DINA del diplomático Carmelo Soria en julio de 1976. En marzo de 2000 el Ministerio del Interior británico decidió no extraditar a Pinochet alegando razones de salud, por lo que pudo regresar a Chile y evitar el juicio en España. “Después de ser visto en silla de ruedas durante meses, el exdictador se levantó de la silla y caminó saludando a los militares que lo recibían, entre ellos el jefe del ejército”, recuerda el abogado e investigador.
El magistrado Juan Guzmán agrupó por casos las querellas que se sucedían contra Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. Por ejemplo, el “caso Caravana”, así denominada por la comitiva militar de exterminio que recorrió el país -al poco de perpetrarse el golpe-, y que terminó con la muerte y desaparición de entre 75 y un centenar de opositores; o el caso del Comandante en Jefe del Ejército de Chile, Carlos Prats, quien murió en el exilio argentino en 1974, al estallar un explosivo en su automóvil. A estos episodios se agregaba el de la llamada “Operación Colombo”, con la que la dictadura pretendía encubrir la desaparición de 119 detenidos, la mayoría militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Pero no sólo se emprendió la vía judicial. La Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos convocada por el presidente Lagos emitió en junio de 2000 una declaración según la cual las Fuerzas Armadas y los Carabineros se comprometían a obtener “información útil” para encontrar los restos de detenidos o desaparecidos; les amparaba para ello el secreto profesional, y se establecía un plazo de seis meses. Hau recuerda que el documento entregado al presidente Lagos “fue considerado insuficiente por su información; en muchos casos reconocieron que los detenidos fueron lanzados al mar”.
La larga batalla por la Memoria sumó un nuevo avance en noviembre de 2004, cuando la Corte Suprema ratificó las condenas –entre cinco y 12 años de prisión- a cinco exagentes de la DINA por el secuestro y desaparición del militante del MIR, Miguel Ángel Sandoval, en enero de 1975. El caso sentó un precedente: “No se aplicó la Ley de Amnistía porque se siguió la tesis del ‘secuestro permanente’, jurisprudencia avalada por la Corte Suprema en los casos siguientes de detenciones y desapariciones”, explica el investigador de la Universidad Alberto Hurtado.
En 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Chile por no investigar el asesinato, a manos de agentes del cuerpo de Carabineros, del profesor y militante comunista, Luis Alfredo Almonacid; unos años antes, en 1997, el caso fue archivado en la jurisdicción militar basándose en el Decreto Ley de Amnistía de 1978. Otro jalón destacado en el periplo judicial por la Verdad, la Justicia y la Reparación fue la sentencia de la CIDH hecha pública en octubre de 2015, que declaró al Estado chileno responsable por la “violación del derecho a la protección judicial” en el caso de doce exaviadores y un empleado civil que trabajaba para la Fuerza Aérea (“caso Omar Maldonado y otros”); la sentencia reconoció que las víctimas fueron detenidas, torturadas y procesadas en Consejo de Guerra entre 1973 y 1975. En octubre de 2016 la Corte Suprema de Chile anuló las sentencias dictadas durante la dictadura por el Consejo de Guerra de la Fuerza Aérea.
El Tomo 3 del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1996) incluye en la nómina de detenidos y desaparecidos al sacerdote valenciano Antoni Llidó. El religioso, miembro de Cristianos por el Socialismo y militante del MIR, fue visto por última vez en octubre de 1974 en el centro de detención y tortura de Cuatro Álamos (Santiago), administrado por la DINA, de donde se le sacó con destino desconocido. Tenía 38 años. Llidó fue uno de los cinco curas ejecutados o a quienes la dictadura hizo desaparecer, además de Miguel Woodward, André Jarlan, Joan Alsina y Gerardo Poblete. En el acto organizado por la Universitat de València ha participado el periodista e historiador Mario Amorós, autor de los libros “Antoni Llidó, un sacerdote revolucionario” (2007) y “Una huella imborrable: Antoni Llidó, el sacerdote detenido-desaparecido” (2016). En una entrevista de Gema Delgado en Mundo Obrero, Amorós recuerda que en noviembre de 1974 el dictador recibió a dos obispos que presidían un organismo humanitario; estos mostraron a Pinochet una fotografía de Llidó, entre otros detenidos y desaparecidos, a lo que el militar respondió: “ése no es un sacerdote, es un marxista”; y “justifica su tortura y desaparición”, apunta el periodista, quien defendió en 2005 una tesis doctoral sobre “el cura Toño”.

Los primeros atisbos de justicia llegaron en 2008, cuando el juez Jorge Zepeda condenó a cuatro integrantes de la DINA- entre ellos el jefe del organismo de inteligencia, Manuel Contreras- a siete años de prisión por el secuestro y la desaparición del religioso. La sentencia añadía una indemnización para la hermana de la víctima, Josefa Llidó. Sin embargo, dos años después la Corte Suprema rebajó las penas a cinco años y concedió a los condenados el beneficio de la libertad vigilada. Además, el alto tribunal rechazó la demanda de indemnización interpuesta por los familiares. El sacerdote natural de Xàbia (Alicante) colaboró con la Unidad Popular en la campaña de las elecciones presidenciales de 1970 y en los comicios municipales del año siguiente con los socialistas de la ciudad de Quillota (Valparaíso); también fue dirigente local del MIR, “lo que le enemistó con su vicario y obispo, Emilio Tagle, quien apoyó con entusiasmo el golpe militar y la dictadura”, explica Mario Amorós; asimismo destaca las palabras que Llidó escribió a una de sus amistades: “Nunca en la Historia los poderosos se dejaron arrebatar pacíficamente sus privilegios”. Y Chile no resultó una excepción. Tras el bombardeo del Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973, el cura se escondió en casas del Cerro Mayaca (Quillota), Valparaíso y la comuna de Viña del Mar. De vuelta a la capital, se enroló en la Resistencia Popular; pero “1974 fue el año de la gran razzia de la DINA contra el MIR”, recuerda el historiador y periodista. El uno de octubre Antoni Llidó fue detenido en el centro de Santiago…

 

 

 

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