México: “El país de las y los desaparecidos”. Informe de la revista Proceso

Resumen Latinoamericano *, 12 de febrero de 2018

Por Homero Campa

INVESTIGACIÓN BASADA EN DATOS OFICIALES: CON PEÑA NIETO, UN MEXICANO DESAPARECE CADA DOS HORAS

En este sexenio, 13 desaparecidos al día

Nunca como en los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto han desaparecido más mexicanos en el país: 13 cada día. Uno cada hora con 52 minutos. Y 40% de ellos son jóvenes de entre 15 y 29 años… Dos bases de datos –una elaborada por el gobierno de Felipe Calderón, otra por el de Peña Nieto– arrojan cifras y tendencias estremecedoras en torno a los desaparecidos en México. La maestría en periodismo y asuntos públicos del CIDE y Proceso presentan, con los auspicios de la Fundación Omidyar Network, esta amplia investigación sobre el tema, que está en el centro de la agenda nacional y expone la profunda crisis de justicia y derechos humanos que sufre el país.

Familiares de personas desaparecidas protestan en la Ciudad de México. Foto: Eduardo Miranda
Durante los primeros 22 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto desaparecieron o se extraviaron 9 mil 384 personas, lo que equivale a 40% de los 23 mil 272 casos de desaparición oficialmente registrados entre enero de 2007 y octubre de 2014. Es decir, cuatro de cada 10 desapariciones en los últimos siete años ocurrieron durante los dos primeros de la actual administración.

Si entre 2007 y 2012, en el sexenio de Felipe Calderón, desaparecieron seis mexicanos al día; entre 2013 y 2014, en el de Peña Nieto, desaparecieron más del doble: 13 al día. Con Calderón se extraviaba o desaparecía un mexicano cada cuatro horas con cinco minutos; con Peña Nieto ello ocurre cada hora con 52 minutos.

Estas son algunas de las cifras que arroja la base del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) correspondiente al periodo de enero de 2007 a octubre de 2014. Dicha base de datos fue elaborada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) después de “depurar” una previa: la heredada del gobierno de Calderón y en la cual hay 26 mil 569 casos de personas extraviadas o desaparecidas.

Ambas bases de datos –obtenidas por José Merino, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y quien las facilitó para la elaboración de este texto– ofrecen información reveladora sobre un tema que a partir de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, se ha colocado en el centro de la agenda nacional.

El hecho, ocurrido el pasado 26 de septiembre, sacudió a la sociedad mexicana, y entre otras consecuencias ha vuelto a dar visibilidad a la profunda crisis que el país enfrenta en materia de justicia y derechos humanos.

Crecimiento exponencial

Las dos bases de datos muestran que a partir de 2007 hubo un crecimiento sostenido de las desapariciones, que alcanzó un pico en 2011. La del gobierno de Calderón indica que ese año desaparecieron o se extraviaron 7 mil 827 personas; la de Peña Nieto señala 3 mil 312 personas. En el primer caso el crecimiento respecto a 2007 fue de 510%; en el segundo, de 429%.

Ambas coinciden en que hubo un descenso en 2012, pero ese año termina el registro por parte de la administración de Calderón (RNPED 2007-2012), mientras el del gobierno de Peña Nieto (RNPED 2007-2014) continúa dos años más y muestra que hubo un nuevo incremento a partir de 2013; 2014 fue el de más desaparecidos o extraviados de los últimos siete años: 4 mil 936 de enero a octubre.

Paradójicamente este aumento de ­desapariciones contrasta con una baja en homicidios dolosos: Según los datos del SNSP en 2014 hubo 14 mil 413 asesinatos, 27% menos que en 2012, último año del gobierno de Calderón. En otras palabras, en el de Peña Nieto son asesinados menos mexicanos pero desaparecen más.

Las dos bases de datos coinciden en que se han extraviado o desaparecido más hombres que mujeres –60% en el registro del gobierno de Calderón; 71% en el de Peña Nieto– y en que la mayoría son jóvenes: 33% de 15 a 29 años, según el RNPED de Calderón; 39.5%, según el de Peña Nieto.

Un dato que llama la atención de la base de Peña Nieto es que uno de cada 10 desaparecidos (11.3%) es un niño de entre 0 y 4 años.

 

 La búsqueda de los desaparecidos en Nuevo León. Foto: Victor Hugo Valdivia

Entre los jóvenes desaparecidos en el rango de 15 a 29 años sobresale otro dato: el RNPED de Calderón indica que más de la mitad (54%) son muchachos y muchachas de entre 15 y 19 años; en el de Peña Nieto ese dato desciende a 40.6%.

A su vez, la base de datos del gobierno de Calderón muestra que el Distrito Federal es, con mucho, la entidad federativa donde desaparecieron más mexicanos entre 2007 y 2012: 7 mil casos (29%); en cambio, en la del gobierno de Peña Nieto la entidad con más desaparecidos entre 2007 y 2014 es Tamaulipas: 5 mil 293 casos (23%).

El RNPED de Calderón indica que cinco entidades federativas concentraron 64% de los casos registrados como extraviados o desaparecidos en el país: Distrito Federal (29%), Estado de México (11%), Tamaulipas (10.5%), Jalisco (8.5%) y Coahuila (5 %). En el de Peña Nieto, poco más de la mitad de los casos también se concentran en cinco estados: Tamaulipas (23%), Jalisco (9%), Estado de México (7.5%), Coahuila (6%) y Sinaloa (6%).

En ambas bases Guerrero es una de las entidades con menos casos: 257 (1%), según el registro del gobierno de Calderón; 590 (2.5%), según el de Peña Nieto.

Incluso los municipios guerrerenses de Iguala y Cocula registran muy pocos casos: ocho en el RNPED de Calderón; 102 en el de Peña Nieto. Esta última cifra ya incluye a los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero no a decenas de desaparecidos reportados por sus familiares en noviembre pasado, una vez que la Procuraduría General de la República (PGR) abrió un módulo de atención a la ciudadanía en la iglesia de San Gerardo, en Iguala. Con dichos reportes, el número de desaparecidos aumentó a 207 en esos dos municipios.

Con todo, las cifras anteriores son pequeñas en comparación con las de los municipios donde ha habido más desapariciones: las delegaciones Iztapalapa (mil 168 casos) y Gustavo A. Madero (803) en el Distrito Federal; y Matamoros (758 casos), Tamaulipas, de acuerdo con el RNPED de Calderón. O Matamoros (mil 422 casos), Nuevo Laredo (929) y Reynosa (864), Tamaulipas, de acuerdo con el de Peña Nieto.

Sin embargo, si se pondera el número de desaparecidos en función del tamaño de la población (tasa de desaparecidos por cada 100 mil habitantes), los municipios donde más han desaparecido mexicanos son Matamoros (tasa de 154.9 por 100 mil), la delegación Cuauhtémoc (131.6 por 100 mil) y Nuevo Laredo (124.4 por cada 100 mil), según la base de Calderón. En la de Peña Nieto los municipios con más desaparecidos son Matamoros (290.6 por 100 mil), Nuevo Laredo (241.9 por 100 mil) y Reynosa (141.8 por 100 mil), en Tamaulipas.

 Familiares de los normalistas desaparecidos en la Ciudad de México. Foto: Octavio Gómez

Los “otros” de Iguala

Por Homero Campa

Cuando el pasado 26 de septiembre la policía municipal de Iguala, Guerrero, detuvo a los 43 normalistas de Ayotzinapa y los entregó a la organización delictiva Guerreros Unidos, las denuncias sobre desapariciones en este municipio, aunque pocas, no eran nuevas.

Hasta principios de diciembre pasado las autoridades habían registrado la desaparición de 207 personas sólo en el área de Iguala, según comenta al reportero Ileana García, subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR. En algunos de esos casos habrían participado –de manera directa o indirecta– agencias del Estado, por lo que son considerados como “desapariciones forzadas”.

Es la condición de seis personas que fueron secuestradas en el centro nocturno Cherry’s Disco, de Iguala, el 1 de marzo de 2010, cuatro años y medio antes de que ocurriera el secuestro y desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Eran alrededor de las 10:30 de la noche cuando tres vehículos se estacionaron frente al centro nocturno. Sus ocupantes descendieron y entraron al inmueble. Al poco rato salieron con Francis Alejandro García Orozco, de 32 años, el propietario del lugar, y sus empleados Lenin Vladimir Pita Barrera, de 18; Sergio Menes Landa, de 22; Olimpo Hernández Villa, de 34; Andrés Antonio Orduña Vázquez, de 21, y Zósimo Chacón Jiménez, de 22 años de edad.

Dos cámaras de seguridad ubicadas frente al club grabaron la escena. El video –al que tuvo acceso este reportero– muestra imágenes borrosas del operativo, incluso cuando las tres unidades se marcharon. Al otro lado de la calle se observa cuando una camioneta Pick up hace una señal con las luces y el convoy se aleja del lugar.

Laura García Orozco, hermana de Francis, afirma que eran una camioneta Lobo negra, una Nitro color vino y un auto compacto; ninguno llevaba placas ni insignias. La Pick up, dice, pertenecía al Ejército y se encontraba junto a otras tres camionetas militares para apoyar la operación.

Ese día Laura se había citado en el club con su hermano y llegó justo cuando los vehículos del Ejército se alejaban. Alcanzó a identificarlas por los colores y porque en la parte de atrás iban soldados de pie, uniformados y armados.

Los familiares de las víctimas acudieron horas después a las bases militares ubicadas en Iguala y Chilpancingo, así como a los ministerios públicos estatal y federal y a las sedes de las policías municipales y a la federal.

En todos les dijeron que Francis Alejandro y sus empleados no estaban ahí. En la entrada de la 27 zona militar de Iguala un soldado les dijo: “ya no tenemos a los de la disco”. Les llamó la atención porque ninguno había comentado que las personas que buscaban trabajaban en un centro nocturno.

Dos días después –el 3 de marzo de 2010–, el Juzgado Quinto de Distrito del estado de Guerrero otorgó a los familiares un amparo por detención arbitraria en condiciones de incomunicación y pidió al Ejército investigar las denuncias y, en caso de ser ciertas, entregar a los civiles en un plazo de 24 horas. No hubo respuesta.

Los familiares también presentaron denuncias ante el Ministerio Público de Iguala y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Una semana después colocaron carteles en distintos lugares de Iguala con fotografías de las víctimas y el siguiente mensaje: “Ejército, regrésanos a nuestros hijos”. El 22 de marzo de ese año organizaron una marcha contra la inseguridad y para exigir la aparición de sus familiares.

Y empezaron las llamadas telefónicas: “Se están metiendo en cosas peligrosas”; “bájenle de güevos, están haciendo mucho polvo”. Por esas fechas, una Pick up blanca sin placas golpeó varias veces por la parte trasera al auto de uno de los familiares de las víctimas cuando circulaba por la carretera hacia Iguala.

Las amenazas y agresiones intimidaron a varios de los familiares. Algunos incluso desistieron en sus denuncias; otros persistieron en la búsqueda, como los familiares de Francis Alejandro.

Apoyo efímero

Desde el 9 de marzo habían logrado que la CNDH tomara el caso en sus manos y ordenara medidas cautelares a favor de las víctimas. Los dos días posteriores, el 10 y 11, investigadores de ese organismo incluso visitaron las instalaciones militares de Iguala y Chilpancingo, pero no encontraron a los jóvenes desaparecidos.

A pedido de la CNDH, el 12 y el 29 de marzo siguientes la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envío los documentos DH-V-2521 y DH-VI-2946, respectivamente, en los que admite que a las 10:30 de la noche del 1 de marzo de ese año envió a soldados del Tercer Batallón de Fuerzas Especiales a la zona del club nocturno de Iguala debido a que una “denuncia anónima” había advertido de la presencia de “varios sujetos encapuchados y con armas de fuego”, pero que una vez allí los soldados no observaron ninguna actividad ilícita.

El 7 de mayo de 2010 los familiares recibieron un revés: la CNDH dio por concluida su investigación y les aconsejó presentar pruebas a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, pues ya había iniciado una investigación por el delito de “privación de la libertad” apenas unos días antes, el 22 de abril.

El 12 de julio, los familiares presentaron una nueva denuncia contra el Ejército a través de la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía, dependiente de la Oficina de la Presidencia de la República. Como respuesta recibieron dos cartas firmadas por el brigadier general Julio Álvarez Arellano, jefe de la Oficina de Atención Ciudadana de la Oficialía Mayor de la Sedena.

En la primera, fechada el 17 de agosto, les pidió dirigir sus denuncias a la CNDH, que dos meses antes había dado por concluidas sus investigaciones del caso. En la segunda, fechada el día 28 de ese mismo mes, les informó que la Sedena había iniciado una investigación propia, pero les advirtió: hasta el momento “se carece de pruebas para determinar que hubo participación de militares en los hechos”.

Laura García Orozco cuenta que el 24 de octubre de 2012 se realizó un encuentro público en Acapulco en el cual participaron representantes de la sociedad civil y oficiales de la Sedena. Ella cuestionó a los militares por la ausencia de avances en la investigación sobre su hermano Francis Alejandro y sus cinco empleados.

En esa ocasión el general Juan Manuel Rico Gámez, comandante de la 35 Zona Militar, admitió que los soldados habían “revisado” a los muchachos de Cherry’s Disco, pero negó que los hubieran detenido. “Fue una confesión pública: por primera vez un alto mando del Ejército reconoció que esa noche los soldados tuvieron contacto con los muchachos”, señala Laura.

–¿Qué ha pasado desde entonces?

–Nada. Ni por el lado de la justicia militar ni por el lado de la justicia civil. No hay un solo detenido y ni siquiera una persona, civil o militar, que pueda ser señalada como presunta responsable.

Se le pregunta si cree que su hermano pudiera estar entre los restos encontrados en alguna de las 28 fosas clandestinas que las autoridades federales descubrieron en Iguala a partir de que se inició la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos.

“No lo sé –responde–. Y si fuera así, no lo van a reconocer ni nos lo van a entregar”.

–¿Por qué?

–Porque desde el principio hemos señalado que fue el Ejército el que se llevó a Francis Alejandro y a los otros muchachos. Y eso no lo van a aceptar jamás.

 

Perfil del desaparecido

Con base en la frecuencia de los casos es posible esbozar el perfil básico de un ­desaparecido en México. El registro del gobierno de Calderón indica que se trata de un muchacho de entre 15 y 19 años desaparecido en 2011 en la delegación Iztapalapa, Distrito Federal; o bien, de acuerdo con el registro del gobierno de Peña Nieto, un joven igualmente de entre 15 y 19 años que desapareció en Matamoros o en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2014.

Para el primer caso José Francisco Flores Bermúdez es un ejemplo representativo: tenía 18 años cuando desapareció el 1 de julio de 2011 en la colonia Vicente Guerrero, Iztapalapa. Su ficha informativa –que se puede ver en la página de búsqueda del Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes, de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal– lo describe como un joven de complexión delgada, 1.68 metros, tez morena clara, mentón oval, cabello negro, ojos pequeños de color café oscuro.

Cuando desapareció vestía pantalón de mezclilla azul marino, playera de varios colores y tenis blancos con figuras negras. En su fotografía aparece de tres cuartos de perfil con el rostro lampiño y el cabello alborotado. Sostiene con su mano derecha el auricular de un teléfono que pega a la mejilla.

Para la base de datos del gobierno de Peña Nieto, un caso representativo es el de Jorge Jiménez Gómez: de 15 años, desapareció el 4 de abril de 2014 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Su ficha informativa –que se encuentra en la página web del Programa de Apoyo a Familiares de Personas Extraviadas, Sustraídas o Ausentes, dependiente de la PGR–, apunta que mide 1.70, tiene tez morena clara, ojos medianos de color café oscuro y cabello lacio castaño oscuro. Apunta una seña particular: tiene un tatuaje en uno de sus tobillos. Su fotografía lo muestra de frente. Una tristeza vaga se refleja en su mirada y su semblante. Sobre el labio superior aflora un incipiente bigote.

También es representativo el caso de Eduardo Escudero Flores, de 18 años, quien desapareció el pasado 13 de junio en Matamoros, Tamaulipas. Es pescador y se dirigía a su casa después de ayudar a descargar una lancha con mariscos. Iba en una camioneta junto con Cuauhtémoc Rodríguez Aguilar y Julio César Martínez Loredo. Este último, de 22 años, es ciudadano estadunidense y capitán de un buque pesquero.

De acuerdo con familiares de los pescadores, los jóvenes fueron detenidos por miembros de la Marina cuando circulaban por la carretera playa Costa Azul, a la altura del kilómetro 16, frente a un ejido llamado El Refugio.

Juana Flores Pérez, madre de Eduardo, acudió a la zona naval de Matamoros junto con familiares de los otros dos pescadores. Los oficiales les negaron que estuvieran ahí, a pesar de que frente a las instalaciones estaba la camioneta en la cual viajaban los jóvenes.

El pasado 3 de julio ella y una veintena de familiares y amigos de los pescadores se presentaron a la entrada del hotel Holiday Inn donde el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezaba la tercera reunión del Gabinete de Seguridad Nacional.

En las fotos que publicó la prensa local se les ve gritando hacia la entrada del hotel, mostrando cartulinas con letreros elocuentes: “Marinos, regrésenme a mi hijo”; “Quiero a mi hijo. Lo tienen los marinos”. Pero ni Osorio Chong ni el gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, los recibieron.

Familiares de pescadores en Matamoros. “Fueron los marinos”. Foto: Matamorosdice.com

Tragedias detrás de las cifras

Y es que detrás de los números hay historias trágicas de familias que esperan a los seres queridos que no han regresado a sus hogares: el padre que salió de la oficina, la madre que venía del supermercado, la hija o el hijo que iba camino de la escuela.

A las 18:30 horas del 10 de octubre de 2010 Christopher Ortiz Jiménez –de 33 años, exlocutor de programas musicales de radio, promotor de música metalera y administrador del bar TQM, en la colonia Del Valle de la Ciudad de México– salió del hotel Sierra Nevada, en Tlalnepantla, Estado de México. Había estado ahí con su novia Nashla y le prometió regresar por ella tres horas después. Le dijo que tenía una cita en la calle Madero, en el Centro, que se iba a encontrar con una persona llamada Enrique Salazar.

Viajaba en su BMW-325I azul, modelo 2009. A las 19:30 horas circulaba por el Periférico cuando llamó por su celular a sus abuelos maternos. Lo escucharon contento. Les dio la noticia de que Nashla estaba embarazada y planeaba casarse con ella. Casi una hora después –a las 20:30 horas– recibió una llamada de siete minutos de Héctor Daniel Díaz Bonilla, gerente del TQM. Pero Christopher no llegó a su cita en el Centro ni regresó después por Nashla… simplemente desapareció.

 

Christopher Ortíz Jiménez, de 33 años. Foto: Especial

Su madre, Georgette Jiménez –quien cuenta la historia al reportero–, ha presentado tres denuncias por la desaparición de su hijo: una ante la Procuraduría de Justicia del Estado de México, otra ante la del Distrito Federal y una más ante la PGR. Cuatro años después ninguna ha prosperado y la investigación sobre lo que le pasó a su hijo “ha quedado empantanada”, dice. Incluso, Georgette puso a disposición de ministerios públicos y policías investigadores las sábanas de las llamadas del celular de Christopher, que ella consiguió por sus propios medios.

“No utilizaron esa sábana para rastrear el historial de llamadas de su celular, no localizaron su aparato telefónico cuya línea siguió registrando actividad hasta abril de 2013, no investigaron a Salazar, la persona con la que se iba a encontrar, ni a Díaz Bonilla, el gerente del bar; no solicitaron los videos de las cámaras de vigilancia que hay en Periférico… ¡No han hecho nada!”, se queja, desesperada.

En la base de datos “depurada” del RNPED 2007-2014 están registrados como desaparecidos Jocelyn Mabel Ibarra Buenrostro y su hermano David Joab. En la página web del Programa de Apoyo a Familiares de Personas Extraviadas, Sustraídas o Ausentes, adscrito a la PGR, aparecen sus fotografías y sus fichas informativas.

La foto de Mabel muestra su rostro de tres cuartos. Viste una blusa a rayas negras con blanco. De su oreja derecha pende un largo arete. Una diadema le recoge el pelo oscuro y lacio. Sus ojos desafían al lente de la cámara.

Su ficha informa: “Expediente 1000/EXT/2011. Sexo: femenino. Edad: 31 años, 4 meses 17 días. Estatura: 164 M. Tez: morena clara. Ojos: café oscuro. Tipo de ojos: ­medianos. Cabello: lacio. Fecha de nacimiento: 14/07/1983 (…) Lugar y fecha de extravío: municipio de Cadereyta, Nuevo León, el 15 de noviembre de 2010”.

La foto de su hermano lo exhibe de frente. De hombros anchos y cuello grueso, viste una camisa negra. Su rostro muestra un bigote y una barba rala de candado. Su mirada es ausente, como si no tuviera conciencia de que lo enfoca una cámara.

Su ficha informa que tiene poco más de 30 años, que mide 1.70, que es de tez blanca, de ojos medianos color café oscuro, que su cabello es castaño oscuro y ondulado, que tiene como señas ­particulares una cicatriz en la ceja izquierda y que utiliza brackets. Informa también que se “extravió” en el mismo municipio que su hermana –en Cadereyta–, sólo que escasos tres días después: el 18 de noviembre de 2010.

La desaparición de los hermanos ­Ibarra fue retomada por la organización Human Rights Watch (HRW) en su informe Los desaparecidos en México (publicado en febrero de 2013) como un caso típico de negligencia por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia.

De acuerdo con HRW el 13 de noviembre de 2010 un grupo de hombres armados secuestró a David Ibarra Ovalle, de 56 años, propietario de una empresa de transporte, y a su esposa, Virginia Buenrostro, de 52 años, en la finca que ambos poseían en Cadereyta.

Dos días después –15 de noviembre de ese año– los secuestradores metieron en un vehículo a la pareja para trasladarla a una casa de seguridad. En el camino se cruzaron con un convoy del Ejército. Uno de los militares les marcó el alto. Se inició una balacera. Dos de los captores ­murieron y el resto escapó. Dejaron a la pareja en la parte de atrás del vehículo, vendados y esposados.

En lugar de liberarlos, los soldados los mantuvieron en el vehículo durante las casi cinco horas que duró el “aseguramiento” del lugar. La pareja rogó a los militares que los liberara o que ­enviaran soldados a su finca debido a que ahí se encontraban otros miembros de la banda de secuestradores. Temían que sus hijos –con los que no se habían comunicado durante los dos días que había durado su secuestro– fueran a buscarlos a la finca. “Sin embargo, los soldados les dijeron que no podían ir a la finca en Cadereyta sin órdenes y, en cambio, los trasladaron hasta el Ministerio Público.

Cuando llegaron ahí esa noche, Ibarra y Buenrostro volvieron a explicar que eran víctimas y rogaron a los agentes de la PGR que enviaran policías a su vivienda. Estos funcionarios se negaron y ni siquiera les permitieron llamar por teléfono a sus hijos. En lugar de eso, los agentes del Ministerio Público les tomaron declaración y los llevaron a una celda común con presuntos delincuentes”, señala el informe de HRW.

La pareja permaneció encerrada hasta las 13:00 horas del día siguiente. “Estábamos completamente desesperados, pero no nos escuchaban”, contó Ibarra a HRW.

Tal como los esposos temían, mientras el Ministerio Público los mantenía incomunicados en la PGR, su hija, Jocelyn Mabel, de 27 años, de profesión maestra; el novio de ésta, José Ángel Mejía Martínez, de 27 años y estudiante de medicina; y Juan Manuel Salas Moreno, de 40 años, empleado de la compañía de transporte de Ibarra, fueron a buscarlos a la finca. Los tres fueron secuestrados por integrantes del mismo grupo de captores que había secuestrado a Ibarra y Buenrostro.

Luego los secuestradores llamaron por teléfono a Ibarra y a su esposa. Les ­exigieron dinero a cambio de liberar a las tres nuevas víctimas. David Joab, el otro hijo de Ibarra, de 26 años, propuso ser él ­quien llevara el dinero del rescate en lugar de su padre. La operación se llevó a cabo tres días después. Cuando David Joab fue a entregar el dinero del rescate, también fue secuestrado. Desde entonces las cuatro víctimas se encuentran desaparecidas.

La familia de David Joab y Jocelyn Mabel en Nuevo León. Foto: Fidel Aguilar

Cifras inciertas

Las dos bases de datos citadas anteriormente no precisan cuántos de los casos que registran son extraviados y cuántos son desaparecidos.

Mucho menos desagregan los datos en función de si a una persona no se le localiza debido a una ausencia voluntaria (por problemas domésticos o por migración dentro o fuera del país, por ejemplo) o involuntaria: accidentes o catástrofes naturales que provoquen su hospitalización o muerte; su reclusión en algún centro psiquiátrico o penitenciario; o privación ilegal de su libertad por secuestro y su eventual muerte por parte del crimen organizado o por parte de agentes del Estado (esta última tipificada como “desaparición forzada”).

El artículo tercero de la Ley del RNPED –que el Congreso aprobó en marzo de 2012–, sólo hace una distinción entre persona extraviada y persona desaparecida.

A la primera la define como “la persona que por circunstancias ajenas a su voluntad desconoce o no recuerda sus datos de filiación, identidad y domicilio”, y a la segunda, como “toda persona que, con base en información fidedigna de familiares, personas cercanas o vinculadas a ella, la hayan dado por desaparecida de conformidad con el derecho interno, lo cual puede estar relacionado con un conflicto armado internacional o no internacional, una situación de violencia o disturbios de carácter interno, una catástrofe natural o cualquier situación que pudiera requerir la intervención de una autoridad pública competente”.

“Si la base del RNPED no puede diferenciar los casos de extraviados con respecto a los de desaparición involuntaria y sobre todo los de desaparición forzada, entonces no se puede hacer un diagnóstico sobre dónde están los principales focos del fenómeno y los patrones que éste sigue y, por tanto, no se podrán implementar de manera adecuada políticas públicas para prevenir casos ni se podrá investigar y buscar a los desaparecidos ni juzgar a los responsables”, afirma en entrevista Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

La persistente búsqueda de los desaparecidos. Foto: Miguel Dimayuga

En el sistema de búsqueda electrónica del RNPED, disponible en el portal del Secretariado Ejecutivo del SNSP, el reportero no encontró los registros de 23 casos que involucran a 73 personas, las cuales –han denunciado sus familiares– están desaparecidas después de que fueron secuestradas por miembros de organizaciones criminales o detenidas por policías locales o federales, o por efectivos del Ejército o la Marina.

Así, por ejemplo, no aparece el caso de los hermanos Trujillo Herrera, de Pajacuarán, Michoacán, dedicados a la compra y venta de pedacería de oro y plata. Su madre, María Herrera, de 65 años, sufre la tragedia de tener desaparecidos a cuatro de sus ocho hijos. Dos de ellos –Jesús Salvador, de 24 años, y Raúl, de 19– fueron secuestrados el 28 de agosto de 2008 en Guerrero. El 22 de septiembre de 2010 otros dos –Luis Armando, de 25 años, y Gustavo, de 28– fueron secuestrados en Veracruz, junto con dos familiares más: el esposo de una nieta y un sobrino.

Tampoco aparecen los nombres de ocho hombres originarios de León, Guanajuato, quienes el 4 de diciembre de 2010 viajaban en una camioneta rumbo a la sierra de Zacatecas para practicar la caza deportiva cuando, a la altura del racho El Plateado, municipio de Joaquín Amaro, Zacatecas, fueron detenidos por policías municipales.

Éstos los entregaron unas horas más tarde “a miembros de un grupo de la delincuencia organizada, quienes vestían de negro, con pasamontañas y armas largas”, asienta la recomendación 42/2014 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el pasado 24 de septiembre.

Incluso no están registrados los nombres de Nitza Paola Alvarado Espinoza, de 31 años; José Ángel Alvarado Herrera, de 30, y Rocío Alvarado Reyes, de 18, detenidos el 29 de diciembre de 2009 en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, por soldados del 35 Batallón de Infantería al mando del coronel Elfego Luján Ruiz.

Este caso –considerado por diversas organizaciones civiles como “emblemático de desaparición forzada”– llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual tomó muy en serio la responsabilidad de los militares en la desaparición de estos tres jóvenes.

Más aún, en tres ocasiones –mayo y noviembre de 2010 y junio de 2011– el organismo internacional exigió al entonces gobierno de Felipe Calderón la presentación de los desaparecidos y la aplicación de medidas de protección a favor de 37 personas, entre ellos familiares, abogados y activistas de derechos humanos. De hecho, en un contexto de creciente presión internacional, el 9 de febrero de 2012 la Procuraduría de Justicia Militar delegó el caso a la PGR.

Familiares de personas desaparecidas protestan en Nuevo León. Foto: Víctor Hugo Valdivia

El más reciente informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas (4 de agosto de 2014) consigna la cifra de 359 casos de este tipo en el país.

“Se trata sólo de los casos recibidos por el Grupo de Trabajo. De ninguna manera refleja el número real, que en todos los países siempre es mucho mayor”, aclara Dulitzky.

En el citado informe Los desaparecidos en México, HRW documentó 250 casos de desapariciones involuntarias entre 2006 y 2012. “En más de 140 de esos casos, las evidencias sugieren que se trató de desapariciones forzadas; es decir, participaron en ellas actores estatales en forma directa, o bien mediante su colaboración o aquiescencia”, apunta el informe de HRW.

No obstante, las cifras oficiales sobre desapariciones forzadas son ínfimas en comparación con los 23 mil casos de personas extraviadas o desaparecidas registradas en el RNPED de la actual administración: apenas 105 casos en los que la PGR inició averiguaciones previas por ese delito entre 2006 y 2012, según el oficio SJAI/DGA/06812/2014 que esa dependencia emitió el pasado 22 de julio en respuesta a la solicitud de información sobre este tema que un particular presentó mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Historias trágicas por doquier. Foto: Octavio Gómez

“Los registros oficiales no reflejan lo que está ocurriendo en la realidad”, dice Dulitzky.

De hecho, afirma, el RNPED “encubre y diluye la responsabilidad del Estado en las desapariciones forzadas porque mete a éstas en otras categorías en las que no existe responsabilidad estatal por ­desapariciones”.

Además, “puede provocar una revictimización del desaparecido y de sus familiares”, pues permite a las autoridades ofrecer respuestas como las siguientes: “la muchacha se debió ir con su novio”, “el joven pudo cruzar la frontera” o “tales personas se incorporaron a un cártel del narcotráfico”.

“Esas respuestas –que justifican la negativa a dar información por parte de las autoridades– estigmatizan al desaparecido forzado y ello ocurre, entre otras razones, por ponerlo en una misma base de datos junto con extraviados y desaparecidos por el crimen organizado”, sostiene.

–¿Cuáles son las dificultades técnicas o legales para tener en México un registro confiable de desapariciones forzadas?

El experto de la ONU enumera:

Primero, si bien ese delito está tipificado en el Código Penal Federal, no incluye todos los requisitos que marca el derecho internacional.

Segundo, en la mitad de las entidades federativas no está tipificado el delito de desaparición forzada y muchas averiguaciones previas lo consignan como secuestro, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, ejercicio indebido de la función pública, obstrucción de la justicia u otros.

Tercero, en los estados donde el delito sí está tipificado, las autoridades se rehúsan a consignarlo como “potencial desaparición forzada” en los expedientes judiciales.

Cuarto: las instancias que pueden registrar casos de desaparición forzada –la PGR, procuradurías estatales, las comisiones de derechos humanos– no comparten sus datos ni los cruzan con morgues, servicios forenses y cementerios que registran restos sin identificar.

“Por tanto, todas estas bases de datos no están coordinadas ni entrecruzadas, lo cual dificulta que se pueda obtener un número exacto de desapariciones en general y de desapariciones forzadas en particular”, indica.

Existe un factor adicional: el miedo.

“Muchas personas temen denunciar a miembros del Ejército, de la Marina o de alguna institución policiaca. Es un miedo fundado: Saben que no existe un sistema efectivo que los proteja ante eventuales represalias. Eso provoca que muchos casos de desaparición forzada perpetrados por miembros del Ejército o la Marina no se denuncien y, por tanto, queden sin registro.”

Reclamos al Ejército en Petaquillas, Guerrero. Foto: Miguel Dimayuga

 

El recurso de la imaginación

“¿Cómo se busca a un desaparecido?”

Baltazar Samayoa recibe la pregunta con una leve sonrisa. Da una mordida a su torta de pierna mientras se acomoda en el sillón de su oficina. Comenta que no había podido probar bocado desde la mañana y ya casi oscurece. Dice que las necesidades de su cargo se lo habían impedido: es el titular de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UEBPD) de la PGR y este día –18 de noviembre de 2014– su personal tiene que hacer el “levantamiento” de nuevas fosas clandestinas encontradas en las cercanías de Iguala, Guerrero.

Abogado de profesión, Samayoa está al frente de esta unidad desde que fue creada, el 26 de mayo de 2013, una semana después de que siete madres y un padre de desaparecidos concluyeran una huelga de hambre frente al edificio principal de la PGR, en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, tras arrancarle al gobierno federal la promesa de que se crearía esa instancia especializada.

Al momento de la entrevista con Samayoa, el personal de la UEBPD ascendía a 176 funcionarios, entre ellos 31 agentes del Ministerio Público y 40 miembros de la Policía Federal Ministerial. Un grupo pequeño para hacer frente a la búsqueda de 23 mil extraviados o desaparecidos en el país registrados en el RNPED. De hecho, la unidad sólo tenía asignados 400 expedientes correspondientes a 562 personas desaparecidas, la mayoría de sexenios anteriores, de las cuales había encontrado a 97, 67 de ellas con vida y 30 muertas.

Por si fuera poco, la Cámara de ­Diputados había disminuido el presupuesto destinado a los gastos operativos de la unidad: de 64 millones de pesos en 2013 a 52 millones en 2014.

–¿Cómo se busca a un desaparecido?

–Con imaginación –responde.

Y señala lo que un investigador debe conocer de la víctima: su vida privada y sus antecedentes, el medio social en el que se desenvuelve, las circunstancias en las que fue visto por última vez, las últimas llamadas o mensajes que recibió, el contexto social y político de la desaparición…

–¿El ADN?

–Eso sólo es una parte y no para las etapas iniciales, porque comienzas una búsqueda pensando que la persona está viva, no muerta.

Samayoa precisa algunas acciones básicas que deben emprenderse en una investigación de este tipo: visitar el lugar de los hechos para recoger pruebas, entrevistar a familiares de las víctimas, testigos, amigos y compañeros de trabajo que puedan aportar información relevante, así como a posibles implicados bajo la lógica de quién tendría motivos hacerle daño a la persona desaparecida, localizar el teléfono celular, las señales de radio y cuentas bancarias de las víctimas, que muchas veces siguen teniendo actividad después de su secuestro y permiten establecer coordenadas de geolocalización…

“A veces un tatuaje, una prenda de vestir, el consumo de tabaco u otros hábitos se vuelven fundamentales para saber dónde buscar”, comenta. “Si se perdió en una línea de autobús hay que preguntarse qué organización o persona domina ese tramo carretero; si la persona tiene antecedentes penales su expediente es clave para hablar con personas y acudir a lugares específicos, pues el hecho de que un ciudadano desaparecido esté vinculado con la delincuencia no releva de la obligación de buscarlo”.

Considera particularmente importantes las entrevistas con los sospechosos de secuestro, asesinato o desaparición. “Tienes que ir con una batería de preguntas falsas y ciertas para ver cómo reaccionan. Les haces ver que lo que digan no es parte de una declaración ministerial, pues no somos la SEIDO, cuya responsabilidad es buscar a los autores de un crimen, sino una instancia que busca personas desaparecidas y que únicamente está interesada en saber dónde está la víctima o sus restos”, explica.

–¿Cómo convence a los sospechosos?

–La unidad puede pedir un cambio de prisión. Claro, no está garantizada, pero la posibilidad existe. Tú puedes jugar con eso. Le dices: “Te cambio de cárcel”, ya sea para premiarlo o castigarlo. Si es zeta no le va a convenir que lo lleve a una prisión dominada por el Cártel de Sinaloa; o lo puedo cambiar a una cárcel que le permita estar más cerca de sus familiares, siempre y cuando te ayude a saber el paradero de una persona o de su cuerpo.

Samayoa incluso sugiere reformar el Código Penal para introducir la reducción de penas por secuestro o desaparición forzada a cambio de que un acusado proporcione información sobre el paradero de un desaparecido.

“La ley establece una pena de nueve a 40 años de prisión por este tipo de delitos. Sería ideal contar con una fórmula legal que permita reducir dicha pena, ya sea durante el proceso o incluso durante la sentencia, a cambio de que el acusado proporcione información que ayude a localizar a una víctima con o sin vida”, sostiene.

Se le pregunta por qué la unidad sólo tiene asignados 400 expedientes, si los ­desaparecidos en el país son más de 23 mil.

“Porque a la unidad –explica– no le corresponde la investigación directa de todos los casos. La idea es que las procuradurías estatales, las delegaciones de la PGR y la SEIDO trabajen en la investigación de los casos y que esta unidad coordine y/o coadyuve para que cada instancia asuma su responsabilidad.”

Cruzando datos

Por su parte, la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eliana García Laguna, coincide: “Por supuesto que la UEBPD no puede hacerse cargo de todos los casos de desaparecidos. No es su objetivo. Puede llevar casos, pero sobre todo puede coadyuvar con las procuradurías estatales. Ya lo hace con las de Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León…”.

–¿Y Guerrero?

–Ahí no. En Guerrero la unidad trabaja solita debido a la desconfianza de la población hacia las autoridades municipales y estatales.

En una pared de la oficina de la subprocuradora donde se realiza la entrevista cuelgan dos carteles con los rostros de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. En uno de ellos se ofrecen recompensas por información para dar con su paradero: 1 millón y medio de pesos por cada joven.

Desde que en 2011 se aprobó este incentivo, se han ofrecido en 60 casos “pero no han dado el resultado esperado”, reconoce García Laguna. “No ha habido un solo caso en que la información lleve directamente al paradero de la persona desaparecida. Ha sucedido que aportan datos parciales y eso te acerca a pistas que vas siguiendo”, agrega.

La funcionaria dice que la SEIDO está a cargo de buscar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, mientras que la UEBPD se afana en localizar a los otros 207 desaparecidos de Iguala. Afirma que la unidad trabaja con los familiares en el levantamiento de denuncias y en la toma de muestras de ADN.

“Nos reunimos con las familias en la iglesia de San Gerardo, en Iguala. Ya llevamos más de 30 familiares a los que se les han tomado muestras de ADN”. Tales muestras, explica, se confrontarán con el ADN de los restos encontrados en 28 fosas clandestinas localizadas hasta principios de diciembre pasado.

–¿El gobierno federal cuenta con una base de datos genéticos?

–Sí, la tenemos. Es una base de perfiles genéticos. Tiene 18 mil 800 registros. El problema es que se requiere pasarlos por un filtro para desagregarlos por categoría porque ahí se encuentran revueltos los ADN de familiares de desaparecidos, de restos sin identificar y de personas detenidas que son consideradas como delincuentes peligrosos, cuyos datos genéticos es necesario tener.

Se le expone a García Laguna el argumento de Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU: si existe una base de datos de personas desaparecidas que incluya perfiles genéticos y ésta se cruza con una base de datos de restos no identificados –que la CNDH estima en 15 mil de 2006 a 2013– se resolvería más de la mitad de los casos de desaparecidos en el país.

“Los datos que ofrece Dulitzky me parecen arbitrarios, pero tiene razón en la sustancia: si logramos tener una base de datos de información ante mortem, no sólo genética, y la cruzamos con información post mortem, lograríamos tener una gran cantidad de coincidencias que nos permitiría decirle a muchas familias que encontramos a uno de los suyos y que lamentablemente éste murió”, reconoce.

Pero afirma que ya cuentan con dicho programa. Es un software donado por el Comité Internacional de la Cruz Roja que se llama Ante Mortem/Post Mortem o AM/PM. Su funcionamiento es simple en apariencia: dos bases de datos en un mismo programa. Por un lado, la base de datos de personas desaparecidas o Ante Mortem debe incluir información relevante sobre las víctimas: características físicas, cicatrices, tatuajes, hábitos, tipo de sangre, características odontológicas, muestras de ADN de familiares y circunstancias de la desaparición, entre otros datos.

Los criterios para recabar dicha información deben ser los mismos para todos: agentes del MP, procuradurías, comisiones de derechos humanos, hospitales y otras instituciones pertinentes, las cuales tendrán acceso a dicha base para buscar casos o para agregar nuevos. La base de datos debe alimentar formatos estandarizados y de fácil uso. La idea es que esta base permita encontrar al desaparecido con vida, por ejemplo en hospitales, cárceles, terminales de transporte o puestos fronterizos…

Si esto no ocurre, entonces se podrá buscar al desaparecido en la base de datos de restos sin identificar o Post Mortem, la cual debe tener los mismos campos de información que la Ante Mortem para que puedan cruzarse los datos.

“Así –comenta García Laguna–, la búsqueda de coincidencias en ambas bases de datos, que de manera manual puede tardar semanas o meses, se lleva a cabo en segundos. ¡Una maravilla! Si las coincidencias te arrojan cinco casos, te vas sobre ellos para identificar al desaparecido.”

No obstante reconoce que, “desafortunadamente, la aplicación del AM/PM es incipiente”. Cuentan con dicho sistema la UEBPD y unas cuantas entidades federativas, incluido el Distrito Federal. Afirma que pronto se extenderá a una red de 160 funcionarios de justicia de la PGR y de procuradurías estatales.

–¿Para cuándo se generalizará?

–Si bien nos va, para finales de 2015, pero por el momento, repito, su aplicación es incipiente.

EL PAÍS DE LOS DESAPARECIDOS

CARLOS BRAVO REGIDOR, PROFESOR ASOCIADO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS (CIDE), FUE RESPONSABLE DE LA EDICIÓN DEL REPORTAJE, EN EL CUAL ADEMÁS COLABORARON DAVID ALEJANDRO MARTELL, ANALISTA DE DATOS DEL ITAM, Y WWW.HELICE.COM.MX, DESPACHO DE DISEÑO GRÁFICO.

* Fuente: proceso.com.mx

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