El CNA de Mandela destituye a Zuma como presidente de Sudáfrica / Se lo acusa de 800 casos de corrupción

 

 

Resumen Latinoamericano,13 febrero, 2018

 

Sudáfrica contiene el aliento. Tras trece horas de reunión a puerta cerrada, el histórico Congreso Nacional Africano (CNA) ofrece un plazo de dos días al hasta ahora presidente de Sudáfrica para que renuncie y ponga fin a su segundo mandato plagado de escándalos. Un nuevo golpe contra Jacob Zuma, acosado por 800 casos de corrupción y la mala gestión económica, y presionado por su propio partido desde que Cyril Ramaphosa fuera votado como líder del grupo en diciembre.

El objetivo es que Ramaphosa, de 65 años, asuma el cargo de presidente un año antes de las elecciones de 2019, para poder convencer a los votantes de su compromiso a reconstruir la castigada economía del país y luchar contra la corrupción que ha caracterizado la era Zuma.

El comité ejecutivo del partido tiene autoridad para ordenar a Zuma que renuncie como jefe de estado, aunque según la prensa local hay muchas probabilidades de que se niegue a hacerlo. En ese caso, el partido podría pedir a los legisladores que utilicen su mayoría en el Parlamento para votar su destitución despejando así el camino a Ramaphosa.

Por el momento, el optimismo se traslada al mercado y la divisa sudafricana, el rand, se fortalece frente al dólar. El que podría convertirse pronto en presidente del país es abogado y uno de los hombres más ricos de Sudáfrica, por lo que se espera que adopte políticas más favorables a las empresas.

Los partidos de la oposición también quieren que la Asamblea Nacional debata una moción de confianza sobre Zuma esta misma semana y disolver posteriormente el Parlamento para celebrar elecciones anticipadas.

Zuma, de 75 años, asumió el cargo en mayo del año 2009 y siempre ha negado cualquier incriminación contra él. Bajo su mandato la economía apenas ha crecido un 1,6% anual; pero más allá de los posibles motivos económicos, las acusaciones de favorecer a miembros de su familia, influir en los nombramientos del gabinete o la adjudicación de contratos estatales han sacudido la confianza de inversores y compañías.

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