El proyecto para instalar un enorme depósito de residuos de la actividad petrolera provocó una crisis en el norte de la Patagonia argentina y volvió a poner en primer plano en el país el debate sobre el impacto ambiental de las industrias extractivas.

La ciudad de Catriel, en la provincia de Río Negro y a unos 1.000 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires, era un reducido poblado hasta que en 1959 se descubrió allí un yacimiento petrolero. Desde entonces experimentó un gran crecimiento demográfico, con inmigración de todo el país, y hoy su población ronda los 30.000 habitantes.

El conflicto comenzó en 2016, cuando el municipio anunció la intención de instalar un “depósito de residuos especiales”, sobre una superficie de 300 hectáreas, para dar destino final a los restos inservibles de la actividad petrolera en el área.

“Queda prohibida la radicación o instalación de centrales nucleares, reservorios, basureros, repositorio de disposición final o transitoria de material contaminado proveniente de la industria petrolera, nuclear, química o de cualquier actividad contaminante”: Carta Orgánica de Catriel.

Esto generó división social y resistencias que culminaron en noviembre pasado, cuando los opositores al proyecto lograron una modificación a la Carta Orgánica Municipal (la norma suprema a nivel local), que declaró a Catriel “zona protegida” y prohibió ese tipo de instalaciones, consideradas contaminantes.

El intendente (alcalde) calificó entonces de “bochornosa” la actuación de quienes reformaron la Carta Orgánica -elegidos en una votación popular especial en abril – y pidió a la justicia que retrotraiga la situación al estado anterior, con el argumento de que quienes redactaron el nuevo texto se excedieron en sus atribuciones.

Se está a la espera ahora la decisión judicial.

“En todo momento nos fue prácticamente imposible acceder a información. Cuando fuimos a preguntar, el municipio nos dio un documento que tenía un mapa de donde se quiere ubicar la planta y prácticamente nada más”, dijo Natalia Castillo, una empleada administrativa que integra la Asamblea Socio Ambiental de Catriel.

“Estamos muy preocupados por el impacto que puede tener la planta y estamos intentando concientizar a la gente. El problema es que muchos acá trabajan en la industria petrolera y prefieren no meterse con este tema”, afirmó a IPS la participante en la asamblea de corte vecinal surgida para luchar contra el proyecto.

El intendente Carlos Johnston ratificó su posición a IPS: “Tenemos pasivos ambientales desde1959. Es nuestra obligación, como Estado, tratarlos. Mucho peor sería no hacerlo”.

“La autorización ambiental corrió por cuenta de las autoridades provinciales. Puede ser que nos haya faltado hasta ahora dar una mayor información a la sociedad. Pero valoramos el trabajo de las organizaciones ambientales y estamos dispuestos a dialogar porque este proyecto es necesario”, agregó.

Johnston aseguró que los residuos que se aceptarán en la planta serán los de Catriel y otros municipios de la provincia de Río Negro.

Sin embargo, organizaciones ambientalistas sospechan, debido al gran tamaño que se proyecta para el depósito, que este podría recibir residuos de la actividad petrolera de toda la zona y no solo del municipio.

Sucede que Catriel está ubicado en la llamada Cuenca Neuquina, la principal área hidrocarburífera del país, y es muy cercano a Vaca Muerta, el depósito de petróleo y gas no convencional en la colindante provincia de Neuquén, con el cual Argentina sueña con convertirse en una potencia en materia de combustibles fósiles.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos estimó las reservas recuperables en los 30.000 kilómetros cuadrados de Vaca Muerta en nada menos que 27.000 millones de barriles de petróleo y 802 billones de pies cúbicos de gas.

El gobierno argentino también pone en ese yacimiento sus esperanzas para recuperar su producción hidrocarburífera, que es declinante desde hace 20 años y obliga al país a importar el déficit de combustibles.

“El problema es que el ‘fracking (fractura hidráulica)’, que se utiliza para extraer los hidrocarburos no convencionales, genera residuos a una escala muy superior que la explotación convencional”, afirmó Martín Álvarez, investigador del no gubernamental e interdisciplinario Observatorio Petrolero Sur (OPSur).

Detalló que con la tecnología que perfora rocas a grandes profundidades mediante grandes inyecciones de agua y aditivos, “no solo vuelven a la superficie las sustancias químicas utilizadas para realizar la perforación y la fractura hidráulica, sino también materiales radiactivos de origen natural que están en el subsuelo”.

“Hay una saturación de residuos petroleros en la Cuenca Neuquina a partir del fracking, que es una técnica sucia. Entonces surgió este nuevo negocio, el acopio de residuos, que tiene un impacto ambiental enorme porque los contaminantes pueden filtrarse en las aguas subterráneas”, agregó el experto.

Junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace Argentina, que son dos de las organizaciones ambientalistas más influyentes del país, el OPSur realizó un pedido de acceso a la información a distintos organismos provinciales de Río Negro.

Además, emitió un documento crítico, en el que llamó la atención sobre las dimensiones del proyecto. Con sus 300 hectáreas dijo que superaría en casi 10 veces a la que es actualmente la mayor planta sudamericana de este tipo, que tiene 34 hectáreas.

El documento se refiere a Comarsa, un depósito de residuos petroleros que está a solo 135 kilómetros de Catriel, ya en Neuquén y cerca de su capital. La instalación es cuestionada desde hace años por los vecinos, lo que obligó a las autoridades locales a prometer su cierre definitivo para noviembre pasado, aunque ello no se concretó aún.

Las organizaciones ambientales consideraron además que, durante la audiencia pública en la que se discutió el proyecto, el 31 de marzo de 2017, muchas preguntas y objeciones de los participantes no fueron respondidas.

También cuestionaron la aprobación de la evaluación de impacto ambiental que realizó la Secretaría de Ambiente de Río Negro, “a pesar del rechazo de distintos sectores de la comunidad catrielense”.

En el medio de este conflicto, Catriel debió reformar su Carta Orgánica, una labor establecida para realizarse cada 25 años.

Con el tema la planta en el centro del debate, el local partido gobernante, Juntos Somos Río Negro, ganó las elecciones con 35 por ciento de los votos y obtuvo seis bancas en la comisión reformadora. Pero las otras nueve bancas fueron para distintos partidos de la oposición, que unieron sus fuerzas contra los residuos contaminantes.

“Queda prohibida la radicación o instalación de centrales nucleares, reservorios, basureros, repositorio de disposición final o transitoria de material contaminado proveniente de la industria petrolera, nuclear, química o de cualquier actividad contaminante”, dice el artículo 94 de la nueva norma, que entró en vigencia el 1 de enero.

Pero el intendente asegura que debe ser revisada porque “es inviable”.

Johnston rechazó además la posibilidad de convocar a un referéndum acerca de la autorización para instalar la planta, como le pidió la Asamblea Socio Ambiental de Catriel.

Esa instancia se preguntó en un comunicado: “¿Qué va a pasar cuando las patologías de visibilicen en las personas que habitamos Catriel, debido a la contaminación ambiental del basurero petrolero?”

Un dato que no pasa inadvertido es que la empresa que instalaría la planta de tratamiento es Crexell Soluciones Ambientales, con fuertes vinculaciones políticas al punto que su presidente, Nicolás Crexell, es hermano de una senadora nacional por Neuquén y sobrino de quien gobernó esa provincia hasta 2015.

Editado por Estrella Gutiérrez

Todos hemos contemplado alguna vez cómo aparatos que deberían tener todavía un buen funcionamiento se estropean sin motivo aparente. No los hemos maltratado ni dado un mal uso. Tampoco los hemos lanzado al vacío desde una altura considerable ni los hemos dejado en manos de los más pequeños de la casa para que les encuentren nuevas funciones. Lo dicho, sin motivo aparente. No pasa nada, las cosas se estropean.

Tras el disgusto inicial los llevamos a reparar, algo que debería ser fácil en la sociedad del siglo XXI, con portentosos avances en técnicas de fabricación, ingeniería, mantenimiento, etc. Pronto descubrimos que fácil, fácil, no va a ser, ni tampoco tan barato como pensábamos. La respuesta que solemos obtener es que o bien no existen piezas de recambio para ese modelo o bien la reparación sale tan cara que casi es mejor comprar un modelo nuevo. El disgusto inicial se torna en perplejidad (¿me estarán tomando el pelo?), para dejar paso más tarde a la resignación (¡me están tomando el pelo!).

¿Por qué con los medios y avances actuales en todos los campos de la técnica no se diseñan los productos mejor? ¿Por qué no se diseñan para durar? Y, aunque se estropeen, porque todo se acaba estropeando, ¿por qué no hay más facilidades para poder repararlos?

Esto es la obsolescencia programada, la reducción intencionada en la vida de un producto para aumentar su venta y consumo. Los productos no fallan al cabo de un tiempo porque estén estropeados, sino porque han sido diseñados para fallar pasado ese tiempo. Como explica el experto Elías Chaves, “los productos no se diseñan para durar, sino para ir a la basura. Los ingenieros no crean la mejor máquina, sino la que genere el máximo beneficio con sus ventas”. Y esto tiene ventajas económicas, pero también tiene serios inconvenientes, que nos sitúan en un sistema productivo y de consumo insostenible.

Todo arranca en los años 1920, cuando los principales fabricantes de bombillas crean el cártel Phoebus, que fija los estándares de producción y venta, entre otros, y que limita la longevidad de cada bombilla a mil horas. Antes del acuerdo, algunas de las empresas fabricantes garantizaban en su publicidad 2.500 horas de vida útil para sus luminarias. En esos años, una influyente revista de publicidad norteamericana admitía que “un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios”.

El diseñador industrial norteamericano Brooks Stevens es quien, en 1954, empieza a usar en sus conferencias el término obsolescencia programada. Para él esta denominación tiene que ver con el objetivo de la industria de “instalar en el comprador el deseo de poseer algo un poco más nuevo, un poco mejor, un poco antes de lo necesario”.

Para conseguir ese efecto en el comprador las empresas deben mejorar la I+D+i de los productos que fabrican. Este hecho va a generar más puestos de trabajo y va a estimular la economía. Las nuevas versiones de los productos que compramos son teóricamente mejores y más eficientes, y las empresas maximizan sus beneficios.

Así, cada día se generan más y más residuos –electrónicos, entre otros– y se consumen más recursos. Para los primeros no siempre hay una gestión apropiada o ni siquiera un lugar donde depositarlos con seguridad, y los segundos no son infinitos. Se necesitan muchos más materiales para crear un producto nuevo que para ofrecer los repuestos para reparaciones. Además, si a los residuos generados no se les aplican criterios de circularidad (de la cuna a la cuna), donde deben implicarse las empresas productoras, se generan graves problemas de contaminación.

Solo en España, el consumo anual de materias primas se sitúa en 60.000 millones de toneladas. Los últimos datos revelan que para mantener nuestro nivel de vida y población actuales necesitamos tres Españas (nuestra huella ecológica es de 2,9). Según la Global Footprint Network, en términos globales y manteniendo este ritmo, antes del 2030 la humanidad consumirá cada año el doble de los recursos que es capaz de producir la tierra en ese tiempo.

Por otro lado, esto no deja de ser un engaño al consumidor. Se nos obliga a gastar más cuando no es necesario, al menos desde un punto de vista tecnológico, lo que conduce a la pérdida de confianza del consumidor en lo que compra, en los fabricantes, las marcas y en el servicio ofrecido. Para combatir la obsolescencia programada es básica nuestra actitud como consumidores.

La UE ha desarrollado un plan sobre economía circular que incluye, entre otras medidas, incrementar el reciclado y la reparación manteniendo el valor de los recursos, materiales y productos dentro del escenario económico el mayor tiempo posible. Para ayudar en este empeño es necesario que a todos los actores implicados en la reparación y reutilización se les garantice un marco normativo que impulse y ofrezca seguridad en su sector, otra de las claves de la economía circular.

Según este plan y sus recomendaciones, los fabricantes y marcas de informática y electrónica, además de los de grandes electrodomésticos, deberán permitir extraer y sustituir piezas fácilmente para reparar los dispositivos. Además, los usuarios deberían poder acudir a cualquier tienda de reparación para arreglar sus productos y prolongar así su vida y uso sin verse obligados a ir al servicio oficial del fabricante. Todo esto queda reflejado en las Directivas 2008/98/CE sobre residuos y 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que incluye en su redacción la necesidad de favorecer la puesta en el mercado de productos duraderos y reparables.

Para conseguir estos objetivos, la UE señala la necesidad de que tanto los Estados miembros como los sectores industriales colaboren para, por un lado, crear una etiqueta específica que identifique aquellos productos fáciles de reparar y por otro ampliar la garantía de aquellos que se estropean con demasiada frecuencia. Se añaden, en el lote de medidas previstas, beneficios fiscales para aquellas empresas cuyos productos puedan repararse fácilmente para prolongar su vida útil.

El primer gran ejemplo en Europa y a nivel mundial lo tenemos en Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó la Ley 2014-344 de 17 de marzo de 2014 (Ley Hamon) relativa al consumo, y también la Ley de Energía de Transición, relativa a la transición energética para el crecimiento verde, en febrero de 2015. Estas leyes impulsan la puesta en el mercado de productos duraderos y reparables y combaten directamente la obsolescencia programada con varios objetivos: reducir el uso y consumo de recursos naturales, disminuir la producción de residuos, impulsar el sector de la reparación y relocalizar en Francia la creación de empleo y la generación de riqueza.

Quienes infrinjan esta ley pueden ser castigados con penas de hasta dos años de cárcel y multas de hasta 300.000 euros.Además, las compañías infractoras pueden ser sancionadas con multas que podrían llegar al 5% del promedio de sus ingresos anuales en los últimos tres años. Sin ir más lejos, la fiscalía francesa va a abrir una investigación contra Apple por supuestas prácticas de obsolescencia programada.

En España, en marzo de 2017, la Comisión para el Estudio del Cambio Climático del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley que insta al Gobierno a poner en marcha acciones contra la obsolescencia programada, que –en el marco de la normativa comunitaria– incluye medidas para prohibirla, el alargamiento de las garantías, la compra pública responsable, medidas efectivas en la reducción de residuos, etc. También se añaden medidas de apoyo económico a las empresas parar la reparación, reutilización y reciclaje de residuos. Pero, parece, en España vamos un poco más lentos de lo que deberíamos.

También en España, la asociación Feniss (Fundación de energía e innovación sostenible sin obsolescencia programada), se ha anticipado a estos movimientos de la UE y el Congreso. Ha desarrollado el sello ISSOP (Innovación sostenible sin obsolescencia programada), que pueden suscribir las empresas que cumplan ciertos requisitos de producción e innovación dentro de unos parámetros objetivos de sostenibilidad, incluido el hecho de que ninguno de sus componentes electrónicos se haya diseñado con obsolescencia programada. Hay 15 empresas que ya se han distinguido con este sello. No todas las que solicitaron el sello ISSOP lo consiguieron, pero a buen seguro que cada vez más empresas lo irán logrando. Es una alternativa ejemplar y muy necesaria para los tiempos de cambio que se avecinan.