Catalunya: Oriol Junqueras propone una presidencia catalana “simbólica” y otra “ejecutiva” /Citan a declarar a más dirigentes

2 febrero 2018
Desde prisión, el ex vicepresidente catalán defiende la investidura de Puigdemont, pero admite que las circunstancias actuales –las dificultades judiciales– obligan a repensar cómo ejercer la presidencia regional.
Otros tiempos en Cataluña, cuando gobernaban los independentistas Puigdemont y Junqueras.
Otros tiempos en Cataluña, cuando gobernaban los independentistas Puigdemont y Junqueras. 

El ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras propuso, en una entrevista publicada por Diario16.com, una presidencia “simbólica” para Carles Puigdemont dada su situación judicial que le impide volver de Bélgica sin ser detenido para retomar el cargo del que fue cesado por Madrid el 27 de octubre pasado. En la entrevista, respondida desde la cárcel por escrito a través de sus abogados, Junqueras defiende la investidura de Puigdemont, pero admite que las circunstancias actuales obligan a repensar cómo ejercer la Presidencia regional.

“La cuestión es si el Parlament puede investir a un diputado electo. Ahí radica un principio democrático elemental”, remarcó el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), rechazando la decisión del Tribunal Constitucional de condicionar la designación de Puigdemont a que sea presencial, previa autorización judicial, algo que se presenta como imposible.

Por ello, Junqueras admite que existen limitaciones tanto al ejercicio de la presidencia desde el “exilio”, el caso de Puigdemont, o desde la cárcel, en referencia a su propia situación, de ahí que platea como alternativa “combinar una presidencia legítima aunque simbólica, con una ejecutiva”.

El líder de ERC reconoce la diferencia de posiciones con Puigdemont y, aunque evita entrar en polémicas, recomienda “poner luces largas”, ya que, añade: “a menudo las cortas no te dejan ver todo el recorrido ni un horizonte”. El martes, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, de ERC,  aplazó  el pleno parlamentario para la investidura de Puigdemont después de que el Tribunal Constitucional (TC) advirtiera de que no podría efectuarse si el candidato no se presentaba y contaba con un permiso judicial.

La postergación provocó una nueva crisis interna en el bloque independentista, ya que el grupo de Puigdemont, Junts per Catalunya, y los anticapitalistas de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), rechazaron la decisión.

El propio Puigdemont, quien recientemente ha alquilado una residencia en Waterloo a 30 kilómetros de Bruselas, dio por hecho que había sido “sacrificado” y que el proceso de secesión estaba “terminado”, llegando a decir que el “plan” del gobierno español había triunfado, según escribió en unos mensajes de texto que fueron filtrados el miércoles a la prensa. Ante la revelación, el líder independentista admitió que tuvo “dudas” porque es “humano” pero que “no se echará atrás”.

“Avanzaremos si somos lo más generosos posible”, argumentó ayer Torrent, tras insistir en que Puigdemont “es y seguirá siendo el candidato” a la Presidencia del gobierno, y que la sesión de investidura se celebrará cuando “existan garantías”.

Después de la fallida declaración de independencia y el cese de su gobierno por parte del ejecutivo español de Mariano Rajoy, Puigdemont y cuatro de sus ministros se instalaron en Bélgica antes de ser imputados por rebelión y sedición. El resto, Junqueras entre ellos, se quedaron en España y fueron encarcelados preventivamente. Sólo el ex vicepresidente y el antiguo responsable de Interior, Joaquim Forn, permanecen en prisión junto con dos líderes de asociaciones separatistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Ayer, el abogado que defiende a Junqueras, Sánchez y Cuixart denunció ante la ONU la situación de prisión provisional de los tres independentistas por considerar que es “ilegal”.

“Fueron detenidos después de que los catalanes votaran de manera abrumadora por la independencia en el referéndum del 1 de octubre de 2017”, dijo el abogado británico Ben Emmerson, en conferencia de prensa en Londres. Tras considerar que el caso es una “afrenta contra los derechos humanos”, Emmerson remarcó que no se pide a la ONU que se pronuncie sobre la independencia de Cataluña, sino que reafirme que “el gobierno (español) no puede reprimir la discrepancia política mediante la represión arbitraria”.

El experto en derecho internacional humanitario presentó una comunicación al Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria en el que explica que “hay evidencias claras de que se han vulnerado derechos fundamentales como la libertad de expresión, manifestación y participación”. También el derecho a tener “un juicio justo”, y añadió que Cuixart, Sánchez y Junqueras están en prisión en un caso claro de discriminación por motivos políticos. “La democracia tolera la disidencia no violenta”, subrayó el abogado de los tres independentistas.

Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, y Cuixart, al frente de la organización Ómnium Cultural, ingresaron en prisión el 16 de octubre, y se los responsabiliza de haber instigado manifestaciones “tumultuosas” que tuvieron lugar en el marco del intento del gobierno catalán de celebrar el referéndum del 1 de octubre. Junqueras, por su parte, está encarcelado desde el 2 de noviembre.

En los próximos días, el organismo de las Naciones Unidas debe comunicar al gobierno español que recibió el pedido y que inicia una investigación a partir de la cual los expertos evaluarán los argumentos elevados por Emmerson. Sus conclusiones no son vinculantes, pero son un elemento de peso para cualquier tribunal internacional.

El juez cita a declarar el 14, 19 y 20 de febrero a Gabriel, Boya, Pascal, Rovira, Mas y Lloveras

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha citado el 14 de febrero a la exportavoz de la CUP Anna Gabriel y a la presidenta del grupo parlamentario Mireia Boya para que declaren como investigadas en la causa abierta contra el procés. El día 19 ha llamado a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y a la número dos en la lista de ERC, Marta Rovira, y al día siguiente al expresident de la Generalitat Artur Mas y la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras.

Pdecat

Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT, deberá declarar el día 19. (@Pdemocratacat)

El juez del Supremo Pablo Llarena amplió en un auto del pasado 22 de diciembre la investigación contra Anna Gabriel, Mireia Boya, Marta Rovira, Marta Pascal, Artur Mas y Neus Lloveras por su participación «especial y destacada» en el procés catalán. Esta decisión la tomó sustentándose en el informe ‘Enfocats’ de la Guardia Civil en el que señalaba que todos ellos habría formado parte del denominado «Comité Estratégico» para declarar unilateralmente la independencia.

El 14 de febrero deberá comparecer Anna Gabriel y Mireia Boya; el día 19, Marta Pascal y Marta Rovira, y el día 20, Artur Mas y Neus Lloveras.

El magistrado ha adelantado durante la comparecencia como testigo del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del operativo policial contra el referéndum del 1 de octubre, que mañana notificará a estos investigados sus citaciones, según han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración.

Rechazado el recurso de Gabriel y Boya

Por otro lado, la Sala II del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por Anna Gabriel y Mireia Boya en el que dudaban de que el juez instructor, Pablo Llarena, fuera competente para investigar debido a que fue compañero de Sala del fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

En el recurso que presentaron se solicitaba que se estudiara la competencia de Llarena porque ya había una causa similar abierta en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Gabriel y Boya alegaban en su el escrito que muchas de las diligencias que utiliza el magistrado del Supremo en su investigación, como informes de la Guardia Civil, intervenciones telefónicas o documentos provienen del juzgado de Barcelona.

En su opinión, existe una «falta de apariencia de imparcialidad objetiva», pues el fiscal que firmó la querella contra el Govern y la Mesa del Parlament, el fallecido Maza, «fue durante catorce años miembro de la Sala II del Tribunal Supremo, el órgano judicial encargado de su instrucción y enjuiciamiento» y a la que pertenece el juez Llarena. También mencionaba a Julián Sánchez Melgar, quien ha sido miembro de la misma hasta su elección como máximo representante del Ministerio Público.

El Supremo ha rechazado el recurso y ha confirmado la competencia de Llarena para investigar todos los hechos que derivaron en la declaración de independencia del pasado 27 de octubre.

You must be logged in to post a comment Login