La capital de Ceará, Fortaleza, es una de las ciudades más violentas de Brasil. De acuerdo con el Atlas de la Violencia 2017, la ciudad ocupa el tercer lugar en la clasificación de los homicidios en el país, con 46,75 casos tasa por cada 100 mil habitantes.
En la madrugada del último sábado (27), la ciudad vivió otro capítulo de la narrativa que hoy amedrenta a toda la población y más aún a los habitantes de la periferia: una matanza en una casa de forró en el barrio Cajazeeras terminó con 14 muertos y unos diez heridos . El episodio está siendo tratado como la mayor matanza de la historia de Ceará y tiene relación con el avance de facciones criminales en el estado.
“Es una situación muy preocupante, pero no es puntual, es una situación que llegó al nivel crónico”, afirma la defensora pública Gina Moura, de la Red Acolhe, sector de la Defensoría del Estado que está prestando asistencia jurídica y psicosocial a las familias de las víctimas .
La Red plantea una preocupación por el crecimiento de la violencia, especialmente en los espacios que albergan a la población más pobre. Sólo en 2017, el estado batió récord histórico en el número de homicidios, que llegó a 5.134 casos – un aumento de más del 50% con respecto al año anterior. En Fortaleza específicamente, el aumento fue del 96,4%.
Gina Moura destaca que las medidas relacionadas al aparato de seguridad no han surtido efecto en los índices de violencia y que el aumento del encarcelamiento en el estado alimenta el crimen dentro de las cárceles. Para tener una idea, en el Instituto Penal Femenino Auri Moura Costa, el único del estado que alberga mujeres, el número de detenidas subió de 622, en 2016, a 950 en 2017. La unidad tiene capacidad para 374 presas.
“La gente sabe que las facciones se valen de situaciones de vulnerabilidad y que ellas nacieron y se fortalecen dentro del sistema penitenciario. En la medida en que fortalezco la lógica del encarcelamiento como solución de reducción de la violencia, estoy alimentando un cáncer, estoy dando un” el tiro en el pie “, analiza.
En el espacio de un año, Ceará registró ocho matanzas, con 42 muertos en total. La mayoría de las masacres fueron asociadas a la actuación de facciones criminales. Un día después de lo ocurrido en Cajazeiras, el estado fue escenario de una nueva matanza, esta vez dentro de la cadena pública del municipio de Itapajé, donde una rebelión terminó con diez muertos y ocho heridos.
La matanza de las Cajazeiras tuvo destaque en los medios internacionales y dejó en alerta a las autoridades del estado. Durante el fin de semana, el gobernador Camilo Santana (PT) instituyó el Centro Integrado de Combate al Crimen Organizado. El órgano reúne a sectores de inteligencia del Ministerio Público, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Justicia, de la Policía Federal y del Poder Judicial e inició los trabajos ya el lunes (29). El objetivo es actuar especialmente en el combate al tráfico de drogas, que moviliza a las facciones.
En una rueda de prensa dada la noche de esa segunda (29), el secretario de Seguridad Pública del Estado, André Costa, admitió que la capital vive un contexto de mucha violencia, pero las primeras manifestaciones de él tras la matanza en la casa de forró tuvieron muchas reacciones negativas . El fin de semana, el secretario llegó a decir que “no hay pérdida de control” por parte del gobierno y que la masacre sería un “caso aislado”. Además, Costa afirmó que más del 50% de las personas muertas en matanzas serían involucradas con el crimen.
El investigador Luiz Fábio, del Laboratorio de Estudios de la Violencia (LEC) de la Universidad Federal de Ceará (UFC), cuestiona el posicionamiento del secretario y apunta que hay negligencia por parte del Estado, especialmente con la población más vulnerable al tráfico.
“Él está jugando con la opinión pública para intentar mantener algo que siempre sucedió en Ceará: las muertes de personas pobres, de jóvenes pobres, negros de las periferias son tratadas como muertes de bandidos, independientemente de lo que esas personas hagan”, critica.
joven
En el engranaje de la violencia, se destacan, entre otras cosas, los asesinatos de la población más joven. Para tener una idea, sólo en 2017 hubo 981 homicidios de adolescentes en el estado. La matanza ocurrida en el barrio Cajazeiras es emblemática en relación al problema: entre los 14 muertos, había dos adolescentes, siendo una de 15 y otra de 17 años, y seis jóvenes con edad entre 19 y 25 años.
El oidor de derechos humanos del estado, Claudio Silva, que acompaña casos de violación de derechos, destaca la situación de vulnerabilidad de la población joven de la periferia, que acaba siendo objeto del tráfico y presa fácil de la violencia.
El apunta la necesidad de políticas para lidiar con ese público, en especial acciones de educación, asistencia social y generación de empleo. “Debe llegar en esas áreas no sólo la presencia de la policía, sino una combinación de políticas para superar esa situación”, defiende.
El relator del Comité Cearense por la Prevención de los Homicidios en la Adolescencia, diputado estadual Renato Roseno (PSOL), señala la dificultad del Estado para trabajar la prevención de la violencia. Destaca que tal actuación tendría que darse en tres diferentes niveles, involucrando un trabajo con toda la sociedad, pero también acciones enfocadas en los grupos más vulnerables y aún en las personas que ya están en situación de violencia.
“Se necesita planificación específica, regularidad en las acciones, pactación con varias instituciones, porque sólo existe prevención si es intersectorial, pero sobre todo el sentido de urgencia y la decisión política”, finaliza.
*Fuente: Cristiane Sampaio de Brasil de Fato | Brasilia-DF, Edición: Nina Fideles
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