Argentina. Resumen gremial y social. 250 Despidos en el INTI, protestas y corte de Av. Gral Paz/ Río Turbio. Las autoridades de YCRT pidieron efectivos federales/ El Gobierno anuló la “cuota solidaria” de La Bancaria/ SiPreBA, Barrios de Pie y organizaciones sociales denuncian persecución política/ Cresta Roja: “En el Ministerio de Trabajo no nos atienden, estamos a la deriva”/ CTERA denunció ante la Internacional de Educación el decreto que anula la paritaria nacional …

Resumen Latinoamericano/ 26 de enero 2018.- Una nueva sección informativa de las luchas sindicales del pueblo argentino contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri.Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal.

Invitamos a quienes quieran informar sobre despidos, huelgas, ocupaciones, movilizaciones y conflictos sindicales varios, que nos envíen sus gacetillas y comunicados a resumenrebel@gmail.com

Por los 250 despidos en el INTI, trabajador@s protestan y cortan Av. Gral Paz

 Luego de que las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) les comunicaran a los secretarios generales de ATE y UPCN sobre el envío de 250 telegramas de despido en el área de ciencia y técnica, y que se negaran a entregar la lista de damnificados, los trabajadores resolvieron cortar la Av. General Paz, en la altura de Constituyentes, en las inmediaciones de la sede central del INTI.

“Esto se enmarca en el plan de ajuste que el gobierno viene realizando sobre las dependencias estatales, tocándole en esta oportunidad al Instituto referente de la Industria nacional”, dijeron los trabajadores en un comunicado.

“Cortamos la General Paz porque no quisieron darnos los nombres de los despedidos”, dijo Yamila Mathon, delegada de ATE-INTI. “Son 250 los despidos confirmados, sin causa y en el marco del ajuste general del Estado. No sabemos si es la primera tanda de algo mayor”, advirtió.
 A las 22 hs habrá una nueva asamblea donde decidiremos los pasos a seguir. Volvemos a responsabilizar a las autoridades de INTI por la integridad física de todxs lxs trabajadorxs del Instituto.
ACA NO SOBRAN TRABAJADORXS!
Contactos:
Secretario General: Francisco Dolmann 1551751203
Secretario Adjunto: Sebastián Baldomir 1533832210
Secretaria Gremial: Giselle Santana 1530472365

Las autoridades de YCRT pidieron efectivos federales

Río Turbio: tras los despidos, gendarmes

La intervención de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio envió una carta al Escuadrón 43 de Gendarmería en la que solicitó “en carácter muy urgente la presencia de 200 efectivos de Gendarmería y/o otras fuerzas federales”. Los trabajadores de la mina mantienen una protesta por los 200 despidos, a los que se sumarían 500 más.
La respuesta de la intervención de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) al reclamo de los 200 trabajadores despedidos fue un pedido al Gobierno nacional para que envíe personal de Gendarmería que “garantice la seguridad” de esa planta, ubicada en la provincia de Santa Cruz. La gobernadora Alicia Kirchner expresó su “preocupación” por los despidos, pidió “que se revea esa situación” y anticipó que su administración mantendrá reuniones en Buenos Aires la semana próxima.

Desde que a principios de esta semana la administración de YCRT envió más de 200 telegramas de despidos, y aclaró que tiene una tanda de otros 500 en lista, varios de los obreros y sus familias iniciaron una protesta pacífica frente al ingreso de la Mina 5. En ese marco, Sergio Lumacchi, coordinador de YCRT y mano derecha del interventor Omar Faruk Zeidán, envió una carta al Escuadrón 43 de Gendarmería en la que solicitó “en carácter muy urgente la presencia de 200 efectivos de Gendarmería y/o otras fuerzas federales que designe, a los fines de garantizar la seguridad en la planta industrial”.

La gobernadora santacruceña Alicia Kirchner remarcó que los despidos “tienen impacto en toda la población” de esa región que vive de la producción de carbón: “No tenemos allí otra fuente de trabajo”, reconoció la mandataria provincial, en diálogo con FM La Patriada. Además, pidió a las autoridades nacionales que “hagan un análisis de la situación, en el marco de la prudencia y para encontrar soluciones”.

Iván Zurita, delegado de ATE en Río Turbio, recordó que “el achicamiento” comenzó una vez asumido el gobierno de Mauricio Macri. Desde 2015 se inició un período en el que “recibimos intimidaciones para que nos vayamos con retiros voluntarios”, y luego comenzaron los despidos. “Hay compañeros a los que le faltaban cuatro meses para jubilarse y les mandaron un telegrama”, relató.

Uno de ellos dio un discurso frente al acampe: “Siempre fui un hombre de disciplina y trabajo que nunca le falló a la empresa, y así me pagaron”, lamentó. No dio su nombre pero aseguró tener 35 años de trabajo en esa mina. “Le pido a los compañeros de la cuenca carbonífera que no claudiquemos porque la lucha recién comienza, porque nosotros fuimos los que mantuvimos la empresa en pie en la década del ’90. Le están quitando el plato de comida a los hijos”, alertó.

Por su parte, el titular de ATE Santa Cruz, Alejandro Garzón, aseguró “el conflicto se va a profundizar” y que a ello le va a seguir “un profundo conflicto social, porque el problema involucra dos comunidades”, Río Turbio y 28 de Noviembre.

Zurita sostuvo que “estas políticas nos están llevando al exterminio” del pueblo, ya que la inmensa mayoría de quienes viven en la ciudad de Río Turbio dependen de la producción minera, que emplea a 3 mil personas. “El pueblo entero se ha parado”, aseveró. Por eso, el delegado ratificó el paro y anticipó que las expectativas están puestas en “la reunión que el lunes o martes” tiene prevista con las autoridades de YCRT.

  Más sobre Rio Turbio: Así está la mina. Ocupada por los trabajadores que se unieron en la lucha y la desesperación por no perder los puestos de trabajo. Rompamos el blindaje mediático, compartilo, que se entere el país que esto pasa acá y en muchos lugares.
 

Le llegó el telegrama tras 35 años en la mina

El dramático testimonio de un despedido de Río Turbio

Un obrero de la mina contó sus sensaciones tras recibir el telegrama de despido. Entre lágrimas, dijo que si siguen los despidos, “esto va a ser una masacre social”.
El obrero contó su despido llorando y pidió la unidad de los trabajadores.
El obrero contó su despido llorando y pidió la unidad de los trabajadores. 

“Hoy me tocó a mí, nos quieren avasallar, pero le pido a los compañeros que no claudiquen, porque la lucha recién comienza”. Así, entre lágrimas, uno de los despedidos de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio contó sus sensaciones. No dio su nombre, si bien alegó tener 35 años de servicio. “No nos quitan el plato de comida a nosotros, que podemos comer pasto, se lo quitan a nuestros hijos”, aseguró muy conmovido el hombre, uno de los 200 despedidos de YCRT.

El trabajador cesanteado criticó, en un audio difundido por Cadena del Sur, “la mala jugada de las autoridades” de YCRT, de quienes dijo que “ni las conozco”. El hombre pidió que no haya más despidos porque “esto va a ser una masacre social”. Además, reclamó “la unidad de toda la cuenca carbonífera” y recordó que los trabajadores “fumos los que sostuvimos la mina en los 90”. Cerró con bronca: “Así me pagan, dejo los huesos acá.”

 

 

 

El Gobierno anuló la “cuota solidaria” de La Bancaria

Otro tiro contra los gremios

El Ministerio de Trabajo emitió una resolución en la que le quita el aporte que hacían los trabajadores del sector no afiliados a ese sindicato. La decisión podría afectar a otras agrupaciones.
Sergio Palazzo, titular de La Bancaria y líder de la Corriente Federal.
Sergio Palazzo, titular de La Bancaria y líder de la Corriente Federal. 

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su avanzada contra los sindicatos. A través de una Resolución publicada ayer en el Boletín Oficial, el Ministerio de Trabajo anuló la “cuota solidaria” que la Asociación Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, percibía en concepto de aporte de los trabajadores del sector no afiliados a ese gremio. Para los dirigentes del sindicato la medida es claramente ilegal y el próximo 1 de febrero definirán, en una reunión de plenario de secretarios generales, la metodología de la protesta frente a lo que consideran un nuevo ataque en el marco de la complicada negociación paritaria que llevan adelante.

La criticada “cuota solidaria” forma parte del acuerdo que la Asociación Bancaria junto a las patronales alcanzaron durante la negociación paritaria correspondiente al año pasado y que fue además homologado por las actuales autoridades del Ministerio de Trabajo. En ese sentido, en el gremio entienden que la resolución que se publicó en el Boletín Oficial carece de peso legal para desmantelar, aunque sea en un solo ítem, el acuerdo paritario.

Sin embargo y más allá de la queja de la Bancaria, el ministerio que conduce Jorge Triaca, quien sigue de vacaciones tras el escándalo desatado luego de que una ex empleada lo denunciara por tenerla “en negro”, esgrime en la Resolución 2-E/2018 que el descuento solidario sería una suerte de “afiliación forzada” o “compulsiva”.

El texto firmado por el director de Asociaciones Sindicales de la cartera laboral, Horacio Bernardino Pitrau, indica que el descuento voluntario “resulta atentatorio contra la libertad sindical” y, por lo tanto, “no corresponde seguir reteniendo” a los trabajadores ese dinero que es girado al sindicato.

Lo que pagan los afiliados es la “cuota sindical”, mientras que la denominada “cuota solidaria” que recibía la Asociación Bancaria es un aporte acordado en las negociaciones salariales del sector, entre el gremio y las cámaras de bancos privados y públicos. En ese sentido y hasta tanto no se alcance un acuerdo con la negociación salarial para este 2018 los ítems de la anterior paritaria continúan vigentes. Otros gremios como la UTA, Utedyc y la UOM tienen aportes similares.

La medida le asesta un golpe a los ingresos de la asociación liderada por Palazzo, quien también es referente de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) y uno de los dirigentes más críticos de las políticas neoliberales de la administración de Cambiemos. Se da además en medio de la paritaria de los bancarios, en la que las cámaras empresarias por ahora ofrecen un escaso 9 por ciento de aumento anual.

Si bien la resolución se publicó oficialmente recién ayer las autoridades de los bancos ya estaban al tanto desde el 19 de enero pasado. Por caso, el directorio del Banco Nación emitió el jueves una “circular reservada” donde se comunicaba que el salario de enero incluirá la primera cuota del porcentaje de la cláusula gatillo que prevé la paritaria vigente pero al mismo tiempo le pone fin de la “cuota solidaria” a pesar de que también forma parte de dicha paritaria.

Según el gobierno la decisión de emitir esta resolución se enmarca en el hecho de considerar que la vigencia del aporte solidario tenía una temporalidad que, de acuerdo a las paritarias que lo establecieron, ya habría vencido. Por otra parte, afirman que se trata de un descuento en contra de la voluntad de los trabajadores no afiliados. Para los técnicos del Ministerio de Trabajo “es lógico” que la cuota solidaria deba “tener una limitación temporal” y que “la falta de esa limitación” constituiría “una configuración temporal lesiva que (…) implicaría una carga destinada a lograr una compulsiva afiliación”. Pero como afirman en la Bancaria, esa es una decisión que deben tomar las partes y no el Ministerio. Pero parece que eso poco importa entre los funcionarios de la cartera que conduce Triaca porque en la resolución se afirma que “no puede imponerse a los trabajadores no afiliados aportes que respondan a causas distintas, sin compromiso de la libertad sindical”.

En el gremio de Palazzo nadie duda de que esta es una resolución que fue impulsada por los bancos privados y acordada con el gobierno porque con ella buscan abrir otro frente de conflicto en el marco de la ya compleja negociación salarial que lleva adelante el sector. Por ahora las asociaciones patronales insisten en ofrecer apenas un nueve por ciento de aumento salarial y el gremio, además de rechazar la oferta, ya prepara medidas de acción directa que serán debatidas y aprobadas en el plenario de secretarios generales previsto para el próximo jueves.

 

El SiPreBA, Barrios de Pie y organizaciones de la sociedad denunciaron persecución política contra manifestantes y periodistas de AgenciaTélam

En conferencia de prensa, desarrollada en la sede de la APDH, trabajadores de la empresa estatal junto a más de 50 organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos denunciaron espionaje ilegal e intimidación por parte de un móvil de la Policía de la Ciudad sin identificaciones a la vista. Los “confundieron” con militantes sociales, intentaron explicar desde el Gobierno porteño.

En ese contexto, la referente de la Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi), María del carmen Verdú, aseguró que “estamos viviendo una escalada represiva. Es un estado de excepción”.

Añadió que “cotidianamente se suman en el porcentaje de heridos en manifestaciones cada vez más personas que están sacando fotos”. Al respecto, puntualizó que “la policía no quiere que registren su accionar ilegal”.

En tanto, el secretario de Derechos Humanos del SiPreBA, Tomás Eliaschev, indicó que “el gobierno dijo que se acababa la guerra contra los medios, pero empezaron una guerra contra los trabajadores de prensa, 3000 perdieron su trabajo”.

El dirigente consignó que “en 2017 hubo 35 periodistas y fotógrafos heridos con balas de goma y 11 detenidos, la policía ataca a la prensa”.

Por su parte, el delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Esteban Giachero, denunció que la AgenciaTelam comete censura “y no quiere cubrir la persecución policial contra periodistas de la Agencia”.

Al respecto, luego de la conferencia de prensa, la Comisión Gremial Interna dio a conocer “Lecciones prácticas sobre la pluralidad de voces en la agencia Télam”, que compartimos a continuación:

La Comisión Interna precisó que “más de 50 organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos repudiaron la intimidación que sufrió, el miércoles, un equipo periodístico de Télamdurante la cobertura de una marcha de Barrios de Pie y en la que un policía siguió los movimientos de sus compañeros creyendo que se trataba -según reconoció- de militantes de la organización que se manifestaba”.

Nos confundimos”, balbuceó, a modo de “explicación”, un funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que asistió a la sede de Télam y ofreció un descargo periodístico. Sin embargo, el cable que reflejaba la conferencia en la que se expresó la denuncia -reconstruida por un redactor de la agencia- y la respuesta policial -también contenida en su cable- no fueron despachadas al servicio. El Gerente Periodístico, Daniel Capalbo, emitió en su reemplazo -y luego de más de una hora de deliberaciones- un cable con el que dio por “aclarado” el episodio y publicó la desmentida de la denuncia pero no la denuncia. Un clásico de la “pluralidad de voces”.

Al mediodía, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, trabajadores de Télam afectados por el episodio y otras organizaciones ofrecieron una conferencia de prensa en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) para repudiar el hecho. “Se trata de un acto de presión a la prensa o de espionaje a la protesta social. En cualquier caso tiene una profunda gravedad”, expresó el delegado de Télam, Esteban Giachero, en la conferencia de prensa. La palabra del delegado no fue consignada, desde ya, en el cable de Capalbo. La pluralidad no alcanza a los representantes sindicales.

La agencia Télam, por decisión de Capalbo, decidió no cubrir la conferencia de prensa, ni con un cronista, ni con un fotógrafo ni con un equipo de Audiovisuales. Contraria fue la posición de la TV Pública, bajo la misma dirección política, que sí realizó la cobertura del hecho. La pluralidad de voces tampoco alcanza a todos los hechos.

Más allá del burdo episodio, se trata de un acto que revela la voluntad de disciplinar la protesta social”, dijo la abogada María del Carmen Verdú (Correpi). Su palabra tampoco fue reflejada por Télam.

La denuncia del SPreBA, que Télam eligió desconocer (cuando debía, al menos, solidarizarse y ponerse a disposición de sus trabajadores), cobró una fuerte repercusión pública. Obligado por ese contexto, el subsecretario de Vinculación Ciudadana con la Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, Juan Pablo Arenaza, se acercó a Télam para ofrecer una suerte de descargo periodístico.

Luego, al salir del edificio, Arenaza repitió la teoría de la confusión ante los delegados de Télam. Ya no hubo en su relato un móvil no identificado de la policía custodiando una protesta social sino dos. “El policía de civil no seguía a Barrios de Pie ni a los trabajadores de Télam; seguía a otro móvil policial pero se confundió”, especuló, a pesar de que el móvil de Télam estaba ploteado con un colorido banner identificatorio.

La empresa, mientras tanto, no se solidarizó con sus trabajadores, lo que implica es que concibe que no hay motivo para solidarizarse.

A modo de ejercicio pedagógico de cómo se expresan TODAS las voces en el servicio, y así aprendemos de una buena vez a ejercitar la pluralidad de voces que nos enseñan nuestros funcionarios, reproducimos el texto escrito por el redactor (no publicado) y la “corrección” del funcionario.

Agradecemos la lección.

CABLE ORIGINAL DEL REDACTOR:

SIPREBA-DENUNCIA

SiPreBA denunció “seguimiento” y el gobierno porteño atribuyó el hecho a una “confusión”

El sindicato de prensa SiPreBA y organizaciones de derechos humanos y sociales denunciaron hoy que periodistas de Télam fueron seguidos por un móvil policial sin identificación, después de cubrir una marcha de Barrios de Pie el miércoles último, en un hecho que el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño atribuyó a una “confusión”.

“El hecho es grave, se trate de un seguimiento con un móvil policial no identificado a periodistas o a compañeros en lucha” de Barrios de Pie, dijo a esta agencia Esteban Giachero, integrante de la Comisión Interna de de Télam-SiPreBA, consultado tras una conferencia de prensa ofrecida esta tarde en la sede de la APDH, en Callao al 500.

Sobre los hechos denunciados, el subsecretario de Vinculación Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad, Juan Pablo Arenaza, señaló a su vez que se trató de un “lamentable malentendido” policial y que se ponía “a disposición de Télam para aclararlo”.

“Nosotros en ningún caso hacemos espionaje o este tipo se seguimiento”, dijo Arenaza a Télam y precisó que, aunque consideran que el episodio se debió a una “confusión” del policía que intervino, “se abrieron dos expedientes en el área de Transparencia de la Policía de la Ciudad, para investigar a fondo lo sucedido”.

Por su parte, Daniel Menendez, coordinador de Barrios de Pie, valoró “los testimonios de los trabajadores de prensa y la solidaridad de SiPreBA”, al exponer en la rueda de prensa de la que también participaron María del Carmen Verdú (Correpi) y María Elena Naddeo (APDH), entre otros.

“Entendemos que hay una escalada represiva en el borde del estado de derecho y que estamos frente a un hecho ilegal y torpe. Llamamos a los funcionarios de los gobiernos nacional y de la ciudad a que cesen estas prácticas que, lejos de resolver la conflictividad social, la van agravar”, añadió.

Según relataron los trabajadores involucrados en el incidente, después de realizar la nota sobre la protesta de Barrios de Pie cerca del Congreso se alejaban por avenida Rivadavia en un móvil de Télam cuando advirtieron que los seguía otro auto.

Tras frenar en dos ocasiones para constatar el seguimiento, el otro vehículo se les puso a la par y quien lo conducía -sin identificación policial visible, igual que el auto- se presentó como integrante de la Policía de la Ciudad de la Comuna 4 y les preguntó si eran miembros de Barrios de Pie.

“Le informamos que éramos periodistas de la agencia de noticias Télam y se retiró”, puntualizaron en una nota mediante la cual informaron a sus jefes sobre lo sucedido al retornar a la empresa.

Fuentes policiales y ministeriales dijeron que el policía implicado en los hechos creía seguir a un vehículo policial sin identificación, de características similares al de Télam.

CABLE PUBLICADO EN SU REEMPLAZO POR EL GERENTE PERIODÍSTICO:

TELAM-SEGUIMIENTO (CON FOTO)

EL GOBIERNO PORTEÑO ASEGURÓ QUE NO HIZO SEGUIMIENTO A PERIODISTAS DE TÉLAM

Buenos Aires, 26 de enero (Télam)

El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño aclaró hoy que se trató de un “malentendido” un episodio registrado el miércoles último en el que periodistas de la Agencia Télam fueron seguidos por un móvil policial sin identificación después de cubrir una marcha de Barrios de Pie.

El subsecretario de Vinculación Ciudadana con la Seguridad de aquel ministerio, Juan Pablo Arenaza, visitó al directorio de Télam y la redacción de la agencia para brindar explicaciones sobre este hecho, que el Sindicato de prensa SiPreBA y organizaciones de derechos humanos y sociales atribuyeron hoy, en una conferencia de prensa, a “un seguimiento con un móvil policial no identificado a periodistas o a compañeros en lucha”.

“Nosotros en ningún caso hacemos espionaje o este tipo se seguimiento”, dijo Arenaza a Télam y precisó que, aunque consideran que el episodio se debió a una “confusión” del policía que intervino, “se abrieron dos expedientes en el área de Transparencia de la Policía de la Ciudad para investigar a fondo lo sucedido”.

Por su parte, Daniel Menéndez, coordinador de Barrios de Pie, valoró “los testimonios de los trabajadores de prensa y la solidaridad de SiPreBA” al exponer en la rueda de prensa de la que también participaron María del Carmen Verdú (Correpi) y María Elena Naddeo (Apdh), entre otros.

Según relataron los trabajadores involucrados en el incidente, después de realizar la nota sobre la protesta de Barrios de Pie, cerca del Congreso, se alejaban por avenida Rivadavia en un móvil de Télam cuando advirtieron que los seguía otro auto.

Tras frenar en dos ocasiones para constatar el seguimiento, el otro vehículo se les puso a la par y quien lo conducía -sin identificación policial visible, igual que el auto- se presentó como integrante de la Policía de la Ciudad de la Comuna 4 y les preguntó si eran miembros de Barrios de Pie.”Le informamos que éramos periodistas de la agencia de noticias Télam y se retiró”, puntualizaron.Fuentes policiales y ministeriales dijeron que el policía implicado en los hechos creía seguir a un vehículo policial sin identificación de características similares al de Télam.

Comisión Gremial Interna de Télam

Contactos:Esteban Giachero (Télam): 15-4980-5871Emiliano Bonanotte (Télam):: 15-5499-7753Mariano Suárez (Télam): 15-6228-1059Carla Gaudensi (SiPreBA): 15-3125-0247

 

 

 

 

Paritarias: gremios agitan fantasma de “gatillo constante”

TIRONEOS ENTRE FUNCIONARIOS Y GREMIALISTAS POR LOS AJUSTES SALARIALES – La cláusula que el Ejecutivo busca desterrar este año amenaza con convertirse en emblema de los opositores para actualizaciones mensuales.
Por MARIANO MARTÍN

Otros tiempos. Cuando el Gobierno se sentaba con la CGT y había espacios de diálogo y consenso. Hoy la relación está fracturada con un sector influyente de la central obrera que augura paritarias conflictivas.

Otros tiempos. Cuando el Gobierno se sentaba con la CGT y había espacios de diálogo y consenso. Hoy la relación está fracturada con un sector influyente de la central obrera que augura paritarias conflictivas.
La ronda de paritarias de este año se encamina a replicar en las oficinas y los tribunales la confrontación entre el Gobierno y los sindicatos opositores que también tendrá como escenario las calles. Desde los gremios disidentes respondieron a la amenaza oficial de revisión de los acuerdos salariales para bloquear prerrogativas con una advertencia de similar volumen: exigir la vigencia permanente de las cláusulas gatillo, una herramienta que el propio Ejecutivo impulsó el año pasado pero que para la actual secuencia de negociaciones se resolvió a desterrar.

Se trata de una respuesta jurídica que elaboran en algunas organizaciones gremiales que ya iniciaron sus paritarias como la Asociación Bancaria. El sindicato que lidera Sergio Palazzo está en la mira de la administración de Mauricio Macri por tratarse, junto con Comercio, de uno de los primeros en discutir su ajuste salarial en el año. Pero, a diferencia del mercantil Armando Cavalieri, el bancario está sindicado como opositor al Gobierno.

En ese tironeo entre el Ministerio de Trabajo y La Bancaria la palabra clave es “ultraactividad”. El término remite a la condición que sostiene la vigencia de los convenios colectivos de trabajo incluso después de su vencimiento hasta tanto sean reemplazados por un acuerdo nuevo. Ese carácter está consagrado por leyes laborales como la 14.250 y la 25.877. Esta última establece en su artículo 13 que “una convención colectiva de trabajo, cuyo término estuviere vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que una nueva convención colectiva la sustituya, salvo que en la convención colectiva vencida se hubiese acordado lo contrario”.

Basados en ese principio en los sindicatos alegan que las cláusulas gatillo que fueron incorporadas en varias de las negociaciones más importantes del año pasado, como la de los bancarios, Comercio, los albañiles de UOCRA o los estatales de UPCN, se mantendrán vigentes este año a pesar de la negativa del Gobierno en la medida que no sean sustituidas por acuerdos renovados. Dicho de otra forma, los opositores alegan que si el Ejecutivo traba las discusiones que no crea alineadas con su postulado de tope de 15%, de todos modos podrán validar la activación de las cláusulas de 2017 que permitieron compensar eventuales pérdidas por subas inflacionarias, y que deberían reajustar los sueldos de esos convenios cada mes al darse a conocer la suba del costo de vida.

El razonamiento inverso hacen en la cartera laboral para presionar a los sindicatos rebeldes. En el caso de los bancarios afirman que la ultraactividad rige para convenios colectivos pero no para acuerdos paritarios. Y en ese sentido explican que algunas cláusulas, como la “cuota solidaria” de 1% a favor del gremio de Palazzo que se les descuenta a los no afiliados de manera compulsiva con destino a la organización sindical, puede quedar sin efecto este año de no haber pleno acuerdo con los bancos, tal como reveló este diario días atrás. En Trabajo agregaron otra advertencia: igual suerte podría correr otro aporte de 1% pero que realiza cada entidad financiera sobre su nómina salarial a favor de la obra social bancaria.

Las advertencias de uno y otro lado sobre la judicialización de estos ítems no son nuevas. Ya en el Gobierno anterior estaban sobre la mesa en los prolegómenos de cada negociación pero en general no llegaban al terreno de las presentaciones formales y quedaban en el anecdotario de los aprontes. En cambio en este caso se dan en un contexto de agravamiento de la relación entre el Gobierno y los gremios disidentes, y con una convocatoria de Hugo Moyano a una marcha junto a esas organizaciones para el 22 de febrero en un sitio a determinar.

 

 

Canal Abierto habló con Leonardo Sandoval, delegado de Planta 2 de Cresta Roja, quien denunció: “Estamos en una situación compleja desde hace dos años. Trabajamos en pésimas condiciones, con promesas incumplidas de parte del Gobierno y la empresa. Ahora no nos están trayendo pollos para faenar y hace una semana que está parada la empresa. Somo 1400 trabajadores sin actividad. No sabemos cuándo se van a retomar las tareas”.

“Mientras el Gobierno le da subsidios a su empresario amigo, los trabajadores no vemos los beneficios, entonces, si no se pueden hacer cargo que se retiren”, aseguró.

“No tenemos comunicación ni resoluciones por parte del Ministerio de Trabajo. Nadie nos atiende, estamos a la deriva. Estamos esperando que desde el Gobierno le den un tirón de oreja a Santiago Perea (gerente de Ovoprot, una de las empresas que se quedaron con la empresa) para normalizar la situación”, señaló Sandoval.

Los trabajadores también afirmaron que todavía no se pagaron en tiempo y forma las vacaciones.

Antecedentes del conflicto

Luego de haber atravesado apuros financieros gracias a un desmanejo de Rasic SA, entonces a cargo de la empresa, la avícola Cresta Roja entró en una crisis profunda que terminó con la quiebra a fines de 2015, luego de haber recibido ayuda estatal por más de un año.

Entonces, otro grupo empresario se hizo cargo de la firma. Proteinsa SA (compuesta por Ovoprot, Tanacorsa y Grupo Lacau) ganó en octubre de 2016 la compulsa para quedarse con la avícola que llegó a faenar, en sus mejores épocas, hasta 400.000 pollos por día. Tras casi 10 meses de haber tenido la administración y explotación temporal de Cresta Roja, completó su adquisición por US$120 millones, al imponérsele a Avícola Del Plata, comanda por Granja Tres Arroyos.

El presidente Mauricio Macri junto a la gobernadora María Eugenia Vidal habían visitado la planta en su reapertura en mayo de 2016, rodeados por un fuerte operativo policial. La presentaron como un símbolo de la reactivación que comenzaría con su gobierno. Ese día, con la mitad reincorporada de los obreros de fondo, el Presidente vetó la Ley Antidespidos por considerarla “antiempleo”.

 

 

 

 CTERA DENUCIÓ ANTE LA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN EL DECRETO QUE ANULA LA PARITARIA NACIONAL DOCENTE, EN EL MARCO DE LA 50° SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO MUNDIAL DE LA IE.

Sonia Alesso – Secretaria General de CTERA y Miembro del  Ejecutivo Mundial de la IE y Hugo Yasky – Presidente de la Internacional de la Educación para América Latina – estuvieron presentes en la 50° sesión del Consejo Ejecutivo Mundial de la internacional de la Educación que se realizó en Bruselas – Bélgica -, donde denunciaron la actitud del Gobierno Nacional de atacar la negociación colectiva en Argentina.

Asimismo denunciaron las amenazas sufridas por Roberto Baradel – Sec. General de SUTEBA y Adjunto de CTERA -, hecho que ya se había producido durante las negociaciones del año 2017.

La Internacional de la Educación  – que nuclea a 32 millones de docentes de 171 países – ha rechazado la eliminación de la Paritaria Nacional:

“La Internacional de la Educación ve con sume preocupación tal medida pues es no solo atentatoria del principio democrático anclado en el Diálogo Social, sino también un atropello de los derechos de trabajo, asociación sindical y negociación establecidos en los Convenios número 87, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). ”

Además su resolución expresa:

“Le solicitamos, Sr. Presidente, que deje sin efecto el decreto 52-2018 y que convoque de manera urgente a paritarias tal como lo establecen las Leyes 23.959 y 26.075. Esperamos que no se repita la situación creada en el año 2017 a partir de su negativa a convocar a los representantes gremiales del sector educativo.”

Con respecto a las amenazas a Roberto Baradel – Sec. General de SUTEBA y Adjunto de CTERA – la resolución de la Internacional de la Educación afirma:

 

“El hecho de que las amenazas se repitan iniciando el 2018, es señal clara del continuo deterioro del sistema democrático y un efecto directo de los ataques dirigidos por el mismo gobierno contra  los docentes de la educación pública y la libertad sindical.

La comunidad internacional mira cada vez con más preocupación como la sombra del pasado de persecución y muerte de los tiempos de dictadura se extiende nuevamente sobre el panorama político y sindical argentino.”

“Desde la Internacional de la Educación exigimos una vez más a las autoridades nacionales, provinciales y del municipio donde vive Roberto Baradel, a tomar todas las medidas y realizar la investigación necesaria para lograr identificar quien o quienes están intentando nuevamente entorpecer el derecho irrenunciable de la defensa de los derechos de los trabajadores y al justo reclamo.”

Desde la Internacional de la Educación acompañarán todas las medidas a nivel internacional que realice la CTERA para restablecer la Paritaria Nacional Docente y para terminar con las amenazas a Roberto Baradel.

Buenos Aires, 26 de enero de 2018

PRENSA CTERA

 

 

Con la actividad en crisis, el Gobierno va por la flexibilización del convenio de los textiles

Con la actividad en crisis, el Gobierno va por la flexibilización del convenio de los textiles

El ministerio de Producción anunció que tiene “prácticamente” cerrado un convenio para mejorar la competitividad del sector. La propuesta de la cartera que conduce Cabrera es implementar una rebaja de costos laborales. Flexibilización reloaded.

La Casa Rosada no se resigna a abandonar el reformismo permanente. Pese a que el proyecto de reforma laboral quedó en veremos, al menos hasta el comienzo de las sesiones ordinarias, el Gobierno activó puentes para acordar cambios laborales por sectores.

Con el acuerdo petrolero por Vaca Muerta como norte, el ministerio de la Producción anunció que está a punto de cerrar un acuerdo con las cámaras empresarias y gremios del sector textil, con el objetivo de incrementar la oferta y reducir costos laborales. Durante un contacto con la prensa, el secretario de Transformación Productiva, Lucio Castro, adelantó que con el sector textil “estamos trabajando en un proyecto que está prácticamente cerrado”.

El acuerdo, entre otras cuestiones, comprende la posibilidad de implementar “una rebaja de costos laborales, pero no salariales, y una mayor formalización del sector que tiene casi un 75% de trabajadores en negro en el sector de confección”. El sector textil acumuló en el 2017 una caída del 8,6% en el nivel de producción, según datos del Indec, afectado por la caída de consumo en el mercado interno y por el incremento de las importaciones.

Por lo pronto, la semana pasada el ala dialoguista de la CGT dio luz verde al desdoblamiento de la reforma laboral al considerar que “es una buena medida que tendría que haberse tomado de entrada”. En ese contexto, el triunviro de la central obrera Héctor Daer avaló el desdoblamiento de la anunciada reforma laboral en varias leyes separadas, al sostener que se trata de una “buena iniciativa”.

Los dichos de Daer llegaron luego que el Jefe de Gabinete Marcos Peña anunciara que la reforma laboral “no es de vida o muerte que sea una sola ley o varias leyes”, e incluso adelantó que habría “modificaciones normativas que el Congreso definirá”.

 

 

Un grupo de investigadores denuncia un atraso salarial de un año

 Por Maby Sosa

“El mes de diciembre de 2016 cobramos en octubre de 2017. Los primeros meses de 2016, además los cobramos en cuotas. Nunca te dan explicaciones ni equiparan los atrasos, a pesar de que están reglamentadas las cuestiones de atrasos”, expresó Ruy Zurita, miembro fundacional de CAMIT.

La decisión final en el pago de los sueldos es del Consejo de la Magistratura de la Nación y se realiza una vez que el juzgado de Tucumán realiza la evaluación de los honorarios, los manda a Buenos Aires y desde allá se autorizan los sueldos. Pero siempre se atrasan, aunque nunca durante tanto tiempo.

“Somos peritos acá hace quince años, sin embargo, desde hace ocho que cobramos no nos regularizaron jamás”, cuenta Zurita.

“Tenemos un gran compromiso con lo que investigamos, y siempre pensamos en poner la menor de trabas posibles en estas causas que son delicadas. Siempre pusimos la mayor colaboración de nuestra parte para sacar adelante las investigaciones. Desde ese lugar nos ocupamos de nuestro trabajo de peritos”, afirma.

Uno de los motivos por los cuales se hace dificultoso profundizar en estos casos, según afirma el perito, tiene que ver con que no hay una legislación que se ocupe específicamente de las investigaciones vinculadas a los casos de lesa humanidad durante la dictadura.

El CAMIT, a lo largo de sus quince años, comprobó la existencia de la fosa común y hallaron restos óseos de un centenar de víctimas de la represión que fueron arrojadas durante el Operativo Independencia y luego en la dictadura.Una de las preocupaciones constantes tiene que ver con la falta de presupuesto para continuar con las excavaciones.

“Son causas que deberían tener una legislación especial. En los años que pasaron nunca se avanzó en ese sentido y desde lo legal tampoco. Si bien hubo juicios, aún falta avanzar en términos de lo que hace falta para avanzar y una de esas cosas es fomentar las investigaciones”, expresa.

El equipo está integrado por once investigadores que están trabajando activamente a pesar de la falta de presupuesto y de no cobrar sus sueldos. “Estamos preparando otras causas en Tucumán. Además, trabajamos en otras provincias que tuvieron también este problema de falta de pago. Hay un caso muy similar en Corrientes, pero desde el gobierno provincial, crearon fondos especiales para financiar el trabajo de los peritos de allí”, contó Zurita

 

 

Trabajadores de Osplad piden que el Soeme de Balcedo no les descuente más de sus salarios

Trabajadores de Osplad piden que el Soeme de Balcedo no les descuente más de sus salarios

“El Soeme recauda casi medio millón de pesos mensuales del personal de la Osplad”, explicaron y pidieron que el gremio del detenido Marcelo Balcedo deje de descontar compulsivamente de sus salarios.

Las autoridades del Sindicato de la Obra Social para la Actividad Docente (Sitosplad) exigieron hoy al Ministerio de Trabajo que se les deje de descontar a sus afiliados la “cuota solidaria” de 1,8 por ciento que percibe el Soeme, por considerar que el gremio que conducía Marcelo Balcedo, detenido en Uruguay, no representa a aquellos trabajadores.

Los secretarios general y de Prensa del Sitosplad, Alejandro Bassignani y Carlos Terreu, exigieron a la cartera laboral “el inmediato cese del aporte salarial obligatorio de 1,8 por ciento sobre los haberes brutos que realizan esos trabajadores al Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y Educación” (Soeme) en concepto de “cuota solidaria”.

El extitular de esa organización, Marcelo Balcedo, está detenido en Uruguay a la espera de su extradición a la Argentina para ser juzgado por una multiplicidad de delitos.

Los dirigentes gremiales del Sitosplad y la secretaria adjunta, Hebe Nelli, explicaron que la organización exigió “el cese de ese aporte en concepto de cuota solidaria”, que percibe el Soeme sobre los haberes brutos de más de 2 mil empleados.

“El Soeme recauda casi medio millón de pesos mensuales del personal de la Osplad por ser solo paritario, ya que se aplican los descuentos sin condición”, puntualizaron.

Los dirigentes gremiales indicaron que “se violentaron los dictámenes del Ministerio de Trabajo respecto de la obligación del Soeme de indicar el destino de ese aporte solidario” y, además, “los acuerdos paritarios 2017 entre ese gremio y la Osplad no fueron aún homologados por la autoridad de aplicación a partir de aquellos incumplimientos”.

“Esos acuerdos tienen cláusulas, como la de ultraactividad de la cuota solidaria, y no se ajustan a derecho en relación con la normativa y jurisprudencia vigentes”, señalaron.

Los sindicalistas subrayaron que el juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación por lavado de dinero en la que está involucrado Balcedo, ordenó además congelar las cuentas bancarias de la organización gremial y la clausura de sus sedes.

Bassignani explicó que ese descuento se sigue aplicando a más de 2 mil trabajadores de la Osplad de todo el país en “el contexto de un escándalo por el caso policial-judicial de Balcedo”.

A partir de esa realidad “nadie puede hacerse el distraído”, dijo y sostuvo que llama la atención que en ese contexto “la organización Soeme no haya sido aún intervenida”.

“Es preciso medir a todos con la misma vara. El Soeme es un gremio absolutamente trucho. Esta mañana, el Sitosplad presentó un nuevo escrito en la cartera laboral respecto de ese aporte por cuota solidaria y demandó su inmediata intervención. Las acusaciones en el escándalo Balcedo deben tener correlato absoluto con la realidad”, afirmó.

Bassignani explicó que el trámite de reclamo de otorgamiento de la personería gremial en beneficio del Sitosplad concluyó el 23 de marzo último, cuando el Departamento de Legales de Trabajo y la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS) recomendó esa instancia, luego de haber vencido todos los plazos en ese sentido.

Terreu, por su parte, explicó que la Osplad nació como Dirección de Obra Social del Ministerio de Educación y agrupaba al personal del sector, pero explicó que en esa instancia comenzó a entrometerse el Soeme, que representaba el área de maestranza.

“Siempre fue un gremio minoritario que no representa a los docentes sino a los trabajadores de maestranza en la cartera educativa. No tiene allí ámbito de actuación, pero continúa negociando paritarias y firmando ante la falta de personería del Sitosplad.

a cuota solidaria que aplica sobre los afiliados a la Osplad oscila entre 300 y 500 pesos por trabajador, ya que representa un 1,8 por ciento sobre los haberes brutos”, subrayó.

Los sindicalistas añadieron que el Sitosplad “no se opone a la cuota solidaria” -nacida en los ’90 ante la crisis de los gremios-, aunque aclararon que “el Soeme no puede percibirla en este caso, ya que no representa a nadie en el ámbito de la obra social docente”.

“Los trabajadores de la Osplad tienen mucha bronca y no es para menos. De forma mensual deben abonar al Soeme por cuota solidaria un 1,8 por ciento sobre sus haberes brutos, más otro 2 por ciento por cuota sindical al Sitosplad. Es decir, más de un 3,5 por ciento, lo que es una absoluta barbaridad que continúa permitiéndose”, concluyeron.

Si hay miseria, que se note

El coctel de caída del consumo, inflación y tarifazos empujó al cierre a la peluquería trans Las Charapas. Las diez trabajadoras de la cooperativa quedaron en la calle, mientras tanto la provincia de Buenos Aires sigue sin implementar la ley de cupo trans.
Koral Flores formó parte del grupo que inició este proyecto.
Koral Flores formó parte del grupo que inició este proyecto. 

Las facturas de luz, gas y agua se fueron acumulando sobre un mueble. Poca clientela. Algún que otro corte, una planchita. Pusieron precios cuidados y tampoco resultó. Costó mucho sacrificio reunir el dinero para abrir el salón de belleza, por eso lo pensaron mucho hasta tomar una decisión definitiva. Pero los números no daban. Esta es la breve historia del cierre de la cooperativa de belleza integral Las Charapas. Los aumentos exorbitantes de las tarifas eléctricas y de gas le pusieron fin al sueño de diez mujeres trans y travestis que eligieron romper con el destino obligado de madrugadas y de asfalto.

El nombre Las Charapas se debe a que la mayoría de las cooperativistas nacieron en la selva peruana. Charapas es el gentilicio que se aplica a los pobladores de esa región. Koral Flores (35) nació en Iquitos, es militante de Otrans y formó parte del grupo que inició este proyecto. “Comenzamos con la idea de la cooperativa desde 2013, con un grupo de compañeras. Queríamos salir de la prostitución. La policía nos perseguía y nos reprimía. No queremos más ese destino para nosotras. Como no contamos con el apoyo del Estado, estuvimos durante tres años organizando campeonatos de vóley y vendiendo comidas peruanas, para reunir el dinero”.

Tacacho con cecina (tiritas de carne seca con chorizo y plátano), juane (arroz, gallina, aceitunas, huevo), chicharrón de cerdo, sopa inchicapi de gallina y harina de maíz. Sabores que inundaron las calles de La Plata como un grito de libertad trans y travesti y permitieron reunir el capital para comprar las herramientas de trabajo e invertir en capacitación.

Orgullosamente trans y peruanas, Las Charapas abrieron su cooperativa el 5 de diciembre de 2016, en calles 18 y 40, Barrio Norte de La Plata. Integrada por peluqueras, especialistas en belleza de pies y manos, y asistentes de salón. Pero 2017 fue un año bisagra para la población argentina: aumentos siderales de tarifas y del costo de vida, baja de consumo. El video de la actriz Mónica Cabrera que muestra a la mujer de clase media que se tiñe en casa porque ya no puede pagar la peluquería ilustra la situación que ahoga a los salones de belleza. Y para la población trans-travesti migrante, doble bisagra: fuerzas policiales con licencia para golpearlas en la calle, allanar sus viviendas, arrojarlas a calabozos inmundos.

Cortes populares a 100 pesos, promociones de botox, queratina y alisado a 300 pesos. Ni siquiera los precios cuidados pudieron torcer el destino de la cooperativa mientras los bolsillos de la clase media platense están cada día más flacos. Sumado al prejuicio por la identidad de género y la condición de migrantes de Las Charapas.

“Sostuvimos más de un año la cooperativa. Pero no pudimos más. Volanteamos mucho, hicimos mucha publicidad. Pero la gente hoy elige comer antes que arreglarse en la peluquería. Es muy doloroso porque la cooperativa me permitió entrar al ámbito universitario, cursar la tecnicatura en Comunicación Popular en la Universidad de La Plata. Fue un gran paso en mi militancia, tanto en lo personal como en lo comunitario. En este momento hago changas de peluquería a domicilio. Pero no es justo. El dinero no alcanza para vivir. Lo vivo como un retroceso muy grande. Pero no voy a bajar los brazos, no quiero volver a la calle”, dice Koral.

Una sola de las Charapas regresa a Perú porque ya no se siente bien en la Argentina. Sin trabajo y sin otro destino que la prostitución y ser víctima de la persecución policial. Las demás, como Koral, dicen que se quedan. Van a intentar resistir.

“Estamos pensando que estas son vacaciones forzadas -sostiene Koral-. Necesitamos que la gobernadora María Eugenia Vidal implemente urgente el cupo laboral trans. Y que el Estado nos facilite transformar Las Charapas en una escuela de peluquería”.

 

 

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