Escribe Eduardo Barcesat / Resumen Latinoamericano / 12 de enero 2018 .-

El decreto de necesidad y urgencia denominado “Desburocratización y Simplificación” avasalla, según la mirada del constitucionalista, la división de poderes de la República.

Desafiando la institucionalidad, el Gobierno Nacional acaba de avasallar las compuertas de la división de poderes mediante el dictado, inmediata publicación y entrada en vigencia del Decreto 27/2018 (B.O. 11-01- 2018), groseramente denominado “Desburocratización y Simplificación”.

Se trata, cuando no, de un decreto nominado como de “necesidad y urgencia”, que invoca, pero no cumplimenta los recaudos establecidos por el art. 99, inc. 3º de la C.N.

Recordemos el texto de esta norma, en cuanto aquí concierne: “…El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlo, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros…”.

Ahora bien, con un Congreso de la Nación convocado a sesiones extraordinarias por el propio PEN, ¿qué es lo que impide que ambas Cámaras del Congreso de la Nación se avoquen al tratamiento de un proyecto de ley que modifica –y derrumba- la estructura institucional del Estado de Derecho, cuyo pilar basal es la división de poderes?

La respuesta es sencilla: no hay ninguna razón de necesidad y urgencia; simplemente que es más efectivo, brutalmente efectivo, apropiar la potestad legisferante conferida al Congreso de la Nación que, valga recordarlo, es el primero de los tres poderes que regula la Constitución Nacional, y que es el que mejor expresa, por la representación proporcional, el mapa de la voluntad política de la República Argentina y el principio de la soberanía del pueblo.

El art. 36 de la C.N., una de las incorporaciones más señeras de la Reforma Constitucional del año 1994, establece el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, condenando de la forma más severa posible en el ordenamiento jurídico, los golpes de estado. Y si bien es claro

cuando la usurpación del poder político se comete desde fuera de los tres poderes que conforman el Gobierno Federal bien cabe, en la interpretación constitucional, examinar cuál es la situación del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, cuando el quiebre del respeto y

resguardo a las incumbencias de los poderes que integran el Gobierno de la Nación, es cometido desde un Poder Ejecutivo que transgrede, franca y abiertamente, los límites de sus incumbencias constitucionales, para apropiar, usurpar, las que le competen a los otros poderes; en el caso, las del Poder Legislativo de la Nación.

Es un grotesco institucional la justificación que se ensaya en el DNU 27/2018: “…que encontrándose en receso el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, el transcurso del tiempo que inevitablemente insume el trámite legislativo implicaría un importante retraso en el dictado de las normas en cuestión, lo que obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos del presente Decreto…”.

Pareciera que la desmemoria del conjunto integrado por el Presidente de la Nación Argentina, el Jefe de Gabinete de Ministros, y el conjunto de los Ministros que, necesariamente, deben refrendar la firma del Presidente, lleva a que olviden que el Congreso de la Nación se encuentra en sesiones extraordinarias por lo que no existe urgencia alguna para “puentear” el trámite de debate y sanción de las leyes. Ni mucho menos habilitar que un simple decreto postergue o suspenda la vigencia de la Constitución Nacional.

Además, de una primera lectura del extenso DNU, surge evidente que introduce modificaciones en normativa penal, procesal penal y tributaria, que le están expresamente vedadas al Poder Ejecutivo Nacional, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable (art. 99, inc. 3º, C.N.).

Estamos, indudablemente, ante un golpe de estado institucional, perpetrado en el momento más lábil para las instituciones de la república, y cuando el Gobierno Nacional acusa el impacto de su creciente descrédito por el debate sobre la reforma previsional, la represión ejercida sobre el pueblo de la nación, y el ineluctable fracaso del proyecto económico.

Recordemos, finalmente, que el propio art. 36 de la C.N. reconoce a todos los ciudadanos el derecho de resistencia cuando se avasalla la supremacía de la Constitución Nacional.

Macri, mejor alumno de Menem: copió texto de decreto de 1991

El gobierno copió casi exactamente un párrafo de un decreto de Menem. Lo único que editó la versión macrista fue la frase “economía popular”.

El extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 27/2018 que se publicó el jueves en el Boletín Oficial, además de posibilitar que los bancos puedan embargar las cuentas sueldo de los trabajadores, abrir la puerta a nuevos despidos en el Estado y establecer nuevas medidas flexibilizadoras, también vino con un revelador dato de color. Un párrafo entero fue prácticamente copiado de un decreto de 1991, promulgado por el ex presidente Carlos Saúl Menem.

La denuncia estuvo circulando en Twitter y llegó a los medios de comunicación.

Menem-Cavallo
Macri-Peña pic.twitter.com/21gpFdGvod

— Pablo (@pablovommaro) January 12, 2018

En los considerandos del decreto 2284/91 del 31 de octubre de 1991 se planteaba: “Que habiendo iniciado la Nación una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos y la instauración de una economía popular de mercado, la permanencia de normas dictadas en otro contexto constituye un factor de atraso y entorpecimiento del desarrollo nacional”.

En el DNU de Macri se dice: “Que habiendo iniciado la Nación una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos y la instauración de una economía pujante, competitiva y transparente, la permanencia de normas dictadas en otros contextos constituye un factor de atraso y de entorpecimiento del desarrollo nacional”.

El decreto de 1991 desreguló el comercio interior y exterior y liquidó las juntas reguladoras de carnes y granos, que evitaban disparadas de precios en el mercado interno. Fue parte de una política de privatizaciones y flexibilización laboral a ultranza que llevó a números históricos los índices de desocupación e indigencia en Argentina.

Ahora Macri se “inspira” en su antecesor neoliberal para iniciar un nuevo recorte de puestos de trabajo y recursos estatales y beneficiar a empresarios que tienen trabajadores en negro. Además, permite embargar las cuentas sueldo de los trabajadores, una medida que beneficia a los Bancos y acreedores.

La copia, por supuesto, vino con una cuota de edición, y no precisamente para hacerlo más amigable que el de Menem sino todo lo contrario. A donde el texto de 1991 decía “economía popular de mercado” para tratar de mostrar el avance neoliberal de una manera más simpática hacia el pueblo trabajador, Macri lo reemplazó por “economía pujante, competitiva y trasparente”, evitando así cualquier confusión sobre los objetivos del gobierno.

Fuente: Socompa, Página12, Tiempo Argentino.