Argentina. Resumen gremial y social: Fanazul: “Todo el pueblo de Azul está indignado”/ El mito del Estado sobredimensionado/ ATE lanza plan de lucha/ Los mineros de Río Turbio paralizan la empresa/ Masivo festival contra el ajuste en los medios públicos/ Tras el tarifazo, continúan los apagones … Lea más aquí

Resumen Latinoamericano/ 11 de enero 2018.- Una nueva sección informativa de las luchas sindicales del pueblo argentino contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri.Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal.

Invitamos a quienes quieran informar sobre despidos, huelgas, ocupaciones, movilizaciones y conflictos sindicales varios, que nos envíen sus gacetillas y comunicados a resumenrebel@gmail.com

 

 

 

 

Acampe en Fabricaciones Militares: “Todo el pueblo de Azul está indignado”

Acampe en Fabricaciones Militares: “Todo el pueblo de Azul está indignado”

Los trabajadores de la planta de Fabricaciones Militares en el distrito bonaerense de Azul acamparon frente al edificio municipal de esa ciudad para reclamar que no cierre esa planta, que da trabajo a más de 200 operarios.

Los empleados de Fanazul, planta de explosivos de Fabricaciones Militares que permanece cerrada luego que se dieran de baja los contratos de sus 219 trabajadores, realizaron una protesta con corte de tránsito en las rutas nacionales 3 y 226, para visibilizar su reclamo.

“La fábrica para mi es todo, fue mi primer empleo formal, soy operario de la planta de dinamita de Fanazul desde hace 15 años; mi papá trabajó en la fábrica, y mi hermano trabaja en ella también, es algo de generaciones”, explicó a Télam Juan Cacace, uno de los despedidos que está acampando.

Sostuvo que “si preguntás en la ciudad, el 60 por ciento de los pobladores tiene un pariente que ha trabajado en el fábrica, que funciona desde hace 70 años en Azul; podíamos esperar que la achicaran, pero no que la cerraran y arrancaran así un pedazo de historia”.

“Trabajar en Fanazul nos hacía sentir que éramos parte de un equipo, que colaborábamos con la industria de la defensa nacional, con los proyectos de radares; sentíamos orgullo de participar en la búsqueda de petróleo de YPF, ya que de acá aportábamos un explosivo para eso; ayudábamos con la desmilitarización que implica desarmar proyectiles viejos, y, por ejemplo, tenemos proyectiles de la Segunda Guerra Mundial para desarmar y desactivar”, detalló emocionado.

La planta de Fabricaciones Militares daba trabajo a 219 operarios, pero la semana pasada el interventor de Fanazul, Luis Riva, confirmó el cese de sus contratos bajo el argumento de que no era rentable.

“La planta deja de producir. Dejó de hacerlo el 28 diciembre”, confirmó Riva en esa oportunidad en declaraciones a LU32 Radio Olavarría, y explicó que “la producción era muy pequeña en Azul y puede ser reabsorbida por otras plantas de la empresa”.

De inmediato, los trabajadores de la planta, junto a vecinos y entidades gremiales, iniciaron un plan de lucha para visibilizar el conflicto que supone el cierre de una planta en un distrito de menos de 100 mil habitantes.

“Estamos acampando en la plaza, frente al municipio, a la espera de que nos den una respuesta, que se concrete un diálogo con las autoridades nacionales o bonaerenses y la fábrica no sea cerrada”, explicó Cacace.

El trabajador, que también es delegado de ATE, advirtió que “si no tenemos una respuesta oficial de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, o el ministro de Defensa, Oscar Aguad, volveremos a cortar las rutas”.

“Todo el pueblo de Azul está indignado, los vecinos nos abrazan, nos dan una palmadita y nos dicen ´vamos, que estamos con ustedes´ y eso es algo que nos abraza el alma, y que, pase lo que pase con la planta, cada uno lo recordaremos para siempre”.

 

El mito del Estado sobredimensionado

El incremento real del gasto público en el presupuesto Nacional no va hacia la Administración Pública, sino a las Fuerzas de Seguridad.

¿Es Argentina un Estado sobredimensionado?  Este mito que muchísimos medios de comunicación se encargan de propagar entre los sectores sociales de nuestro país tiene sin embargo un muro de contención: no existe ningún estudio que avale esta teoría.

Los informes  más recientes que se han elaborado sobre el tema indican que la Argentina tiene  un área estatal dentro de los parámetros que otros países, e incluso menor de aquellos con quiénes se pretende comparar.

Según publicara un par de años atrás Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) en la Argentina el empleo público representa al 18% de los trabajadores, mientras que países como  Francia esta proporción llega al 22%, en Canadá al 20% y en Reino Unido al 19%.(1)

También entran en la comparación los países nórdicos, ampliamente reconocidos  por el funcionamiento de su Estado donde Dinamarca y Noruega encabezan la tasa de trabajadores estatales con el 35% promedio y Finlandia detrás con el 29%.

En el país paladín del capitalismo, Estados Unidos, este porcentaje trepa a casi el 16%,  es pedir poco menos que en nuestro país y por contrapartida  no hay quejas de su población en cuanto a este porcentaje.

Y aún nos queda cotejar el promedio de ese enclave de países ricos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que el presidente, Mauricio Macri, le ha puesto muchas fichas para su ingreso, y  que alcanza un promedio de 20% de trabajadores estatales (2).

 

Números de trabajadores del Estado

Para desterrar el mito del Estado sobredimensionado, hay que desmenuzar como es la composición de esta planta estatal. Como primera medida hay que explicar bien cuando se habla de trabajadores del Estado.  A cargo del Poder Ejecutivo Nacional están aquellos que son incluidos dentro del Presupuesto Nacional, esto es de administración central, organismos descentralizados, Fuerzas Armadas y de Seguridad, Universidades, Poder Judicial, Poder Legislativo, y empresas pertenecientes al Estado Nacional.

Hecha la aclaración debajo se describen en miles la cantidad de trabajadores en cada área:

PEN, administración central y descentralizada: 208.000

Fuerzas de Seguridad y FFAA: 212.000

Universidades: 183.000

Poder Judicial: 32.000

Poder Legislativo: 15.000

En empresas del Estado: 120.000

Total de trabajadores a cargo del presupuesto del PEN: 770.000 (3)

Más allá de la opinión de Macri y sus propaladores no existen informes reales que cuestionen la cantidad de trabajadores que dependen del estado. Más bien hay un consenso unánime de que lo importante está en las funciones que brinda el estado; y Argentina respecto a muchos países, sobre todo con los latinoamericanos (en promedio un 12% de su fuerza laboral cumple funciones en el Estado), con quiénes los detractores nos quieren comparar, atiende necesidades que otros no ofrecen.

De hecho nuestro país como pocos en la región y en el mundo ofrece Salud y educación gratuita, áreas también que tienen una alta incidencia dentro del personal estatal.

Si como cuestiona el ministro de Modernización, Andrés Ibarra,  el Estado fue sobredimensionado durante el Kirchnerismo, hay que decir que Macri durante sus 8 años como Jefe de Gobierno de la CABA ha tenido porcentajes de trabajadores estatales en la  ciudad equiparabables (y sigue estándolo con su sucesor,  Horacio Rodríguez Larreta) a los parámetros de Nación.

Claramente el gobierno y muchos medios mienten cuando señalan que es necesario achicar el Estado y vuelven a mentirnos cuando encubren que detrás de esta movida está el interés por re direccionar la planta del Estado de áreas de atención hacia áreas que dependen de las fuerzas de Seguridad.

 

El PEN y las Fuerzas Armadas y de Seguridad

Así como el Estado mantiene su promedio de trabajadores (entre el 17 y 18%), en los últimos años viene creciendo el presupuesto y el personal destinado para las fuerzas de Seguridad.

A la salida de la crisis del 2001 las áreas administrativas del PEN superaban en personal al de Fuerzas Armadas y de Seguridad. Desde entonces el promedio trabajadores del PEN se mantuvo estable y las fuerzas de seguridad crecieron en cantidad de efectivos hasta este presentes que lo ubica en alrededor de 212.000 contra los 208.000 del PEN.

Pero en el crecimiento del área de Defensa hay que hacer una salvedad: mientras la cantidad de uniformados correspondientes a Ejército, marina y Fuerza Aérea tuvieron una curva descendiente, la correspondiente a fuerzas de Seguridad subió en forma más acelerada su cantidad de efectivos.

Según los datos que el IDEP pudo establecer a través del Presupuesto Nacional, Gendarmería paso de tener el en 2010 una fuerza de 28.383 uniformados a 38.555 (+36%) en el 2016 (siendo mayor la tasa de crecimiento hasta el 2015), y duplicando el número de efectivos al año 2003.

En estos mismos períodos Prefectura pasó de 17.893 a 23.179 agentes (+30%); la Policía de Seguridad Aeroportuaria de 3.110 a 4.954 (+59%); y la Policía Federal  41.626 a 48.575 (+17%), aunque aquí hay que aclarar que con el traspaso de parte de esta fuerza a la jurisdicción de la CABA hoy la fuerza a cargo del estrado nacional consta de 32.000 uniformados.

En estos mismos períodos los cargos en la administración pública Nacional subieron en promedio un 20%, o sea que salvo la Policía Federal Argentina, que sube un 17%, el resto de las fuerzas de Seguridad superan holgadamente en número al área administrativa (4)

 

Control a los sectores populares

Luego del achique del estado y el cambio impuesto por Menem en los ’90, la pobreza en nuestro país quedó casi clavada en el 30% de la población. Ni las políticas liberables de Menem y De la Rúa, que desembocaron en la crisis del 2001, ni las más proactivas estatales que se impulsaron desde el kirchnerismo, ni las del regreso al liberalismo de Macri, han logrado hasta ahora perforar la marca de este 30% de pobreza.

La pobreza dura (atravesada por dificultades laborales, salariales, sanitarias y de accesibilidad a las oportunidades) quedó instalada principalmente en el conurbano bonaerense, el cordón sur de la Capital Federal, el Gran Rosario y el Gran Córdoba.

Sin una verdadera respuesta social para combatir esta pobreza, para controlar el descontento de los sectores populares los gobiernos siguientes han recurrido a la reasignación de las fuerzas de seguridad desde áreas puntuales (Gendarmería en las fronteras y Prefectura en los ríos, por ejemplo) a puntos de estos conglomerados poblacionales.

Cierto sentido de esta militarización se ve en el Gran Buenos Aires y la Capital Federal con la presencia de más efectivos, más vehículos de fuerzas de seguridad, cámaras en casi todos los espacios céntricos, centros de monitoreo en municipios, etc. (5)

En el año 2005 por decisión del gobierno Nacional se crea la Policía de Seguridad Aeroportuaria,  que se encarga del control de todos los aeropuertos del país. Una manera de alinear al país con actos de violencia que se registraba en otras partes del mundo pero también para control interno contra la agitación social por parte de extranjeros.

Ya para el año 2010 (año inmediatamente anterior a la creación del Ministerio de Seguridad) comienza a incrementarse el presupuesto destinado para las Fuerzas de Seguridad: En bienes de uso, es decir gasto de equipamiento (ejemplo armas o vehículos) desde ese 2010 hasta el 2016 en la Policía Federal sube un 570%, en Gendarmería nacional un 700%, en Prefectura Naval un 1.449% y en la Policía de Seguridad Aeroportuaria un 141%. Contrariamente en la Administración Nacional la suba es de 274%, y teniendo en cuenta que entre los años determinados la inflación trepa al 516%. Es decir que mientras la Administración Nacional fue descapitalizada el resto de las fuerzas de Seguridad (salvo la PSA) reciben importantes incrementos de sus partidas (6).

En pleno navidad del 2012, la ex presidenta Cristina Kirchner envía gendarmes a las ciudades Bariloche y Rosario, para controlar los saqueos que se producen a cadenas de supermercados. En el Gran Buenos Aires ya estaba instalada la Gendarmería por esos mismos motivos.  En el 2013 en el marco del Plan de Seguridad Federal otros 4.000 gendarmes son enviados a las calles del conurbano para hacer frente a la crisis (7)

En el año 2007 César Milani, fue puesto al frente de la Subdirección de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército. En su meteórico ascenso hasta la jefatura del Ejército Milani fue acusado de montar un centro de inteligencia paralelo. En ese camino trazado como hombre fuerte de la Inteligencia el presupuesto del sector aumento durante el gobierno de Cristina Kirchner más del 400%. (8)

A esta militarización gubernamental contra la protesta de los sectores populares hay que agregarle las policías locales creadas a nivel municipal en la provincia de Buenos Aires y la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Según el censo 2010 en la Capital Federal vivían  2.891.082 personas, por lo que en el distrito del entonces Jefe de Gobierno Mauricio Macri, habían 933 policías cada 100 mil habitantes, es decir un uniformado cada 107 vecinos, cuando  la Organización de las Naciones Unidas recomendaba 2,8 efectivos por cada 1.000 habitantes. Una verdadera ciudad militarizada.

También hay que decir que desde la llegada de Macri al poder el presupuesto total  para las Fuerzas de Seguridad se ha incrementado mucho más aceleradamente. El aumento del 400% del presupuesto al área que a Cristina Kircher le llevó elevarlo en 8 años, fue más que superado por Mauricio Macri que en sólo 2 años de gobierno lo incrementó en un 476% (9), gran parte del mismo para reequipar a Gendarmería y las demás fuerzas de Seguridad Interior.  El ex ministro de Defensa durante el kirchnerismo, Arturo Puriccelli, avalaba estos datos con la información de que desde el año 2004 Gendarmería había duplicado la dotación de uniformados. (10)

El ejemplo de Gendarmería

Corriendo a la Policía Federal, Gendarmería es la fuerza de seguridad más numerosa de las antes mencionadas. La primera operación de Gendarmería fuera del ámbito de frontera se produjo en el 2003 cuando el entonces ministro de Justicia, Gustavo Béliz, mandó a la fuerza a intervenir en un conflicto del Barrio Fuerte Apache. Desde entonces se hizo común que comenzara a patrullar distritos del conurbano bonaerense y zonas del Gran Rosario.

Con el tiempo esos 300 gendarmes que inicialmente fueron enviados a cubrir un conflicto puntual pasaron a ser más de 6.000 agentes de seguridad cubriendo el primer cordón lindante a la Capital Federal, que de este lado apostó agentes de la Prefectura.

Estas crecientes políticas siguen firmes con el Gobierno de Macri. Recientemente anunció una importante suba presupuestaria para este sector.

El anuncio de combatir el delito es más que la expresión “retórica” que se da desde el Poder para justificar la militarización de los grandes conglomerados urbanos.

No es casual que ni bien asumiera, Macri hizo algo más que una redistribución de Gendarmería en el conurbano. Dejó atrás la política de su antecesor de enviar Gendarmería a las ciudades más pobladas para reubicarlos en ciudades donde el mapa del delito marcaba más caliente.

Para la “retorica” de Macri disociar pobreza de delito tiene un sustancial beneficio y es que la gente no asocie que estos hechos están íntimanente ligados a los cambios socio económicos que se fueron dando desde los años  ’90.

En cierto modo para el gobierno saturar de policías y fuerzas de seguridad  zonas densamente pobladas, y donde la pobreza es una fuente de reclamo y de desazón porque se los mantiene al margen de los beneficios sociales, implica combatir de primera mano el foco del conflicto. O sea al descontento popular se lo aplaca con la fuerza de la represión.

Fin de un mito

Al menos 4 cosas quedan demostradas:

– La Argentina no es un país donde el empleo estatal esté sobredimensionado.  Su porcentaje fluctúa dentro de los países llamados del primer mundo e incluso la OCDE, donde el presidente Mauricio Macri busca reflejarse.

– Sí supera en porcentaje a la casi totalidad de países latinoamericanos (el otro gran contraste que utiliza para demonizar la administración Macri) pero esto está dado fundamentalmente a partir de mejores servicios básicos que se brindan a nuestra población , tales como Salud o la Educación, como la presencia masiva de estudiantes latinoamericanos lo grafican.

– Que contrariamente a lo que se opina, el mayor crecimiento del personal dentro del Estado se da en las Fuerzas de Seguridad con indicadores que muestran que, desde la crisis del 2001, casi han duplicado el número total de personal de estas fuerzas.

– Que la operatoria de las fuerzas de Seguridad han pasado desde sus destinos originales a ocupar la geografía de los grandes conglomerados, hecho que al menos se registra con firmeza desde los os últimos 10 años.

 

Informe:  Alejandro Asis

Colaboraciones: Horacio Fernández y Mariana Rivolta- IDEP-

 

FUENTES

(1) y (2) CIPPEC

(3); (4); (6) IDEP

(5) Página 12 (día 26-08-2012)

(7) Infobae (día 31-08-2013)

(8) Perfíl (día 08-02-2015)

(9)  Infobae (día 28-03-2017)

(10) Telam (día 29-07-2013)

 

Prensa ATE

 

Plenario Nacional: ATE lanza plan de lucha

Lo resolvieron los delegados y delegadas del Estado nacional, provincial y municipal del área Metropolitana.

 

Antes del mediodía, en el Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado, comenzó el masivo Plenario de delegados y delegadas de ATE. Cerca de 200 trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional, Provincial y Municipal del área Metropolitana, junto a los referentes gremiales de Fabricaciones Militares de Córdoba, Rosario y Buenos Aires, colmaron el auditorio Eva Perón del gremio,  para continuar construyendo el plan de acción contra los despidos impulsados por el Gobierno Nacional y la ausencia de un canal de diálogo.

Al cierre de la jornada, por unanimidad, el plenario aprobó un plan de lucha que incluye, entre otras medidas, profundizar las acciones de concientización en los lugares de trabajo y hacia la comunidad, así como la presencia en la calle, en cada conflicto sectorial; y una gran Jornada Nacional de Lucha para la segunda semana de febrero, con cortes, movilizaciones y Paro Nacional, en conjunto con las organizaciones sociales, sindicales y políticas.

En la apertura, el Secretario General del sindicato, Hugo Cachorro Godoy detalló distintos conflictos que se desarrollan en este momento a lo largo y ancho del país, como la lucha por los despidos en la UEP de La Plata, en Fabricaciones Militares, en los municipios como Quilmes o Tres de Febrero, en Agricultura Familiar, entre otros, y destacó el caso de Fanazul: “El efecto más brutal de esta línea de acción política del Gobierno lo tenemos en Azul, donde cerraron la fábrica directamente, lo que implica desactivar el 20% de la capacidad productiva que tiene Fabricaciones Militares hoy”. Además explicó: “En este plan de lucha que estamos llevando adelante, son tan importantes las medidas de fuerza que desarrollemos al interior de cada sector de trabajo, como las que seamos capaces de vertebrar y articular con la comunidad”.

El gran plenario realizado hoy fue convocado el día 26 de diciembre, cuando se realizó el primer encuentro en el que se definió el Paro Nacional de ATE del 4 de enero próximo pasado.

Construir consenso social

Godoy destacó la necesidad de articular acciones y de construir vínculo con distintos sectores, explicando que “gran parte de esta lucha para frenar esta Tercer Reforma del Estado y lograr la reincorporación de los compañeros despedidos, tiene que ver con el consenso que tengamos capacidad de construir con la sociedad. Las organizaciones sociales son los sindicatos de este tiempo, con el nuevo formato laboral que el modelo neoliberal ha instalado, en términos de desocupación, sub-ocupación, trabajo precario, cooperativas, no tengo ninguna duda de que se está gestando una perspectiva de un nuevo modelo sindical por encima del sindicalismo tradicional”, señaló el titular de ATE Nacional.

En el plenario participaron representantes de los ministerios de Defensa, Cultura, Trabajo, de ENACOM, SENASA, Vías Navegables, INTI, diferentes delegaciones de ANSES, trabajadores Civiles de las Fuerzas Armadas, CDP Provincia de Buenos Aires, CDP Córdoba, Fabricaciones Militares de Villa María, Rosario, Río Tercero y Fray Luis Beltran, Conicet, Jefatura de Gabinete, Conea, INAES, Agricultura Familar, ANAC, Parques Nacionales, diferentes hospitales, Ministerio de Energía, Presidencia, INCAA, Seccional Quilmes, entre otros.

“Ante cada reclamo sectorial o en el ámbito del Ministerio de Trabajo, o en el mal llamado Ministerio de Modernización que en realidad es el Ministerio de los Despidos, la respuesta del Gobierno ha sido el silencio y la continuidad impertérrita de su acción”, señaló Godoy, al tiempo que reafirmó que “desde el primer día tomamos la decisión de que en cada lugar que haya despidos el mandato es convocar a asambleas y que la asamblea defina medidas de fuerza que son inmediatamente respaldadas por el gremio a nivel nacional”.

En la mesa del panel de apertura participaron además, la Secretaría de Organización de ATE CDN Silvia León; el Secretario de Interior del gremio a nivel nacional, Vicente Marti; el miembro de la Conducción Nacional, Héctor Carrica; el titular de ATE y la CTA-A de la Provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, y la Secretaria General del Consejo Directivo Provincial de Córdoba, Liliana Salerno.

Antes de dar inicio a las exposiciones de los compañeros y las compañeras presentes, que contaron la realidad de cada uno de los sectores de trabajo y elevaron propuestas para analizar en el marco del plan de lucha, Hugo Godoy explicó el sentido del plenario: “Queremos proponer que en lo que resta del mes de enero multipliquemos nuestras acciones de permanencia, de asambleas, de radio abierta, medidas de fuerza, en cada organismo donde tengamos capacidad de participación, y organicemos el sindicato, la militancia, la solidaridad del resto de los trabajadores, los cuerpos de delegados, para que cada día de enero haya una actividad en la vía pública en la cual interpelemos al conjunto de nuestra sociedad respecto de los reclamos que le hacemos al gobierno”.

Mantener la llama

Al cierre del plenario, Oscar de Isasi analizó: “Tenemos en claro que el Gobierno Nacional, a partir del triunfo electoral de octubre ha salido fortalecido y ha iniciado una ofensiva deliberada hacia los sectores populares que van a intentar aplicar con brutalidad durante todo este año, pero también vimos como esa base social de apoyo se resquebrajó en las jornadas de lucha contra la reforma previsional y también lo vimos en Azul”.

 “Ante esto, nuestro desafío es cómo darle visibilidad a cada conflicto y cómo llegar a febrero con potencialidad para dar las disputas que tenemos que dar y para que se reincorpore a la mayor cantidad de compañeros y compañeros”, agregó el dirigente bonaerense quien destacó la importancia de acompañar cada conflicto sectorial, y que cada uno sea una  “caja de resonancia” de lo que ocurre en los demás lugares. “Hoy es el reclamo por el Hospital Solano, mañana es la movilización a la Gobernación bonaerense y la semana próxima el corte en Ezeiza encabezado por ATE SENASA”, indicó.

Por último, De Isasi remarcó: “Sólo si logramos consenso social sobre lo crucial de reincorporar a los compañeros y compañeras, va a ser posible lograr las reincorporaciones”.

Plan de lucha

Por unanimidad, el plenario resolvió:

-Para las primeras semanas de febrero, realizar una caravana desde las Fábricas Militares de Azul, Rosario y Córdoba, pasando por todos los pueblos, para confluir en Capital Federal en una gran Jornada Nacional de Lucha, con Paro Nacional, cortes y movilizaciones, en conjunto a las organizaciones sociales, sindicales y políticas.

-Acompañar de forma unificada cada conflicto sectorial y generar acciones de conscientización en los lugares de trabajo y hacia la comunidad.

También se dio a conocer la resolución de convocar a una reunión del Consejo Directivo Nacional para la primera semana de febrero y se anunció la conformación de un espacio de organización para todos los despedidos/as, en el CDN.

Prensa ATE

 

 

 

 

 

Alerta por despidos: Los mineros de Río Turbio paralizan la empresa

La medida se tomó ante la falta de pagos y la política de vaciamiento pero en las últimas horas, se dio a conocer que peligran 500 puestos de trabajo.

ATE, como parte de la Intersindical de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, lanzó un plan de lucha, con retención de tareas, asambleas en cada sector y movilización, en reclamo por la falta de pago de los haberes de diciembre. Días antes, los mineros organizados en los distintos gremios habían enviado una intimación al interventor de YCRT, Omar Faruk Zeidan, exigiendo se abonen en tiempo y forma los salarios adeudados. Ante el incumplimiento, lanzaron las  medidas de fuerza.

En las últimas horas, en tanto, los mineros se encuentran en alerta ante la amenaza de que podría haber 500 despidos.

Miguel Páez, secretario general de ATE Río Turbio, señaló que la Intersindical (conformada además por Luz y Fuerza seccional Patagonia, La Fraternidad y la Asociación de Personal Superior Profesionales y Técnicos) le entregó una carta documento a la Intervención de YCRT, en la que exigió la regularización inmediata de los salarios. Además, le informaron la decisión de lanzar un plan de lucha, que incluye una retención de tareas en todos los sectores, hasta tanto no se concreten los depósitos correspondientes en las cuentas de los trabajadores.

La medida se inició a las 00 horas de este jueves 11 con “un alto grado de acatamiento”, señaló el dirigente. Además, el viernes se manifestarán frente a la Administración, en la localidad de Río Turbio, para exigir explicaciones al contador de la Intervención. Así, porque tienen información respecto a que la gestión ya contaba con los fondos necesarios para efectuar los pagos. Por ello, los sindicaron denuncian que puede existir una “maniobra política”.

“Creemos que esta operación es parte de la políticas, impulsadas por el Gobierno Nacional, y ejecutadas por Zaidan,  en el marco de las cuales hostigan permanentemente a los compañeros para que acepten los retiros voluntarios. Generan una psicosis colectiva con el miedo y la paralización de obras”, expresó Paéz.

“Por otra parte”, agregó, “es un incumplimiento más de parte del Gobierno porque  primero avanzaron con la denuncia de nuestro CCT, con los retiros voluntarios, las jubilaciones anticipadas y la violación sistemática de puntos convencionales, como por ejemplo, el no pago del reintegro de pasajes”.

“Están poniendo en riesgo nuestro futuro”

Lo que ocurre en YCRT va en línea con la política de ajuste, desinversión y paralización de obras que aplica el Gobierno de Mauricio Macri y que apunta a recortar trabajadores en todas las áreas del Estado Nacional. “Eso lo vemos reflejado en lugares como Fabricaciones Militares o SENASA, entre otros”,  indicó Páez.

En el caso de Yacimientos Carboníferos la decisión del Gobierno de paralizar la obra para la construcción de la usina de 240 megas es un golpe contundente al futuro de la empresa estatal.

Por último, Páez manifestó: “Nos solidarizamos con todos los sectores a nivel nacional por esta política de despidos masivos en el ámbito del Estado. Nosotros no estamos exentos de correr con esa misma suerte, ya hemos tenido despedidos a poco tiempo de haber asumido el actual Gobierno y esta Intervención”.

Prensa ATE

 

Masivo festival contra el ajuste en los medios públicos


 Diego Martínez

Por el escenario montado en Maipú 555, frente a la entrada de Radio Nacional, se sucedieron los discursos contra las medidas dispuestas por el titular del Sistema Federal de Medios, Hernán Lombardi, pidiendo la reincorporación de los despedidos de la emisora, y oponiéndose a la implementación del programa de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, congelamiento de salarios y demás medidas que atentan contra la libertad de expresión y chocan con los derechos básicos establecidos en los convenios laborales de los gremios.

Personalidades como María del Carmen Verdú (CORREPI), Néstor Pitrola (PO), Hugo “Cachorro” Godoy (ATE), Roberto Baradel (SUTEBA), Nicolás del Caño (FIT), Vanesa Siley (Unidad Ciudadana) y Juan Grabois (CTEP), no sólo acercaron su apoyo y su compromiso con la lucha de los trabajadores sino que se plegaron a los reclamos, poniendo énfasis en los más de 2500 periodistas que fueron despedidos desde el comienzo del gobierno de Mauricio Macri a esta parte.

Vale recordar que el conflicto generó un hecho sin precedentes: todos los trabajadores y los distintos gremios del sistema de medios públicos realizaron la semana pasada una asamblea conjunta y desde entonces se encuentran en estado de alerta y movilización.

 

Persecución y hostigamiento en la planta impresora de Clarín

En los últimos días Clarín envió dos telegramas con advertencias contra los delegados del SiPreBA en la planta impresora de la calle Zepita, uno de ellos por ausentarse para ir al baño y el otro por ir a comer. Con estas acciones, la empresa mantiene y profundiza  la persecución y el hostigamiento contra la organización gremial. Así, busca mantener un régimen laboral de precarización total en la planta con contratos de trabajo renovables en forma diaria. Desde el SiPreBA rechazamos esta política antisindical  y llamamos a la patronal a respetar a los delegados electos por sus compañeros, cesando en forma inmediata con dichas notificaciones y sanciones.

 

Canal 7: trabajadorxs respondieron las mentiras del ministro Hernán Lombardi

TV PÚBLICA: LOS ABUSOS Y PRIVILEGIOS DEL MINISTRO LOMBARDI

El Ministro Hernán Lombardi se lanzó en el día de ayer a un intenso raid mediático de mentiras para encubrir, con un falso e impostado discurso “democrático”, el vaciamiento deliberado de la Televisión Pública, que busca desactivarla para liquidar el servicio que presta a los argentinos, o eventualmente implementar una privatización encubierta entregando su control a alguna productora amiga, de lo cual hay ya algunos indicios.En el día de ayer, Lombardi se convirtió en un atleta del micrófono, realizando notas en los programas radiales de Pablo Vilouta (La Red) y Reynaldo Sietecase (Radio Con Vos), a quienes solicitamos derecho a réplica y en La Nación + con su escriba favorito, Pablo Sirvén, quien en la tapa de ese diario publicó las falsedades del pasado domingo 7 de enero, sin consultar nuestra versión, más allá de citar -apenas y mal- un comunicado.“Creemos en lo público”, contó el ministro, pero hay “privilegios que nadie puede aguantar”. Lombardi sabe que los privilegiados no somos los trabajadores, que tenemos salarios de convenio negociados con su gestión en la última paritaria hace quince meses, sino los funcionarios que se autofijaron determinados sueldos para cargos para los que no concursaron. Es el caso de Carla Piccolomini, la esposa del ministro de Modernización Andrés Ibarra, que cobró 196 mil pesos durante casi dos años en el canal. Solo promediando con esos montos es posible alcanzar las cifras que difunde el ministro.Hernán Lombardi miente cuando dice que la financiación de la TV Pública sale en su totalidad del presupuesto nacional, cuando al menos el 70 por ciento proviene de un gravamen a empresas audiovisuales privadas establecido por la ley 26.522, sobre la comercialización de los productos y la publicidad propia, a lo que hay que sumarle lo que el canal recauda en concepto de publicidad. Lo que Lombardi presenta como privilegios, como el uso de los automóviles por parte de los camarógrafos, es la práctica usual y convencional en absolutamente todos los noticieros de los canales de televisión, simplemente porque es mucho más económico y práctico para los medios hacerlo de esa manera que tener una flota de autos con chofer, o contratar taxis. Lombardi miente además cuando dice que la planta de la TV pública se incrementó en un 70 por ciento entre 2002 y 2015. Una mayoría de esos trabajadores ya cumplía funciones en el canal, pero de manera tercerizada y sin estar registrados, y fueron sucesivamente incorporados y legalizados. En el caso del noticiero, por ejemplo, la planta disminuyó en relación al aumento de horas de aire -que pasó de 19 a 30 horas semanales, y que con las actuales decisiones vuelve a tener menos de veinte horas aire-, la creación de nuevas plataformas como la web o nuevas funciones como la digitalización del archivo histórico.Por último, miente también Lombardi y la gestión del canal cuando afirma que con estas políticas persigue una TV Pública moderna y de calidad. Fuimos en cambio los trabajadores quienes planteamos en reiteradas oportunidades durante estos dos años la necesidad de incorporar e implementar nuevas tecnologías, renovar el equipamiento técnico que en algunos casos es obsoleto y avanzar en programas de capacitación profesional, sin tener ningún tipo de respuesta positiva por parte de las autoridades.Aunque ni Vilouta ni el servicial Sirvén se lo preguntaron, Lombardi debería contarle a la opinión pública, en alguno de sus numerosos y frecuentes contactos con los medios: a) en qué invirtió su ministerio los 5000 millones de pesos recaudados en 2017 por la ley 26522, de los cuales solo el 20% fue destinado a la Televisión Pública; b) Cuánto costó exactamente el contrato con la multinacional Mercer América Latina durante un año para suministrarle los datos falseados y ad hoc que repite en cada entrevista, y que se resumen en echarle a los salarios de los trabajadores del canal la culpa de todos los problemas de gestión y política que tiene la Televisión Pública, y c) Cuál es la programación y las políticas comunicacionales que su ministerio diseñó para la Televisión Pública para 2018. Porque de eso, Lombardi, dentro de su verborrea, prefiere no hablar.La actual política de vaciamiento y ajuste privará a la sociedad de espacios importantes de información pública, como los noticieros de fin de semana, carencia que consideramos una forma de censura encubierta.No hay ningún tipo de programación ni propuesta profesional para el 2018, solo latas y tercerización. En la actualidad, solo los noticieros y Cocineros Argentinos se realizan en el canal. La gestión pretende una Televisión Pública vacía, sin noticias y sin producción propia. Su política de ajuste llega al ridículo de recortar todas las horas extras que, en una planta que disminuyó, hecho crítico que se agrava en el período de vacaciones, pone en riesgo la propia pantalla ya que no contamos con la dotación mínima para garantizar la operatividad diaria. Según lo admitió públicamente en su charla de café con Sirvén, (apenas) “el 15% de la masa salarial de la Televisión Pública corresponde a horas extras”. Su provocación llegó a tal nivel que trataron que los informativos no se emitan para culpar a los trabajadores. No se lo permitiremos: si esta semana los noticieros están al aire es por exclusiva voluntad de sus trabajadores a contramano de las indicaciones de la gestión. Para coronar esta provocación, los días lunes y martes amanecimos con carros de asaltos y patrulleros de la fuerza de seguridad en las instalaciones del canal público. La policía como solución a todo, una fórmula repetida por estos días, aunque Lombardi no se haga cargo.Por todo esto, estamos en estado de asamblea permanente y movilización, exigiendo una solución urgente y alertando al conjunto de la sociedad del brutal ataque a los medios públicos en general y a la TV Pública en particular, del gobierno y la gestión encabezada por el ministro Hernán Lombardi y el presidente de RTA, Miguel Pereira.No vamos a permitir que reduzcan el canal público a su mínima expresión ni que lo privaticen de manera encubierta. No vamos a permitir que avasallen nuestros derechos profesionales y laborales. La información no es una mercancía ni un espectáculo, es un derecho.

 

Suspensiones y retiros voluntarios en Dass

Suspensiones y retiros voluntarios en Dass

La fábrica de calzado es la principal empleadora de Coronel Suarez. Las suspensiones serán 200 hasta febrero y reabrió el plan de retiros voluntarios con el que redujo 579 empleos el año pasado. El gremio busca intervenir

Se viven momentos complejos en Coronel Suárez. Es que en distrito de la VI sección electoral bonaerense de apenas 36 mil habitantes, la empresa de calzados Dass sigue con problemas que automáticamente se trasladan a la ciudad.

La empresa, que hasta el año pasado ocupaba casi 2.100 operarios, una porción significativa para la ciudad que encabeza el intendente del PRO, Roberto Palacio, anunció unas 200 suspensiones por un mes, hasta febrero y reabrió el plan de retiros voluntarios, que ya había puesto en marcha en 2017.

Ayer, un grupo de empleados de la reconocida fábrica de zapatillas se concentraron frente a la Municipalidad a la espera de ser atendidos por el jefe comunal.

Los problemas en la empresa comenzaron a visualizarse el año pasado con suspensiones rotativas y con la reducción de 529 puestos de trabajo a través de los retiros voluntarios al 140%.

Desde el Sindicato de Obreros del Caucho, que representa a los trabajadores de Dass, informaron que los suspendidos cobrarán el 100% de su salario y que los motivos por los que la firma tomó esa decisión son múltiples.

De todas formas, ya convocaron a los empresarios para que presenten la situación financiera de Dass ante el gremio y busquen alternativas para mantener la totalidad de los puestos de trabajo.

 

 

Furiosos, los trabajadores del Bapro le exigen a Vidal “que deje de mentirle a la sociedad”

Furiosos, los trabajadores del Bapro le exigen a Vidal “que deje de mentirle a la sociedad”

La gobernadora habló de jubilaciones de privilegio en el Banco Provincia y los trabajadores contestaron duro: “Nos expone en forma mentirosa ante la sociedad”, señalaron y repudiaron que “les bajen las jubilaciones y les extiendan los años de trabajo”.

Los trabajadores del Banco Provincia atraviesan un período de conciliación obligatoria dictaminado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, a partir de los cuatro días de paros a finales de Diciembre. El conflicto fue desatado por un nuevo cambio perjudicial en su sistema jubilatorio, a partir de una ley impulsada por el Gobierno de María Eugenia Vidal, sin consenso entre los empleados del banco.

En el marco de las negociaciones que se llevan adelante Vidal insiste en difundir la versión que habla de supuestas jubilaciones de privilegio en el Bapro y los empleados estallaron. “Los dichos de la Gobernadora en medios de comunicación masivos donde los trabajadores no tenemos derecho a réplica, nos expone en forma mentirosa ante la sociedad como los generadores de todos los males justificando así que se nos bajen las jubilaciones y se nos extiendan los años de trabajo, etc”, sostuvo el secretario General de la Comisión Gremial Interna, Santiago Etchemendi.

“Pagamos y aportamos mucho más que cualquier otro trabajador en el país”, agregó Etchemendi, quien calificó de “campaña de desprestigio y falsedades” los dicho de la Gobernadora.

Además, el gremialista señaló que  con la misma Ley que le bajan las jubilaciones se pone en serio riesgo al Banco de la Provincia “al trasladarle todo el déficit actual de la Caja de Jubilaciones”. “De esa forma comienzan a desfinanciar al Banco que siempre ha sido el socorro del pueblo de la Provincia de Buenos Aires y objetivo histórico de sectores privatistas”, remarcó.

“De estos hechos la gobernadora no habla, aparentando una supuesta ingenuidad que ya no le alcanza para seguir engañando, porque no se puede gobernar en base a la mentira constante”, disparó Etchemendi.

“Estamos alertando a toda la comunidad bonaerense que tras la ley de reforma del sistema previsional del Banco Provincia se oculta uno de los golpes financieros más graves a lo largo de la historia del primer Banco del país”, concluyó.

 

 

Guardavidas amenazan con dejar sin servicio a Pinamar el viernes, si no hay acuerdo salarial

Guardavidas amenazan con dejar sin servicio a Pinamar el viernes, si no hay acuerdo salarial

Los guardavidas del balneario bonaerense de Pinamar anunciaron que el próximo viernes harán un paro en todas las playas si no logran llegar antes a un acuerdo de recomposición salarial con los concesionarios de los paradores.

Si se concreta el paro, “será total, durante 24 horas desde la mañana en todo el frente costero”, dijo el secretario adjunto de la Asociación de Guardavidas de Pinamar, Fernando Espinach, a Télam.

En caso de que se concrete la protesta, recomendó a los veraneantes que eviten bañarse en el mar.

El sindicato de guardavidas de Pinamar, de unos 300 afiliados, rechaza el aumento salarial de 14,5% ofrecido por la Asociación de Concesionarios de Balnearios (ACB), a la que le pide un ajuste del 26%.

Espinach señaló que junto a un grupo de guardavidas se presentaron hoy en la delegación del ministerio de Trabajo en Mar del Plata, donde habían sido citadas las dos partes, pero “por la parte empresaria no asistió nadie”.

“Es un mal presagio que no acudan a una convocatoria del Ministerio, y si no deponen su actitud nos vemos forzados a tomar esta medida”, advirtió en referencia a la huelga del viernes.

“Nosotros pedimos 26% de recomposición para el salario porque el último aumento se otorgó en noviembre de 2016, y ellos quieren imponer un 14,5% y se niegan a negociar”, apuntó.

Por su parte, el presidente de la Asociaciones de Concesionarios de Playas de Pinamar, Adrián Calabrese, declaró a Télam que el reclamo sindical “puede ser legítimo pero no los modos”.

“Al igual que cualquier trabajador, los guardavidas tienen derecho a reclamar, pero no estamos de acuerdo con las formas de hacerlo, quitando la seguridad en las playas”, puntualizó.

Calabrese, que administra el parador San Javier -en el que a su vez es guardavidas- se mostró confiado en que las partes alcancen un acuerdo en los próximos días.

Pero defendió la propuesta salarial presentada por los empresarios, al indicar que “se basa en las metas de inflación y en distintos acuerdos que ha cerrado el Estado con esa pauta”.

 

 

Más de 100 mil usuarios sin luz en Capital y Gran Buenos Aires

Tras el tarifazo, continúan los apagones

Desde ayer se registran cortes de luz en distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, en medio de las altísimas temperaturas. A las 17,30 había 110 mil usuarios sin luz en las áreas de la empresa Edesur y 9 mil en la de Edenor.
Imagen: Télam

Según informa el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en su sitio web, pasadas las 17.30 hay casi 120 mil usuarios sin energía eléctrica, en su mayoría de las áreas que controla la empresa Edesur. Se trata de barrios porteños como Caballito, Flores, Mataderos, Constitución y Villa Lugano, entre otros, y zonas de los partidos de Esteban Echeverría y Lomas de Zamora.

En total Edesur tiene 110.156 usuarios sin luz, frente a los 156.369 que ya sufrieron los cortes ayer, en medio de jornadas de calor agobiante. Mientras tanto, Edenor cuenta con 9 mil usuarios sin servicio, frente a los casi 75 mil de ayer.

Edesur explicó que el 90 por ciento de sus cortes son “preventivos y rotativos” para “superar” el accidente ocurrido hace una semana con una línea de alta tensión producido por una tunelera. La compañía agregó en su comunicado oficial que se instalaron 28 generadores de hasta 1.000 KVA en toda la zona afectada -el corredor sudoeste de la Ciudad-, para dar respuesta a la alta demanda generada por el calor.

Según la concesionaria, las interrupciones rotativas “no superarán las 6 horas”, principalmente en los barrios de Villa Soldati, Liniers, Pompeya, Caballito, Constitución, Flores, Villa Lugano y Mataderos.

 

 

CASI OCHO PUNTOS POR ENCIMA DE LA META DEL BCRA

jueves 11 de Enero de 2018

Oficial: la inflación rozó el 25% en 2017 (en diciembre marcó 3,1%, peor a lo previsto)

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El Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional subió en diciembre 3,1%, el dato más alto en un año y medio (y peor a lo previsto), mientras que a lo largo de 2017 sumó 24,8%, casi ocho puntos porcentuales por encima del techo de la metal oficial (17%).

Según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la suba de diciembre, la más importante de 2017, estuvo impulsada por un aumento promedio de 17% en las tarifas de luz, gas y otros combustibles.

Este mismo rubro subió 55,6% a lo largo del año pasado, seguido por un alza acumulada de 34,1% en comunicaciones y 31,5% en educación, entre otros.

El Gobierno concluye así sus dos años de gestión con una inflación superior al 60%.

Por su parte, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la ciudad de Buenos Aires y alrededores registró en diciembre un alza de 3,4%.

A su vez, los bienes tuvieron el mes pasado una variación del 1,2%, mientras que los servicios aumentaron un 6,5%, unos datos que ascienden al 20,1% y al 34,2%, respectivamente, en el conjunto de los doce meses.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) actual, con información de todo el país, se presentó en julio pasado después de la profunda reestructuración del organismo de estadísticas impulsada por el Gobierno. Es por eso que 2016 se cerró sin datos de carácter nacional.

Sin embargo, en forma paralela a los datos oficiales, la oposición en el Congreso difunde cada mes una medición del IPC, con base en cálculos de consultoras privadas.

El denominado “IPC Congreso” registró una suba acumulada en todo 2016 del 40,3%, la más alta de los últimos 15 años.

 

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