Argentina. Resumen gremial y social. Fanazul De la ruta a la municipalidad/ Trabajadores del Grupo Indalo en alerta por falta de pagos/ Bergman copó con Infantería el Ministerio/ Cresta Roja está parada y militarizada … Leer más aquí

Resumen Latinoamericano/ 10 de enero 2018.- Una nueva sección informativa de las luchas sindicales del pueblo argentino contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri.Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal.

Invitamos a quienes quieran informar sobre despidos, huelgas, ocupaciones, movilizaciones y conflictos sindicales varios, que nos envíen sus gacetillas y comunicados a resumenrebel@gmail.com

 

 

Acampe en Azul por el cierre de Fanazul

De la ruta a la municipalidad

Los trabajadores de la planta de Fabricaciones Militares levantaron el corte de la ruta 3 y volvieron a instalarse frente a la intendencia. Exigen la reincorporación de los 219 despedidos.
Los trabajadores despedidos de Fanazul, la planta de Fabricaciones Militares en el partido bonaerense de Azul, levantaron el corte de ruta que iniciaron ayer a la mañana y volvieron a instalar el acampe frente la Municipalidad local. Exigen la reincorporación a los 219 puestos de trabajo y aguardan que el interventor del organismo, Luis Riva, les confirme una reunión para esta semana.

“Vamos a acampar hasta que tengamos noticias favorables para volver a trabajar y que la fábrica no se cierre”, aseguró a Página/12 Omar Menchaca, delegado de ATE de esa planta, de la cual también fue despedido.

El corte sobre distintos puntos de la ruta 3 “fue importantísimo y sin violencia”, describió el gremialista. Sobre todo el que hubo en la intersección con la ruta 226, que lleva a los partidos de la costa atlántica. “Dejamos pasar ambulancias y autos con personas embarazadas. No somos gente violenta. Inclusive, algunas personas se solidarizaron y vinieron vecinos a donarnos cosas”, contó Menchaca.

El corte se inició ayer a las 9 y duró hasta a hoy a esa misma hora. Durante 24 horas pasaron por allí trabajadores de distintos sindicatos, agrupaciones partidarias, algunos dirigentes políticos y representantes de trabajadores despedidos de otras empresas, como los de PepsiCo.

“Fue mucho el esfuerzo que hicimos y seguimos esperando noticias”, señaló el delegado de ATE-Fanazul, al tiempo que confirmó que los despedidos están a la espera de que el interventor Riva responda a una solicitud de reunión para esta semana, que ellos le presentaron en las últimas horas.

Desde las rutas, el reclamo volvió al centro de la ciudad, donde durante los primeros días de protesta los trabajadores cosecharon un fuerte respaldo de la población azuleña. La primera noche posterior a la noticia de los despidos, miles de personas se movilizaron hasta la Municipalidad. Y en los días posteriores no cesaron las muestras de apoyo al acampe de despedidos.

“Vamos a seguir la lucha”, puntualizó Menchaca, quien también centró sus expectativas en el denominado comité de crisis integrado por trabajadores de Fanazul, autoridades comunales y representantes del Obispado local.

El sábado pasado, el Concejo Deliberante local aprobó la “emergencia laboral” en el distrito, que suspende por un año los despidos en administración pública. No obstante, la medida no alcanza a los trabajadores de Fanazul, por estar esa fábrica bajo la órbita del gobierno nacional.

 

 

 

Gustavo Mayares, delegado de la comisión interna en M1, explica a Canal Abierto que las acciones públicas que están impulsando se definieron porque “se vencieron todos los plazos para el cobro del sueldo y del aguinaldo, y no hay ni siquiera una promesa. Ayer tuvimos una reunión con el gerente, pero no hubo ningún compromiso”.

En algunos de los medios (C5N, Ámbito y una de las radios) Indalo Media abonó un porcentaje de lo adeudado, pero la situación general es extremadamente complicada para los trabajadores y trabajadoras.

“Nosotros no sabemos quién es el dueño, si son los nuevos (el empresario Ignacio Rosner), o los anteriores, se supone que hay una nueva administración pero no sabemos. Tenemos al presidente del grupo preso, al vicepresidente preso, y nosotros pagamos los platos rotos por las cagadas que se mandaron otros”, lamenta Mayares.

El conflicto comenzó hace más de seis meses, cuando la empresa empezó a pagar los salarios en cuotas, en medio de un pico de tensión entre sus dueños (Cristóbal López y Fabián De Souza), la Justicia y el gobierno nacional, que costó la salida de varios de las figuras visibles del grupo, con un traspaso accionario que quedó a mitad de camino, y con los empleados como principales afectados de negocios ajenos. A esta altura, muchos de ellos hasta se han quedado sin cobertura de salud.

Por último, el representante gremial insiste: “no tenemos nada que ver con las deudas de Cristóbal López”. “Estamos en el medio de la puja entre el Gobierno, la empresa y la Justicia, y quienes pagamos somos nosotros”, resume.

Los trabajadores y trabajadoras de Indalo en conflicto realizan en estos días retención de tareas de dos horas por turno, continúan en estado de asamblea, y hoy realizaron una volanteada en la puerta del edificio en Paseo Colón y San Juan, en el Bajo porteño.

Además, en el comunicado que difundieron denunciando la situación reiteraron: “exigimos el inmediato pago de nuestro sueldo y aguinaldo en su totalidad, así como el de los 600 trabajadores de medios que integran el Grupo”.

 

 

 

Desde el 1 de agosto de 2016 y producto de la Ley que creó la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) – empresa del Ministerio de Transporte encargada de brindar los servicios de planificación, dirección, coordinación y administración del tránsito aéreo-, El Palomar cuenta solamente con personal militar. Dicha norma también establecía que el aeropuerto sólo iba a servir para operaciones militares.

“Por entonces el personal civil que trabajaba ahí fue retirado, y lo reemplazaron con personal militar. No cuentan con la misma experiencia en cuanto a tránsito aéreo, sobre todo porque durante el último tiempo el aeropuerto operó muy poco”, explica el delegado de ATE, y agrega: “Desde ATE siempre nos opusimos a la militarización de El Palomar o cualquier aeropuerto”.

En este sentido, Belelli advierte que “no se vislumbra inversión ni desarrollo del capital humano desde que anunciaran su utilización para vuelos civiles. Esto es algo fundamental en cuanto a control y tránsito aéreo”.

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, anunció en septiembre pasado que la base aérea de El Palomar se iba a transformar en el tercer aeropuerto de la zona metropolitana –después del de Ezeiza y Aeroparque– para ser utilizado por las llamadas empresas “low cost”, de bajo costo. A fines de junio, Transporte le otorgó a la empresa Fly Bondi la concesión para volar desde la base en El Palomar y el 28 de diciembre  el presidente Mauricio Macri firmó un decreto mediante el cuál creó el aeropuerto de El Palomar y lo incorporó al Sistema Nacional de Aeropuertos.

“Ahora, a un año y medio de aquella decisión, sale a la luz una incongruencia y la falta de planificación del Gobierno. Estamos hablando de un riesgo para la seguridad aérea”.

Por otra parte, el delegado de ATE ANAC aclara: “Nosotros no estamos en contra de ningún desarrollo de la industria, y creemos que la creación de un nuevo aeropuerto implica siempre un potencial desarrollo económico para la zona”.

Inspeccionaron la base de El Palomar por las denuncias contra el nuevo aeropuerto

Una jueza federal realizó el procedimiento tras denuncias de vecinos y organismos de derechos humanos. Se constató que se están realizando obras y la justicia debe resolver si las suspende.

A las puertas de la base aérea hubo una manifestación de vecinos de la zona y de integrantes de organizaciones de derechos humanos. “NO al aeropuerto trucho El Palomar”, decía una de las banderas que llevaron. Otra retrataba las fotos de las personas detenidas y desaparecidas que estuvieron en el centro clandestino de detención que funcionó en la base aérea durante la última dictadura militar. Estuvo presente y participó de la inspección Nora Cortiñas, presidenta de Madres de Plazas de Mayo – Línea Fundadora.

 

 

 

Bergman copó con Infantería el Ministerio para desarticular una protesta contra los despidos

Bergman copó con Infantería el Ministerio para desarticular una protesta contra los despidos

Cuando los trabajadores habían instalado unas carpas para protestar por el despido de 28 trabajadores en el Ministerio de Ambiente, Sergio Bergman militarizó la cartera. “Despiden empleados para tomar gente de ellos”, denunció ATE.

En momentos en los que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se apostaba para levantar una campamento frente al Ministerio de Ambiente en protesta por los despidos de 28 trabajadores, el Gobierno decidió enviar camiones de Infantería para desarticular la movilización.

Desde ATE Capital denuncian que los despidos, efectuados el 29 de diciembre, recaen sobre personas idóneas, con antigüedad, sin faltas ni ningún tipo de sanción.

“Lo que están haciendo es despedir trabajadores para tomar gente de ellos. Despiden a gente preparada para tomar gente con sueldos superiores”, destacó Hugo Bellón, referente de ATE al portal El Destape.

Por otro lado, el dirigente de la Asociación alertó sobre la presencia de Infantería en el lugar: “Traen el aparato represivo para meterlo dentro del edificio. Entre 15 y 20 personas ingresaron por la cochera y hay cinco carros”.

La protesta va a continuar hasta obtener una respuesta por parte del ministerio dirigido por Sergio Bergman, quien en diálogo con referentes de ATE dijo que no había despidos, para luego afirmar que hubo no renovación de contratos. Desde la Asociación denuncian que esto forma parte de la primera parte de la ola de despidos.

Mientras el ministerio de Sergio Bergman deja a trabajadores en la calle, contrata pesonal en paralelo y no recibe como corresponde los reclamos de los despedidos. Desde ATE temen que el despliegue de Infantería termine, a la corta o a la larga, en otro episodio de represión.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Roca: Obreros de la fruta amenazan con no iniciar la temporada

La temporada está en riesgo y el malestar crece en la fruta. Así lo demostró una marcha de obreros que recorrió esta mañana las calles céntricas encabezada por los dirigentes del Sindicato de la Fruta. Fue en el marco de una nueva reunión paritaria por el salario de la postemporada 2017 que afecta a más de 16.000 trabajadores.

Fueron unos 300 manifestantes de distintas ciudades del Alto Valle, que se nuclearon en la esquina de Avenida Roca y Tucumán para reclamar a la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados el 10% de aumento y cerrar otro tanto más en la negociación de temporada para alcanzar el costo de vida anual.

Desde el centro de Roca, emitieron una clara advertencia para todo el Alto Valle. Fue en la voz de Ruben López, secretario del gremio, quien dijo que de no mediar acuerdo, corre riesgo el inicio de la temporada. “Queremos que los sueldos estén arreglados y si no es así no creo que empiece la temporada”, amenazó el dirigente.

“Somos re contra pacíficos y tratamos de que la temporada se desarrolle normalmente, estamos colaborando, por lo tanto esto tiene que ser de ambas partes”, pidió.

Si sus pretensiones no se ven satisfechas hoy “vamos a estar todo el día, mañana o pasado”, amenazó López. “Queremos que empiece la cosecha y que el trabajador sepa lo que va a ganar”.

Por su parte, Jose Giles, secretario de la seccional roquense puntualizó a “La Comuna” que están en discusión las medidas de fuerza pero que no buscarán cortar rutas, sino bloquear galpones o tomar la aduana, entre las posibilidades que abarajan.

Cerca del mediodía, los dirigentes se encuentran negociando puertas adentro del Ministerio de Trabajo.

Los rurales en el mismo camino

El gremio de los rurales, Uatre, tuvo su tercera reunión paritaria ayer en la que no se llegó a ningún acuerdo, pasaron a un cuerto intermedio para el lunes 15.

“Esa es la ultima reunión para nosotros, si no hay avances directamente vamos a las medidas de fuerza”, declaró Sergio Alarcón, secretario de la seccional de Roca.

(*) Fuente: Diario Río Negro

 

 

 

Hace una semana Cresta Roja está parada y militarizada

Lejos del símbolo de la reactivación macrista que el Gobierno intentó mostrar, la avícola no detiene su crisis. Los trabajadores siguen sin cobrar. Ayer los portones de sus dos plantas amanecieron militarizados. Amenazas de cortar el ingreso a Ezeiza.

Aquella visita de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal a Cresta Roja en el amanecer de las gestiones de Cambiemos en Nación y en la Provincia de Buenos Aires parecen haber quedado muy lejos. Es que lejos de convertirse en un caso exitoso del símbolo de los tiempos macristas, la avícola vivió en crisis permanente.

La reactivación nunca se terminó de concretar, hubo cientos de operarios que nunca fueron reincorporados y aquellos que volvieron al trabajo sufrieron constantes incumplimientos en sus salarios y en sus condiciones laborales.

De hecho, ya hace más una semana que que las plantas de Esteban Echeverría y Ezeiza están de paro y ls empleados volvieron a encarar un proceso de asambleas para discutir medidas por el dinero adeudado por la patronal de Proteinsa.

Entre las alternativas que barajan los trabajadores no descartan cortar el ingreso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Pero para sumar elementos preocupantes a la situación, ayer ambas plantas amanecieron con los portones cerrados y militarizadas con efectivos de la Policía Bonaerense.

Santiago Fontana, miembro del cuerpo de delegados de planta 2, explicó a Página 12: “nos siguen extorsionando, exigiendo que primero trabajemos y después nos pagan, cuando todo lo adeudado es por días que ya trabajamos. En las reuniones la patronal ofreció un cronograma de pagos que recién se terminaba en febrero y no fue aceptada por los trabajadores”.

(*) Fuente: Infogremiales

 

 

 

Por Javier Lewkowicz

La crisis acorrala a las fábricas recuperadas

El deterioro de la economía provocó el retroceso de las empresas recuperadas, al tiempo que esa misma crisis tuvo como resultados unas nuevas que fueron rescatadas de la quiebra por sus trabajadores. Represión policial y un gobierno que no las atiende.

(Por Javier Lewkowicz) El sector de las empresas recuperadas crece mientras se achica. Esta es una conclusión –aparentemente– contradictoria que se desprende de la última encuesta sectorial organizada por el programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. El aumento en la cantidad de empresas recuperadas es una respuesta de parte de los trabajadores al cierre de fábricas ante la baja de las ventas, suba de costos y apertura de importaciones. Al mismo tiempo, esos mismos factores, es decir, el deterioro del mercado interno, los sucesivos tarifazos y el ingreso de competencia externa, generaron un fuerte deterioro en la situación económica de las empresas recuperadas, con caída de la producción e interrupción en algunos casos, bajas nominales de los retiros monetarios de los asociados y reducción del nivel de empleo. Además, los trabajadores de las empresas recuperadas fueron blanco de la represión policial.

“Las cooperativas tienen impacto directo de la política económica del Gobierno ante la caída del consumo y la apertura de importaciones (que configura un panorama muy parecido a los ‘90) y el abaratamiento del tipo de cambio que encarece la producción nacional. Esto se conjuga con los brutales tarifazos que multiplican los costos de la producción y vuelven casi imposible enfrentar las nuevas condiciones macroeconómicas”, es el diagnóstico del antropólogo Andrés Ruggeri, director del programa Facultad Abierta.

El informe se basa en una encuesta realizada a finales del año pasado sobre un universo de 73 empresas recuperadas. De ese total, el 80 por ciento registra bajas de producción frente al año previo y el 12 por ciento está directamente sin producción. El informe advierte el impacto sobre los textiles, cerámica, metalúrgicas, curtiembre, gráficas y cristalería. El giro en las condiciones económicas fue particularmente nocivo para el sector de las recuperadas porque se trata de empresas que por lo general se dedican a la producción de bienes para el mercado interno y que suelen arrastrar retrasos tecnológicos. En este estado de las cosas, no hay políticas de Estado para fortalecer al sector.

La caída de la producción tiene consecuencia inmediata sobre los retiros de dinero de los asociados. En un 42 por ciento de las recuperadas encuestadas hubo una reducción nominal de los ingresos de los trabajadores, el 32 por ciento no tuvo cambios y hubo subas en el 15 por ciento de los casos. De cualquiera de las formas, los trabajadores de recuperadas perdieron poder adquisitivo.

En cuanto al empleo, “de los casi 16 mil trabajadores a principios de 2016 hay una disminución neta de 500 puestos de trabajo, a pesar de existir nuevas recuperadas. De hecho, hay 1400 empleos menos comparando solo las existentes hasta 2015. Desde la asunción del macrismo se recuperaron 24 empresas. En esa lista están, entre otras, la textil Atlantis (ex Lavadero Montanati, en Villa Marteli), gráfica El Registro (ex Gráfica Pellerano, en Quilmes), alimentos Galleti (en Santa Fe), la textil Globito Team (ex Línea Globito, ubicada en el barrio de La Paternal), Laboratorios Proin (en el partido de San Martín), Luis Jeannot Sueyro (ex Sanatorio Agos, Gualeguaychú) y la química Rubenico (en el partido de San Martín).

El documento de Facultad Abierta advierte sobre las situaciones de desalojo y represión policial que se verificaron a lo largo de los últimos dos años. Menciona los casos de represión en Pepsico, Artes Gráficas Rioplatense, MAM (Neuquén), el despliegue policial en la textil Globito. “El caso más flagrante de persecución y represión se dio en Acoplados del Oeste, ex Petinari. Tras el veto de la gobernadora María Eugenia Vidal a la ley de expropiación (votada incluso por su propio partido), fueron violentamente desalojados por un gigantesco operativo de 600 policías. Los trabajadores están sometidos a todo tipo de presiones, desde amenazas explícitas hasta un insólito allanamiento en las casas de cuatro de los cinco integrantes del consejo de la cooperativa en horario nocturno”, describe el informe.

(*) Fuente: Página 12

 

 

 

 

Más de veinte despidos en la aceitera Huanguelén, que amenaza con cerrar

Más de veinte despidos en la aceitera Huanguelén, que amenaza con cerrar

Los 23 trabajadores de la aceitera Oleaginosa Huanguelén de Bolívar fueron despedidos. La fábrica no cerró, pero está paralizada. Los operarios denuncian que la medida es un “apriete” en un conflicto que se incrementa desde hace años.

Los trabajadores fueron recibidos el 30 de diciembre -un día después de que se comunicaran los despidos- por el actual intendente, Marcos Pisano, quien también les prometió que se pondría a su disposición para “bregar en la búsqueda de una solución” al conflicto, remarcó el portal La Política Online

Sin embargo, aún no se pudo destrabar. En rigor, si bien desde el gobierno municipal manifiestan preocupación por una situación que afecta a “vecinos bolivarenses”, también aclaran que se trata de un conflicto entre privados en una empresa en la que el Estado no tiene participación.

En ese sentido, deslizan que se trata de una industria que no está atravesando una situación de crisis por problemas en la producción, los costos o precios, sino que se trata de conflicto con una empresa en particular en el que ya comenzó a intervenir el Ministerio de Trabajo de la Provincia para “acercar a las partes”.

Sin embargo, los trabajadores se quejan de que es un conflicto que se incrementó con el tiempo y hasta ahora no habían sido atendidos por las autoridades.

Ellos describen que la oleaginosa procedente de Huanguelén se radicó en Bolívar a mediados del año 2005 y actualmente se encuentra en concurso de acreedores, por lo que atravesó a lo largo de 2017 algunos conflictos laborales motivados en demoras en la cancelación de salarios y aguinaldos.

Durante el primer trimestre del año pasado realizaron una medida de fuerza, encabezados por su delegado gremial Juan Lupardo, que terminó en marzo con un acuerdo. En ese escenario, dicen que recibieron “aprietes” para obligarlos a una conciliación obligatoria y hacerlos perder sus derechos laborales adquiridos en los últimos 13 años.

 

 

 

 

Estatales paran por los despidos en la Provincia y marchan a la Gobernación para visibilizar el rol de Vidal

Estatales paran por los despidos en la Provincia y marchan a la Gobernación para visibilizar el rol de Vidal

Sindicatos estatales bonaerenses definieron un paro regional para este jueves, con movilización a la gobernación para reclamar la reincorporación de los despedidos de Fanazul y de la Unidad Ejecutora Provincia.

Los gremios del Estado más los directamente involucrados en los despidos de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), en La Plata resolvieron convocar a un paro en la capital de la Provincia, con movilización a la Gobernación, para mañana desde las 10 horas.

Esta medida fue adoptada luego de un plenario que incluyó a mas de 200 delegados de organismos estatales provinciales, que se reunieron para tratar los últimos despidos en la UEP.

“Con la presencia de dirigentes de las Juntas Internas y del Consejo Directivo Provincial bonaerense de ATE, además de otros sindicatos como Suteba, CICOP y AJB, se definieron los pasos a seguir en el marco del plan de lucha”, comunicaron desde ATE.

“Complementando el programa de los trabajadores discutido durante el primer plenario de Ensenada, llevado adelante en noviembre pasado, se exigió la apertura de paritarias para discutir salarios, pase a planta permanente y el rol del Estado defendiendo al sistema previsional de la provincia, a la educación pública, al Astillero y a otras áreas estratégicas como FANAZUL”, señaló Carlos Díaz, secretario Adjunto de ATE Provincia de Buenos Aires, quien estuvo junto al titular de la organización estatal bonaerense, Oscar De Isasi, cortando la ruta 3 y 226 en Azul por la reincorporación de los trabajadores despedidos de FanAzul.

 

 

 

 

Con los abuelos no: intimaron a Rodriguez Larreta por malas condiciones de los hogares

Alarma por un documento que evidencia el deterioro y abandono de adultos mayores que se encuentran en instituciones de la Ciudad.

Hogar Rawson

La Asesoría Tutelar nº 1 ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario intimó al gobierno de la Ciudad conducido por Horacio Rodríguez Larreta a mejorar las condiciones en los hogares de Ancianos Guillermo Rawson y Alejandro Raimondt.

De lo observado por las carencias que tienen los abuelos, Larreta tendría que responder ya que en varios puntos la situación es violatoria de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, firmada por la Argentina en noviembre pasado.

Hogar Raimondi
Hogar Raimondi

En el caso del hogar Raimondi se advierte en el expediente que “desde el 2012 no se han efectuado obras correspondientes a subsanar la falta de condiciones de protección contra incendios”.

A una gestión que se ufana de hacer obras, sin embargo, se le reclama que en el Rawson debe: “efectuar las obras necesarias en materia de infraestructura edilicia, y mejorar las condiciones de funcionamiento” de esas instituciones para personas mayores, en los cuales también residen adultos mayores conpadecimientos mentales.

El documento del ministerio Público Tutelar, a cargo de Gustavo Daniel Moreno,describe una situación terrible en la infraestructura para los ancianos que residen en el Rawson:

1.-La puerta de emergencia del pabellón 2 no funciona, tampoco hay matafuegos y el cielorraso presenta un gran deterioro. En una inspección se observó que en caso de un siniestro es imposible una evacuación.

2.-Los baños están en malas condiciones, con gran deterioro y falta de piezas.

3.-En el pabellón 3 hay filtraciones y humedad en los baños

4.-Los ascensores para trasladar a los pacientes que necesitan kinesiología u otras prácticas de rehabilitación no funcionan.

Ahora, la Ciudad debe presentarse al Juzgado Criminal y Correcional 5 para responder por “averiguación de delito-incumplimiento de autoridad y violación de deber de funcionario público” (causa 70.824/2017). 

Pero no sólo los edificios se caen a pedazo, también el resto de las atención básicas. Con la atención médica, los abuelos están a la deriva ya que no se cuenta con psiquiátras ni psicólogos en número suficiente y en el caso de los médicos clínicos se necesitan el nombramiento de otros 7 médicos. Lo paradójico es que tampoco hay un médico con especialidad en gerontología.

 

 

 

El PJ se sumó a la campaña de un millón de firmas

Un freno a las reformas previsional y laboral

Imagen: Télam

El Consejo Nacional del Partido Justicialista se sumó hoy formalmente a la campaña de recolección de un millón de firmas “para frenar” la reforma laboral impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, que ya recibió el rechazo de gremios y distintos sectores de la oposición. La iniciativa, de la que también participan gremios y organizaciones sociales, reclama frenar también la ya aprobada reforma previsional.

La declaración firmada por el presidente y el vice del partido, José Luis Gioja y Fernando Nardini, respectivamente advierte que una eventual reforma laboral  “solo será posible si obtiene el más amplio consenso del movimiento obrero organizado, las organizaciones sociales y todo el arco político opositor”.

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Pongamos freno a la Reforma Previsional que afectará a millones de jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH y ex Combatientes de Malvinas.

Demostrá que realmente defendés a los argentinos poniendo tu firma. ¡Si nos unimos, podemos frenar este atropello!

 

 

 

 

 El próximo invierno se importará más gas

Según el informe mensual de tendencias del Instituto Argentino de Energía (IAE) Mosconi, además de la caída del petróleo, la producción de gas acumulaba una baja del 0,9% hasta el décimo mes de 2017. Además, durante el mismo período, la demanda interna del fluido creció alrededor del 0,6%.

Con estos datos los especialistas aseguran que se necesitará importar la misma cantidad o más gas que durante el año pasado.

“Esto implica que de mantenerse estos niveles de producción, con su tendencia ya declinante, el país continuará con importando Gas Natural desde Bolivia y como GNL en iguales o mayores cantidades que hasta el presente”, indica el informe y agrega que en el último año móvil desde octubre, la importación creció a un ritmo del 11,1%.

Además señalaron que los precios del gas, tanto en el país como en el exterior, continúan una tendencia alcista por lo que su traslado local difícilmente pueda obviarse. A esta situación le proyectaron dos salidas: un aumento de los precios internos, por encima de las expectativas trazadas, o un crecimiento de los subsidios proyectados para la demanda (los clientes).

En el período analizado desde el IAE Mosconi destacaron una reducción en los subsidios energéticos. Si bien en noviembre crecieron un 17% en términos nominales, en la anualización se reporta un recorte del 35,5%.

Sin embargo el dato saliente tiene que ver con el plan Gas, los programas que finalizaron el 31 de diciembre pasado, y por los que el gobierno reconoció deudas por 26.200 millones de pesos. La ejecución al anteúltimo mes de 2017 era de 21.903 millones de pesos, un 23,2% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Esos números en tanto pese a la baja nominal representaron un crecimiento en el esquema total de subsidios a la energía del Estado. Los programas de incentivo a las petroleras pasaron de representar un 16,3% a un 22,6% en los meses analizados.

Incluso si se observan los números de 2015, los programas denominados genéricamente como plan Gas representaron un 9,3% de los gastos totales del gobierno nacional.

Desde el 1 de enero está en vigencia el nuevo esquema de incentivos a la producción no convencional de gas (Resolución 46). Este plan busca avanzar en la dirección de los recortes de subsidios a la oferta y concentrarlos en la demanda. Hasta el momento un sólo proyecto ingresó al nuevo programa: el área Fortín de Piedra de Tecpetrol (Techint).

En números

11,1% es el crecimiento por los ingresos del fluido al país en la comparación anual. Llega desde Bolivia, Chile y por barco.

$ 21.903 es la ejecución de los subsidios a la producción de gas a noviembre de 2017.

$ 26.200 millones es la deuda que reconoció el ministro de Energía Juan José Aranguren a las petroleras por atrasos en los pagos del plan Gas.

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