Argentina. Resumen gremial y social. El Gobierno confirmó que en febrero irá por la reforma laboral/ Paro y conflicto en Radio Nacional/ Jujuy: ahora despiden trabajadores en el ingenio Ledesma/ El tarifazo en el transporte se aplicará en febrero/ Marcha y acampe por la liberación de los cuatro azucareros detenidos … ver más

Resumen Latinoamericano/ 28 de dic. 2017.- Una nueva sección informativa de las luchas sindicales del pueblo argentino contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri.Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal.

Invitamos a quienes quieran informar sobre despidos, huelgas, ocupaciones, movilizaciones y conflictos sindicales varios, que nos envíen sus gacetillas y comunicados a resumenrebel@gmail.com

 

 

 

El Gobierno confirmó que en febrero irá por la reforma laboral

El Gobierno confirmó que en febrero irá por la reforma laboral

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó que la reforma laboral será tratada “en el marco del diálogo, en las extraordinarias de febrero próximo”. Se viene un febrero caliente .

“La reforma laboral, consensuada con la CGT, esperamos poder tratarla también en el marco del diálogo, en las extraordinarias de febrero, y creemos que va a ser un muy buen complemento a esto que hemos avanzado hasta ahora”, aseguró Marcos Peña durante la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, junto al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; al de Finanzas, Luis Caputo; y al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.

Señaló que la propuesta de reforma laboral enviada al Senado de la Nación es un paquete de medidas que apuntan a “fortalecer la creación de empleo”, por lo que también se incluyó el proyecto de financiamiento productivo y de defensa de la competencia, ambos ya con media sanción en el Congreso.

Peña insistió en que la reforma laboral implica medidas “muy beneficiosas para los trabajadores y para la generación de trabajo” y remarcó que tiene el “consenso” de ala más oficialista de la CGT, que encarnan el triunviro Héctor Daer, Carlos West Ocampo, Armando Cavalieri y las 62 Organizaciones Peronistas de Ramón Ayala.

Las negociaciones por la letra chica de la reforma laboral profundizaron la interna en la CGT. Si bien un sector de la central obrera se sentó a discutir algunos cambios en el proyecto de ley con los funcionarios del Gobierno, los sindicalistas encolumnados en el moyanismo la rechazaron de plano. “Por parte de esta conducción gremial, de esta Confederación, los compañeros trabajadores quédense tranquilos que nos van a tener que cortar la mano para firmar esta ley”, dijo Pablo Moyano. “Perjudica al sector más débil de la sociedad en algunos puntos”, agregó su hermano Facundo.

La “resistencia” a la reforma cosechó adhesiones de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), de Sergio Palazzo, las CTA de Hugo Yasky, Pablo Micheli y “Cachorro” Godoy, cooperativistas del triunvirato de San Cayetano, CTEP, Barrios de Pie y CCC, empresarios pymes, agrupaciones de izquierda y varios dirigentes opositores.

 

Paro y conflicto en Radio Nacional

Convocados por los sindicatos de prensa Sipreba y de Radio Nacional Atrana, trabajadores de esa radio AM 870 están realizando un paro resuelto en asamblea ante los ofrecimientos de jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios y vencimiento de contratos.

En reportaje en la misma radio en el programa de Romina Manguel, #VaDeVuelta, el vicedirector del medio estatal Pablo Ciarliero declaró que no va a haber lista de despidos que solo se discute la programación del 2018. Aseguró que “No hay ningún vaciamiento ni mucho menos”.

Aunque al mismo tiempo reconoció que tiene como “directiva hacer un uso racional de los recursos”. En el lenguaje de los directivos macristas esto significa la reducción de puestos de trabajo como estamos viendo otros ámbitos de medios del estado TDA y Télam.

La delegada y Sec. Gral. de Atrana, Cecilia Bari, pidió al programa un derecho a réplica, y habló acompañada por Carlos “Turco” Saglul (Radio Nacional) adjunto de Sipreba (Sindicato de Prensa de BsAs). En primer lugar afirmaron que el informativo está al aire con el personal jerárquico y no con los trabajadores que están de paro. Ambos se refirieron a que las contrataciones irregulares, contratos ilegales en definitiva, dejan desamparados a los trabajadores y reclaman el pase a planta permanente a través de concursos. “Son contratos de 7, 8 o 9 años y no nos dan los nombres. Hay tres ya confirmados que no les renuevan el contrato y van a haber más. Son contratos eventuales que tienen varios años, y otros artísticos.”

Manguel aclaró que invitó a todas las partes a que expresaran sus posiciones.

https://twitter.com/CgiPrensa/status/946434560551784449?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.laizquierdadiario.com%2FParo-y-conflicto-en-Radio-Nacional

 

 

Jujuy: ahora despiden trabajadores en el ingenio Ledesma

Ledesma SAAI envió telegramas de despidos a 10 obreros azucareros. Entre ellos se encuentran quienes participaron este año de la huelga de 24 días. Ya son más de 400 los despidos en la industria azucarera en la provincia de Jujuy.

Por Miguel López

A pocos días de terminar el 2017 se conocieron 10 nuevos despidos en la industria azucarera de la provincia de Jujuy. Esta vez fueron en el Ingenio Ledesma, y se suman a los 338 despidos y más de 100 “jubilaciones” en el ingenio La Esperanza. Entre los despedidos se encuentran Cristian Eduardo Aparicio y Walter Marcelo Chauque, ambos afiliados al Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma -SOEAIL- que participaron en la reciente huelga de 24 días.

Si bien la empresa informó de 10 despidos, a la fecha se tomó conocimiento de ellos dos. Uno de ellos trabaja en la sección Trapiche y el otro en la sección Mantenimiento Mecánico. Ambos cumplen sus labores en sectores en los que trabajan operarios calificados y sus secciones son claves para el funcionamiento del ingenio. Con estos despidos, la administración y la gerencia de Ledesma SAAI buscan amedrentar a los obreros de estas secciones en particular y de todo el ingenio en general, ya que estos últimos, en los meses de septiembre y octubre del corriente año, llevaron a cabo un paro de 24 días en reclamo de mejoras salariales con alto acatamiento en las principales secciones de la fábrica de azúcar.

Por esa protesta obrera, además, se encuentran abiertas causas penales en el Poder Judicial de la Provincia de Jujuy con sede en San Pedro, en las que se imputa a 52 manifestantes por el delito de obstrucción del puente viejo del río San Lorenzo de la ruta nacional 34, y los imputados son dirigentes sindicales azucareros, delegados, obreros del ingenio, miembros de organizaciones sindicales solidarias, periodistas, concejales de Libertador Gral. San Martin, militantes políticos y de organizaciones de derechos humanos. El autor de esta nota, concejal del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, es uno de los imputados en esta nueva arremetida del gobierno y el poder judicial contra el derecho a la protesta social de los trabajadores azucareros del Ingenio Ledesma.

Este ataque a los azucareros del Ingenio Ledesma se da justo en el momento que el gobierno provincial despide a 338 obreros del Ingenio La Esperanza, adeuda salarios, reprime la protesta y detiene a obreros que se manifiestan en defensa de sus puestos de trabajo. El gobernador Gerardo Morales con su plan de despidos arbitrarios e ilegales en La Esperanza, da vía libre para que empresarios como los Blaquier se envalentonen y despidan a obreros afiliados al Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma-SOEAIL- y participes de la última huelga de 24 días, que transcurrió durante los meses de septiembre y octubre del corriente año.

Así como la movilización y el acampe de mujeres, familiares, trabajadores del ingenio La Esperanza y sectores populares fueron claves para conquistar la libertad de 21 de los obreros detenidos en la represión del 20/12, así también es fundamental que los trabajadores del azúcar de Jujuy, del Ingenio Ledesma y La Esperanza, impulsen medidas de fuerzas coordinadas, para enfrentar a la patronal, al gobierno y a su poder judicial adicto. Este contubernio entre poder económico, político y judicial viene intentando instalar como “normalidad” los 338 despidos, los 4 detenidos actualmente, dos de ellos dirigentes del SOEA, Sergio Juarez y Nestor Bautista, otro periodista y miembro del organismo de derechos humanos CAPOMA, Oscar Delgado, y el hijo del obrero, Roberto Molina, y las causas judiciales abiertas contra dirigentes sindicales, delegados, trabajadores, y todo aquel que se solidarice con su lucha, familiares, periodistas y concejales. Las direcciones sindicales del SOEAIL y del SOEA Ingenio La Esperanza, nucleadas en la Federación Azucarera Regional- FAR- y de la Central de Trabajadores Argentinos-CTA-, deben llamar de modo urgente a asambleas para deliberar y votar un plan de lucha para derrotar los despidos y liberar a los presos por luchar. Las directivas CTA provincial y nacional deben convocar a medidas de fuerza en solidaridad con los obreros azucareros de Ledesma y La Esperanza.

 

El ajuste ya tiene fecha

El tarifazo en el transporte se aplicará en febrero

El Gobierno de Cambiemos postergó para febrero la aplicación de un nuevo cuadro tarifario.

Obligado por el tenso clima social y por el derrumbe en las encuestas, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó que el ajuste de las tarifas del transporte público de pasajeros se aplicará recién en febrero y será gradual, a pesar de que previamente estaba decidido que los aumentos se concretarían en enero.

“Lo que podemos adelantar es que las nuevas tarifas serán graduales y comenzarán a regir el 1 de febrero”, afirmó Peña, al ser consultado sobre este tema en el marco de una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, donde acompañó al equipo económico para realizar un balance de 2017.

Además, el jefe de Gabinete adelantó que la semana que viene será el propio ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien presentará el “nuevo esquema tarifario”. Descartado –por cuestiones técnicas- el aumento de 50 centavos por mes del boleto, el ajuste se haría en dos tramos. El nuevo boleto de colectivo ascendería primero a 8 ó 9 pesos para morigerar su impacto en el índice de inflación, para luego llegar a 13 pesos.

Peña dijo que el nuevo cuadro tarifiario “no sólo tiene que ver con el valor de la tarifa, sino con herramientas para proteger a los más vulnerables”, en referencia a la incorporación del boleto polimodal, con descuentos para quienes combinen hasta tres medios de transporte en el lapso de 90 minutos.

El primer pasaje se pagaría completo, el segundo tendría un descuento del 50 por ciento y el tercero, el 75 por ciento. El gran dilema de este sistema serán los tiempos de viaje ya que cualquier retraso podría hacer perder el beneficio.

 

 

El sindicato bancario denuncia que los bancos quieren un paro para evitar una corrida

 La conducción de la Asociación Bancaria (AB) denunció esta tarde que las cuatro cámaras empresarias y el Banco Central (BCRA) procuran que el gremio convoque a “un paro nacional de 24 horas” para mañana a fin de que “no se atienda al público y pueda evitarse de esa forma una corrida bancaria”, aseguró Eduardo Berrozpe.

El secretario nacional de Prensa del gremio aseveró que esa “provocación patronal” surgió luego del cambio de “las metas inflacionarias anunciadas por el gobierno y la ratificación de producir en ese contexto un aumento salarial del 9 por ciento”.

Por su parte, fuentes de las cámaras empresarias confirmaron esta tarde a Télam que sus directivos ratificaron la propuesta salarial para todo 2018 de un 9 por ciento en cuotas e incluyendo “una cláusula gatillo”, según señalaron los voceros del sector.

Berrozpe aseguró esta tarde que las cámaras y las autoridades del Banco Central ratificaron en el Ministerio de Trabajo -en una nueva audiencia paritaria- la propuesta de recomposición salarial para todo 2018 del 9 por ciento en cuotas, lo que fue rechazado de plano por los representantes de la organización sindical.

“Se procura provocar a los representantes paritarios para que de inmediato el gremio declare un paro nacional de 24 horas, sin atención al público mañana, y evitar de esa forma una posible corrida bancaria, que podría producirse de inmediato ante el aumento desenfrenado del dólar y los cambios en las metas inflacionarias”, afirmó.

Los bancarios y los empresarios habían constituido hace algunos días en Trabajo la Comisión Paritaria de la actividad en procura de renovar el acuerdo salarial que vencerá el 31 de este mes, pero hoy las cámaras ABA, Adeba, Abappra, ABE y el Banco Central ratificaron la propuesta de producir una mejora de solo el 9 por ciento.

Los bancarios ya realizaron asambleas de dos horas, sin atención al público, en todas las entidades financieras del país en rechazo de la propuesta patronal, por lo que de forma inmediata Trabajo dictó la conciliación obligatoria por un período hábil de 15 días.

 

 

El Gobierno avanza en limitar el derecho de huelga

Mientras el transporte amenaza con convertirse en núcleo del gremialismo más duro con el Gobierno, el oficialismo busca limitar su derecho de huelga. Ya convocaron a una comisión para declararlo servicio esencial. Los docentes el otro objetivo.

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A través de la publicación en el Boletín Oficial, mientras otros temas se llevan la agenda pública de un convulsionado diciembre, el Gobierno modificó unilateralmente la conformación de la “comisión de garantías” un ente que funciona bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y tiene por objeto determinar las actividades consideradas “servicios esenciales”, las que están obligadas a garantizar una prestación mínima sin interrupciones frente a un paro o medida de fuerza.

La decisión, contenida en el decreto 1095/2017, constituye un nuevo intento oficial por limitar el derecho a huelga en actividades que suelen ser clave para garantizar la contundencia de una protesta. Es un viejo anhelo de Cambiemos.

El eje del avance es declarar al transporte servicio esencial y de esta manera limitar su potencialidad para garantizar una medida de fuerza, obligándolo a prestar servicios mínimos. Todo esto pese a que la OIT establece que esas actividades del transporte no son consideradas como servicios esenciales.

Desde el Ministerio de Trabajo señalaron a El Cronista que es un “cambio normativo”, pero reconocieron que “se trabajó con Modernización” sobre cuál es un servicio esencial. Consultados sobre el caso del transporte, desde el entorno de Triaca admitieron que “hay un pedido” para que se estudie y que esto “no constituye ninguna restricción al derecho a huelga”.

La “comisión de garantías” fue creada por la ley 25.877 para determinar las actividades que pueden ser consideradas como servicios esenciales y que, por lo tanto, deben garantizar una prestación mínima. El artículo 24 establece esas actividades son los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. Pero la misma norma faculta a la Comisión para incorporar otros sectores cuando una medida de fuerza ponga en peligro la vida, seguridad o salud de la población o cuando se trate de un servicio trascendental.

En 2006 la gestión kirchnerista estableció que la comisión la integren un representante de la CGT, uno de las cámaras empresarias, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y el Consejo Interuniversitario Nacional. Cambiemos reemplazó a la FACA es decir los colegios de abogados del país por la Academia Nacional del Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, una entidad que los gremios vinculan estrechamente al sector empleador y que en cuya conducción se entremezclan personalidades como funcionarios de la última dictadura militar el ex ministro de Justicia de Videla Alberto Rodríguez Varela; Juan Carlos Cassagne, ex presidente de Metrogas y AySa; el constitucionalista Gregorio Badeni y el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja. El ex juez de la Corte Suprema (2002) Jorge Vanossi ocupa la presidencia.

Tampoco es de descartar que el intento del oficialismo vaya por los docentes, otro viejo sueño de Mauricio Macri. Es que de cara a un año que ya se olfatea con alta conflictividad sindical, limitar las huelgas de los docentes, que suelen ser un caso testigo de lo que va a suceder después en el mercado laboral, sería un beneficio invaluable para el Gobierno.

 

 

Redacción Canal Abierto | En la mañana de ayer marcharon en San Pedro de Jujuy familiares y compañeros de los cuatro trabajadores del Ingenio La Esperanza que continúan detenidos en el penal de Alto Comedero, apresados tras la represión que sufrieron el miércoles pasado.

Se mantiene además un acampe en la Plaza de los Agricultores, frente al Centro Judicial de esa ciudad, que se levantó durante la noche para regresar a primera hora de la mañana.

El secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar (SOEA-CTA) del Ingenio La Esperanza, Sergio Juárez, y el secretario Gremial, Néstor Bautista, son los dos dirigentes obreros que permanecen detenidos, junto al militante de derechos humanos y comunicador de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) Oscar Delgado y el joven Roberto Molina, hijo de un obrero del Ingenio que salió en libertad el domingo junto a otros 20 trabajadores.

De la marcha de ayer participaron además organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales y sindicales, no sólo de Jujuy sino también de otras provincias .

“El gobierno nos golpeó directamente en el corazón de cada uno de nosotros”, dijo Leonor, esposa de Carlos Torres, uno de obreros liberados el domingo. Y continuó: “Todas estas familias tenemos hijos y nietos. Y ellos golpearon a los menores”.

Leonor es madre de cinco hijos, cuatro varones y una mujer. Y abuela de doce niños. Los 17 están con ella en la Plaza de los Agricultores, donde pasaron la Nochebuena. “Mi marido está destruido”, afirma, y explica: “Por el encierro. Nosotros somos viejos, él tiene 60 años. De joven entró en el ingenio, a los 30, en un trabajo que es muy sacrificado. Él es soldador, pero estaba en varios trabajos, en camiones, en cualquier trabajo se desempeñaba” comentó la mujer, que además cuestionó duramente al gobernador Gerardo Morales: “A Morales le hemos hecho la campaña. Él vino al Ingenio, pero parece que perdió la memoria. Él siempre decía ‘a esta empresa nunca la vamos a perder compañeros, esta fábrica es de ustedes’. Pero perdió la memoria. Nos pegó en el corazón. Me partió la casa, todavía no nos hemos podido sentar a comer, todavía no he cocinado un guiso en mi casa. Sí he comido es lo que todo el pueblo me ha regalado, lo que la gente me ha venido a dar en la Nochebuena”.

“Libertad inmediata”

Organizaciones de derechos humanos y sociales y colectivos sindicales y políticos emitieron un documento en el que repasan la situación de los detenidos en el marco de la protesta de los trabajadores del Ingenio La Esperanza.

Allí señalan que “los 21 trabajadores liberados habrían sido imputados por los delitos de lesiones leves, lesiones graves, atentado y resistencia a la autoridad; mientras que los cuatro que aún permanecen privados de libertad lo habrían sido por los delitos de daño agravado, perturbación al ejercicio de la función pública e instigación a cometer delitos”.

“En este contexto, reiteramos nuestra preocupación por el nivel de represión y criminalización de los trabajadores y demás personas detenidas en el marco de una protesta de los empleados del Ingenio La Esperanza; quienes lo hicieron reclamaban por las condiciones laborales y en defensa de su dignidad. Así como también denunciamos públicamente el retardo judicial en el caso de los compañeros que aún permanecen detenidos, sin que se hayan dado a conocer motivos suficientes y razonables para extender su restricción de libertad.”, expresan en el comunicado.

Tras reivindicar “los justos reclamos por dignidad” y repudiar “la judicialización de la protesta social, que es un derecho y no un delito”, exigen la inmediata libertad de todos los presos y el cese de la persecución y criminalización de quienes protestan.

 

“Clarín es un pasquín oficialista”

“Clarín es un pasquín oficialista”

El titular de ATE Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy, aseguró que ya hay unos 800 despidos en el Estado, hecho agravado porque en organismos hay retiros voluntarios y jubilaciones adelantadas. Además cargó contra Clarín: “intenta estigmatizar a los estatales”.

El secretario General de ATE Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy, aseguró que se agravó la situación en el sector público y que ya hay unos 800 despidos en lo que es una nueva ola de despidos masivos en el Estado. El fenómeno en esta oportunidad está potenciado porque en organismos “hay retiros voluntarios y jubilaciones adelantadas”, explicó.

En diálogo con el programa Mal Aconsejados que se emite por Radio Caput, el referente de la CTA Perón sostuvo que “lo que busca el gobierno es profundizar el ajuste en el Estado nacional y alentar a las provincias y municipios a que tengan la misma conducta”. Y sentenció: “En vez de generar trabajo, el Gobierno genera despidos y desocupación”.

“Hemos dado la indicación expresa de que apenas se produzca un despido, hay que convocar a asambleas y que se definan medidas de fuerza. Y que el día 4 coincidamos todos en una jornada de lucha y paro nacional con una movilización al Ministerio de los despidos, el mal llamado Ministerio de Modernización”, remarcó Godoy.

Además vaticinó que “La resistencia de los trabajadores estatales va a ser mucho mayor de la que prevén. Los estatales vamos a defender nuestros derechos y nuestra estabilidad laboral”.

Consultado sobre la tapa de Clarín del lunes que hablaba de un supuesto alto nivel de ausentismo de los trabajadores del sector público, el líder de ATE fue contundente: “Es un pasquín oficialista que expresa información mentirosa”, disparó. “Toda verdad a medias es una mentira completa. Y además la trata de interpretar la información descalificando a los estatales queriéndonos estigmatizar”, cerró.

 

Denuncian un duro ajuste en la justicia

Denuncian un duro ajuste en la justicia

El SiTraJu denunció el intento de imponer retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para destruir 300 cargos. El plenario del Consejo de la Magistratura que lo iba a tratar no se realizó por las medidas de fuerza del gremio. Van al paro el viernes.

El Poder Judicial no es ajeno a los tiempos de ajuste que corren. En medio del Pacto Fiscal que ahoga a la mayoría de los distritos y de un ataque deliberado del Gobierno y su conjunto cercano de medios hacia los empleados judiciales, llegaron las intenciones de reducción de puestos de trabajo.

DSD3-V0XkAEaFqJEs que en momentos en los que el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires (Sitraju-CABA) reclamaba la reapertura salarial para tratar, entre otros temas, “la licencia por violencia de género, por las confirmaciones en los cargos interinos, por el pase a planta de los/as contratados”, el Consejo de la Magistratura, a pedido del oficialismo, lanza un agresivo plan de achique.

Desde el gremio ya habían realizado tres paros sin concurrencia (con más de un 90% de acatamiento), cuatro ceses de actividades y cuatro movilizaciones (al Congreso de la Nación y al Consejo de la Magistratura de la CABA), denunciando la injerencia directa de Cambiemos en el Poder Judicial.

En ese contexto, el viernes 22 de diciembre, el Consejo de la Magistratura intentó tratar en su reunión plenaria una “plan” de ajuste que “por primera vez en su historia institucional”, pone en riesgo centenares de puestos de trabajo a través de dos figuras: “El Retiro Voluntario y la Jubilación compulsiva”

El Plenario no se pudo desarrollar por la movilización sindical, pero desde el gremio que lidera Vanesa Siley advirtieron: “seguimos en estado de alerta”.

“Por primera vez terminaremos el último día del año de paro, con las afectaciones que dicha medida implica para el justiciable”, explicaron los judiciales, en una carta abierta que circuló ayer.

“Será el último paro del año, pero no de la lucha, que deberá encontrarnos en febrero más unidos que nunca”, concluyeron desde el gremio que cree que Cambiemos, a través del Consejo de la Magistratura volverá a la carga en pos de reducir puestos de trabajo en el futuro cercano.

 

 

La industria perdió 65.700 empleos con Macri

Producir dejó de ser una prioridad

La economía vuelve a crecer pero la reactivación no es acompañada por un proceso de creación de empleo que permita recomponer los puestos perdidos durante la recesión. A pesar de la recuperación en los niveles de actividad la industria manufacturera acumulaba en octubre una pérdida de 65.700 empleos desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. La retracción de los niveles de ocupación fabril fue parcialmente compensada por la incorporación de trabajadores en posiciones inestables y con salarios más bajos. Los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) difundidos ayer revelan que durante octubre el universo de los asalariados del sector privado todavía ocupaba 19.100 individuos menos al momento del recambio presidencial.

Los datos procesados por el Ministerio de Trabajo muestran que en octubre se crearon 2600 puestos de trabajo en la industria que en la medición sin estacionalidad se reduce apenas a 600 posiciones en el sector. Con esas cifras el empleo manufacturero anotó mejoras mensuales en apenas cuatro de los veintitrés registros publicados desde que Jorge Triaca quedó al frente de la cartera laboral. Cuando se comparan los datos con el mismo mes del año pasado se computa una baja de 21.300 posiciones, una pérdida equivalente al 1,8 por ciento del empleo en esas actividades. En tanto, si solo se evalúa el desempeño a lo largo de 2017, las industrias manufactureras destruyeron 15.300 empleos.

A excepción de la caída acumulada desde que asumió Macri, los registros industriales negativos (interanual y últimos diez meses) son más que compensados por la creación de empleo en sectores como la construcción, el comercio y las actividades inmobiliarias. Entre los niveles de ocupación total que, además de los asalariados del sector privado, incluyen monotributistas, autónomos, empleados públicos, trabajadoras de casas particulares y monotributistas sociales las estadísticas oficiales evidencian mejoras.

El informe muestra la creación mensual de 16.700 puestos en octubre. Los asalariados del sector privado anotan una mejora 4700 empleos que se complementa con la incorporación de 14.100 monotributistas mientras que el sector público expulsó 2100 trabajadores y la cantidad de monotributistas sociales se retrajo en 1600. En la comparación interanual se registró la creación de 248.000 puestos donde el 22 por ciento de esos empleos corresponde a monotributistas sociales como resultado de la decisión oficial de extender la Asignación Universal por Hijo a ese universo de trabajadores a partir de abril del año pasado. El empleo público da cuenta de 16 por ciento de los empleos creados mientras que los monotributistas anotados en el régimen explican el 35 por ciento de los puestos. De esa manera, 73 de cada 100 empleos creados en septiembre corresponden a posiciones inestables y de bajos ingresos.

“La reactivación económica que se verifica en los últimos meses luego de la fase recesiva de 2016 no tiene un correlato sustantivo en la creación de empleo registrado por tiempo indeterminado en el sector privado. En cambio, crecen las contrataciones que implican mayor inestabilidad y derechos más acotados como los monotributistas y el personal eventual”, sostiene el Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo de la Universidad de San Martín.

 

 

“Tomamos la decisión de hacerlo porque en el punto de partida no teníamos la información que tenemos hoy”, aseguró el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, acompañado del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Finanzas, Luis Caputo.

Así, todos juntos, procuraron demostrar una unidad que al menos hasta el martes pasado era grieta, cuando el directorio del Central resolvió mantener la tasa de interés de corto plazo sin cambios en el 28,75%, para trabajar en pos de una inflación 2018 de alrededor el 10%. Para Sturzenegger, esa meta con más o menos un 2% de variación era inamovible.

En ese sentido, a principio de octubre el presidente Macri hizo circular su intención de fijar paritarias alrededor del 10%, una contradicción con las expectativas que fijaba el mercado y hasta el propio FMI, que las ubicaba en torno al 17,2%.

Incluso las negociaciones salariales en el sector privado comenzaron ya a romper los techos. Aeronáuticos alcanzaron un incremento del 17% anual con cláusula gatillo, y las entidades civiles y deportivas de UTEDYC un 18% en dos tramos no acumulativos (enero y agosto). Los oficialistas sindicatos de trabajadores públicos de Córdoba encabezados por UPCN fueron la excepción: debieron rubricar una suba de apenas el 11%.

Con el anuncio matinal el Gobierno abandona las metas oscilantes. El pronóstico para 2018 ya no es de entre el 12 y 18 por ciento sino del 15%, lo que orienta la disciplina con que pretende que negocien salarios las patronales en el ámbito público y privado.

En Casa Rosada razonan también que si relajan el objetivo inflacionario, podrán también hacer descender el porcentaje de las tasas de interés, lo que alejaría al capital de la timba para trasladarlo a la renta productiva.

 

Paro y cortes en el Cordón Industrial de San Lorenzo

Fueron algunas de las medidas que se resolvieron en un Plenario llevado a cabo en Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, a horas de la explosión en la ex Nidera.

El 2017 cierra con, al menos, una muerte y decenas de heridos en una de las zonas industriales más importantes del país. Un importante plenario de organizaciones en Fray Luis Beltrán fue expresión de la enorme bronca por este nuevo crimen patronal. Allí se definió un plan de lucha para los próximos días, en repudio a los 35 despidos en esta fábrica estatal y al brutal crimen en la ex Nidera.

En un clima de fuerte repudio, se resolvió apoyar la medida de paro por 48hs. convocado por los aceiteros y la CGT San Lorenzo, así como el conjunto de acciones en repudio a los despidos, el ajuste y la militarización de la Fábrica Militar por parte del grupo Albatros de la Prefectura.

En este sentido, Lucas Castillo, obrero despedido de Liliana e integrante del Movimiento de Agrupaciones Clasistas expresó: “La Santa Fe de los falsos socialistas no se queda atrás del ajuste de Cambiemos, ahora, nuevamente, siendo noticia por un trágico hecho que tiene como víctimas a los trabajadores. COFCO Internacional es una de las tantas cerealeras que con la sangre de los obreros recaudan millones diariamente”.

El jóven referente metalúrgico agregó: “No podemos permitir que una vez más pase desapercibido que por año mueren al menos 3 aceiteros, es imprescindible que se constituyan Comisiones Obreras de Seguridad e Higiene independientes, votadas por los trabajadores que ponemos el cuerpo día a día en las fábricas. Se plantea la necesidad de que estas fábricas dejen de estar en manos privadas y al servicio de los intereses capitalistas: deben estatizarse bajo control obrero, ya que sólo los trabajadores estamos interesados en hacer que nuestras vidas valgan más que sus ganancias”.

Castillo finalizó planteando la necesidad del esclarecimiento de los hechos y que para ello “es fundamental la conformación de una Comisión Investigadora Independiente, con Organismos de Derechos Humanos y Sindicatos, para dar luz sobre este gran atropello patronal, que tiene como cómplice a un estado que hace la vista gorda a las condiciones de trabajo.”

La numerosa reunión expresó la necesidad de continuar con una coordinación de todos los trabajadores y trabajadoras de la zona, que vienen sufriendo ataques en el marco del ajuste de Macri y los gobernadores. Hay recientes despidos en estaciones de servicio frenados momentáneamente, en la General Motors finalizaron las suspensiones dejando familias en la calle, así como en otras empresas de la zona como OIL, Vassilli y La Mucca. Esto se suma al enorme repudio que a nivel nacional se viene expresando contra las reformas previsional e impositiva.

Además de integrantes de la Comisión interna de Fábrica Militar que convocaron al espacio, participaron de la reunión CTA Autónoma Provincia de Santa Fe, CTA Autónoma Regional Rosario, Aceiteros Rosario, SOEPU San Lorenzo, ATE Rosario, AMSAFE Rosario, COAD, Sindicato Municipal San Lorenzo, delegados de distintos gremios como Gastronómicos, Vigiladores, entre otros. Además, partidos como PTS, PO, MST, PCR, etc.

Francisco Oviedo, integrante de la Agrupación Docente Marrón-9 de Abril manifestó “Los trabajadores santafesinos tenemos que ponerle un freno a estos ataques, el ajuste sobre fabricaciones militares no puede pasar. Tenemos que aprovechar la fuerza de los miles que nos movilizamos el 18 de diciembre contra el ajuste para demostrarlo en las calles. Los docentes, el conjunto de los trabajadores estatales, junto a los aceiteros y los metalúrgicos, podemos demostrar la fuerza que Lifschitz no quiere ver, y parar la provincia contra el ajuste y las muertes obreras.”

Como expresa el Comunicado del Plenario, las acciones comienzan el jueves 28 de diciembre a las 9hs con un corte en la ruta frente a Fabricaciones Militares Fray Luis Beltrán, exigiendo la reincorporación de los 35 obreros de la planta santafesina y de la misma cantidad despedidos en Córdoba y Buenos Aires. Se repudiará la militarización del sector mediante la presencia del Grupo Albatros de Prefectura Naval. Posteriormente, a las 19hs, en la marcha “Sin Trabajo Digno No hay Pan ni Paz”, que partirá desde la estación de trenes de dicha localidad. Saldrá un colectivo desde Rosario a las 17.30 horas en San Lorenzo 1879. Para ese transporte solicitan anotarse al 4257614 / 4243980.

El viernes 29 de diciembre marcha en San Lorenzo hacia Esquina de los Bancos. Habrá movilización desde Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán por parte de ATE y CTA-A. A las 11hs múltiples sectores confluirán en un acto en dicha intersección.

 

 

 

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