Argentina. Resumen gremial y social. Argra y SiPreBA marchan contra la represión a los fotógrafos y periodistas/ Otro tarifazo sin fecha ni final/ Excombatiente de Malvinas perderá en marzo 2000 pesos/ Agredieron a una trabajadora de ATE del municipio de Quilmes … ver más

Resumen Latinoamericano/ 26 de dic. 2017.- Una nueva sección informativa de las luchas sindicales del pueblo argentino contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri.Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal.

Invitamos a quienes quieran informar sobre despidos, huelgas, ocupaciones, movilizaciones y conflictos sindicales varios, que nos envíen sus gacetillas y comunicados a resumenrebel@gmail.com

 

Argra y Sipreba marchan contra la represión a los fotógrafos y periodistas

“No disparen contra la prensa”

La Asociación de Reporteros Gráficos y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires convocaron a movilizarse mañana a las 11 al Congreso. “Los periodistas que cubren la protesta social son asimilados a ‘objetos a reprimir’”, advirtieron y responsabilizaron al Gobierno.

A más de una semana de la sanción de la resistida reforma previsional, la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina convocó a una movilización mañana a las 11 frente al Congreso Nacional para repudiar “la brutalidad y el desborde de la represión ejercida sobre la prensa” durante las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre en rechazo a las medidas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri. Bajo la consigna “No disparen contra la prensa, libertad para informar” alertarán que no hay garantías para el ejercicio de la prensa, acompañados por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires.

Desde Argra denunciaron que durante las marchas de esos días “las fuerzas de seguridad hirieron con postas de goma a más de 20 reporteros gráficos” y resaltaron que la cantidad se multiplica si se suman al resto de los trabajadores de prensa. La asociación alertó que los periodistas que cubren la protesta social “son asimilados a ‘objetos a reprimir’ por parte de las fuerzas de seguridad” y por tanto responsabilizó “en forma directa al Gobierno por la seguridad de los trabajadores de prensa en el ejercicio de su labor”.

En las últimas movilizaciones masivas más de medio centenar de trabajadores de prensa sufrieron la violencia de las fuerzas de seguridad mientras estaban registrando el accionar violento de sus agentes. Pablo Piovano, reportero gráfico de larga trayectoria en PáginaI12, relató en primera persona que un oficial lo vio con su cámara y le disparó a medio metro 14 balazos de goma, como se ve en la imagen suya que se viralizó ese mismo día. En la manifestación del lunes 14 de diciembre hubo 36 fotógrafos, camarógrafos  y cronistas heridos, según precisó el Sipreba. El jueves anterior, 12 fotógrafos fueron baleados, tres resultaron afectados por gases y chorros de los camiones hidrantes, y un periodista agredido por policías.

Inmediatamente desde Argra y Sipreba acusaron a las fuerzas de seguridad que intervinieron en los operativos, tanto el jeves (Gendarmería y Policía Federal) como el lunes (Policía de la Ciudad). “Durante la represión del jueves 14, fueron heridos media docena de asociados a Argra, que denunció el hecho y exigió garantías al Gobierno. La Asociación no fue oída por las autoridades, y el resultado ha sido que el doble de fotógrafos heridos”, resaltó la entidad en un comunicado.

Allí recordó también que la jueza porteña Patricia López Vergara había instado a las autoridades a que utilizaran las balas de goma y los gases lacrimógenos como “último recurso” y a “una distancia que minimice posibles consecuencias nocivas”. “El Gobierno desoyó la orden judicial y los periodistas se transformaron en blanco de fuerzas represivas sin límite ni control”, concluyeron.

 

 

 

 

El Gobierno postergó el aumento del transporte

Otro tarifazo sin fecha ni final

Previsto para enero, el ajuste del cuadro tarifario vigente para el transporte público fue postergado sin fecha precisa, aunque muy probablemente se anuncie el mes que viene y se aplique en febrero.
Imagen: Arnaldo Pampillon

El efervescente clima social provocado a fin de año a raíz de la reforma jubilatoria modificó los planes de ajuste en materia de transporte, cuyas tarifas el Gobierno se proponía aumentar en enero. Los incrementos, todavía no definidos, quedaron postergados hasta febrero.

La decisión, anticipada por algunas fuentes del propio Ministerio de Transporte, contemplaba en principio un aumento gradual de 50 centavos por mes pero fue descartada rápidamente por cuestiones técnicas, ya que la SUBE se debería resetear todos los meses en alrededor de 20 mil máquinas validadoras, solo en el área metropolitana.

El ajuste, finalmente, se haría en dos tramos y si bien no se confirmó oficialmente la fecha, todo indica que el primer aumento se concretaría en el segundo mes del año próximo. El nuevo boleto de colectivo ascendería primero a 8 pesos para morigerar su impacto en el índice de inflación, para luego llegar a 13 pesos, y el ajuste sería acompañado con una reducción de subsidios. Junto con la modificación del cuadro tarifario, que según se evalúa en Transporte arroja un rojo de 2 millones de pesos diarios, se anunciará la aplicación del boleto polimodal, con descuentos para quienes combinen hasta tres medios de transporte en el lapso de 90 minutos.

Esta nueva modalidad, por ahora, incluye solo a colectivos y trenes, aunque la cartera que conduce Guillermo Dietrich está “trabajando” para incorporar el subte también. El pasaje polimodal amortiguaría el impacto del aumento para quienes viajan desde el Conurbano hacia la Ciudad de Buenos Aires. Según pudo saber Página/12, el primer pasaje se pagaría completo, el segundo tendría un descuento del 50 por ciento y el tercero, el 75 por ciento. El gran dilema de este sistema serán los tiempos de viaje ya que cualquier retraso podría hacer perder el beneficio.

 

 

Redacción Canal Abierto | Poco antes de Navidad, ex soldados conscriptos de Malvinas presentaron un recurso de amparo ante la Justicia federal contra la reforma previsional. El argumento del colectivo integrado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) y el Centro El Veterano Ex-Combatiente Islas Malvinas (CEVECIM) radica en la inconstitucionalidad de la ley, que viola también tratados internacionales firmados por la Argentina.

La reforma los perjudica directamente. “Con este nuevo régimen que se quiere aplicar, nosotros en marzo estamos perdiendo un promedio de $2.000 por cada uno de los excombatientes y de los familiares de los caídos en Malvinas”, explica Mario Volpe, titular del CECIM La Plata.

Las pensiones que hoy cobran alrededor de 17 mil personas equivalen a tres jubilaciones mínimas, por lo que una modificación como la aprobada en la fórmula de la movilidad jubilatoria les significa un triple descuento.

“Nos presentamos ante la Justicia federal planteando que es una ley totalmente anticonstitucional, y no sólo lo es sino que viene a cambiar valores que se habían ganado en las luchas populares. Tiene que ver con la pérdida de derechos –detalla Volpe-. El Estado tiene que saber que esto se puede llevar a las instancias internacionales de justicia porque Argentina ha firmado tratados”.

La represión como un mal recuerdo

Para los soldados de Malvinas, víctimas del terrorismo de Estado, la batalla que se desplegó el lunes 18 de diciembre en las inmediaciones del Congreso nacional revivió épocas fatales.  “Históricamente, nos recordaba las marchas del 30 de marzo del 82 por ‘Paz, pan y trabajo’, pero nunca vimos la violencia que está en este momento, a pesar de ser aquello la dictadura cívico militar más sangrienta de la historia”, sostiene Volpe.

Y resalta: “Los medios de comunicación masivos y hegemónicos muestran a estas marchas como una violencia de dos partes, y nosotros lo que dejamos en claro es que hay una sola violencia: la que ejerce el Estado. La violencia básica se genera cuando alguien poderoso como el Gobierno o las instituciones del Estado se imponen por la fuerza contra alguien que no se puede defender y en todo caso las reacciones son de defensa”.

La entrevista completa:

Sin tomar en cuenta las denuncias por la alarmante y sistemática represión –basadas en evidencias, fotos, videos, declaraciones de testigos, detenciones de ciudadanos al voleo– programada para ambas fechas, el jefe de gobierno echó mano de su calculadora, hizo algunas cuentas y decidió pasarle la factura a las organizaciones que representan a los más humildes. De su responsabilidad en el abuso de fuerza poco dijo, aunque suficiente, ya que en sus palabras la policía fue la heroína de la jornada que enfrentó a manifestantes que buscaban dar una suerte de golpe de Estado: “La violencia la sufrió la policía que defendió la democracia con temple, y gracias a su actuación no se pudo consumar el golpe institucional que hubiera sido que el Congreso no pudiera sesionar”.

Larreta insiste en tapar el sol con la mano y afirmó con que “la Policía cumplió su cometido”, ya que “se pudo sesionar en el Congreso, no hubo peligro en la sesión”. Luego, para que no hubiera ambigüedad posible remarcó que “la agresión la recibió la Policía”.

Nada dijo sobre los ciudadanos heridos (cuatro ya perdieron un ojo) o detenidos, tampoco se expresó respecto de los reporteros gráficos, a quienes la policía buscaba especialmente para reprimir y evitar que registraran sus acciones. Sin embargo, la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina (ARGRA) y el Sindicato de Prensa (Sipreba) levantaron la consigna: “No disparen contra la prensa, libertad para informar”.

La CIDH y la Relatoría especial para la Libertad de Expresión también se expresaron el jueves 21, haciendo pública una advertencia al Estado argentino. En el documento señalan “preocupación por el uso inadecuado e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes de seguridad federales de Argentina, que dejó decenas de heridos, detenidos y de periodistas lesionados”. El texto hace referencia a los mismos hechos por los que Rodríguez Larreta busca incriminar a las organizaciones sociales, además de cobrarles.

El costo total de las obras que pretende colectar el gobierno porteño es de 37 millones de pesos. Según sus cuentas es lo que costó la limpieza y reposición de mobiliario (92 papeleros, 35 contenedores de 3.200 litros y nueve de 3.750) y el arreglo de veredas de la plaza y alrededores, entre otros gastos. Además las obras incluyen la recuperación de los espacios verdes con nuevos pisos, escalones de mármol, cordones, equipamiento, riego, plantas herbáceas y césped. “Fuimos a la Justicia para que los vecinos no tengan que pagarlo”, disparó Larreta.

“La Procuración de la Ciudad inició las acciones penales y civiles a las organizaciones que movilizaron, organizaron y estuvieron involucradas en los disturbios del otro día para cobrarle los arreglos”, aseguró el político al supervisar el inicio de las obras de refacción de la plaza.

La respuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la serie de eventos que tienen a sus fuerzas de seguridad en el centro es desfundar la calculadora y no hacerse cargo de la violencia estatal que se extiende por la ciudad cada vez que una voz opositora quiere expresarse. Según dijo Larreta, el gobierno “ya se presentó la semana pasada en la causa penal por los disturbios y la agresión a la autoridad policial, pero también en el fuero civil para que nos reembolsen los daños”, explicó.

 

Grupo Clarín, el monopolio más grande de América latina

fuente: Motor Económico

 

 

“Dejate de joder con los reclamos por despidos”

“Dejate de joder con los reclamos por los despidos si no querés que tus hijas sufran las consecuencias”, fue la amenaza a Laura González mientras la golpeaban. Había reclamado contra 46 despidos por parte del municipio que dirige el intendente de Cambiemos Martiniano Molina.

Una trabajadora municipal afiliada a ATE Quilmes fue brutalmente golpeada en su domicilio luego de encabezar días atrás una protesta por despidos. Desde el gremio estatal apuntaron contra el intendente macrista Martiniano Molina. ATE Rosario se sumó al repudio.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que la empleada municipal de Servicios Públicos de la Delegación La Paz, Laura González, recibió un “brutal ataque” este martes por la mañana en su domicilio.

“Fue brutalmente golpeada por dos hombres armados y con cascos, que irrumpieron en su casa y la amenazaron: «dejate de joder con los reclamos por los despidos si no querés que tus hijas sufran las consecuencias», dándole los horarios de salida y entrada de las niñas y los horarios de la casa”, revelaron desde el sindicato en un comunicado.

Desde la Comisión Directiva de ATE Quilmes informaron que la mujer “está internada en terapia y permanece en observación, ya que sufrió golpes en todo el cuerpo y patadas en la cabeza”. Además –continúa el escrito– su hijo también resultó golpeado. “No robaron ninguna pertenencia, fue una acción pura y exclusivamente de amedrentamiento y amenaza contra una compañera que viene luchando en la calle por sus derechos. Y por lo tanto, contra nuestra Asociación”.

Desde el gremio estatal recordaron que Laura había encabezado semanas atrás las denuncias contra el Secretario de Servicios Públicos, Sergio Chomyszyn, por amenazas contra ella, en la pelea por horas extras para sus compañeros de la delegación La Paz. La semana pasada, también había participado de una una movilización al Concejo Deliberante del Municipio, por el despido de 46 trabajadores.

“Repudiamos este hecho y hacemos responsable al poder político de Quilmes por lo sucedido y exigimos una inmediata investigación de los hechos, para que se condene a los responsables materiales e ideológicos de ésta amenaza de matones a sueldo”, reclamaron. “Hacemos responsable al intendente Molina por la integridad física de los trabajadores que luchan por sus derechos y contra los despidos de su gobierno”, agregaron.

En este sentido, desde el Departamento de Género ATE Rosario se sumaron al repudio de este “semejante hecho de violencia” ocurrido en el barrio La Paz, de la localidad bonaerense.

González había estado al frente de las denuncias contra el Secretario de Servicios Públicos Sergio Chomyszyn, por amenazas contra ella, hace una semana. Como dirigente de ATE, está al frente de la pelea por 46 despidos en el municipio, motivo por el cual lideró una marcha hasta el Concejo Deliberante. Además, encabeza la lucha por las horas extra en la delegación La Paz.

“Las Mujeres de ATE estamos alertas y movilizadas, exigimos inmediato esclarecimiento y condena a los responsables No vamos a retroceder ni un paso frente a la revancha machista de los funcionarios que sostienen estructuras violentas y mafiosas”Al repudio se sumó ATE provincia de Buenos Aires, que responsabilizó “al poder político de Quilmes” por lo sucedido y exigió “una inmediata investigación de los hechos para que se condene a los responsables materiales e ideológicos de ésta amenaza de matones a sueldo”.

DENUNCIAN 520 DESPIDOS

ATE realiza una movilización este miércoles y anunció un paro para la próxima semana

Frente a una nueva ola de despidos en la administración pública, el sindicato anunció este martes el plan de lucha que incluirá un par el 4 de enero.

Tras la reunión del Consejo Directivo Nacional con delegados de la región metropolitana, los trabajadores estatales de ATE anunciaron, a través de una conferencia de prensa, el plan de lucha en rechazo a los 520 despidos en la administración pública.

Las medidas de fuerza incluirán una movilización a la Asnes y al Ministerio de Defensa este miércoles; una Jornada Nacional de Lucha el jueves, con actividades sectoriales; y un paro nacional el jueves 4 de enero, con movilización al Ministerio de Modernización. Además, se prevé un plenario nacional del gremio para el 10 de enero.

El Secretario General de ATE Nacional, Hugo Cachorro Godoy, explicó que la medida se definió “analizando la situación de esta nueva ola de despidos que está llevando adelante el Gobierno del presidente Macri, como parte de esta Tercer Reforma del Estado, que ha generado ya el año pasado 15 mil despidos en el Estado Nacional y que promueve nuevos despidos en este fin de año, angustiando a todas las familias de los trabajadores, no solamente del Estado Nacional, sino también en provincias y municipios, porque con esta política el Gobierno alienta a los gobernadores y jefes comunales”.

“El ministro Ibarra no ha tenido ni la delicadeza ni la responsabilidad de convocar a nuestro gremio para informar sobre las condiciones ni la metodología de ese estudio de situación de los planteles en el Estado Nacional que se utiliza como excusa para promover esta nueva ola de despidos”, reclamó Godoy.

El sindicato denunció más de 500 despidos, que incluyen 70 en el Ministerio de Defensa, 108 en ENACOM, 6 en SENASA (4 en Formosa y 2 en Córdoba), 10 en Modernización, 7 en Jefatura de Gabinete, 28 en Presidencia, 21 en INCAA, 7 en Anses, 64 en Ministerio de Cultura, 110 en Fabricaciones Militares (29 en Río Tercero, 30 en Villa María, 35 en Fray Luis Beltrán, y 16 en Sede Central), y 140 contratos en Energía.

 

 

Temor por 400 despidos en OIL

Temor por 400 despidos en OIL

Los empleados de la empresa Oil Combustibles, de la localidad santafesina de San Lorenzo, se encuentran en estado de alerta y asamblea permanente. Temen la pérdida de 400 puestos de trabajo por el entorpecimiento de la venta de la firma.

La preocupación surge porque con la detención de Cristobal López -ex titular del Grupo Indalo-, el juez Julián Ercolini dispuso investigar el proceso de venta de la empresa, que podría provocar que “si no es válida la venta los nuevos inversores no van a inyectar capital y se puede ir a la quiebra”, advirtieron fuentes gremiales.

El martes pasado, el juez Ercolini dispuso la detención del empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa (Grupo Indalo), acusados de evadir a la AFIP 8 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles.

A fines de octubre la planta ubicada en San Lorenzo fue adquirida por OP Investments, con planes para recapitalizar la firma y preservar los puestos de trabajo.

El secretario legal del Sindicato Unido Petrolero e Hidrocarburiferos (Supeh), Héctor Brizuela, recordó que el juez Héctor Vitale había rechazado la apertura del concurso preventivo de la planta que pertenecía al grupo Indalo, decisión que fue apelada tanto por la empresa como por los trabajadores.

“La empresa había pedido una medida de no innovar, para que no embarguen las cuentas. Vitale dio lugar a la cautelar y designó a los síndicos como veedores. A eso habría que sumarle que los inversores de OP Investments habían mejorado la oferta de pago.
Pero todo se complicó con la detención de Cristobal López y Fabián De Sousa, porque el fallo de Ercolini dice que abre una investigación para saber si no fue fraudulenta la venta”.

En este contexto de incertidumbre, Brizuela dijo que los trabajadores de la refinería de San Lorenzo se encuentran en estado de alerta y asamblea permanente, operando en una fábrica al mínimo de su capacidad, “corriendo 3500 metros cúbicos cuando es una planta preparada para 8000”.

La posible quiebra de la empresa trae aparejado el temor de perder 400 fuentes laborales, entre puestos directos e indirectos, y la cifra se elevaría al doble si se suman transportistas, amarradores y serenos de barco.

“Son 800 o 900 familias que van a estar afectadas directamente ante una eventual quiebra”, agregó el dirigente gremial.

 

 

Reforma previsional: otro amparo para que sea “inconstitucional”

Reforma previsional: otro amparo para que sea “inconstitucional”

La presentación la realizó la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Un caso parecido al que promoviera el intendente del partido San Martín, Gabriel Katopodis. Catalogó a la norma de “regresiva”.

La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó un recurso de amparo ante la Justicia para declarar “inconstitucional” la reforma previsional sancionada recientemente por el Congreso, al argumentar que es de carácter “regresiva” y que produce “daños irreparables” entre los beneficiarios del sistema.

En la presentación, realizada junto a la Confederación General de Jubilados, el organismo que conduce Guido Lorenzino asumió la voluntad de ejercer la representación colectiva de todos los que se consideran damnificados por los cambios en las jubilaciones, pensiones ordinarias, pensiones no contributivas y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

“Las modificaciones introducidas a la norma van en contra de lo que dice la Constitución y los tratados internacionales”, evaluó Lorenzino, quien consideró que “vulnera el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley, la movilidad jubilatoria, la no discriminación, el principio de progresividad y el no retroceso en materia de seguridad social”.

La Defensoría subrayó que las modificaciones en el régimen jubilatorio “generan graves amenazas, como la disminución de ingresos alimentarios, además de la sensible pérdida del poder adquisitivo que afectaría a aproximadamente a 10.000.000 de ciudadanos”.

La presentación de la Defensoría también considera que la reforma es “discriminatoria para los beneficiarios por moratoria, ya que no se les reconoce la garantía del 82% del salario mínimo vital y móvil”.

 

 

Repudio a la represión contra los trabajadores del Ingenio La Esperanza

 

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