Eran cerca de las tres de la tarde cuando Nora Cortiñas, con su cuerpo pequeño y su sabiduría de Madre de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) se plantó ante el juez Claudio Bonadio en su despacho de Comodoro Py y le pidió que informara de una vez qué pensaba hacer con los 44 detenidos durante el operativo feroz desplegado por las fuerzas de seguridad contra la protesta por la reforma previsional y hasta horas de la madrugada. Recién entonces, cuando se cumplía casi un día de los primeros arrestos, Bonadio informó que empezaría a poner en libertad a personas que no tuvieran antecedentes penales. Cerca de las cinco de la tarde se anunciaron las primeras excarcelaciones, que dejaron en evidencia otra vez -como sucedió en la primera marcha por Santiago Maldonado– que policías y gendarmes hicieron detenciones al voleo. Una de las liberadas, Damiana Negrin Barcellos, es una estudiante de 25 años que salía de trabajar e iba rumbo a su casa, tropezó con una moto y en ese momento fue atrapada por Gendarmería. Una filmación de su detención recorrió ayer numerosos portales. El resto de los liberados de ayer también habían sido detenidos por esa fuerza. Cuatro fueron indagados. Dos de ellos son viven en la calle, los otros dos estaban en la zona de casualidad. Se les imputó, de manera genérica, haber provocado a los gendarmes, arrojar piedras y otros objetos, quemar tachos de basura con la intención de coaccionar al Congreso para que no votara la reforma previsional. Es la misma fórmula que se utilizó en otras movilizaciones sociales para imputar “intimidación pública”, “atentado y resistencia a la autoridad” y “daños”, delitos que se aplican cada vez más asiduamente en y que los organismos de derechos humanos describen con ironía como “el combo (Patricia) Bullrich”.
Para hoy Bonadio convocó a indagatoria a otras 22 personas que permanecían anoche detenidas en dependencias policiales (en seccionales de las comunas, 4, 15 y 12 y en la Superintendencia de Investigaciones Federales). Pese a que el juez habría señalado el criterio de liberar a quienes carecen de antecedentes, no lo aplicó estrictamente así. Entre quienes serán indagados hoy hay personas que jamás tuvieron acusaciones penales. A lo largo de la tarde de ayer liberó a 18 personas, la mayoría de las cuales habían sido detenidas por Gendarmería y estuvieron alojadas en la Unidad Especial de Investigaciones. Algunos de ellos tenían heridas importantes. Un joven, Facundo Merlan Rey, detenido junto a su novia, tenía la cara perforada por perdigones. Otro hombre terminó con la rodilla dislocada, y varias personas tenían contusiones. Por la noche, los médicos legistas examinaban a algunos heridos alojados en la comisaría de la comuna 4 que no habían recibido atención en más de 24 horas.
La escena de la detención de Damiana Negrin Barcellos, captada por cámaras de medios y particulares, habla por sí misma: la chica, que salía de trabajar y se la ve en las filmaciones con un vestido blanco que se destaca entre decenas de trajes oscuros que la rodean cuando es apresada luego de trastabillar con una moto que estaba volcada en el piso. Las imágenes muestran la calle semivacía, gendarmes que le sujetan las manos por la espalda, y el desembarco repentino de una legión de más agentes que armaron un cordón, y ella que grita y llora implorando que no se la lleven. Su situación causó enorme conmoción y en plena detención la fue a ver a Gendarmería la titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini. Los 18 liberados de ayer a la tarde serán indagados igual por el juez Bonadio en el transcurso de las próximas semanas.
Hacia la noche fueron excarcelados otros tres detenidos, que fueron los primeros en ser indagados. Dos de ellos son indigentes que viven en la calle. Mario Córdoba, suele estar por la zona del Congreso y en el momento en que fue detenido se encontraba en la puerta de un local de Mc Donald’s esperando para llevarse las sobras para comer. Rubén Moraes, de 35 años, acostumbra a ir a una olla popular en la Plaza de los dos Congresos. Por eso estaba allí. Según relató, la Gendarmería la agarró en un momento en que se abrió una valla y corría mucha gente por todas partes. También fue indagado como sospechoso Juan Pablo Sandoval, un bibliotecario que no había ido a la movilización sino que pasaba por la zona, porque tenía que ir a rendir un examen. Cuando vio que había una gran convulsión en la zona, detuvo su moto y se puso a mirar. En cuestión de minutos, la Gendarmería lo detuvo, con las mismas imputaciones que al resto, de provocar a los agentes, tirar objetos y pretender presionar al Congreso. Estos tres imputados fueron dejados en libertad. Pero por la noche aún era incierta la situación de un cuarto hombre, también indagado. Es un chico de 19 años, Esteban, en los inicios de su carrera militar, que vive en Morón y suele ir una vez al mes a pasear al centro porteño y a comer por el Obelisco. Se había tomado el subte “A” y se equivocó de estación. Bajó en Saenz Peña, y se encontró con agentes tirando gases. Cuando vio que había gendarmes forcejeando con una mujer mayor les pidió que pararan. De inmediato lo acusaron de arrojar botellas y otros objetos para provocar y se lo llevaron detenido. Cuando estaba en el edificio Centinela le devolvieron su mochila frente a dos testigos: habían aparecido dentro de ella piedras y folletos con consignas anarquistas.
“En las indagatorias que tomó Bonadio, no pudieron individualizar ni una sola prueba que constante la presencia de los detenidos en el hecho que hayan participado de los hechos que les imputan. Igual que con la marcha por Maldonado el 1 de septiembre, lo que buscan es salir de cacería y agarrar a cualquiera. La intención no es aleccionar a los detenidos sino mostrar que el que va a una marcha puede terminar preso, es lo que hace el gobierno de Mauricio Macri con las fuerzas dirigidas por Patricia Bullrich”, señaló el abogado Mariano Przybylski, defensor de dos los indagados ayer, abogado de Nuevo Encuentro en el Frente de Abogados Populares y el Foro contra la Violencia Institucional. Para asistir a los detenidos trabajaron en conjunto, y pidieron las excarcelaciones, abogados de varias organizaciones, como Correpi, Apel, Ceprodh, Liberpueblo, Serpaj. “Las detenciones se dieron en un contexto de represión salvaje frente a la resistencia al ajuste acordado con los gobernadores con una clara intención de amedrentamiento, como lo fue la presencia de más de 900 efectivos que reprimieron en la zona del Congreso. Para agravar el escenario, el juzgado demoró respuestas, el juez no estuvo en toda la noche pese a que está de turno, y no sabemos qué delitos se imputa”, dijo Liliana Alaniz, abogada de Apel.
La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) abrió una investigación preliminar sobre los hechos, pidió filmaciones de la calle y un informe al Ministerio de Seguridad sobre las características y la planificación del operativo. Luego de la marcha por Maldonado hizo lo mismo –cuando aún estaba en funciones allí Félix Crous– pero en ese momento el juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, le restó relevancia y no avanzó. En este caso podría suceder que además de los testimonios que aporten detenidos, aporten su relato los diputados que fueron agredidos. Habrá que ver cuánta voluntad de esclarecimiento tiene, además, la Procuración, que ahora está atendida por un procurador interino.
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