Honduras está de luto, en los últimos tres días, seis personas han sido asesinadas, producto de las protestas contra el fraude electoral. Los barrios y colonias se convirtieron en campo de guerra, la suspensión de las garantías democráticas que entraron en vigencia desde el viernes 1 de diciembre abrieron la brecha para que la represión policial y militar iniciara.
Hasta el momento las autoridades de Medicina Forense en San Pedro Sula, al norte de Honduras, confirman el ingreso de cinco cuerpos de manifestantes desde la Colonia López Arellano en Choloma, Cortés. Tegucigalpa no es la excepción, en horas de la noche del viernes fue asesinada la joven Kimberly Dayana Fonseca de 19 años.
El registro de Medicina Forense en la zona norte confirma que las víctimas son José David Ramos Lambert de 22 años, Roger Alberto Vásquez Reyes de 35 años, Víctor Evelio Martínez Álvarez, ellos fueron asesinados durante las protestas registradas en la tarde del viernes en la López, los demás cuerpos todavía no se identifican.
La crisis política se agudizó desde el ascenso de los saqueos de negocios en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma y El Progreso, desde el oficialismo se acusó a integrantes de la Alianza de Partidos de Oposición de ser los responsables de los actos, mientras que Salvador Nasralla, presidenciable de esta convergencia se desmarcó de esto y dijo que el Partido Nacional y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) infiltraron a sus integrantes para desestabilizar el país, y desacreditar las tomas pacíficas de la población.
Esto sirvió de excusa perfecta para que el gobierno en Consejo de Ministros extraordinario decretara la suspensión de las garantías constitucionales correspondientes a la libre circulación, la que será aplicable los siguientes diez días de seis de la tarde a seis de la mañana. “Las iglesias, los empresarios y la sociedad civil nos pide que tomemos medias para mantener la gobernabilidad en el país, por eso tomamos esa decisión”, dijo el presidente Juan Orlando Hernández.
En el primer día de toque de queda, el miedo, las detenciones y las violaciones a los derechos humanos se apoderaron de la ciudadanía, en redes sociales la población rompió el cerco mediático y denunció a través de la publicación de videos en Tegucigalpa y San Pedro Sula sobre las detenciones y las violaciones de los derechos de la gente que todavía se encontraba en la calle.
Fue en ese periodo de tiempo que, junto a la suspensión de las garantías, la población quedó más vulnerable ante el poder militar, que de acuerdo al mandato presidencial tomó posesión de las calles de todo el territorio nacional.
Sobre esa realidad un conjunto de organizaciones defensoras de derechos humanos en Tegucigalpa brindaron conferencia de prensa, en la que denunciaron el papel del Estado, los militares y la policía en las violaciones de derechos registradas en las últimas horas.
Las organizaciones hicieron un llamado a la comunidad internacional para que exija al Estado el respeto de los derechos fundamentales de la gente, asimismo pidieron el respeto a la vida de los detenidos en las distintas postas policiales del territorio nacional, así lo manifestó el coordinador del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) Eddie Tábora.
Familiares de los detenidos en las últimas horas llegaron a la posta policial Core 7 para pedir a las autoridades que les den información sobre sus hijos. “Mi hijo padece de asma, temo por su vida y lo que le puedan hacer los militares”, dijo una madre de familia que demandó respeto a la vida y a los derechos de su ser querido.
La tensión se apodera de las calles nacionales, los negocios, agencias bancarias están cerrados, las gasolineras y cajeros automáticos también están abarrotadas por la población que se prepara para cualquier eventualidad generada por la suspensión de las garantías constitucionales.
La situación sigue abierta, y la demanda es permanente de los defensores de derechos humanos, para que no se incurra en un abuso policial y militar que ponga en peligro la vida de los ciudadanos y ciudadanas.
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