Catalunya. El Estado español contra los miembros de los Comitès de Defensa de la República

Kaos. Països Catalans / Resumen Latinoamericano / 23 de noviembre de 2017

El Estado, a través del aparato judicial y policial, intensifica la caza de brujas ‘a la turca’ en Catalunya, al amparo del golpe de Estado del 155.

El Estado, a través del aparato judicial y policial, intensifica la caza de brujas ‘a la turca’ en Catalunya, al amparo del golpe de estado del 155. Según publica el diario el Món ahora, además de los miembros del gobierno y los dirigentes de Òmnium y ANC encarcelados, de los altos cargos de la administración de la Generalitat con procesos abiertos (incluidos los responsables de los Mossos), de la Mesa del Parlament en libertad bajo fianza, de los 700 alcaldes, de tuiteros, profesores… la criminalización se dirige también hacia los activistas de los Comités de Defensa de la República, la red territorial de organismos de base surgida a raíz de la preparación del referéndum del 1-O y que, tras la proclamación de la República Catalana por el parlament el 27 de octubre pasado, mantiene un papel activo en su defensa, como demostró el pasado 8 de noviembre durante la jornada de huelga general. 

La policía identifica a los miembros de los CDR

Las divisiones de Información de los Mossos, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil están investigando a los miembros y el funcionamiento de los Comités de Defensa de la República (CDR) que actuaron durante la huelga general del pasado 8 de noviembre.

Fuentes de la investigación han detallado a El Mundo que las unidades de información de los tres cuerpos policiales están “visionando los videos y las fotografías” de la jornada, las grabaciones de las cámaras de tráfico para identificar a los vehículos que participaron en marchas lentas, perfiles de las redes sociales, escrutando a los instigadores de los cortes del AVE de Girona y Barcelona y repasando los informes de los agentes que hicieron el seguimiento de las presentaciones de los CDR desde su puesta en marcha.

El escrutinio de toda la información recogida por la policía se está discerniendo para identificar no sólo a los portavoces o líderes de los CDR sino también a sus integrantes, especialmente a los que participaron activamente o impulsaron los cortes de carretera o las comunicaciones durante la huelga del 8 de noviembre. De hecho, las tres policías trabajan por separado para cotejar y contrastar las informaciones que obtienen y evitar que, por ejemplo, los Mossos retengan información a la policía española o a la Guardia Civil.

De hecho, algunos miembros de los CDR ya han recibido la notificación de una sanción administrativa, que puede llegar a los 60.000 euros, otros han recibido citaciones judiciales por un presunto delito de coacciones durante la jornada y esta misma semana han empezado las declaraciones, sobre todo en poblaciones medianas de Cataluña donde las identificaciones son más fáciles. Las mismas fuentes no descartan que algunas personas sean investigadas por los mismos delitos por los cuales se ha declarado prisión provisional incondicional por los líderes del ANC y Òmnium, rebelión y sedición.

Curiosamente, el mando que centraliza esta investigación por parte de los Mossos es el intendente, y número dos de facto, de la Comisaría General de Información, Miquel Justo Medrano, proveniente del Cuerpo Nacional de Policía. Este intendente fiscaliza toda la información de investigación de los miembros, del funcionamiento y organización de los Comités de Defensa de la República.

8.000 TIPS de los Mozos pedidos 

Por otro lado, fuentes de los sindicatos mayoritarios de los Mossos muestran su preocupación por la investigación que se llevaba a cabo en la Audiencia Nacional por los hechos del 20 de septiembre y el 1 de octubre en relación a la actuación de los Mossos. De hecho, recuerdan que el Juzgado de Instrucción número tres habría pedido hasta 8.000 TIPS, números de identificación de los agentes, que habrían participado de los operativos.

Los Juzgados nuevos

La conflictividad institucional en Cataluña podría hacer que se acelerase la puesta en marcha de los juzgados nuevos en Cataluña que aprobó el gobierno español a finales de octubre. Una tarea judicial ingente que algunos apuntan a los juzgados que se implantarán serán el de primera instancia número 59 de Barcelona, el número 8 de Badalona, el 8 y el 9 de Granollers, el 8 del Hospitalet, el 9 de Mataró, el 9 y el 10 de Sabadell, el 9 de Terrassa, el 7 de Girona, el 9 de Lleida y el 7 de Reus, el de primera instancia e instrucción número 9 de Vendrell.

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