Catalunya. Como hacer inviable el 155: Así resistirá la Generalitat el embate de España

Kaos. Països Catalans / Resumen Latinoamericano / 29 de octubre de 2017

Los consejeros y altos cargos formalmente cesados por Rajoy, con las excepciones a Interior, tienen intención de ir a trabajar el lunes y hasta que se les impida físicamente. Trabajadores de varios ámbitos se han organizado en asambleas para blindarse ante el 155 y no reconocer jefes impuestos por Madrid. La ANC y la Intersindical-CSC harán encuentros para hacer recomendaciones sobre cómo torpedear el funcionamiento ordinario de la administración.

El camino hasta la proclamación definitiva de la República catalana no ha sido sencillo. El momento idóneo para dar el paso ha centrado buena parte de las discusiones de las últimas semanas -con alguna finta de última hora incluida- y, por eso, el estudio de las acciones a llevar a cabo desde ahora había quedado un poco desatendido. Sea como fuere, la hoja de ruta de Juntos pel Sí pasaba para “resistir con la gente” una vez declarada la independencia, mientras que la CUP había apuntado que los mismos funcionarios podían torpedear el control de la Generalitat. En este sentido, los diversos sectores del independentismo se preparan para la resistencia pacífica al control del Gobierno por parte de Mariano Rajoy hasta las elecciones previstas para el 21 de diciembre.

Las resoluciones de Junts pel Sí y la CUP aprobadas este viernes dan unas instrucciones muy claras y precisas al Gobierno para intentar hacer efectiva la constitución del nuevo Estado, poniendo en marcha todas las estructuras, iniciando unas negociaciones con España para acordar la transición, buscando el reconocimiento internacional o iniciando el proceso constituyente. Ahora bien, hay una urgencia muy evidente sobre la mesa: resistir a la suspensión del autogobierno decretada por Rajoy, con el cese de los miembros del consell executiu y altos cargos de la administración y el control centralizado de los departamentos como medida estrella.

A pesar de todo, tampoco hay muchas concreciones en la estrategia de defensa, puesto que los dirigentes independentistas querían analizar primero cuáles serían las medidas concretas que aplicaría el gobierno español, las cuales finalmente han pasado por, entre otras cuestiones, cesar a todo el Gobierno -altos cargos incluidos- y convocar elecciones para el 21 de diciembre. La vía para resistir a estas actuaciones ha estado sobre la mesa del consell executiu extraordinario que se reunió durante viernes el anochecer, también con representantes de las entidades soberanistas.

El lunes, a trabajar

En ella, fuentes del ejecutivo apuntan que se ha ratificado la voluntad de desacatar la dimisión impuesta por Rajoy y el lunes irá a trabajar el Gobierno al completo a los respectivos departamentos y con toda la normalidad posible. La intención es no abandonar los despachos como se lo ha ordenado el ejecutivo español, sino desobedecer y mantenerse como máximos representantes de la Generalitat, atendiéndose a la legalidad catalana. Hay, sin embargo, en los cuales hay excepciones: el director de los Mossos ya se ha despedido, y el mayor del cuerpo, Josep Lluís Trapero, también ha acatado el cese.

Algunos departamentos (como los de ERC, por ejemplo), ya habían ideado durante los días anteriores algún cronograma para afrontar cada una de las actuaciones del Estado por parte de los consejeros, altos cargos y eventuales. A su vez, Puigdemont tiene previsto estar el lunes en el Palau de la Generalitat, al menos hasta que físicamente se le permita. De hecho, en el discurso de este sábado ya ha explicitado que no se siente cesado del cargo. Esta idea de forzar la actuación de las fuerzas de seguridad españolas es transversal, con el mensaje de que no se cederá el mando del Gobierno voluntariamente.

Con unas finanzas intervenidas, el Gobierno cesado no cobraría el sueldo ni podría ejecutar actuaciones que comprometieran gasto y pagos

Sea como fuere, el independentismo es consciente que esta situación no puede ser eterna. Por un lado, está la duda sobre cómo actuarán los agentes de los Mossos d’Esquadra y a qué legalidad obedecerán o si, por ejemplo, se les ordena impedir el acceso de los consejeros a sus departamentos o directamente detenerlos cuando la Fiscalía se querelle por rebelión.

Por otro lado, la gestión económica es una limitación importante, puesto que, con la intervención de las cuentas de la Generalitat, los bancos sólo ejecutan aquellos pagos validados por el ministerio de Hacienda. Por lo tanto, los altos cargos y eventuales formalmente cesados no podrán cobrar sus salarios (cosa que no todos se pueden permitir indefinidamente), pero tampoco podrán ordenar pagos o hacer contrataciones que comporten un gasto. De hecho, algunos de los cargos afectados ya han pedido mantener el número de teléfono, pero a su nombre, pagando de su bolsillo.

Mención aparte merece la seguridad del presidente catalán. Puigdemont, después de reunir por primera vez al Gobierno después de la proclamación de la República, optó para marcharse hacia Girona. A lo largo de las últimas semanas había intensificado sus estancias en la Casa dels Canonges por el trabajo asociado al 1-O y a la gestión posterior, y también por “motivos de seguridad“, según fuentes gubernamentales. De hecho, Puigdemont ha incrementado el número de escoltas y ha introducido miembros del cuerpo de élite de los Mossos, del mismo modo que también lo ha hecho el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. El presidente no tiene convocado ningún acto público, pero su idea es “resistir“.

Los Mossos permitirán entrar a Puigdemont

A pesar de que no hay ningún “plan específico“, según resalta un alto dirigente del PDECat, la idea que circula con fuerza por Palau es mantener la “actividad normal” en el Palau de la Generalitat. Según algunos portavoces consultados desde hace semanas sobre la cuestión, Puigdemont “tiene pactado” con los Mossos que protejan la plaça Sant Jaume y seguir “accediendo” a su despacho a pesar de que esté oficialmente cesado según la legislación española, validada en el Senado y esgrimida por Rajoy. Otras fuentes gubernamentales, a pesar de esto, insisten que el cuerpo policial catalán “no tiene órdenes” -de momento- de enfrentarse a la Policía Nacional española y a la Guardia Civil.

El objetivo es evitar un “baño de sangre” y, por eso, se multiplican los llamamientos a la calma y no hay previsto enfrentamientos entre los Mossos y la Policía Nacional o la Guardia Civil

“No tenemos la fuerza para imponer un Estado, pero podemos hacer entrar a España en quiebra“, sostiene un alto dirigente de Juntos pel Sí consultado. Uno de los escenarios que esgrimió Puigdemont el 10 de octubre en privado para suspender la independencia es el de un “baño de sangre” en la calle, y el jueves desgranó un escenario de “violencia extrema” en caso de proclamarla. Por eso, desde el Govern se intensifican los llamamientos a la calma, al “pacifismo” y a seguir manifestándose de forma cívica. Por los despachos del Departamento de Interior han desfilado propuestas de “resistencia pacífica” que han sido evaluadas por los responsables de la consejería.

Así mismo, a nivel parlamentario, la convocatoria de elecciones comporta también la disolución de la cámara. Juntos pel Sí y la CUP, sin embargo, no tienen intención de acatar tampoco, si bien también están estudiando como proceder. El PDECat y ERC han reunido por separado a sus direcciones y a sus diputados, este mismo viernes, después del pleno, para abordar el nuevo escenario. A pesar de todo no ha habido instrucciones claras sobre como actuar (Rajoy todavía no había disuelto la cámara) y, como mínimo los republicanos, han avisado a sus parlamentarios que les explicarían en las próximas horas como encarar la etapa que se ha abierto, según varios asistentes al encuentro. De hecho, la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, ya ha convocado para el martes una reunión de la mesa, donde previsiblemente no asistirán los grupos de la oposición, satisfechos con la convocatoria de elecciones.

El papel de los trabajadores públicos

Aun así, además de los políticos, los trabajadores públicos también tienen un rol relevante a la hora de dificultar el control de las instituciones por parte del gobierno español. El consejero de Asuntos Exterior, Raül Romeva, aseveró, de hecho, que estos sólo acatarían órdenes del Gobierno elegido por el Parlamento, y no del ejecutivo de Rajoy. Igualmente, el principal sindicato de maestros, la USTEC, también avisó que no reconocería como superiores a los nuevos interlocutores impuestos por España, una posición no secundada por CCOO, que no llamará a la “desobediencia laboral”.

Igualmente, en algunos departamentos ya se han organizado asambleas de trabajadores en que han aprobado manifiestos en contra del 155 y avisando que tampoco obedecerían las órdenes de un gobierno que no hubiera sido escogido por el Parlamento. En concreto, los empleados de las consejerías de Cultura, Exteriores y Territorio, de los servicios territoriales de Girona y de la Agencia Catalana de Residuos han hecho asambleas en estos los últimos días, y se prevén más. En la de Territorio, por ejemplo, aprobaron el jueves un manifiesto de tres puntos en que rechazaban el 155, reclamaban la liberación de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, y avisaban que no reconocerían una autoridad impuesta desde el gobierno español.

También activaron redes sociales para difundir sus posicionamientos y mantenerse conectados, así como se prevén nuevas asambleas la próxima semana, para concretar cómo actuar para dificultar pacíficamente una eventual detención de altos cargos y para torpedear el funcionamiento de una futura administración dirigida desde Madrid. Hasta ahora, las asambleas se han convocado de forma bastante espontánea, pero previsiblemente se irán realizando más, así como los miembros de las que ya existen pretenden que tengan alguna coordinación para apoyarse y fijar una estrategia común.

El ANC y la Intersindical-CSC vuelven a escena

Puede ayudar a ello la acción de la sectorial de función pública de la ANC y la Intersindical-CSC, que ya celebraron una treintena de asambleas en departamentos de la Generalitat y otros entes públicos para explicar a sus trabajadores como podían colaborar en el referéndum sin sufrir represalias. Ahora han vuelto a unir esfuerzos y, según explican fuentes de estas organizaciones, empezarán a hacer, a partir de la semana próxima, nuevas asambleas en la Generalitat para explicar “que pueden hacer los trabajadores públicos ante órdenes de un gobernante no legítimo“.

Los “métodos de resistencia pacífica” que se enseñarán tienen claro que la atención al usuario no tiene que verse perjudicada, puesto que el ciudadano no tiene que pagar las culpas, pero sí que se pretende alterar el funcionamiento ordinario del resto de la administración. “Lo tenemos bastante bien“, admiten, puesto que el gobierno español lo tendría complicado para demostrar que las actuaciones del trabajador son intencionadas o con voluntad de boicot y, por lo tanto, abrirle un expediente. Estas recomendaciones también se repartirán impresas.

La ANC recomienda a los funcionarios que, si España consigue intervenir la Generalitat, hagan actos de “resistencia pasiva” desde la misma administración

De hecho, la ANC ya publicó el viernes unas recomendaciones a los empleados públicos previendo que el gobierno español quisiera intervenir la Generalitat. En ellas, defiende que “la obligación de los funcionarios y autoridades de cumplir la ley no ampara obedecer órdenes claramente contrarias a la legalidad vigente“, motivo por el cual los empleados públicos “no tienen que cumplir las instrucciones que alguien pueda dar amparándose en estas medidas del artículo 155 propuestas“, puesto que estas “son medidas claramente contrarias al ordenamiento jurídico”.

Por eso, la entidad apunta que el funcionario se puede encontrar con dos escenarios. En caso de que la República catalana sea basta fuerte para oponerse “de manera efectiva” a la intervención, recomienda ayudar “a sostener al gobierno y al parlamento legítimos“. En cambio, si se impone “la violencia policial y militar española“, ya sea “parcialmente o totalmente“, insta a hacer “resistencia pasiva también desde la misma administración, ante una autoridad no electa, ilegítima, que pretende dar instrucciones que contradicen los fundamentos del estado de derecho y persiguen los derechos fundamentales de la ciudadanía” a la cual se debe el trabajador público. Todo ello, son actuaciones desde arriba y desde bajo para impedir que la usurpación de las competencias de la Generalitat sea sencilla, y siempre de forma pacífica.

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