La oligarquía colombiana tiene una concepción contrainsurgente de la paz/La paz en peligro: unidos a defender la vida y la paz Comunicado conjunto de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano/”La paz y la reconciliación de los colombianos tiene aún enemigos poderosos”
Resumen Latinoamericano/Agencia de Prensa IPC, 23 de octubre 2017.
El director ejecutivo de la Corporación Nuevo Arco Iris, Fernando Hernández Valencia, habló con la Agencia de Prensa del IPC sobre los desafíos del proceso de paz con Colombia y aseguró que es indispensable construir una cultura de paz para evitar que la historia de violencia se repita. De igual forma recalcó que es indispensable que la paz llegue a los territorios y resuelva los conflictos de las comunidades excluidas.
No obstante advirtió que la oligarquía colombiana tiene una concepción contrainsurgente de la paz, pues su interés principal radica en sacar a las guerrillas de los territorios para abrirle paso a negocios del gran capital.
Por su parte, lo que hacen las FARC es el acuerdo de paz posible, anota Fernando Hernández, entendiendo que el país no puede seguir históricamente en la guerra y reconociendo la degradación que este prolongado conflicto ha generado.
El analista señaló que en la época del expresidente Belisario Betancur, la política de paz con las insurgencias fracasó por la acérrima oposición de sectores políticos y empresariales que terminaron influyendo en que la paz quedara reducida a una política de gobierno y no a una política de Estado como debería ser.
Aunque en otras proporciones y en otro contexto, la política de paz del presidente Santos puede correr el mismo riesgo, de ahí que Fernando Hernández haga un llamado para que la sociedad colombiana entre en proceso de transición que le devuelva la dignidad a la política y que no solo haga la transición de la lucha armada a la lucha política sino también de una democracia restringida y secuestrada por la oligarquía a una democracia más abierta y plural.
La paz en peligro: unidos a defender la vida y la paz
Comunicado conjunto de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano
23 de octubre de 2017.
La implementación del acuerdo final está en grave riesgo. Al boicot legislativo se han agregado las masacres de la Fuerza Pública y del paramilitarismo, especialmente en Tumaco y el Suroccidente colombiano.
Los seis excombatientes desarmados asesinados en San José del Tapaje, el crimen de José Jair Cortés en zona rural de Tumaco, los crímenes de las docentes Liliana Astrid Ramírez, en Natagaima (Tolima), de Benicia Tobar, en Guachené (Cauca) y del excombatiente amnistiado Henry Meneses Ruiz, en Miranda (Cauca), entre otros, acaecidos con pocos días u horas de diferencia; las amenazas a la dirección nacional de la Unión Patriótica y el atentado frustrado al compañero Ómar Romero en Cali, no pueden seguir siendo clasificados como hechos aislados por el Estado colombiano, que se coloca de espaldas a sus responsabilidades constitucionales.
Estamos denunciado lo que consideramos un peligroso viraje en los compromisos oficiales con la implementación de la paz. La ofensiva del fiscal general, de Cambio Radical y Centro Democrático en el Congreso complementa la política de guerra a los cultivadores de coca por parte del Ministerio de Defensa, al margen y abiertamente en contra del compromiso estatal con el Punto IV de Acuerdo Final.
El Gobierno impone por la fuerza la erradicación que desconoce el acuerdo de paz con el argumento de Washington de que cumplirlo es favorecer al terrorismo. La matanza de El Tandil, de inocultable responsabilidad oficial, marca la temeraria trayectoria de una política de guerra social que busca reconfigurar el “enemigo interno” en carne de inocentes ciudadanos y de excombatientes desarmados en voluntad de paz.
Se está burlando el compromiso del Estado en el Acuerdo Final con las garantías para la vida y la no repetición. Hacemos un llamado de alerta a la comunidad internacional, a la Segunda Misión de la ONU, a la MAPP-OEA, a los países garantes y acompañantes, a todas las fuerzas democráticas y defensores de los derechos humanos del continente y del mundo: en Colombia está en peligro la paz y necesitamos enderezar el rumbo de este justo anhelo de Colombia y de América Latina toda.
—Pedimos que paren la matanza y las amenazas a los defensores de la paz;
—Pedimos parar la erradicación forzada, reafirmar la prioridad de la concertación voluntaria del PNIS y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial;
—Pedimos garantías especiales de seguridad para los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y el cese de los operativos de guerra y amedrentamiento a los mismos;
—Pedimos la concreción de una Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, con autonomía y recursos para investigar el complejo paramilitar en todas sus ramas;
—Pedimos respetar el papel de la Comisión de Seguimiento para la Implementación como instancia responsable bilateral en el cumplimiento del Acuerdo;
—Pedimos facilitar a las autoridades civiles territoriales y a las organizaciones populares el cumplimiento de sus funciones y el acompañamiento solidario a excombatientes y ETCR.
Llamamos a unir todas las voces y todas las voluntades en respaldo al Acuerdo Final con FARC y al diálogo de Quito con el ELN. La movilización nacional unitaria y el paro nacional indefinido son expresión de la paz en movimiento. Hoy más que nunca exigimos garantías plenas para la expresión de la inconformidad popular.
Bogotá, octubre 22 de 2017.
“La paz y la reconciliación de los colombianos tiene aún enemigos poderosos”
/ 23 de octubre de 2017 |
Señor:
Juan Manuel Santos
Presidente de la República.
El Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, desea expresarle nuestra preocupación frente a la cadena de hechos que se vienen presentando en los últimos días y que afectan de diversa forma a comunidades, integrantes en proceso de reincorporación de nuestro Partido, así como algunos Espacios Territoriales para la Capacitación y la Reincorporación.
Como es de su conocimiento, recientemente culminó su trabajo la misión tripartita encargada de verificar el cumplimiento de los compromisos de las partes con relación al Acuerdo de Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas. El balance es altamente positivo; su característica fundamental fue la casi inexistencia de casos de violación a los protocolos, y por el contrario, el respeto de las obligaciones pactadas en dicho Acuerdo, por parte del Estado y la insurgencia; algo reconocido a nivel nacional e internacional.
Nadie puede poner en duda que, con ese Acuerdo, logramos parar más de 50 años de confrontación, algo impensable hasta hace poco; pero lo que es más importante, comenzamos a cimentar la confianza entre las partes enfrentadas militarmente, base para la necesaria reconciliación y reconstrucción de nuestra nación.
Por lo anterior, llaman la atención, hechos como los ocurridos recientemente en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, en los que perdieron la vida por lo menos 6 campesinos y otros más resultaron heridos, cuando protestaban por el incumplimiento de los compromisos del Gobierno contenidos en el punto 4 de los Acuerdos de La Habana, y que como todo lo indica, involucra responsabilidad de efectivos de la Fuerza Pública, según los informes, hasta ahora conocidos, de la Defensoría del Pueblo y otros entes investigadores; a lo que debemos agregar el asesinato de reconocidos líderes comunitarios en la misma zona.
Asimismo, el día de ayer nos enteramos de la irrupción de la Fuerza Pública en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Ariel Aldana, en el mismo municipio de Tumaco, con el fin de detener al ciudadano Tito Aldemar Ruano Yandún, quien figura como miliciano en las listas entregadas para acreditación por parte de las FARC-EP para todos los efectos relacionados con los acuerdos firmados entre el Estado y la insurgencia.
En este caso, más allá de las diferencias que podamos tener, en cuanto a la condición de integrante de las FARC-EP, de dicho ciudadano, nos interesa llamar la atención sobre la necesidad de respetar los mecanismos acordados para la solución de diferencias entre las partes para evitar que se pierda la confianza construida; lo que para nada cuestiona la potestad del Estado para hacer presencia en todo el territorio nacional.
Comprendemos que una paz estable y duradera implica, por parte del Estado y los ciudadanos, el respeto de la ley y los compromisos adquiridos.
Otro hecho ocurrido en las últimas horas aumenta nuestra preocupación: en el municipio de San José del Guaviare, vereda Colinas, en el Espacio Territorial de Capacitación y Reconciliación Jaime Pardo Leal, unidades de la Fuerza Pública dispararon contra dos ex combatientes de las FARC-EP, afortunadamente sin consecuencias físicas que lamentar, luego de que en la misma zona explotara una motocicleta bomba, cuya autoría se desconoce. Al momento de la explosión, nuestros compañeros se encontraban en una finca de ese Espacio Territorial, recogiendo hojas para envolver unos tamales y fueron objeto de los disparos de las armas oficiales, cuando caminaban de regreso a sus viviendas.
No permitamos, señor presidente, que llegue a deteriorarse la confianza entre las partes, tan costosamente construida a lo largo de estos meses. El Acuerdo firmado, sus protocolos y desarrollos posteriores, contienen los mecanismos necesarios para garantizar que cualquier diferencia o incidente pueda resolverse dentro del espíritu del consenso y el entendimiento entre las partes.
Desafortunadamente, la paz y la reconciliación de los colombianos tiene aún enemigos poderosos, que no escatiman esfuerzo en torpedear la implementación de los acuerdos, ni pierden oportunidad para sembrar cizaña y tratar de sabotearlos.
Convoquemos todos los mecanismos, nacionales e internacionales, contemplados en los acuerdos para que, de manera objetiva y sosegada, nos sentemos a analizar las actuales dificultades, con la certeza que así encontraremos la forma más adecuada para fortalecer la construcción de la paz estable y duradera en nuestro país; y de paso, cerrarle el camino a quienes buscan beneficiarse de clima de incertidumbre que rodea la etapa de implementación.
Compatriotas,
Consejo Político Nacional, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
FARC.
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