Argentina. Resumen gremial y social. PAMI:Morir a la espera de los medicamentos/ Aeronáuticos: Un conflicto que podría levantar vuelo/ El INTI censuró un debate político/ Indec: Inflación1,9% en septiembre, en el año acumula 17,6%/ Se vienen seis los aumentos entre naftas, gas, luz y transporte/ Docentes: avisan a Vidal que no aceptarán un 10%/ Banghó terminó con la destrucción de más de 600 empleos/ Fallo de la Corte para disciplinar a la Justicia laboral/ Dos obreros murieron en un accidente laboral …

Resumen Latinoamericano/12 de  Oct.2017.- Una nueva sección informativa de las luchas sindicales del pueblo argentino contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri.Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal.Invitamos a quienes quieran informar sobre despidos, huelgas, ocupaciones, movilizaciones y conflictos sindicales varios, que nos envíen sus gacetillas y comunicados a resumenrebel@gmail.com

 

Un jubilado falleció mientras reclamaba por vía judicial los remedios que el PAMI le negaba

Morir a la espera de los medicamentos

Gustavo Souza necesitaba dos fármacos para su dolencia pulmonar. Pero el PAMI dejó de entregárselos. Un juez ordenó al organismo que lo hiciera. La obra social no acató el fallo. El magistrado insistió, aunque ya fue tarde. El hombre, de 71 años, finalmente murió.
Gustavo Souza murió el domingo pasado.
Gustavo Souza murió el domingo pasado. 

“Gustavo sufrió mucho los últimos días. Mientras tanto, PAMI continuaba con palos en la rueda”. El testimonio le pertenece a Guillermo Souza, hermano del jubilado de 71 años que murió a la espera de que PAMI le reestableciera los dos remedios que tomaba para tratar su afección pulmonar crónica. La víctima, electrodependiente y con certificado de discapacidad, tuvo que presentar un recurso de amparo para que la obra social le provea los fármacos tobramicina y nintedanib, cuyo precio era imposible de abonar para su familia y su jubilación de 6 mil pesos. Incluso, el 28 de septiembre, el juez Roberto Torti intimó al PAMI a entregar la medicación en un plazo menor a las 48 horas. El organismo estatal se negó. Y en el ínterin, Souza se descompensó en su casa, fue trasladado al Hospital Británico y falleció a las pocas horas. “Es el claro ejemplo de la ausencia del Estado”, contaron a PáginaI12 sus familiares y abogados.

Trescientos veintidós mil cuarenta y siete pesos. Ese era el monto –estimado a la junio del 2017– que el PAMI debía abonar, en medicamentos, para Souza continuara con su tratamiento contra la fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad crónica que disminuye la función del pulmón. El jubilado, padre de dos hijas y abuelo de cuatro nietos, había comenzado el tratamiento en 2013, y era cubierto en su totalidad por la obra social estatal. Pero todo eso cambió hace unos meses. “En el PAMI ya habían comenzado los rumores de los recortes. Y le habían sugerido a mi hermano cambiar la droga, aunque él ya había probado con otro remedio que le produjo efectos adversos”, sostuvo Gustavo Souza.

En mayo, los rumores pasaron a la acción concreta y el organismo estatal cortó con los dos medicamentos en cuestión. El argumento, según consta en las presentaciones judiciales, fue que uno de ellos (nintedanib) “estaba fuera de convenio con la industria farmacéutica”, mientras que para la droga tobramicina no habría inconvenientes, aunque se debía presentar un análisis de esputo actualizado. “Con el nivel de respuestas que presentó la obra social, debimos presentar un recurso de amparo en agosto”, explicó Federico Paruolo, abogado del Grupo de Litigio Estratégico. En la presentación se especifica que la falta de esos remedios agravaría “la situación de manera irreversible”, además de que se adjuntó la recomendación de ambos fármacos por el jefe de Neumología del Hospital Británico y la incapacidad de Souza para abonar esos medicamentos. El hombre, de 71 años, cobraba una jubilación de 6 mil pesos. Las dos drogas costaban más de 300.000 pesos.

Luego de un período de exámenes y trámites burocráticos (“a mi hermano lo obligaron a hacer decenas de exámenes, con todo el deterioro físico y psíquico que implica para una persona que debe moverse con silla de ruedas y un tubo de oxígeno”, explicó Souza), el juez Torti, quien había dado lugar al amparo presentado, resolvió que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados le provea a Souza en el plazo de 48 horas “la cobertura integral de la mediación requerida”. El argumento del magistrado se basó, en gran medida, en el derecho a la preservación de la salud, a la obligación de la autoridad pública a garantizarlo y a la ley 24.901, que dispone de un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad.

La respuesta del PAMI no llegó mediante la entrega de los medicamentos sino por la vía legal. El 2 de octubre, cumplidas las 48 horas que dispuso el juez, los apoderados de la obra social presentaron un recurso de apelación para rechazar la resolución judicial. Cuatro días más tarde, el juez Torti quiso saber si se había entregado la medicación, a lo que el propio paciente, ese mismo día, volvió a contestar que no. “No hay ningún justificativo para esa actitud”, aseguró el hermano de Souza.

La noche del sábado pasado, en su casa de Villa Urquiza, el jubilado se descompensó mientras utilizaba su concentrador de oxígeno portátil. La ambulancia llegó a la madrugada y dio el diagnóstico de embolia pulmonar. Souza fue trasladado de urgencia al Hospital Británico, y luego de ser intervenido, falleció en el centro médico. La ayuda del PAMI nunca llegó.

Informe: Jeremías Batagelj.

 

Los aeronáuticos no descartan tomar medidas si no avanza la paritaria

Un conflicto que podría levantar vuelo

La discusión salarial de los trabajadores de Aerolíneas y Austral está trabada. Hoy hay una reunión y si no hay acuerdo, podría haber complicaciones el fin de semana largo. Los gremios denuncian que los están empujando al paro para luego desprestigiarlos.
Imagen: DyN

El titular de la Asociación de Pilotos (APLA), Pablo Biró, advirtió que el sector se encuentra “al borde de un conflicto” que podría dejar sin vuelos a las empresas aéreas en los próximos días y acusó al gobierno nacional de empujarlos “a tomar una medida de fuerza” para luego “utilizarla políticamente para desprestigiar” al gremio. Además, denunció que un tercio de los vuelos son realizados por pilotos en sus días de descanso.

La Asociación reclama un mejoramiento de la oferta paritaria que, a un mes de haberse vencido, comenzó con una oferta de 16 por ciento y se quedó plantada allí. En las últimas horas hubo un ofrecimiento de 4 puntos más, pero en bonos. El piso que proponen los pilotos es del 24 por ciento, superior al índice de inflación.

Durante este período hubo reuniones con Aerolíneas Argentinas y Austral, conciliaciones obligatorias y voluntarias “pero no llegamos a nada”, sintetizó el dirigente y puntualizó que “si no mejoran con una oferta seria, las operaciones (en Aeroparque y Ezeiza) no van a ser serias”.

En una entrevista por MDZ Radio, Biró sostuvo que detrás de la falta de nuevas ofertas y el fracaso de las diversas instancias de negociación hay una intencionalidad del Gobierno “de poner a los gremios como victimarios”. “Nuestra idea no es dejar la flota en tierra pero nos están empujando a la medida de fuerza porque necesitan el conflicto para poder desprestigiar” a los sindicatos a través de “una campaña mediática infernal”, explicó.

Por otra parte denunció que la situación en el sector “es grave” y reveló que la manera “en que Aerolínea y Austral vienen batiendo récords” es instando a los pilotos a trabajar en días francos y de vacaciones. “Cerca del 30 por ciento de los viajes se llevan adelante por pilotos que vuelan en días libres”, aseguró.

Para hoy estaba prevista una reunión de las compañías aéreas con cuatro de los cinco sindicatos pero las expectativas son negativas. El tiempo para las negociaciones ya es escaso porque la paritaria debía haberse cerrado el 30 de septiembre último. Los directivos de Aerolíneas Argentinas y Austral dejaron trascender el temor de que se produzcan medidas de fuerza que compliquen el traslado de pasajeros, pero no mejoraron su oferta.

Además de APLA, los otros sindicatos que participan de la paritaria son UALA (Austral), la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA), la Asociación Personal Aeronáutico (APA) y la Unión Personal de Seguridad Aeronáutico (UPSA). El único sindicato que acordó por su cuenta es el de Aeronavegantes.

 

 

Los trabajadores acordaron un paro para la semana que viene

El INTI censuró un debate político

Por Agustina Arredondo

Los delegados del organismo estatal denunciaron que las autoridades no los dejaron realizar una charla-debate sobre el ajuste en el sector y alertaron que se trató de “un caso de censura” porque “violaron los derechos de opinión de los laburantes”. Llamaron a un paro por 24 horas para la semana que viene e irán al Congreso para presentar su reclamo.

En el marco del brutal ajuste que está sufriendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial prohibieron un debate convocado por los delegados “para charlar sobre el achique en el presupuesto previsto para el 2018”, argumentando que se trataba de “una actividad política”. Los empleados, que mantienen un plan de lucha desde marzo reclamando el pase a planta permanente, el aumento salarial y el respeto a los convenios colectivos de trabajo; cortaban esta mañana una mano de la Autopista General Paz para visibilizar “el acto de censura”.

“La primera reacción fue la indignación ante la censura pero después resolvimos cortar durante una hora la circulación”, explicó a Pagina/12 Daniel Luna, delegado sindical ATE-INTI, quien además consideró que “violaron los derechos de opinión de los laburantes”. En repudio, llamaron a un paro de 24 horas para el miércoles o jueves de la semana que viene, fecha que se decidirá en la próxima asamblea. Pedirán además una audiencia pública en el Congreso para advertir sobre la “persecución”.

El encuentro de hoy, suspendido a través de una carta del Departamento de Recursos Humanos, iba a contar con un panel integrado por el Ingeniero Enrique Martínez, ex presidente del INTI, Paula Varela (Investigadora del CONICET) y Lucía Maffey (investigadora del Conicet e integrante de Jóvenes Científicos Precarizados). Página/12 se comunicó con el ente nacional para preguntar por qué cancelaron la actividad y las autoridades se negaron a argumentar su decisión. “Sólo vamos a decir que no se hizo”, expresaron desde el sector de prensa.

“Lo que ocurrió hoy en el INTI es un acto de censura gravísimo, aún más cuando se trata de un organismo público de investigación y desarrollo. Queda claro que este Gobierno no puede enfrentarse a un debate con los trabajadores porque sus funcionarios no pueden justificar el ajuste brutal que intentan descargar sobre el sector de ciencia y técnica”, manifestó a este diario Maffey, una de las invitadas al debate.

Los trabajadores denunciaron que “esta medida represiva” no es la primera que sufren porque el 8 de agosto pasado, cuando los delegados habían votado un paro por malversación de fondos y persecución sindical, el presidente Javier Ibañez clausuró el INTI para evitar la conferencia de prensa que tenían pensado realizar dentro del ente. “Es el modus operandi de esta gestión y no estamos dispuestos a resignar nuestros derechos”, insistió Luna.

Desde la delegación alertaron que esta decisión se condice con otras medidas que han tomado para reducir el ministerio, que incluyó la fusión de sectores “sin ningún criterio técnico”, afectando las líneas de trabajo y las investigaciones. En marzo, presentaron un petitorio a las autoridades para reclamar que el 80 por ciento del personal está contratado y no en planta permanente, a pesar de sus años de antigëedad. “Mientras tanto, no tenemos una solución porque están ganando tiempo antes de las PASO, a las que vamos a llegar con una reforma laboral terrible para los estatales”, se lamentó Luna.

 


Es el dato oficial del Indec. En el año acumula 17,6% y supera las previsiones del gobierno y del Banco Central.

 por Marcelo Colombres

El índice de precios al consumidor subió 1,9% en septiembre, según el relevamiento realizado por el Indec. En lo que va del año ese indicador creció 17,6%, informó el organismo estadístico. De esa manera, las previsiones del gobierno y del Banco Central para todo el año quedaron desbordadas al cierre del tercer trimestre.

Según el documento oficial, fueron los bienes y servicios estacionales los que impulsaron el número final hacia arriba. En particular se notaron incrementos sustanciales en el rubro Prendas de vestir y calzado (3,8%), asociado con el cambio de estación; también en Educacion (3,7%), donde el gobierno autorizó un incremento en la cuota de los colegios privados en el ámbito bonaerense; y en Salud (2,4%), con la puesta en vigencia del último tramo de los aumentos para la medicina prepaga.

Los datos corresponden al índice de alcance nacional que puso en marcha el Indec en julio de este año. En el regional, el Gran Buenos Aires fue donde se sintieron con más fuerza los incrementos (2,0%). Para esa zona, la única donde se puede mantener la serie histórica por más de un año luego de los reiterados cambios metodológicos en la encuesta, la variación de precios en los últimos 12 meses fue de 24,2%.

Las cifras demuestran que, lejos de morigerarse, el proceso inflacionario tomó nueva fuerza en los últimos tiempos. El índice de septiembre es el más elevado de los últimos cinco meses y superó incluso los pronósticos de consultoras y centros de estudio privados, muchos de los cuales alimentan con sus datos el llamado IPC-Congreso, que esta semana había anunciado un alza del 1,6%.

La situación pone en tela de juicio la estrategia oficial para combatir la inflación, centrada en la dura política monetaria del presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, que consiste en reducir la masa de dinero circulante mediante la emisión de títulos (Lebacs) que pagan altísimas y muy tentadoras tasas de interés: la de referencia está ubicada actualmente en 26,25%. Esa táctica retrae la actividad económica, ya que retira del mercado fondos que podrían ser destinados a emprendimientos productivos, y alimenta el déficit cuasifiscal, que se estima que podría llegar a dos puntos del PBI a fin de año. A pesar de esos efectos perniciosos y de que la ambiciosa meta de 17% para todo 2017 ya quedó vulnerada por los hechos, no se descarta que el Banco Central insista con esa receta y retoque hacia arriba la tasa en las próximas licitaciones de títulos.

Paralelamente al IPC, se difundieron los otros dos indicadores de precios que elabora el Indec. El de los mayoristas (IPIM) registró una suba de 1,0% en septiembre, como consecuencia de la suba de 1,0% en los productos nacionales y de 0,4% en los productos importados, con una variación interanual de 16,3%. En tanto, el de la construcción (ICC) también subió 1,0%, empujado por un 1,9% en el rubro Materiales y otros más modestos 0,5% en Mano de obra y 0,3% en Gastos generales. En ese sector, estimulado por el gran volumen de obra pública que disparó el gobierno, el aumento de los últimos 12 meses trepó al 32,2%.

 

Por Santiago Spaltro

Serán seis los aumentos entre naftas, gas, luz y transporte hasta abril

Con el respaldo de las urnas, el Gobierno aprovechará el optimismo económico para ajustar las tarifas y recomponer ingresos antes de la próxima campaña presidencial.

(Por Santiago Spaltro) El Gobierno tiene previsto en los próximos meses al menos seis aumentos entre gas y electricidad (dos cada uno), transporte y naftas, aunque con porcentajes menos significativos que los del año pasado. Es por eso que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo el martes que llamar “tarifazos” a las próximas subas en los servicios es una “percepción subjetiva”.

Con escaso costo político después de las elecciones legislativas del 22 de octubre, la primera suba será en las naftas y el gasoil. Las empresas con YPF, Shell y Axion a la cabeza se alistan para incrementar entre un 6% y un 11% los precios en las estaciones de servicio, de acuerdo con la evolución del tipo del cambio y del crudo Brent en Londres. El ajuste se produciría en las siguientes horas a los comicios, aunque podría postergarse hasta el 1° de noviembre. “Lo necesitamos hacer cuanto antes”, dijo en off un importante ejecutivo del sector.

Para “fin de año”, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, ubicó las actualizaciones en gas y electricidad. Para la luz, que debería subir en noviembre, las compañías dijeron que no hubo reuniones en las últimas semanas, pero estimaron incrementos de entre 15% y 20% en la factura final. Sin embargo, el ajuste puede ser mayor por el costo de la generación eléctrica.

El Valor Agregado de Distribución (que cobran Edenor y Edesur y representa el 47% de la boleta con impuestos) se ajustaría 19% en noviembre y otro 17% en febrero de 2018. Con el objetivo de reducir el aporte estatal, el costo de generación ($ 640/MWh en todo el país) también se actualizará, aunque el Gobierno no definió cuánto. Después de febrero sólo se aplicarán subas semestrales por inflación, con excepción de un cargo mínimo que se actualizará desde el segundo mes del año que viene en 48 cuotas.

Para el gas, el incremento se divide entre lo que se pagará por la producción y por la distribución. En diciembre, las distribuidoras empezarán a cobrar el 40% del total que se les aprobó en la Revisión Tarifaria Integral (RTI), ya que en abril de este año comenzaron a percibir el 30%, según las resoluciones emitidas por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

Las voces del sector privado contactadas por El Cronista hablan de un aumento que sería cercano al 20% en la factura final, sin contar que la mayor parte de la boleta está en lo que se paga por la producción del combustible (gas en boca de pozo). Otras fuentes estiman un 40% en total.

En cuanto a transporte, el ministro insistió en los últimos meses que “no habrá subas en el corto plazo”, pero nunca respondió sobre qué pasará desde el primer día de 2018.

Los privados calculan entre 30% y 50% de incremento, que podría llevar el boleto mínimo de colectivo de $ 6 a $ 8, o $ 9. Aunque el Presupuesto que envió el Gobierno contempla una fuerte reducción de fondos para el área de Transporte (habrá $ 93.871 millones, 1,7% menos en términos nominales y una caída real cercana al 19%), fuentes de esa cartera aseguran que “no hay nada definido, ni en montos, ni en plazos” y que los menores subsidios no se relacionan directamente con el eventual aumento de los boletos de tren y colectivo.

Respecto a las tarifas del agua, desde Aysa dijeron a este medio que “no hay novedades para los próximos meses”, aunque no descartaron que en 2018 pueda haber algún nuevo incremento.

(*) Fuente: El Cronista

Los gremios ya le avisan a Vidal que no aceptarán un 10% de aumento para 2018

Jorgelina Naveiro (Corresponsalía LP)

Los docentes y estatales bonaerenses ya salieron a rechazar un eventual aumento del 10% para todo 2018. Esa posibilidad trascendió hoy desde el gobierno de María Eugenia Vidal, que llamará a paritarias después de las elecciones.

El titular de SUTEBA, Roberto Baradel, fue uno de los primeros en hacer público su rechazo. “Los docentes volvemos a pedir paritarias libres, sin piso ni techo”, sostuvo en diálogo con Tiempo. Y agregó: “No vamos a aceptar una pauta salarial a la baja”.

El conflicto entre el gobierno provincial y el Frente Gremial Docente -que integran FEB, SUTEBA, SADOP, AMET, UDA y UDOCBA- duró cinco meses este año, incluyó 17 días de paro y cerró, una semana antes del inicio de la campaña electoral hacia las PASO, con un incremento del 27,4% para los maestros. De ese total, el 21,5% está sujeto a la cláusula gatillo atada a la inflación oficial, y será sometido a revisión por última vez en diciembre. El resto corresponde a compensaciones de 2016 y a material didáctico otorgado por la Nación.

Hoy trascendió que el gobierno de Vidal planea ofrecer un 10% de aumento también con cláusula gatillo para todo 2018. Esa cifra está en relación con las pautas macroeconómicas esbozadas en el presupuesto nacional.

El secretario general de ATE Provincia, Oscar De Isasi, también rechazó esa cifra. “El 10% no resiste el menor análisis”, dijo a este diario y acusó al gobierno de “lanzar globos de ensayo por los medios, sin terminar de hacerse cargo ni mirar de frente a los trabajadores”.

El dirigente exigió que el Ejecutivo convoque en tiempo y forma también a los estatales de la ley 10.430; los médicos y los judiciales. Hasta ahora, Vidal sólo dijo que el 1º de noviembre llamarán a los docentes para comenzar a negociar, aunque no dijo nada del resto de los trabajadores estatales.

“A la mesa paritaria vamos a ir con los mismos criterios que los años anteriores, exigiendo un aumento que contenga la recuperación de los años perdidos, un salario mínimo por encima de la línea de pobreza y que el aumento equipare a la proyección inflacionaria. Además, vamos a plantear , sostuvo De Isasi y agregó que insistirán “con el pase a planta permanente de 19 mil trabajadores y el descongelamiento de vacantes”.

 

Por Lorena Vincenty

El desempleo arrastra 14 conflictos en Neuquén y abre interrogantes

(Por Lorena Vincenty) Los conflictos por temas laborales en Neuquén arrastran un intenso año. Los estatales al ritmo de los bombos insisten con sus reclamos. También se suman los obreros del sector privado. Fábricas que se declaran en crisis y despiden por decenas a sus trabajadores que después terminan en las calles a buscando respuestas. En lo que va de 2017 ya se registran al menos catorce conflictos laborales.

La última protesta comenzó el viernes pasado con el pedido de diez trabajadores de la estación de servicio ubicada en Perticone y Saturnino Torres. Ellos tomaron las instalaciones del predio en reclamo por sueldos adeudados y por la falta de garantía de su continuidad laboral.

Sergio Uribe, uno de los empleados de la expendedora de combustible explicó que “en julio nos pagaron el sueldo a todos en cuotas, y después en agosto y septiembre no nos pagaron nada”. Comentó que desde la operadora le dijeron que el viernes se vence la concesión y que pasarán a depender de Axion Energy.

En los últimos días 22 trabajadores de Inter Geo SRL, una empresa que realiza el control geológico en yacimientos, denunciaron también que corre riesgo su situación laboral ya que no hay información acerca de continuidad luego del 12 de octubre.

La palabra despidos, suena fuerte en los primeros 10 meses del año. Comenzó en enero cuando se dieron a conocer 50 despidos en Schlumberger y al otro día, Halliburton despedía 15 más. Unos días más, acordaron la suspensión de los despidos. El mismo mes, 80 trabajadores de la empresa SP Argentina estaban en las puertas de la empresa para reclamar que habían recibido telegramas de despido, pero no indemnizaciones.

La firma de servicios petroleros OPS en los últimos doce meses despidió 1.308 operarios. La empresa Texey también desvinculó a un centenar de empleados cuando terminó un contrato con YPF, aunque unos meses más tarde pudieron firmar sus ingresos con las empresas Gabino Correa y TSB.

En febrero, el cierre de Textil Neuquén dejó a 36 obreras en la calle. Las mujeres tomaron la fábrica y después de casi seis meses se acordó el 100% de las indemnizaciones y un convenio con otra empresa para trabajar como cooperativa, pero por el momento no se concretó lo pactado.

En abril, 17 empleados de la planta Embotelladora Neuquén ubicada en Santo Tomás se quedaron sin trabajo, después de reclamar tres meses por sus sueldos. Por otra parte, la empresa EET encargada del tratamiento final de los desechos de hidrocarburos, en enero de 2016 sufrió un incendio, fue clausurada y en mayo de este año, al menos siete de los empleados fueron despedidos “con justa causa”, después de reclamar por meses.

En junio, 80 empleados de la empresa Jugos del Sur de Centenario tomaron la planta. Aseguraban que el dueño les propuso un “retiro voluntario” porque no tenían plata para que cobren el salario. En el mismo mes, la cristalería de Plaza Huincul informó que ante el incremento en el valor del gas debieron reducir a siete empleados su plantel.

También cerró sus puertas la minera Minarmco de Cutral Co que envió el 31 de julio el telegrama de despido a 19 trabajadores. Otro caso fue el de la maderera MAM (Maderas al Mundo) que el 3 de julio de sus 94 empleados despidió a la mitad y suspendió al resto. Desde entonces la empresa no reabrió nunca sus puertas.

En casi todos los casos los trabajadores comentaron que habían dedicado su vida a la empresa. Sin embargo los telegramas siguen cayendo en la región y muchos de los desocupados ya son mayores para conseguir nuevos empleos.

En números

3.298 empleos formales se perdieron en la provincia en los últimos 12 meses. Totalizaron 107.400 puestos laborales activos.

“Hasta ahora no recibimos ninguna respuesta. No sabemos qué va a pasar con nuestra continuidad laboral, ni con los sueldos”. Sergio Uribe, empleados de la estación de servicio, un reclamo que se repite.

(*) Fuente: Diario Río Negro

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La “reconversión” de Banghó terminó con la destrucción de más de 600 empleos

La “reconversión” de Banghó terminó con la destrucción de más de 600 empleos

A pesar de que el Gobierno promocionó un plan de reconversión de la firma, Banghó pasó de tener cerca de 1.000 empleados en agosto de 2015, a 700 en diciembre de 2016 y a 380 actualmente.

A casi dos años del inicio de la administración de Mauricio Macri, y a pesar del promocionado plan de reconversión de la gestión Cambiemos, la empresa informática Banghó pasó de tener cerca de 1.000 empleados en agosto de 2015, a 700 en diciembre de 2016 y luego las sólo 380 personas que trabajan en la firma actualmente.

“El Gobierno anterior fomentaba el empleo y la fabricación local. Eso nos llevó a encontrarnos, a fines de 2015, con una estructura muy grande de empleados (casi 1.000) y una importante participación de mercado”, disparó Pablo Suaya, el CEO de la compañía de tecnología e informática, y comparó esa situación con el impacto de las medidas del Gobierno de Macri: “El 80% de lo que vendemos se importa, con excepción de las computadoras de escritorio que es lo más sencillo de fabricar”.

En ese sentido, precisó: “Éramos la tercera marca de consumo en cadenas de retail. Cuando cambió el Gobierno, también se modificó la filosofía económica y tuvimos que adaptarnos a eso. Reconvertimos la empresa”.

En una entrevista con el portal Fortunaweb, explicó: “Nos tuvimos que adaptar a las nuevas reglas de juego. Pasamos de un modelo de negocio de fabricación a uno de desarrollo de productos. En Argentina hacemos la ingeniería y el desarrollo de los productos que queremos, pero ya no más la producción ni la manufactura”.

“Ganábamos más plata con el anterior Gobierno, porque el mercado estaba más repartido entre las productoras nacionales y había escasez de producto, por la dificultad de importar. Hoy, en cambio, hay sobrante de productos y esto hace que los márgenes sean más ajustados. En 2014 y 2015 ganábamos más plata que ahora”, aseguró Suaya.

Concretamente, Banghó pasó de un negocio basado en la fabricación local de notebooks, tablets y computadoras de escritorio -para lo que en 2011 había abierto una planta en Vicente López e inaugurado una fábrica dentro del Distrito Tecnológico de Parque Patricio- a importar.

Por esto, tuvo que hacer una reestructuración de personal muy grande. Mientras que en agosto de 2015 eran cerca de 1.000 empleados, pasaron a tener 700 en diciembre de 2016 hasta llegar a las 380 personas actuales.

“La compañía apuesta a seguir dándole fuerza a la marca con este nuevo modelo de negocios. El 80% de lo que vendemos se importa, con excepción de las computadoras de escritorio que es lo más sencillo de fabricar”, destacó el CEO.

En cuanto a las medidas específicas de Macri que llevaron a esta actualidad de cambio en el esquema de negocios de Banghó, la quita del arancel a las notebooks y tablets que venían del exterior fue la de mayor impacto negativo. Se pasó del 35% al 0% de un día para el otro.

“La primera medida fue la quita de las licencias no automáticas. Esto llevó a que en 2016 no hubiese escasez de producto. Además, las multinacionales empezaron a tener mayor oferta, porque podían importar. Sin embargo, la ecuación de fabricación local todavía cerraba y servía”, consignó Suaya respecto del comienzo de las decisiones negativas para el sector.

Y completó: “Pero la medida que más afectó fue la que empezó a regir el primero de abril de este año, que fue la quita de aranceles para los productos de informática. Pasamos al 0% y fuimos la única industria que lo sufrió. Es muy difícil mantener una industria local con estos aranceles. Nos tuvimos que adaptar y repensar el escenario. En ese momento no nos gustó, por la forma rápida que el Gobierno quiso implementar la medida. Fue abrupto”.

En cuanto al precio de los productos, el empresario puntualizó que “la reducción del costos real para la gente fue de un 22% más o menos, no de un 35%”, pero contradijo los número que brindó el Gobierno respecto del tema: “El Gobierno habló de hasta un 50% menos, pero eso no pasó. Hoy valen entre un 20% y un 25% menos”.

 

Otro fallo de la Corte para disciplinar a la Justicia laboral

Otro fallo de la Corte para disciplinar a la Justicia laboral

Un fallo con la firma de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz sentenció que los jueces laborales no pueden incrementar el importe de la indemnización por accidente de trabajo.

Con la firma de los jueces Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, se dio lugar a un nuevo fallo que busca encorsetar las atribuciones de la justicia laboral.

En ese sentido, revocaron un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de un caso de una “madre de un trabajador que falleció en un accidente laboral en el año 2005, y le reclamó a la ART de la empresa en la que trabajaba su hijo la indemnización tarifada de la Ley de Riesgos del Trabajo”.

Al respecto, “el juez de primera instancia admitió ese reclamo y condenó a la ART a pagar la suma de 786.320 de pesos. Para determinar este importe el juez no tuvo en cuenta las tarifas legales que estaban vigentes cuando ocurrió el accidente sino el reajuste de esas tarifas dispuesto mucho tiempo después, por la ley 26.773 (dictada en el año 2012)” pero la sentencia fue apelada por la ART y los jueces de la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Daniel Stortini y Enrique Brandolino, la confirmaron.

Finalmente, la Corte revocó lo resuelto señalando que la cámara no dio un “tratamiento adecuado a los agravios de la aseguradora debido a una incorrecta lectura del fallo sometido a revisión” ya que los camaristas sostuvieron que correspondía confirmar el monto de “la acción civil ejercida por la actora” cuando el reclamo admitido por el juez de primera instancia estaba fundado en la Ley de Riesgos del Trabajo.

Al decidir de ese modo, la cámara omitió analizar los planteos de la ART relativos a que las mejoras dispuestas en la ley 26.773 no resultaban aplicables al caso porque el accidente había sido anterior a su entrada en vigencia.

El Juez Rosatti, por su parte, votó por la desestimación del recurso de la ART por considerarlo inadmisible.

Sin acuerdo salarial, trabajadores de televisión van a un paro nacional

Sin acuerdo salarial, trabajadores de televisión van a un paro nacional

El personal de todos los canales abiertos y productoras de televisión del país ratificaron el plan de lucha ante la negativa de las cámaras empresarias ATA y Capit a ofrecer respuestas a los reclamos salariales.

Los trabajadores de la actividad  encuadrado en el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid) decidieron una jornada de protesta y una huelga nacional de 24 horas para el próximo miércoles 18 en todos los canales abiertos y productoras televisivas, profundizando el plan de acción iniciado este lunes en rechazo de “la intransigencia patronal” a ofrecer un salario acorde con la inflación acumulada en los últimos doce meses, expresó en un comunicado el secretario de Prensa, Alejandro Ruiz.

Desde el lunes último los trabajadores realizan asambleas en todas las compañías, en tanto mañana habrá “una jornada nacional de protesta por la dignidad del salario” y, el miércoles 18, un paro de 24 horas para el caso de que “las patronales no ofrezcan respuestas a las justas demandas de los trabajadores”.

Ruiz indicó también que los empresarios mantienen “una posición intransigente y proponen una mejora de solo el 20 por ciento, en contraposición a las exigencias gremiales del 29 por ciento, según la inflación acumulada”.

El dirigente sindical reseñó que el gremio acordó en su momento una recomposición de los haberes del 25 por ciento para la rama de circuitos cerrados, y añadió que el sector recuperó inversiones publicitarias que superaron las obtenidas en 2016 y también revitalizó “la pauta pública estatal”, concluyó el documento.

 

Otros dos obreros murieron en un accidente laboral

Otros dos obreros murieron en un accidente laboral

Se trata de dos operarios de la construcción. Fue en un accidente en una obra en Villa Crespo. Victor Grosi, titular del Sitraic, había advertido que “en la construcción hay un Cromagnon por año”.

Dos personas murieron este miércoles al derrumbarse una medianera de una obra en construcción ubicada en el barrio porteño de Villa Crespo, donde otros dos operarios que trabajaban en el lugar resultaron ilesos. El hecho se produjo en una obra en construcción ubicada en la calle Valentín Virasoro al 1.600, a metros del cruce con Galicia.

El director del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, confirmó “el deceso de dos personas de 30 y 32 años”. “Serían dos operarios que trabajaban en el lugar”, mencionó el titular del SAME.

Según reveló un jefe de bomberos, el derrumbe se produjo “en una medianera”, al tiempo que precisó que “son dos muertos y dos ilesos”.

“Ellos estaban trabajando sobre unas vigas y se les cayó encima una medianera. Estamos viendo si evacuamos las casas linderas y se está evaluando si existe peligro de derrumbe”, indicó.

Por su parte, un vecino de nombre Lucas precisó que las dos personas fallecidas eran hermanos y de nacionalidad paraguaya.

Días atrás Victor Grosi, titular del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Sitraic), gremio alternativo a la Uocra, había advertido los altos índices de accidentes evitables en el sector. “Es la industria con más altos índices de accidentes evitables. Hay un cromagnon por año”, disparó.

El gremialista detalló que “entre 270 y 300 trabajadores mueren por accidentes en las obras por año” y denunció la complicidad de la Uocra con esos hechos. “La responsabilidad de la Uocra es por falta de elementos de seguridad en las obras”. Y precisó que “en un relevamiento que hicimos en La Plata en 7 obras en las que había banderas la Uocra, en las 7 todos los trabajadores estaban en negro, sin elementos de seguridad”.

“Detrás de la bandera se esconde el empresario y el contratista”, sentenció y apuntó a un negocio multimillonario conjunto.

 

“Si gana este modelo económico, se viene una reforma laboral que va a provocar miles de despidos”

“Si gana este modelo económico, se viene una reforma laboral que va a provocar miles de despidos”

Pablo Moyano volvió a criticar con dureza el modelo económico de Cambiemos. “Algunos compañeros creen que hay que dialogar para la foto, pero hay un desprecio del Gobierno hacia los trabajadores”, disparó.

Como en cada aparición pública, Pablo Moyano fue muy duro con el Gobierno y destrozó el modelo económico de Cambiemos. Además, defendió al sindicalismo del ataque de Cambiemos y afirmó que el macrismo “desprecia a los trabajadores”.

“He visto periodistas decir que todos somos el Pata Medina, que todos somos delincuentes y yo también les diría: ¿todos los periodistas son Grondona o son Neudstat, o Gomez Fuente, o como los dirigentes y periodistas en tiempos de dictadura? No. Entonces separemos dirigentes de dirigentes. Esta es la avanzada para la reforma laboral que se viene después de las elecciones”, lanzó el gremialista.

Ante la repregunta, Moyano insistió: “Vemos el avance del Gobierno hacia los trabajadores. Un Ministerio de Trabajo que está en manos de empresarios van a favorecer a los empresarios. Por eso, permiten que cada vez que hay un reclamo legítimo como este, enseguida salen los medios de comunicación con que Camioneros extorsiona, que bloquea”.

En diálogo con Futurock, el integrante de la CGT y uno que ya vivó en carne propia las operaciones cambistas disparó: “Lo de las la lista negra del Presidente no nos preocupa. Me preocupan más las empresas, que firman un acuerdo para cumplir con el convenio y no lo cumplen, y más si tienen el aval del Ministerio de Trabajo”.

“Hay diferencias con el resto de la cúpula de la CGT en la conducción, como en cualquier aspecto de la sociedad. No todos los periodistas piensan igual, no todos los dirigentes pensamos igual, los políticos, los empresarios, diferentes visiones del modelo económicos. Algunos compañeros creen que hay que dialogar para la foto, pero hay un desprecio del Gobierno hacia los trabajadores”, puntualizó Moyano

Sobre esto, fue contundente: “Veremos después de las elecciones si se arma una nueva central”. “Si gana este modelo económico, se viene una reforma laboral que va a provocar miles de despidos”, sentenció.

 

Médicos destruyeron la Cobertura Universal que promociona el Gobierno

Médicos destruyeron la Cobertura Universal que promociona el Gobierno

Para los médicos, la iniciativa lanzada por el Gobierno con aval de la CGT, apunta a la “estratificación de la población según su capacidad de aporte, ofreciendo mejores prestaciones para quienes tienen posibilidades de pago”.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense (Cicop) rechazó la implementación de la iniciativa oficial ‘Cobertura Universal de Salud’ (CUS), entre otros motivos por oponerse a “la salud pública”, según precisó, y el acuerdo en ese sentido entre la CGT y el gobierno nacional.

También afirmó la Cicop que “no existen perspectivas favorables para la expansión de un sistema de contención necesario para velar por el derecho a la salud” y criticó “la propuesta política de aseguramiento y estratificación de la población según su capacidad de aporte, ofreciendo mejores prestaciones para quienes tienen posibilidades de pago”, informó el gremio.

La organización sindical criticó que en “un marcado tono electoralista” el gobierno haya entregado hace poco “las credenciales” respectivas a 120.000 personas en Mendoza, y explicó que la iniciativa oficial fragmenta aún más el actual sistema de salud, porque habilita mecanismos de “arancelamiento y privatización”.

“El intento, basado en los documentos de los organismos financieros internacionales, ya fue desarrollado en países como Colombia, Chile y México y tuvo resultados alejados del concepto de la salud como derecho. Es además llevado a su valoración como bien de mercado”, puntualizó la Cicop en un documento de prensa.

En ese sentido, la organización gremial cuestionó el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la CGT para coadyuvar a detener “la evolución de las acciones y actividades de rechazo realizadas hace poco más de un mes”, y sostuvo que la iniciativa fue promovida por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), firmado en 2016 por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Salud, Jorge Lemus, y contiene “una distribución de fondos que contempla entre sus destinatarios principales las arcas de las obras sociales sindicales”.

“En buena medida, por ello se paralizaron las protestas cegetistas en tiempo preelectoral. Y ello permitió a la vez que desde los medios de comunicación aliados históricamente al poder se planteasen propuestas de reformas laboral, previsional e impositiva, incluyendo la de la salud en el marco de ese esquema”, afirmó.

La Cicop se pronunció por “una salud pública con mejores condiciones para los trabajadores y la población en general” y aseguró que continuará bregando por “la universalidad, gratuidad y calidad del sistema de atención”, a la vez que adelantó que se opondrá a “la modificación estructural de la salud pública que, aun con deficiencias generadas por las políticas y los presupuestos, ofrece respuestas equitativas a los ciudadanos”.

“Se resistirá el intento de nuevo esquema oficial, así como en los ’90 se luchó en rechazo de la implementación de la autogestión y de las privatizaciones en el área de la salud”, puntualizó el documento.

Hace pocos días, la Cicop y la Federación del sector (Fesprosa) participaron en el Aula Magna de la Facultad de Medicina en una exposición del viceministro de Salud Adolfo Rubinstein, quien defendió el CUS.

“Las explicaciones favorables a ese plan no convencieron a dirigentes gremiales, estudiantes ni graduados de ciencias médicas. El proyecto es una estrategia de seguro de pobres y canasta básica impulsada por el Banco Mundial (BM) como alternativa a los fracasados planes focales de la década del ’90”, aseveraron las entidades.

Los gremios indicaron que la CUS fue votada por los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en las Organizaciones Mundial de la Salud (OMS) y de las Naciones Unidas (ONU) y, el proyecto, procura que las familias “no caigan en la miseria por los gastos de salud, aunque el gasto privado y de bolsillo se disparó en los países en los que se aplicó: Perú tiene el 40 por ciento de gasto privado y, de ese guarismo, el 73 por ciento representa el de bolsillo; México tiene 50 y 92, respectivamente; entre 2003 y 2014 el gasto privado y de bolsillo creció en Colombia un 35 por ciento y cerraron 20 hospitales públicos, porque solo los sistemas universales tienen gasto privado bajo, como Japón e Inglaterra, un 16 por ciento, por ejemplo”, añadió.

“Hay 8.000 millones de pesos que continúan depositados en el Banco de la Nación Argentina (BNA). La base de la CUS, el Sumar, prevé solo 2.200 millones en el presupuesto 2018 (40 pesos mensuales por beneficiario). No tocar el anárquico y oneroso sistema de obras sociales es conducir al fracaso a una reforma progresiva. Lemus no quiere debatir la CUS ni las condiciones de trabajo y, además, es desastrosa la precarización de los comunitarios, la presunta base de la atención personalizada y continua de la iniciativa. La Cicop propuso reducir el gasto de bolsillo con remedios esenciales fabricados públicamente y entregados de modo gratuito”, concluyó el documento de la organización sindical.

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