“El cine no se toca” es la consigna que viene movilizando a la abrumadora mayoría de la comunidad cinematográfica argentina. La última manifestación en ese sentido sucedió hoy en la puerta del Incaa, cuando un grupo de realizadores de distintas ramas y estudiantes de cine se acercaron a la institución para respaldar a sus representantes, convocados a un diálogo con la gerencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Después de la masiva asamblea sectorial del jueves pasado en el cine Gaumont, las autoridades intentaron calmar las aguas sin mucho éxito: el director del organismo, Ralph Haiek, apenas pasó a saludar y los dejó en manos de sus gerentes, prometiendo que estos responderían las dudas que alimentan sus últimas resoluciones. Lejos de eso, en el Incaa no consideran preocupante la resolución 942/2017 cuya derogación reclaman los distintos colectivos del sector porque imposibilitaría el fomento “del 90 por ciento de la producción de cine nacional”. Tampoco hay avances en la designación del Consejo de Asesores del Incaa. Los delegados habían llevado un pliego de planteos, acordados en la asamblea del Gaumont, pero tampoco pudieron dejárselo a Haiek.

La reunión había sido convocada al mediodía, originalmente en la sede del Enerc, pero se trasladó hasta el Instituto. Hacía allí fueron los manifestantes, que toleraron varias horas en la calle hasta oír las noticias de sus representantes. Durante la espera se puso de manifiesto la preocupación sectorial, en particular por la resolución 942, que consideran contraria a la Ley nacional de fomento de la cinematografía, tanto legal como conceptualmente. La 942 habla de “financiamiento”, en lugar de fomento, y establece una serie de requisitos previos y antecedentes para poder acceder que, consideran en la industria, están pensados para minimizar las producciones locales y cederle todo el terreno a las productoras grandes, aliadas a los canales de televisión y las productoras extranjeras. La preocupación no es sólo para quienes recién comienzan en el camino del cine. “Esto es desalentador para ellos, pero si esto se concreta acá no filma más nadie”, advirtió uno de los oradores. Los estudiantes de cine también piden una vía de fomento que les permita dar sus primeros pasos como realizadores. Además, representantes del Centro de Estudiantes del Enerc contaron que la sede regional de la Patagonia norte corre peligro de cerrar sus puertas en 2018. Las malas noticias y perspectivas funestas se acumulan en una industria que, en rigor, le cuesta muy poco al Estado Nacional: el Incaa es un ente autárquico y sus recursos son propios, más allá de lo que representantes gubernamentales como el ministro Hernán Lombardi o los voceros mediáticos oficialistas agiten.

“Fue una reunión convocada para ganar tiempo ante la movilización que se está manifestando”, evaluó Fernando Krichmar, realizador de Seré millones, miembro de DOCA (una de las asociaciones de documentalistas) y delegado por las asociaciones de directores al Consejo de Asesores. “Apenas hubo declaraciones de cuánto va a favorecer al cine estas medidas, pero ante preguntas concretas, ante lo que para nosotros se desprende del análisis de esas resoluciones, no hubo respuesta porque es claro que favorecen  la industria concentrada del cine y apuntan a un sistema de pocas películas centradas en la taquilla”, contó. “Estas resoluciones hacen muy difícil al realizador independiente, pequeño y mediano, o al documentalista que quiere pegar el salto a la ficción, acceder a los concursos”. Lo que vislumbran en el sector es un futuro de menos producciones y, en general, degradadas en su calidad.

“Pretenden lo que dijo Lombardi en el programa de Majul: cuarenta películas de alta industria y otras cuarenta para principiantes, pero así el 90 por ciento de lo que se produce hoy desaparecería, incluyendo las que participan en Cannes o ganan en San Sebastián”, advierte. “Hay una pirámide virtuosa por la cual vos podés estar escalando en tus objetivos narrativos para darle mayor espesor al bien cultural que estás generando, otro tema del que nadie habla. El cine es un bien cultural para ahora y las generaciones futuras, un patrimonio”.

Además de la derogación de la resolución, desde la industria piden la pronta designación (que depende de Presidencia de la Nación) del Consejo Asesor. Distintos sectores sospechan de la dilación y la última noticia es que desde Legal y Técnica de la Casa Rosada no aprobaron los pliegos enviados, pese a que el abogado del Incaa ya dio el visto bueno a todos los papeles. “Estamos empezando a sospechar que hay una decisión política de no designar al Consejo Asesor, que es el órgano de cogobierno que según la ley de cine tiene por función el control y aprobación del presupuesto y la selección de los comités de apoyo y crédito.

Para Krichmar, los representantes del Incaa tuvieron “una actitud soberbia, amarga, de sordos, donde llaman al diálogo pero no aplican nada de lo que les plantean los distintos sectores de la industria”, un procedimiento que percibe como análogo al que sucede en otras áreas: “es equivocarse siempre para el mismo lado”.

La Cámara Industrial de Manufacturas de Cuero y Afines (CIMA) advirtió que las importaciones en el sector aumentaron un 41,5 por ciento en los primeros 8 meses del año, lo que significó un aumentó de 8 millones de unidades más que las ingresadas en 2016.

“La suba de importaciones ha sido letal para un sector que ya perdió más de 1.400 puestos de trabajo y el cierre de más de 50 empresas”, denunció Ariel Aguilar, presidente de CIMA.

La cámara precisó que en lo que va del año ingresaron 27.327.506 unidades de productos de marroquinería, contra las 19.306.009 en el mismo período de 2016, mientras que “el sector continúa con una caída en las ventas de un promedio del 20 al 25 por ciento” y “el uso de la capacidad instalada en un 65 por ciento”.

El informe del CIMA aporta otros datos que reflejan la crítica situación en el sector: “Los ingresos del periodo enero/agosto 2017 fueron un 9 por ciento menores, 7 millones de dólares menos que igual periodo 2016”, lo que “confirma la continuidad de maniobras de subfacturación”.

Los productores realizaron un nuevo llamado de atención al Gobierno, ya que “no sólo a los productores locales pierden, sino también al Estado, que deja de percibir los impuestos correspondientes”.

A raíz de la escalada de violencia contra las comunidades mapuches y del creciente impacto ambiental en la zona de Vaca Muerta, el Observatorio Petrolero Sur (Opsur), presentó un informe ante el Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidos para denunciar “la falta de respeto” hacia los pobladores locales y los pueblos originarios de Neuquén. Allí reclaman que la ONU pregunte al Estado argentino en su informe de revisión de 2018 cómo garantiza los derechos de las comunidades locales que viven en áreas de explotación hidrocarburífera y que dé cuenta de sus esfuerzos por mitigar los efectos ambientales del fracking.

“Creemos que es sumamente necesario presentarlo, sobre todo por la cuestión de violencia y ofensiva que se está dando en el territorio”, explicó  el politólogo e investigador de Opsur, Diego Di Risio, al señalar que ciertas acciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “son llamados de alerta” que los moviliza a “crear mayor protección internacional para las comunidades”. Desde el Observatorio esperan que la respuesta de parte del Comité internacional llegue a mediados de octubre y que a partir de allí se abran distintas instancias para que el año que viene el Estado dé respuestas ante la ONU.

En la denuncia, se destaca que se están vulnerando derechos de los neuquinos de la zona en dos puntos: por un lado, destacan las violaciones en términos de procedimientos, ante la proliferación de nuevos pozos petroleros sin consulta libre, previa e informada –ratificado por el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales- pero destacan además que hay “un pacto de gran envergadura” por el potencial de la explotación masiva, que no toma en cuenta el impacto ambiental e incluso incumple el acuerdo de París al que suscribió el país. “Denunciamos que hay un ambiente de violencia hacia las comunidades”, contó Di Risio.

Desde el Observatorio no creen que la avanzada sea casual y lo relacionaron directamente con “las políticas económicas que ha instrumentado Cambiemos”, a las que definen “básicamente como una ola de subsidios al gas no convencional”. “Si bien se realizaron muchos pozos en otros años, en estos últimos dos se ha intensificado su proliferación”, añadió el politólogo de Opsur.

La elaboración del documento que enviaron contó con la participación del Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative).  Los testimonios y los datos emergen de los mismos referentes de la comunidad como también de otros estudios anexos que recolectó durante seis años Opsur.

“Nosotros hace meses estamos denunciando la entrada de Gendarmería a las comunidades. Ahora, incluso están recurriendo a la formulación de cargos contra muchas autoridades”, advirtió Lefxaru Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, y aseguró que si bien sufren ataques desde 2013 “sin dudas este último año ha sido el más violento”. Desde la CMN alertaron que hay al menos 60 nuevos procesados y que han tenido más de diez órdenes de desalojo.

La semana pasada, las empresas hidrocarburíferas intentaron incluso tomar tierras de un cementerio para poder excavar y formar nuevos pozos. “Antes de lo de Santiago Maldonado denunciamos entradas ilegales que llevó adelante Pablo Noceti”, expresó Nawel, al referirse al jefe del gabinete de Patricia Bullrich, y señaló que los ataques datan de 2016, “cuando el Gobierno nos empezó a catalogar como organizaciones terroristas”. “El 21 de junio de este año entró Gendarmería con una supuesta orden judicial pero ellos mismos reconocieron después que se trataba de una orden política”, aseguró.

El informe refiere de forma tangencial a la situación de la Campo Maripe, ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Añelo, donde en junio de este año, unos cien gendarmes tomaron las tierras de la comunidad y escoltaron a las cuadrillas de YPF para intentar realizar trabajos de fracking en Loma Campana. Según Di Risio, “el nivel de hostigamiento no es algo extraño” y si bien en otros años se quemaron casas de la comunidad, “ahora las amenazas se intensificaron”. “El ingreso de Gendarmería es un indicio de que la violencia está en aumento”, insistió.

Los pequeños productores de verdura volverán mañana a Plaza de Mayo para denunciar que el Gobierno no atiende las demandas de este sector del campo, que a pesar de abastecer el mercado interno trabaja y vive en condiciones de extrema precariedad. Esta vez, los pequeños productores realizarán un “feriazo” frente a la Casa Rosada, donde venderán 20 mil kilos de verdura al precio de quinta. Uno de los objetivos del reclamo es visibilizar lo poco que les pagan a los productores por la mercadería en contraste con el valor con el que llega a la verdulería.

“Somos quienes producimos más del 65 por ciento de los alimentos que comemos día a día en nuestras casas. Producimos verduras, yerba, carne, leche, frutas, quesos, huevos. A pesar de la dignidad de nuestro trabajo, las condiciones en las que vivimos, producimos y comercializamos son muy precarias”, denunciaron los pequeños productores en la convocatoria a la protesta de mañana.

Para los pequeños productores, las políticas del Gobierno “favorecen al sector de campo más concentrado”. “No somos el campo rico que produce commodities para la exportación. No especulamos con nuestra producción, ni guardamos alimento en silos para vender cuando mejor se pague”, afirmaron en un comunicado, y volvieron a denunciar que el Ministerio de Agroindustria no tomó en el último año y medio de gestión “ni una sola medida que favorezca al campo pobre que produce alimentos para el pueblo”.

El feriazo convocado para este martes tiene dos objetivos: mostrar el precio que le pagan a los productores por las frutas y verduras y visibilizar la diferencia del precio con el que esos productos llegan hasta el consumidor. Mañana quienes se acerquen a Plaza de Mayo podrán comprar el atado de acelga a $4, el kilo de lechuga a $7, el kilo de morrón a $20, el kilo de tomate a $16, el atado de rúcula a $1,50, el kilo de cebolla a $4 y el kilo de zanahoria a $3.

“Desde principios del 2016 el Gobierno ha dejado a la Secretaria de Agricultura Familiar paralizada, sin presupuesto y sin políticas públicas para los campesinos, pequeños productores y la agricultura familiar. Esto es una clara definición de la política del Ministro de Agroindustria que ningunea una y otra vez al sector”, se quejaron los trabajadores de la tierra.

En septiembre, a su vez, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, recortó un programa histórico que brinda  asistencia técnica a medianos y pequeños productores y excluyó del beneficio a los productores que no sean “nacidos en territorio argentino o hijos de ciudadanos nativos”, algo que dejó afuera a más del 80 por ciento de los productores, en su mayoría bolivianos.

La reforma laboral con la cual el gobierno de Cambiemos avanza viene a introducir por la fuerza un debate sobre el modelo de precarización de las relaciones de producción que emerge desde los centros de poder global. Las nuevas formas de producción existen y se profundizarán en los próximos años. Pero el Gobierno, en lugar de plantear una agenda de generación de conocimiento tecnológico con apoyo estatal, indispensable para pararse frente a lo que viene, adopta un individualismo chato, como el del “emprendedor de cerveza artesanal”. Al mismo tiempo, se desarticulan proyectos de incubación de industrias de alto valor agregado, como los satélites y radares. Ese diagnóstico ofreció a PáginaI12 Eduardo Dvorkin, doctor en ingeniería del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Dvorkin dirigió el instituto de investigación científica de Siderca, Techint, y en los últimos años realizó los cálculos estructurales para la construcción de los satélites Arsat 1 y 2.

–¿Cuál es la discusión en el terreno laboral que se plantea a nivel global?

–Hay un proyecto que excede a Mauricio Macri y a Cambiemos. Es lo que plantea Klaus Schwab, que es el fundador del Foro Económico Mundial de Davos. Schwab dice que estamos atravesando la cuarta revolución industrial. La primera fue la revolución neolítica, cuando la gente empieza a sembrar y a juntar ganado en lugar de ir cazando y recolectando. La segunda fue la que se llamó la revolución industrial, con la máquina de vapor. La tercera es la digitalización y la cuarta se vincula a una serie de nuevas tecnologías, algunas de ellas sin gran difusión todavía. Schwab dice que en algún momento todo el sistema de producción va a cambiar a producción 3D. Hoy las impresoras 3D imprimen maquetas, pero están empezando a usarlas con materiales duros. Por otro lado, desde el lado de la robótica, va a haber autos que se manejen solos junto al enorme desarrollo de las plataformas online. Hoy en día, Amazon vale en el mercado 355 mil millones de dólares, por arriba de la sumatoria de todas las supertiendas americanas, que suman 297,8 millones de dólares. Es decir, hay una nueva forma de comercio que ha desplazado a la vieja. Hoy Uber, que es una forma muy tecnológica de taxis, vale mucho más que Delta Airlines, y Uber no es dueña de un solo coche.

–¿Cuál sería el impacto de esas nuevas formas de producción sobre la relación laboral?

–La conclusión de Schwab es que se acabó el modelo de la relación de dependencia. Que se acabó el trabajador vinculado sostenidamente a una empresa. Según esa concepción, la empresa va a llamar al trabajador porque tiene que realizar determinada tarea durante un par de meses. Schwab le pone un nombre: la nube humana. De la misma forma que no toda mi información digital está en el disco duro de mi computadora, sino que está en lo que decimos la “nube”, dropbox, mail, etc. O sea, el trabajo humano no estaría ahí. Lo que conlleva un profundo cambio en la relación laboral hacia la precarización.

–La reforma laboral de Brasil va explícitamente en esa dirección.

–Macri viene de alguna forma a introducir, con menor fuerza que Michel Temer en Brasil, esa precarización laboral –ver https:// www.pagina12.com.ar/52219-la-reforma-laboral-que-inspira-a-macri–, lo mismo que Emmanuel Macron en Francia. Un exponente local de esa concepción es el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín. Schwab dice que el avance de la robótica va a generar que las industrias ya no tengan que instalarse en lugares con mano de obra barata, o sea, en los países emergentes. La industria se desplazaría de nuevo hacia el centro, y los emergentes competirían por los costos laborales, costo de la energía y leyes que regulan el tema ecológico.

–¿Cómo se conjuga esa descripción con la situación de la Argentina y los cambios en materia de apoyo del Estado a la ciencia?

–En la Argentina tenemos un neoliberalismo periférico. Ni Macron ni Merkel ni Barack Obama (porque Donald Trump es un personaje más raro) atentan contra su aparato científico ni contra su aparato tecnológico. En cambio, el Gobierno en los hechos reniega de la ciencia propia. Y sale con esa historia rara del emprendedurismo. Es rara porque el emprendedurismo consiste básicamente en gente que crece en base a programas bancados y promovidos por el Estado. O sea, sin un estado tractor no hay emprendedurismmo. Por ejemplo, en Sillicon Valley, el gran emprendedurismo norteamericano en el campo de la electrónica, las empresas, incluso Google, surgieron de programas financiados por el gobierno central. En Boston, cerca del MIT, hay enormes edificios de empresas biotecnológicas que se acoplaron a los programas oficiales. Pero acá se habla de emprededurismo en una forma muy chata y el famoso esquema triangular de empresas del Estado, pymes y los institutos de investigación está siendo desarticulado.

–¿Qué proyectos concretamente están retrocediendo?

–El Arsat 3, la Fábrica Argentina de Aviones, vagones de carga, radares y el presupuesto del Conicet, entre otros. Hay una política de ajuste del aparato científico (ver nota aparte). La falta de tracción del Estado, que es la principal fuente de investigación científica, implica un retroceso en el camino del manejo del paquete tecnológico en la producción industrial, que es lo que realmente importa. No hay país desarrollado que tome la decisión de ajustar su sector científico. Hoy comienza a haber nuevamente ingenieros desocupados.