Argentina. Resumen gremial y social: Continúa la toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología/ Libertad de expresión corre peligro: Proponen modificar ley para que la policía garantice el trabajo periodístico/ Estudiantes elevarán un petitorio contra la reforma educativa y decidirán si continúan las tomas/ Durante la gestión de Macri se destruyeron 33 mil puestos y el empleo privado no repunta/ Preocupante: la Justicia se mete en Río Turbio y busca levantar la huelga de los mineros/ Ámbito Financiero: una semana con migajas salariales y tres días sin firmas …

Resumen Latinoamericano/ 13 de Sept. 2017.- Una nueva sección informativa de las luchas sindicales del pueblo argentino contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri.Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal.

Invitamos a quienes quieran informar sobre despidos, huelgas, ocupaciones, movilizaciones y conflictos sindicales varios, que nos envíen sus gacetillas y comunicados a resumenrebel@gmail.com


Continúa la toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología

Los científicos excluidos del Conicet reclaman el cumplimiento del acuerdo firmado en diciembre por los 500 cargos de becarios

  Mariano Martino

Investigadores excluidos del Conicet continúan su permanencia pacífica en el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Mincyt) en reclamo de garantías de financiamiento de los 500 cargos de docencia e investigación universitaria que les ofrecen por dos años. Las autoridades afirman que las exigencias fueron escuchadas “pero resultan de imposible resolución inmediata”.

“Volvimos a presentar nuestras demandas, reducidas de seis puntos a tres, el financiamiento por dos años, la estabilidad a través de un diseño de concurso para docencia e investigación, y un mínimo salarial, presentados en forma de ‘adenda’ (adición)”, porque el Ministerio ya publicó el programa, dijo a Télam Florencia Arancibia, doctora en Sociología e integrante de la “Red federal de afectados por recortes en el Conicet”.

La investigadora contó que las autoridades del ministerio presidido por Lino Barañao “publicaron el programa sin darnos respuesta a lo que habíamos pedido, a lo que dijeron que no tenían la potestad de agregar, y debían discutir con la secretaría de Políticas Universitarias”.  Según detalló Arancibia, lo que está garantizado en la Carrera del Investigador es “estabilidad del puesto de trabajo, la posibilidad de dedicarte a la investigación, quedarte en el equipo de trabajo para continuar tu línea de investigación, tener el mismo salario -yo ganaría 15 mil pesos en vez de 25 mil- y la misma posibilidad de promoción en proyectos de investigación”.

En la asamblea, con la presencia de investigadores de todo el país, la agrupación de becarios Jóvenes Científicos Precarizados, Becarios Empoderados y otros, plantearon que “nos proponen puestos de Jefe de Trabajos Prácticos por dos años y no nos garantizan que sea en el mismo equipo de trabajo ni la continuidad luego de los dos años de interinato, cuando el concurso que nosotros ganamos es un cargo estable”.

Arancibia informó que “el contrato dice que si el ministerio de Educación se queda sin fondos, le transfiere el costo del salario a la universidad, y si la universidad no lo puede absorber, desaparece el cargo, es decir, con esa cláusula ni siquiera tenemos seguros esos dos años”.

“En quince días se vence el plazo para el nuevo contrato, y hay gente que está desesperada porque queda sin trabajo si no firma en estas pésimas condiciones”, concluyó.

“Los nuevos cargos, que serán permanentes, corresponderán a la categoría jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva o de profesor adjunto”, respondió el Mincyt a través de un comunicado.

El Ministerio afirma que, “de manera complementaria”, financiará a través de un instrumento específico, proyectos de investigación y equipamiento para las instituciones correspondientes a regiones que sea necesario fortalecer en el área de Ciencia y Tecnología, y que decidan incorporar a los investigadores.

En una asamblea con cientos de afectados en el hall del Ministerio -en el Polo Científico Tecnológico, en Palermo-, los representantes de los becarios doctorales y posdoctorales que ganaron el concurso y la recomendación para la Carrera del Investigador, rechazaron el contenido de un contrato que deberán firmar el 30 de septiembre, para el ingreso a alguna universidad, tras una frustrada reunión con las autoridades. Y señalaron que tendrán una nueva asamblea en el curso del miércoles para determinar los pasos a seguir.

 


Proponen modificar ley para que la policía garantice el trabajo periodístico

La libertad de expresión corre peligro por las directivas del Ejecutivo porteño a su policía.

 Por Mariano Pedrosa

La brutal represión del 1 de septiembre, al finalizar la movilización por la aparición de Santiago Maldonado, es la punta del iceberg de una crisis de seguridad pública en la ciudad de Buenos Aires. La caza de periodistas y la detención al voleo de ciudadanos desbordó la agenda de seguridad y, el miércoles a las 11, en el salón Raúl Alfonsín de la Legislatura porteña, diputados de todo el arco opositor, sindicatos de prensa, organismos de Derechos Humanos y algunos de los trabajadores de prensa reprimidos en la marcha se reunieron para debatir este problema.

La convocatoria partió del despacho del diputado Gabriel Fuks, quien abrió el encuentro presentando un proyecto para modificar el artículo 100 de la Ley 5688 de Seguridad Pública, que -aunque no se cumpla- obliga “a todo el personal policial interviniente en manifestaciones públicas a portar una identificación clara que pueda advertirse a simple vista en los uniformes”.

Desde diferentes agrupaciones sindicales, como Argra, Sipreba, Fatpren, entre otras, y reportero gráficos –que hacían una pausa en su trabajo para contar sus experiencias y volver a retratar la reunión– relataron con detalle los problemas que se suceden desde hace años en la ciudad cuando intentan realizar su tarea en las calles y son acorralados por la policía. Problemas que llegan a situaciones de extrema violencia en muchos casos y en los que se los reprime y se les impide realizar su labor, que no es otra que contar acontecimientos públicos que suceden y que se intenta registrar. El abogado de Argra fue preciso al señalar que era la primera vez en veinte años que tenía que ir a buscar a un fotógrafo a una comisaría.

Gabriel Fuks expresó que la Comisión de Seguridad, de la que es vicepresidente 1°, “está fracasando”, porque el oficialismo cajonea los expedientes, no da lugar a los debates, encubre la violación de la ley por parte de fuerzas del Estado, como el 1 de septiembre: “La fuerza que construye Rodríguez Larreta se transforma en una horda que no respeta absolutamente nada.”

En la charla se identificaron dos hechos centrales en la escalada de violencia institucional que no sólo es contra la prensa, pero muestra la pauta del accionar policial. El primero de estos hechos ocurrió el 26 abril de 2013, con la represión de la entonces Policía Metropolitana dentro del Hospital Borda, y que muchos de los presentes tomaron como un campo de prueba de lo que pasa hoy día. Los cuadros centrales del PRO, Macri, Vidal y Larreta fueron procesados por esta causa y sobreseídos a fines de agosto de 2016. El segundo hecho represivo sucedió el 26 de junio cuando en un violento operativo, la Policía de la Ciudad desalojó una protesta de la Avenida 9 de Julio, en lo que políticamente implicó un alineamiento hacia una política represiva más dura, que el presidente Mauricio Macri le reclamaba a Rodríguez Larreta.

La modificación en el artículo 100 de la ley mencionada obligaría a la policía a “respetar, proteger y garantizar la actividad periodística”. De aprobarse la modificación, los uniformados, no deberían reprimir a trabajadores de prensa en ejercicio de su labor: “No podrán ser molestados, detenidos, trasladados, no podrá ser secuestrado ninguno de sus materiales de trabajo y registro, en todos sus soportes, o cualquier otra restricción” y además los efectivos policiales deberían “abstenerse de realizar acciones que impidan el el registro de imágenes o la obtención de testimonios”. Si en la nota se usa el condicional es porque la ley vigente

Por supuesto, como dice el refrán, y ratifica la realidad, del dicho al hecho hay un largo trecho. La situación se expuso a los legisladores Andrea Conde, Paula Pennaca, Carlos Tomada (FPV), María Rosa Muiños, Claudio Heredia (Bloque Peronista) y Marcelo Ramal (FIT), que estuvieron presentes acompañando el proyecto y el debate. Todos acordaron en que más allá de las leyes –y los cambios que son bienvenidos– la represión hacia la prensa se lleva a cabo igual. “La ley se incumple permanentemente pues la fuerza de seguridad porteña se guía por directivas que emanan directamente del Poder Ejecutivo local”, expresó uno de los legisladores.

Los ejemplos abundan, incluyendo el uso de balas de plomo en 2013, en el desalojo de la Sala Alberdi hasta los golpes, uso de gas pimienta y disparos con balas de goma que buscan como objetivo central a los periodistas, también sucedió en la represión a los trabajadores de Pepsico. Por todo esto los legisladores llamaron a articular con otros sectores de la sociedad civil, como los representantes sindicales de los trabajadores de prensa y organismos de Derechos Humanos. Desde el CELS, se está llevando un registro de irregularidades que al ser cometidas por fuerzas de seguridad no son registradas en las comisarías.

“Pretenden adoctrinar con el temor”
Si bien el 1 de septiembre no se utilizó el Protocolo de Seguridad, que limita el trabajo de la prensa, ya que en este caso la fuerza comprometida fue la Policía de la Ciudad; las referencias a esta política federal así como a los amedrentamientos a periodistas de la revista Cítrica y de FM Alas que cubren la desaparición forzada de Santiago Maldonado, estuvieron presentes para bocetar la decisión política del gobierno de Cambiemos respecto de la prensa.

A su turno, los legisladores estuvieron de acuerdo en el panorama expuesto por los representantes de los trabajadores de prensa y por muchos fotógrafos presentes en la reunión. Aseguraron que la evidente decisión política del gobierno local no sólo no acompaña la ley sino que promueve la acción contraria. Y llamaron la atención a que la crisis de seguridad incluye a la prensa, pero va más allá. La representante del CELS indicó que el crimen en la ciudad de Buenos Aires se elevó un 7% desde 2015, con lo que las represiones a manifestaciones buscan transmitir una idea de seguridad que no se da en los hechos y, por otro lado, acotó un legislador, busca alejar a los periodistas de las manifestaciones para poder reprimirlas a su arbitrio y sin respetar la ley, como quedó expuesto el 1 de septiembre, que desde fraguar actas de detención hasta acciones violentas innecesarias, pasado por los infiltrados que comienzan las provocaciones.

Los diputados porteños coincidieron en que el 1 de septiembre se expresó una crisis de Seguridad de mayor envergadura, que se no sólo se ve en el accionar contra la prensa sino también en la violencia contra los jóvenes en los barrios, con una suba creciente de acusaciones de resistencia a la autoridad, por ejemplo, entre otras conductas que conforman un modus operandi de la acción policial en directa violación de la ley vigente .


Estudiantes elevarán un petitorio contra la reforma educativa y decidirán si continúan las tomas

Integrantes de 23 escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires lo anunciaron tras reunirse con la Defensoría del Pueblo, que mediará en el encuentro con el Ministerio de Educación.

 Estudiantes elevarán un petitorio contra la reforma educativa y decidirán si continúan las tomas

Después de la reunión con el defensor Alejandro Amor, los estudiantes elaboraron un temario para presentar ante la ministra Soledad Acuña en el que piden que “se desista de la implementación del proyecto”, que se dé de baja el instructivo sobre cómo proceder en casos de tomas de establecimientos educativos, que se aplique la Ley de Educación Sexual y se establezca un protocolo para casos de violencia de género.

“Estamos planteando que se baje la reforma educativa porque no nos consultaron a nosotros a la hora de implementarla y va en contra de nuestros derechos”, aseguró a Télam Juan, estudiante del Mariano Acosta.

“Pedimos que no implementen ahora la reforma, creemos que es inconsulta y no consensuada, tiene puntos conflictivos que necesitan ser tratados”, aseveró la alumna Victoria, del Carlos Pellegrini.

Roberto, padre de un alumno de la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola, aseveró que la reforma propuesta por el ministerio de Educación porteño “no queda clara, no está explicitada”.

Hoy se presentó un amparo por parte del asesor tutelar de la Cámara de Apelaciones, Gustavo Daniel Moreno, y de primera instancia, Mabel López Oliva para que se suspenda la aplicación del instructivo sobre cómo proceder en casos de tomas de establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires, procedimiento que la cartera de Soledad Acuña negó utilizar.

El otro punto que los estudiantes quieren llevar a la discusión con funcionarios porteños es “la implementación real de la ley de Educación Sexual”, reconoció la estudiante Victoria, a la vez que pedirán por un protocolo para la prevención e intervención en casos de violencia de género y discriminación.

Tras la reunión en la Defensoría del Pueblo, los estudiantes no confirmaron si se levantarán las medidas de fuerza en los 16 colegios que continúan tomados desde el 29 de agosto, las cuales la ministra Acuña denunció ayer que eran motivadas por “intereses políticos en juego”.

“La gran parte de las tomas van a durar hasta el viernes y otras se van a suspender”, aseguró Manuel, estudiante de la Escuela Lenguas Vivas.

La reunión entre la comunidad educativa y el ministerio de Educación porteño tendría lugar la semana que viene, aunque no está definido el encuentro, ya que desde la cartera de Acuña se había pedido el cese de las medidas de fuerza para restablecer las conversaciones.

En tanto, la Defensoría del Pueblo va a “mediar” entre las partes para acercar posiciones.
“Creemos en el diálogo, es la única forma de resolver las cosas, para que comience una nueva etapa hay que escucharse”, aseguró Amor.

Durante la gestión de Macri se destruyeron 33 mil puestos

El empleo privado no repunta

La contracción está concentrada en la industria manufacturera como consecuencia la apertura importadora, la suba de costos, el alza de tarifas y la menor demanda. Los puestos destruidos tenían salarios superiores a la media y los que se crean están por debajo.

La destrucción de empleo asalariado en el sector privado no se detiene. La contracción está concentrada en la industria manufacturera como consecuencia la apertura importadora, la suba de costos que siguió a la devaluación, el alza de tarifas y la menor demanda. Los últimos datos oficiales dan cuenta de un retroceso de 33.000 empleos durante el gobierno de Mauricio Macri. Ese número surge de la pérdida de 73.251 puestos en rubros con salarios superiores a la media, frente a una creación de 40.277 puestos en ramas donde los salarios se ubican por debajo del promedio. Los registros oficiales muestran, sin embargo, una paulatina recuperación en los niveles de empleo total.

“Los puestos perdidos fueron compensados con empleo precario y de menor remuneración, lo que implica un notable deterioro en la calidad del empleo argentino”, explica un documento del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala.

Los informes oficiales dan cuenta de la creación de 159.800 puestos de trabajo desde que asumió el gobierno de Cambiemos. El resultado que celebra el Ministerio de Trabajo se explica por una dinámica donde 85 de cada 100 puestos originados durante la nueva gestión corresponden a ocupaciones de bajos ingresos: monotributistas, municipales, casas particulares y monotributistas sociales.

Los datos desagregados revelan que el mayor crecimiento de asalariados se produjo en aquellos sectores con salarios entre 10 y 25 por ciento debajo de la media de la economía argentina. Por su parte, la mayor destrucción de empleo se concentra en aquellos asalariados que se encuentran hasta un 10 y 25 por ciento por encima del promedio como la industria manufacturera, la minería o las actividades inmobiliarias. “La recuperación del empleo privado registrado no solo se ha mostrado débil sino que además se ha modificado su composición, reemplazando puestos de ingresos altos por empleos de menor remuneración”, enfatiza el reporte publicado ayer.

La advertencia del documento del ITE es que la transformación en marcha de la estructura laboral impacta a nivel macroeconómico. La hipótesis que arriesga Telechea es que los cambios en el empleo explican por qué si bien el nivel de actividad comienza a mejorar, no sucede lo mismo con el consumo masivo de bienes. “Como los cambios en la composición del empleo mencionados tienen un impacto negativo en la masa salarial, esto repercute negativamente en el consumo masivo de bienes. A su vez, esta nueva configuración entre los asalariados no solo afecta al consumo, sino que probablemente refuerza el efecto en el empleo industrial, dado que la principal demanda de este sector es el alicaído mercado doméstico”, sostiene el economista.

El documento identifica además un estrecho vínculo entre el crecimiento de las importaciones de bienes de consumo con la destrucción de empleo en sectores industriales como el textil, confecciones, cuero y calzado y automotores. La destrucción de puestos de trabajo en todos estos sectores (11.560 empleos desde que asumió el gobierno de Cambiemos) representa el 26 por ciento de la caída total de 2016. “La mayor parte del debate sobre los problemas económicos del gobierno gira en torno a la inflación, el déficit fiscal y el tipo de cambio. Pero se habla poco sobre el principal problema que tiene este modelo, el empleo. Los problemas en la generación de puestos de trabajo de calidad no solo no se han solucionado, sino que parece que vinieron para quedarse”, apunta Telechea.

 

 

Preocupante: la Justicia se mete en Río Turbio y busca levantar la huelga de los mineros

Preocupante: la Justicia se mete en Río Turbio y busca levantar la huelga de los mineros

En el marco de la denuncia por la toma de la mina de carbón, las autoridades fueron citados por la Justicia. El fiscal de la causa instó a ese tribunal a buscar la manera de hacer cesar la medida de fuerza.

Autoridades de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT) fueron citados con carácter “urgente” ante el Juzgado Federal de Río Gallegos, en el marco de la denuncia por la toma de la mina de carbón por parte de trabajadores de ATE, luego de que el fiscal de la causa instara a ese tribunal a buscar la manera de hacer cesar la medida de fuerza.

Los responsables de la gerencia de Explotación y de Seguridad, la subgerencia de Mina y la coordinación de Recursos Humanos recibieron, a través de la Gendarmería, las citaciones, informó a Télam Francisco Roldán, integrante del comité operativo de YCRT.

“Nosotros sostenemos, más allá del respeto del derecho de huelga, la posición técnica de que si no nos dejan trabajar en plenitud en la mina, el yacimiento corre serio riesgo de dañarse y de agravarse la otra galería de ventilación, y lo que pedimos es poder trabajar con normalidad”, dijo el directivo.

Las citaciones se dan un día después que el fiscal federal Guillermo Marijuán solicitara a ese tribunal un informe de lo actuado ante la toma de la mina de carbón y que haga cesar la medida.

El fiscal federal hizo ayer el pedido para que actúe en función de un “peligro inminente” que planteó YCRT en una presentación ante esa Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9.

Marijuán pidió al tribunal federal local “que arbitre los medios necesarios tendientes a brindar seguridad, lo antes posible y sin dilación alguna, a todas las instalaciones y sectores”, y que “garantice el normal funcionamiento del yacimiento” de 68 kilómetros de galerías subterráneas en la localidad ubicada en el sudoeste de Santa Cruz.

Trabajadores afiliados a ATE Río Turbio mantienen desde hace una semana tomada la mina con el argumento de posibles despidos y la defensa de los convenios colectivos de trabajo denunciados por la empresa.

“Echaron trabajadores que cobraban entre $9 mil y 10 mil y nombraron un número similar pero con sueldos 5 o 6 veces por encima”

“Echaron trabajadores que cobraban entre $9 mil y 10 mil y nombraron un número similar pero con sueldos 5 o 6 veces por encima”

Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE nacional, hizo referencia a la nota publicada en un matutino donde se sostiene que se frenó el aumento de empleados públicos, pero crecieron los cargos políticos.

“Es muy interesante la información que describe que la cantidad de empleo de sector público no se ha modificado, por el contrario, se ha reducido en un 0,4%. Echaron a 15 mil trabajadores que cobraban entre 9 y 10 mil pesos y han nombrado un número similar pero con sueldos 5 o 6 veces por encima de los trabajadores que fueron despedidos. Redistribuyen los fondos públicos en función de fortalecer la posición de los cargos jerárquicos y el personal adepto”, explicó Godoy.

En ese marco, subrayó que “ha crecido en ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones nacionales, en cargos de asesores de cada uno de estos niveles, y esto viene a ratificar la denuncia que hicimos en ATE hace un año y medio y que recién ahora reconocen un exceso de nombramientos en los cargos jerárquicos”.

Ante esta situación, el Secretario General de ATE explicó que “el Gobierno no ha cumplido en absoluto con el compromiso que había asumido en diciembre de 2016 de pasar a planta permanente a 12 mil trabajadores precarizados con más de 10 años de antigüedad” y añadió que “se iba a reconocer el nombramiento de trabajadores que habían concursado el pase a planta o ascensos en sus cargos, a través de concursos absolutamente legales y legítimos. No lo hicieron a pesar de que fueron publicados en el Boletín Oficial”.

Si bien es una situación que abarca a toda la administración pública, Godoy citó como ejemplo el caso de los mineros de Río Turbio cuya empresa YCRT tiene el 80% de los trabajadores contratados y que al día de hoy mantienen una medida de fuerza.

“Por resoluciones y decretos debían ser ratificados año a año, no se hacía así, continuaban de hecho, en clara situación de irregularidad; que este Gobierno no modificó y que se está aprovechando para despedir trabajadores”, detalló.

“Ya despidieron a 3 compañeros de la sede central de Yacimientos Carboníferos en Capital Federal y dejaron sin efecto dos resoluciones que agrupan a 200 trabajadores, por las que se los había nombrado”, agregó Godoy.

“Esto fundamenta la decisión de los trabajadores de Río Turbio de permanecer en boca de mina porque no resuelve ni la cuestión laboral, ni la puesta en funcionamiento pleno de la mina de Río Turbio, ni la finalización de la obra de la usina alimentada a carbón porque la empresa española que contrató el gobierno anterior y que este gobierno mantuvo ha dictado la quiebra y ha puesto en crisis esa obra”, concluyó el Secretario General de ATE.

 

 

El Ministerio de Agroindustria recortó la asistencia a pequeños productores

Un Cambio Rural contra los que menos tienen

La cartera que conduce el radical Ricardo Buryaile modificó el programa que brinda asistencia técnica a pequeños horticultores. Además de limitar la ayuda, la reforma excluyó a los productores que no son argentinos, en un sector donde el 80 por ciento son inmigrantes. Los especialistas advierten que “se vuelve a la versión original de los 90 apuntando otra vez al productor capitalizado”
Imagen: AFP

El Ministerio de Agroindustria recortó un programa histórico que brinda asistencia técnica a pequeños y medianos productores y excluyó del beneficio a más de diez mil familias que viven en situación de vulnerabilidad y producen verduras de hoja para abastecer el mercado interno. El recorte, además, llegó de la peor manera: la cartera conducida por el radical Ricardo Buryaile puso como condición para acceder al beneficio “ser nacido en territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo”, algo que deja afuera a más del 80 por ciento de los productores, en su mayoría bolivianos. Desde la Unión de Trabajadores de la Tierra presentarán una denuncia ante el Inadi por considerar la nueva reglamentación como discriminatoria.

La semana pasada, el Ministerio de Agroindustria publicó en el Boletín Oficial la nueva reglamentación de Cambio Rural, un programa que existe desde 1993 y tiene como objetivo asistir técnicamente a los pequeños y medianos productores rurales “para mejorar su situación productiva y socioeconómica”. La resolución 249, publicada el 6 de septiembre, afirma que luego de veinte años de existencia, el programa “ha ido desviándose paulatinamente del fundamento de su acción”.

Desde el Ministerio, se propusieron corregir esta “desviación” -de la que no dieron el más mínimo detalle- a través de nuevos requisitos para acceder al programa. Entre ellos, remarcaron que para recibir el beneficio –el Ministerio solventa una parte de los horarios de un ingeniero agrónomo que asiste al productor- hay que “ser nacido en territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo”. La condición dejó afuera a más del 80 por ciento de los productores que integran los cordones hortícolas periurbanos de Buenos Aires, Corrientes, Salta y Jujuy, que son inmigrantes, en su mayoría provenientes de Bolivia.

Desde las organizaciones que agrupan a los pequeños productores, advirtieron que el Ministerio ya recortó unos 780 cupos de Cambio Rural que asisten a estas familias, lo que significó también la pérdida de una fuente laboral para unos 500 ingenieros. Además remarcaron que recurrirán esta tarde al Inadi por la medida discriminatoria, que ni siquiera incluye a los argentinos nacionalizados. Muchos de los productores que hoy trabajan la tierra llegaron al país hace más de veinte años.

Agustín Suárez, ingeniero agrónomo de la Unión de Trabajadores de la Tierra –una organización que defiende los derechos de los pequeños productores-, explica que a lo largo de los años el programa sufrió varias reconversiones pero que esta última parece una “paradoja”, “un volver a los 90”, en sus propias palabras.

“Cambio Rural surgió en los 90 para financiar la asistencia técnica de los productores pequeños y medianos pero con un perfil capitalizado, los productores de la pampa húmeda que tal vez tienen cien hectáreas. Hace diez años se amplió el alcance para empezar a asistir técnicamente a los pequeños productores de la periferia del gran Buenos Aires con mano de obra familiar, básicamente todo el sector hortícola. Ahora, esta nueva reconversión vuelve a la versión original de los 90 apuntando otra vez al productor capitalizado”, explicó Suárez, para quien la nueva cláusula de argentinidad es un pretexto “para sacarse de encima a todo el sector hortícola”.

Los productores hortícolas del cordón La Plata-Berazategui-Florencio Varela, unas diez mil familias, están muy lejos de tener cien hectáreas propias. La mayoría alquila entre cuatro y cinco hectáreas, no tiene empleados, sólo cuenta con la mano de obra familiar y padece muchísimas necesidades. Por ejemplo, muchos viven en casillas precarias de chapa y madera porque los dueños de la tierra no les permiten construir.

“El programa subsidia el 50 por ciento de los honorarios de un ingeniero del INTA. El Ministerio pone unos 4.500 pesos y el productor debe poner otros 4.500 más. Como para las familias ese dinero es una suma difícil de alcanzar se juntan entre varias y arreglaban. De otra forma les es imposible contratar un ingeniero por su cuenta y es fundamental la asistencia técnica porque si no recurren a las mismas semillerías que les venden los productos y ellos en definitiva les quieren vender más”, sostiene Suárez.

Frente al reclamo de los productores, desde el Gobierno respondieron que para paliar la exclusión de Cambio Rural, los pequeños productores podrán solicitar ser tenidos en cuenta en otro programa similar –los Grupos de Abastecimiento Local- pero que dependen de Desarrollo Social.

“Este cambio representa tal cual la política que vienen llevando este Gobierno: para los productores pobres un subsidio asistencialista y para los productores pequeños pero capitalizados, de clase media, asesoramiento técnico desde el Ministerio de Agroindustria”, opinó el referente de la UTT, que además aclaró que el programa de los GAL está desarticulado y que sólo funcionan seis en toda la provincia.

 

Deseperante situación de los despedidos de Plascar

Deseperante situación de los despedidos de Plascar

Los propietarios de la autopartista cordobesa no se presentaron en la mediación y los 243 empleados despedidos están en la incertidumbre total. Funcionarios buscan “un empresario que se haga cargo”.

Este miércoles, después de que el propietario de la empresa autopartista de Córdoba, Plascar, no concurriera a una nueva audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la provincia, la situación de sus empleados se agravó.

En total, aún esperan respuestas los 243 trabajadores de la autopartista, que atraviesa un concurso de acreedores.

El contexto preocupó al Gobierno cordobés, ya que la firma tiene una deuda de casi setenta y cinco millones de pesos entre la AFIP y el sindicato de trabajadores plásticos, además del 75 por ciento de los salarios de la última quincena.

La ayuda oficial, prometida ayer ante la ausencia de los propietarios a la audiencia pensada para buscar soluciones, se orienta a una asistencia alimentaria y de medicamentos, al no contar con obra social.

De aquí en adelante, con la posibilidad de que exista un subsidio similar al brindado a empleados de Sancor, al menos un par de opciones son manejadas: la posibilidad de un empresario interesado en comandar la firma que fabrica piezas para fábricas automotrices, o la posibilidad de que sean reinsertados en otras empresas del rubro.

 

Crece el conflicto entre Camioneros y las distribuidoras de bebidas

Crece el conflicto entre Camioneros y las distribuidoras de bebidas

“La rama aguas gaseosas del gremio está totalmente paralizada a lo largo y a lo ancho del territorio nacional”, aseguró Pablo Moyano que desafió: “Los camioneros no aceptaron, no aceptan ni aceptarán la flexibilización laboral”.

La Federación Nacional de Choferes de Camiones ratificó la continuidad del paro por tiempo indeterminado en todas las plantas de distribución del país de la empresa multinacional Coca Cola en demanda del cumplimiento del correcto encuadramiento gremial y del convenio colectivo, y aseguró que se sumarán las de Quilmes, Aguas y Danone, por lo que la protesta “se profundizará”, afirmó el secretario adjunto, Pablo Moyano.

El dirigente sindical y también secretario Gremial de la CGT confirmó que todas “las plantas distribuidoras de Coca Cola continúan paralizadas” desde anoche por tiempo indeterminado y denunció que la multinacional “incumple” el “correcto encuadramiento de los trabajadores y la aplicación del convenio colectivo laboral 40/89” de la organización nacional.

El Ministerio de Trabajo había dictado esta mañana la conciliación obligatoria en el conflicto, pero el gremio de Hugo y Pablo Moyano ratificó la continuidad de la huelga nacional en la compañía.

Además, Moyano (h) señaló a Télam que de forma solidaria se sumarán al paro en todo el país los trabajadores camioneros de las plantas de Quilmes, Aguas y Danone en “una clara demostración de lucha contra la flexibilización”.

“Los camioneros no aceptaron, no aceptan ni aceptarán la flexibilización laboral”, sostuvo el dirigente gremial.

“La batalla transita por el camino de la dignidad, el respeto a la ley y los valores de los trabajadores, porque la lucha también es un valor sindical y hay que tener valentía para sostenerla”, dijo.

Trabajo había impuesto la Ley 14.786 de conciliación obligatoria por un período hábil de 15 días, aunque el gremio y los trabajadores decidieron continuar la protesta nacional en todas las distribuidoras en rechazo de “la flexibilización”.

La medida de fuerza había comenzado con un paro en las cuatro embotelladoras de Coca Cola en rechazo del encuadramiento en el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas (Sutiaga) y en reclamo de la afiliación al gremio camionero.

Coca Cola Femsa, una de las cuatro embotelladoras, dijo ser “ajena al conflicto”, que atribuyó a una disputa de “representatividad”.

Moyano (h) señaló, sin embargo, que Coca Coca no puede permanecer ajena a esa situación y ratificó la continuidad de los paros.

“La rama aguas gaseosas del gremio está totalmente paralizada a lo largo y a lo ancho del territorio nacional”, aseguró el dirigente.

 

 

 

 

Rosario: Mercantiles no ven una “salida consensuada” en la ley de descanso dominical

Mañana se llevará a cabo la audiencia de conciliación convocado por la Corte Suprema de Justicia para buscar un acuerdo sobre la ley de descanso dominical.

El abogado Nicolás Mayoraz, representante de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, se mostró pesimista en cuento a la posibilidad de encontrar una salida consensuada.

En declaraciones a La Ocho, el abogado del gremio mercantil sostuvo que “cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con la constitucionalidad de una ley no hay una posibilidad de tranzar. La ley de descanso dominical es constitucional o no lo es”.

“Acá está comprometido el interés público. No es como un conflicto entre intereses privados donde uno puede negociar y llegar a una transacción o conciliación. De todos modos, siempre que la Corte nos llame estaremos ahí para escuchar. No sabemos en qué consiste este aparente empate de votos entre los integrantes de la Corte”, sostuvo Mayoraz.

El abogado laboralista dijo que hay “una situación bastante confusa. La ley orgánica del Poder Judicial establece que en caso de empate tiene que desempatar con su voto el presidente del tribunal si es dirimente. Entonces acá no se estaría aplicando la ley orgánica. Mañana nos informaremos de cuál es el motivo de hacer una conciliación y qué se planteará en esa reunión”.

“La posición de Empleados de Comercio es firme. La discusión sobre el descanso dominical es una cuestión institucional”, sostuvo Mayoraz.

(*) Fuente: La Capital de Rosario

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La empresa de Juliana Awada ajusta personal “por la situación económica del país”

Cheeky recortó el presupuesto para vigilancia privada. Los trabajadores marchan mañana a la fábrica de la firma, en Martínez.

 Martín Ferreyra

La textil productora de la marca Cheeky , de indumentaria para chicos y chicas, se sumó a la ola ajustadora que, previsiblemente van a pagar los trabajadores de la firma propiedad de la familia de la primera dama, Juliana Awada.

Cheeky fue noticia el año pasado, cuando quedó en medio de la polémica que desató la crecida de las importaciones.

Mientras la mayoría de la cadena de valor textil sufría con un derrumbe de la actividad las consecuencias de la caída del salario y del consumo, un grupo de importantes jugadores resolvió importar su producción en forma masiva y sin mayores miramientos respecto de la situación de la industria y el empleo locales, en particular desde países asiáticos.

Entre ellos talló la firma de la familia política del presidente, Mauricio Macri, a la par de otros grandes operadores como la multinacional Zara.

Pero la incursión importadora parece no haberle bastado para equilibrar las cuentas de la empresa. Los trabajadores del Sindicato de Vigilancia Privada (STVP) se movilizarán mañana jueves para protestar contra la decisión de la empresa de suspender a 70 vigiladores a lo largo de su cadena comercial.

El secretario General del STVP, Gabriel Carvajal, precisó que la movilización está convocada para las 8.30 en Cuyo 3040, en la localidad bonaerense de Martínez, donde Cheeky tiene su planta fabril. La marcha de los vigiladores contará con apoyo de la CTA de Hugo Yasky y del gremio de vililadores SUTCA, miembro de la CGT y cercano al camionero Pablo Moyano.

Carvajal contó que de los 70 afectados, 15 trabajaban en el área logística y otros 15 en los locales. Los 40 restantes siguen cumpliendo funciones pero, de acuerdo al vocero sindical, en una situación de extrema precariedad.

En rigor los trabajadores no son empleados de Cheeky sino de la empresa High Top Security, en la que la firma de los Awada terceriza el servicio de vigilancia. Carvajal explicó a Tiempo que la empresa de indumentaria procedió directamente, sin iniciar el proceso preventivo de crisis que prevé la ley en este tipo de circunstancias: “Primero suspendió al personal sin goce de sueldo” y lamentó que en sus comunicaciones oficiales se justifica en función de “la situación económica del país”.

Aunque Cheeky no es la empleadora directa, los custodios consideran que la empresa “se tiene que hacer responsable solidariamente y brindar una respuesta. Nosotros hicimos todos los pasos que corresponden, llevamos dos meses de salarios atrasados y necesitamos garantías de continuidad de trabajo. No queremos liquidación ni horas extras ni aumento. Lo que queremos es que nos den un acta de compromiso en el Ministerio de Trabajo porque si permitimos que pase lo que quieren hacer vamos a quedar en la calle”, concluyó el dirigente.

Ámbito Financiero: una semana con migajas salariales y tres días sin firmas

Reproducimos el comunicado de la Asamblea:

Ámbito Financiero: una semana con migajas salariales y tres días sin firmas

Los trabajadores de Ámbito Financiero y de ámbito.com, reunidos en asamblea, manifestamos nuestro malestar ante un nuevo incumplimiento en el pago de los salarios dentro de los plazos legales. Sumado a esto, y como viene ocurriendo en los últimos meses, la empresa decidió pagar en cuotas nuestros sueldos, de los cuales aún adeuda un 27 por ciento.Por estos motivos y ante la falta de respuestas concretas resolvimos extender el quite de firmas que venimos realizando desde el último lunes y mantener la retención de tareas en la edición on line. Le exigimos al Grupo Indalo, accionista mayoritario de este diario, la inmediata regularización del pago de los salarios y el cumplimiento irrestricto de nuestro estatuto y convenio vigentes.Asamblea de Trabajadores de Ámbito Financiero – SiPreBA”

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