Italia. Más de 2.200 personas mueren entre enero y agosto en la Ruta del Mediterráneo Central

Organizaciones sociales denuncian el itinerario “mortífero” para migrantes y refugiados que atraviesan Italia. 

Por Enric Llopis/ Resumen Latinoamericano/ 1 de septiembre de 2017.-

“Es una vergüenza que la falta de soluciones alternativas para vivir haya derivado en una situación de violencia”. La Agencia Efe se hizo eco el 24 de agosto de las declaraciones del coordinador de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Italia, Francesco Di Donna, después que la policía desalojara –con un balance de trece heridos- al centenar de migrantes y refugiados (entre ellos menores de edad y personas discapacitadas) que permanecían cinco días acampados cerca de la estación de Termini, en Roma. Tras ser desalojadas de un edificio cercano, las personas inmigrantes y refugiadas se trasladaron a la Plaza Independencia, próxima a la estación. MSF informó de que habían pasado cinco días en la plaza en situación muy precaria, con deficiente acceso al servicio de agua y saneamiento. Además de atender a algunas personas que presentaban fracturas, la ONG dio aviso a una ambulancia ya que cinco de los heridos requerían asistencia médica.

Entre el primero de enero y el 20 de agosto de 2017 llegaron a Italia 98.232 personas por vía marítima, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Se trata de la denominada Ruta del Mediterráneo Central, desde Egipto, Túnez y Libia hasta las costas italianas; este itinerario registró 2.244 muertes entre enero y agosto de 2017. La cifra de llegadas a Italia fue hasta finales de agosto del presente año muy superior a la de Grecia (14.349 migrantes) y España (8.385). Lo importante de las cifras es que revelan un cambio de coyuntura, ya que en los nueve primeros meses de 2016 llegaron 163.105 migrantes y refugiados a Grecia, por 105.357 a Italia. Lo que no varía es la calificación de “mortífera” que las ONG atribuyen a la ruta hacia Italia (2.726 muertes entre enero y agosto de 2016); durante los citados meses, la ruta mediterránea del este –Grecia y Chipre- registró 45 muertes (año 2017) y 386 (año 2016).

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) destaca las cuatro nacionalidades de las personas que desembarcan en Italia: Nigeria (17,8%), Bangladesh (10,4%), Guinea (9,8%) y Costa de Marfil (9,3%). El 90% proceden de Libia. El pasado 24 de agosto ACNUR reiteró en un informe que los inmigrantes y refugiados que arriban al litoral italiano desde Libia tienen que sobrevivir a “peligrosas travesías por el desierto”, que incluyen las torturas, la violencia sexual y los casos de secuestro.

La probabilidad de morir en el mar para quienes se desplazan a la península italiana es, según ACNUR, de una persona por cada 40. Además, la agencia de la ONU cifra en 11.400 los menores no acompañados o separados de sus familias que llegaron a Italia en el primer semestre de 2017 (el 92% de la infancia que llega al litoral italiano lo hace en esta situación); Save The Children también ha denunciado el elevado riesgo para las niñas de caer en las redes de trata con fines de  explotación sexual, o llegar ya formando parte de las mismas. La ONG se refiere principalmente al caso de las niñas nigerianas que arriban a Italia (casi todas ellas han sido víctimas de la violencia de género).

Italia está actualmente atravesada por territorios en conflicto. Entre otros el municipio de Ventimiglia (región de Liguria), en la frontera con Francia. La zona se ha convertido en punto capital del itinerario migratorio; pero, ¿en qué condiciones? Las personas migrantes llegan a Ventimiglia con el objetivo de entrar en Francia; sin embargo, resalta Médicos Sin Fronteras, “la única alternativa que tienen es cruzar la frontera ‘ilegalmente’ y a través de rutas peligrosas; entre ellos hay numerosas mujeres embarazadas, familias enteras y menores no acompañados”. El 25 de agosto MSF recordó en un comunicado las “largas estancias” de los migrantes en la frontera francesa; “Muchos tratan de atravesarla por las montañas, túneles y autopistas” (en apenas un año han fallecido doce migrantes en el intento).

Viven atrapados en un “limbo permanente”, alerta la ONG. De ello se resiente la salud mental de las personas refugiadas, en forma de depresión, sentimiento de abandono, ansiedad o síntomas postraumáticos. Ante la falta de respuesta oficial, se han promovido redes de solidaridad; la parroquia de Sant’Antonio alle Gianchette se ha convertido en lugar de referencia y refugio temporal en Ventimiglia, donde se proporciona alojamiento y comida a los refugiados. MSF informa que 444 personas que provenían de Sudán, Eritrea, Guinea-Bissau, Etiopía, Costa de Marfil y Chad fueron en el mes de julio acogidas en la iglesia.

Presentado el pasado mes de julio, el informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) “Italia: la ruta más mortal hacia la fortaleza Europea” ofrece una radiografía en detalle de la situación. Señala, por ejemplo, la constitución en Italia de “espacios de excepción” como los “hotspot”: puntos previstos para –a la llegada de las embarcaciones- la realización de exámenes médicos preliminares, identificación, el registro de entrada en el país, la toma de huellas dactilares y la imagen fotográfica. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado la falta de regulación jurídica de los “hotspot”, así como las  estancias prolongadas, los casos de sobreocupación, de “estructuras” inadecuadas y la falta de agua. Amnistía Internacional documentó además situaciones extremas como palizas, agresiones y el uso de descargas eléctricas contra refugiados que se negaron a la toma de huellas.

CEAR critica el proceso de identificaciones tal como se desarrolla en Italia. Entre otras razones, porque tiene lugar sólo unas horas después del “rescate” de los refugiados; “Se encuentran todavía en estado de shock por las experiencias vividas en Libia y la dureza del viaje”, argumenta el informe. Tampoco se cuenta con la presencia de un abogado que garantice la certera identificación. Pero no termina en este punto el dédalo burocrático; ni las dificultades para los recién llegados. Las personas refugiadas han de cumplimentar un formulario con preguntas que, según las ONG, pueden prestarse a confusión; de hecho, si la respuesta delata la intención de trabajar en Italia, al interpelado se le considera de manera automática “inmigrante” (y no “refugiado”), lo que le cierra el acceso a los mecanismos de protección internacional. Por otra parte, las ONG han denunciado las demoras que se producen para la primera entrevista de asilo, de modo que no se respeta –según afirman- el plazo estipulado de 30 días.

Otro de los déficits señalados tiene relación con la diversidad de actores. Los centros de acogida en Italia pueden estar gestionados por los gobiernos central, regional, municipios, asociaciones o empresas privadas. La consecuencia es el “trato desigual” que se aplica a los demandantes de asilo, en función del administrador. Además, la falta de plazas ha llevado a que tengan que alargarse las estancias en los centros de primera acogida (en muchos casos infraestructuras del ejército); en estos centros también se han denunciado las estrecheces y la sobreocupación.

El informe “Italia: la ruta más mortal hacia la fortaleza europea” apunta que el Ministerio del Interior italiano ha tenido que impulsar proyectos de nuevos centros y plazas, forzado por las necesidades. De ello se han aprovechado “empresas privadas sin experiencia y con motivaciones exclusivamente económicas, así como organizaciones mafiosas”. Es el negocio de la acogida de refugiados. Así, informaciones periodísticas han revelado la “infiltración de la mafia, sobre todo en el sur del país”.

Especialmente afectados resultan los menores, ya que, según denuncian las ONG, ante la falta de plazas en centros específicos han de prolongar su estancia, incluso por meses, en los centros de primera acogida, en los que permanecen sin la atención adecuada; “muchas veces pasan allí más tiempo que los adultos”, sostiene el informe de CEAR. “Perdidos”, “estancados”, víctimas de la interminable burocracia y de las malas condiciones de los centros, la situación les puede empujar a abandonarlos y quedar de este modo fuera del sistema de protección. Las organizaciones de derechos humanos constatan que tras el cierre de fronteras en el norte de Italia ha aumentado el número de menores desprotegidos y que viven en la calle. Entre otros ejemplos, constatados sobre el terreno por el equipo de CEAR, el campamento integrado por cerca de 60 menores de edad en el parking de autobuses de la estación Roma Tiburtina, en las que pese al apoyo del personal voluntario los infantes malvivían en tiendas de campaña y una enorme precariedad.

Tampoco el proceso de “reubicación” de personas solicitantes de asilo desde Italia se ha desarrollado con eficacia. El sistema pretendía teóricamente, de acuerdo con la Agenda Europea de Migración, lo que se considera en términos oficiales “aligerar” la presión migratoria sobre Italia y Grecia. Pero en realidad tan sólo se han “reubicado” desde Italia, en otros países de la Unión Europea, a 7.615 personas (datos hasta el 13 de julio), lo que supone el 16% de la cifra comprometida por la UE.

Las organizaciones de derechos humanos han constatado plazos de un año de espera para la “reubicación” desde Italia a otros países, lo que ha llevado en muchos casos al abandono de los peticionarios de asilo por la falta de información y la incertidumbre. “Una gran parte de las comisarías desconoce la existencia de estos programas”, subraya el documento de CEAR. Además de la falta de coordinación entre las diferentes agencias, sólo para el inicio de la solicitud del programa de “reubicación” se calcula un tiempo de espera de, como mínimo, dos meses. “El sistema ha fracasado estrepitosamente”, concluye el informe, más aún si se considera el número de menores no acompañados que se han “reubicado” desde Italia: cinco, dos a Holanda y tres a Noruega (cifras al cierre del documento).

La “externalización” de fronteras es uno de los grandes ejes de la política migratoria europea; en los últimos meses se ha resaltado en los medios informativos el rol de Libia como gendarme, pero no es menor la importancia de otros  países, como Sudán. En agosto de 2016 el ejecutivo italiano y la policía sudanesa rubricaron un acuerdo; instituciones como ACNUR manifestaron entonces su preocupación por el devenir de los refugiados sudaneses, forzados a retornar a su país y expuestos a la violación de los derechos humanos. En febrero de 2017 cinco ciudadanos de nacionalidad sudanesa presentaron un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; formaban parte de la contingente de cuarenta personas huidas del país africano, y a los que Italia deportó. También Italia firmó acuerdos policiales con Egipto (2007) y Níger (2011). Y bilaterales de “readmisión” con Gambia, Ghana y Senegal. A ello se agrega la criminalización de las ONG que participan en tareas de rescate marítimo de migrantes y refugiados. De hecho, la agencia Frontex llegó a insinuar en un informe que las organizaciones sociales colaboran con las redes de traficantes en la ruta del Mediterráneo Central.

 

Foto: Alfredo D’ amato (ACNUR)

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