Argentina. Resumen gremial y social: 22A LA ECONOMÍA POPULAR PARTICIPA DE LA MARCHA POR EL TRABAJO/ Barrios de Pie confirmó que marchará el 22A/ L@s gráfic@s se movilizan el 22A/ Contra la criminalización de las luchas/ Se frenó “lista negra” de abogados y trabajadores que inicien juicios laborales/ SiPreBA: “Es el peor momento de los trabajadores de prensa desde 1983”/ Cuatro de cada diez trabajadores temen perder su empleo/ Reforma Laboral el desafío del gobierno …

Resumen Latinoamericano/ 17 de agosto 2017.- Una nueva sección informativa de las luchas sindicales del pueblo argentino contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri.Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal.

Invitamos a quienes quieran informar sobre despidos, huelgas, ocupaciones, movilizaciones y conflictos sindicales varios, que nos envíen sus gacetillas y comunicados a resumenrebel@gmail.com

LA ECONOMÍA POPULAR PARTICIPA DE LA MARCHA POR EL TRABAJO

17 agosto, 2017

La CTEP, Barrios de Pie y la CCC marcharán a Plaza de Mayo junto a la CGT y organizaciones sociales y sindicales el martes 22 de agosto sumando sus banderas y reclamos a la marcha por la defensa del trabajo.

Esta actividad se suma a las jornadas de lucha que vienen llevando a cabo los trabajadores y trabajadoras de la economía popular por la implementación plena de la Ley de Emergencia Social, la sanción de la Emergencia Alimentaria y la exigencia de la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Esteban Castro, secretario general de CTEP, señaló: “Hay que empezar a discutir un programa de los trabajadores, que ponga el eje en las reivindicaciones y en la lucha política que tendremos que dar para resolver, todos los problemas de la argentina, porque no podemos esperar soluciones de los que causan los problemas”.

La concentración será a las 11 hs en el Obelisco, para marchar hasta Plaza de Mayo por Diagonal Norte.

#UnidadDeLosTrabajadores
#TierraTechoTrabajo

 

Barrios de Pie confirmó que marchará con la CGT

Barrios de Pie confirmó que marchará con la CGT

El movimiento Barrios de Pie anunció hoy que se sumará el próximo martes a la marcha convocada por la CGT a la Plaza de Mayo en rechazo a las políticas económicas del Gobierno.

“El proceso electoral no puede tapar los problemas sociales”, afirmó hoy el coordinador nacional de la organización social, Daniel Menéndez, al anunciar su participación en la protesta del 22 de agosto.

En un comunicado, Menéndez advirtió que “una vez realizadas las PASO, hemos visto la ausencia de propuestas y debates en torno al principal problema que afrontan nuestro país: la pobreza que alcanza a un tercio de la población”.

“Los problemas sociales persisten en nuestro país, y necesitamos construir respuestas para los problemas que afronta un tercio de la población”, añadió.

En el parte de prensa, el dirigente social afirmó que “en un país con seis millones de personas sufriendo hambre y con un 43 por ciento de niños, niñas y adolescentes con malnutrición en los barrios humildes, necesitamos voces en el debate electoral que dejen de lado el marketing y piensen en los que menos tienen.”

En este contexto, Menéndez planteó la necesidad de “reforzar los debates relacionados a cómo solucionar la angustiante situación social, reforzar la implementación de la emergencia social y empujar la sanción de la emergencia alimentaria”.

El triunvirato de la CGT ratificó ayer la movilización de protesta del próximo martes 22 de agosto hacia la Plaza de Mayo, con la participación de la totalidad de los gremios confederados.

 

 

 

Habemus movilización a Plaza de Mayo

Tras un caliente debate, la CGT ratificó la movilización del 22 de agosto y evitó la ruptura. Por primera vez desde que asumió Macri llevará una protesta a la Plaza de Mayo. Sumarán a las CTA y a las organizaciones sociales.

Habemus movilización a Plaza de Mayo

Contra la criminalización de las luchas


Las organizaciones que integran el Frente Social y Político La Brecha se movilizaron ayer en la Ciudad de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén en repudio a la criminalización y procesamiento que sufren trabajadores/as de limpieza de la neuquina Universidad Nacional del Comahue (UNCo) por la lucha que llevan adelante contra la tercerización laboral que imponen las autoridades de la universidad. En las tres concentraciones se entregó un petitorio de demandas, firmado por un amplio arco de organizaciones sociales, partidos políticos, juntas internas, consejeros/as, agrupaciones estudiantiles y organismos de derechos humanos. Por ANRed / Imágenes: Frente Social y Político La Brecha.


En la movilización realizada en la Ciudad de Buenos Aires las organizaciones llevaron un petitorio a la Secretaría de DD.HH. y al Ministerio de Justicia y DD.HH. de la Nación, en el cual se exigió “su inmediata intervención a fin de frenar este injusto procesamiento, que incluye además tareas de inteligencia dentro de la universidad, violando su autonomía“. Por medio de un comunicado, las organizaciones denunciaron que “la carátula de coacción agravada no es excarcelable y conlleva una pena de prisión de hasta 10 años, lo cual es a todas luces una exageración y clara muestra de la voluntad de amedrentar todo tipo de organización de lxs de abajo”.

Si bien fueron recibidos en ambas reparticiones estatales, ante las denuncias de la violación de la autonomía universitaria, el espionaje a trabajadores/as y lo desmedido de la carátula de la causa, el Dr. Pablo M. ChasseingAsesor de Gabinete del Ministro Garavano, indicó que dichas denuncias no le parecían suficientes para que el Ministerio intervenga. Sin embargo, se acordó una nueva reunión para dentro de 15 días para seguir hablando del tema.

En Río Negro, Angel García, militante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Marabunta, declaró en el Juzgado Federal de Fiske Menuco (Gral. Roca) ante el juez Greca, denunciando la tercerización laboral dentro de la Universidad nacional del Comahue y la criminalización que vienen sufriendo los/as trabajadores/s que luchan por trabajo digno. También apuntó contra el juez, remarcando que si decide finalmente emitir una orden de desalojo sobre la toma pacífica de la universidad que los/as trabajadores/as realizan “quedará en la historia como el responsable de que la Policía Federal ingrese en una Universidad Pública, como en los peores tiempos que ha vivido nuestro país“.

Cautelar frenó por 6 meses la “lista negra” de abogados y trabajadores que inicien juicios laborales

Cautelar frenó por 6 meses la “lista negra” de abogados y trabajadores que inicien juicios laborales

La justicia hizo lugar a la presentación de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio y frenó la intención de la SRT de armar un listado de quienes inicien litigios. La “finalidad es armar una lista negra”, sostuvieron los abogados.

La Justicia vuelve a ponerle límites a la intención del Gobierno Nacional de avanzar sobre el acceso a la justicia de los trabajadores. Ayer fue el Juzgado Laboral N° 4, a cargo de la Doctora Laura Castagnino, el que dispuso “hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora y disponer la suspensión de la resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) N° 760/17 por el plazo de 6 meses o, en su caso y de ocurrir antes, la sentencia definitiva que recaiga en el proceso principal.”

El nuevo fallo se da en el juicio “Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio c/ Superintendencia de Riesgos del Trabajo s/ Medida Cautelar”, que ya había conseguido la suspensión provisoria de la medida hace algo más de una semana, cuando se desató la polémica.

La Resolución SRT N° 760/17 había creado un Registro (S.I.R.E.L.) para asentar los datos personales de los trabajadores –y sus abogados patrocinantes- que iniciaran juicios por enfermedades o accidentes del trabajo planteando la inconstitucionalidad de la Ley 27.348 que fue sancionada por iniciativa del Presidente Macri y que obstruye el acceso a los trabajadores el acceso a la Justicia.

La misma magistrada había dictado el 7 de agosto una medida interina hasta tanto la SRT presentara un informe de las razones que avalaran su resolución. Ahora, una vez presentado el informe, la jueza consideró que la SRT no logró justificar con él la creación del Registro que “sólo apunta a identificar a los litigantes y sus letrados, así como al órgano jurisdiccional que pueda emitir una sentencia de condena” lo que colisionaría con disposiciones legales y constitucionales.

El juicio fue iniciado por la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, y a su presentación adhirieron luego la CTA de los Trabajadores y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal entre otras entidades.

Desde la Corriente de Abogados señalaron que la resolución de la Superintendencia “se enmarca en los ataques del Presidente Macri a los trabajadores que deben acudir a la Justicia en resguardo de sus derechos, a los abogados que los representan y a los jueces que aplican las leyes que garantizan los derechos laborales”.

Además la calificaron como “estigmatizante porque tiene como real finalidad armar una´lista negra´ que viola la Ley de Protección de Datos Personales, la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.

 

 

Para Tato Dondero, delegado en Página|12 y secretario General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), el fenómeno está atado por un lado a la política económica, y por otro a la distribución de pauta oficial que beneficia a los medios hegemónicos. No obstante, el dirigente no deslinda de responsabilidad a las empresas: “Los patrones resuelven su crisis sobre los trabajadores”, dice.

Un caso paradigmático es el de Radio Del Plata, cuyo accionista principal, Electroingeniería, una de las empresas más beneficiadas con obra pública durante el kirchnerismo, adeuda salarios por más de tres meses y el pago en las cargas de obras sociales de 140 trabajadores.

Cecilia Claps, delegada de SiPreBa en la emisora, asegura que “la empresa ha tomado la decisión política de no seguir apoyando la radio”. Y augura que el ministerio de Trabajo poco hará para salvarla de un evidente vaciamiento.

En esta entrevista, Dondero explica también el conflicto en Página 12, que tiene como dueño al Grupo Octubre de Víctor Santamaría, presidente del justicialismo porteño y miembro de la comisión directiva de la CGT.

Asimismo relata la experiencia de las cooperativas Tiempo Argentino e Infonews como respuesta organizada de los trabajadores frente al vaciamiento de los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel.

Y del surgimiento del SiPreBA como sindicato alternativo a la UTPBA, el gremio paritario con acuerdos a la baja que desangra afiliados por su crisis de representatividad.

 

Más reclamos por la reactivación del Astillero Río Santiago

Vidal dijo que se trata de la “única empresa estatal no productiva”. Los trabajadores denuncian que el gobierno paralizó la fabricación de buques para facilitar negocios en el exterior

Redacción Canal Abierto | Los trabajadores del Astillero Río Santiago pidieron esta semana una reunión urgente con María Eugenia Vidal, para responderle sobre su declaración en la que aseguró que ARS es la “única empresa estatal no productiva”.

Los empleados y delegados han denunciado en los últimos días una operación en marcha para no reactivar la producción de barcos, que se paralizó completamente con la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada.

ARS se encuentra sin presidente, lo que dilata los tiempos para concretar compras y otras operaciones que retrasan los contratos en curso. Ernesto Gaspari, ex director de SOCMA (Sociedades-Macri SA), dejó su cargo al frente de la sociedad del estado habiendo incumplido su promesa de entregar los dos buques que compró Venezuela a nuestro país durante el gobierno anterior y de iniciar la construcción de nuevas embarcaciones.

De hecho, lo único que ingresó a las gradas desde diciembre de 2015 fue el barquito de la República de los Niños. Efectivamente, el único trabajo que se realiza en el mayor astillero de Argentina y el quinto más grande de Latinoamérica son refacciones pequeñas y medianas.  

Durante la gestión Cambiemos ya pasaron tres ministros de Producción por la provincia de Buenos Aires, que suman juntos menos días que los que el Ministerio estuvo sin titular, lo que también dificulta la concreción de nuevos contratos para obras de importancia.

El sindicato ATE de Ensenada difundió un comunicado asegurando que los trabajadores presentaron “las herramientas necesarias para aumentar la producción” y aclararon que “lo que pasa en el Astillero no es responsabilidad de los trabajadores”.

Francisco Banegas, secretario general de la seccional en la que se nuclean los trabajadores de la empresa de fabricación metalmecánica, explicó a Canal Abierto que su preocupación “es que se destraben las cartas de crédito para construir dos remolcadores y dos bullk carrierr, frenados por una decisión política de la provincia. No es que el astillero no tenga trabajo; el astillero produce”.

En ese marco, los trabajadores reclaman inversión en tecnología y seguridad, y gestión de nuevos contratos para el desarrollo de la industria propia.

En junio pasado se conoció que nuestro país compraría a Francia e Israel lanchas patrulleras que podrían ser fabricadas en las plantas nacionales, teniendo en cuenta que Argentina paga entre 5 y 7 mil millones de dólares al año para exportaciones de producción agrícola y minera, ya que no cuenta con flota propia.

El Astillero, además de embarcaciones, está preparado para fabricar puentes, compuertas, molinos eólicos o componentes ferroviarios.

Por último, el texto en el que el gremio exige una reunión con la máxima autoridad del ejecutivo bonaerense, remarca que “Astillero no tiene actualmente un presidente al frente y la falta de una firma autorizada obstaculiza la compra de insumos y materiales, atrasando los trabajos y perjudicando los plazos establecidos de las obras”, al tiempo que advierte que “lo que pasa en el Astillero no es responsabilidad de los trabajadores”.

Banegas asegura que “la gobernadora no tiene la mirada que nosotros tenemos, por la cual fue creado el astillero, que es estratégico y en función de un proyecto de país, para eso hay que mirar en defensa de la soberanía”. Astillero Río Santiago, creado para abastecer a la marina mercante, hoy cuenta con una planta de más de 3400 trabajadores.

El contrato por los buques venezolanos fue firmado en 2013. Los trabajadores estuvieron exigiendo durante más de 20 meses que se gestionen las inversiones necesarias para poder finalizar las obras. Luego del 10 de diciembre de 2015 la situación se agravó. El “Eva Perón” iba a salir a prueba el 15 de enero del 2017 y se entregaría en marzo. Ya es agosto y en el Astillero aseguraron que está muy lejos de la botadura, debido a la falta de maquinarias.

“La provincia de Buenos Aires podría poner el dinero para la financiación de buques y una vez que se termina la fabricación ese dinero vuelven a las arcas del Estado. No creo que privaticen el astillero para reactivarlo, pero si lo pueden privatizar para cerrarlo”, asegura Banegas.

 

Cuatro de cada diez trabajadores temen perder su empleo

Cuatro de cada diez trabajadores temen perder su empleo

Así lo afirma un sondeo realizado a 2.400 personas entre el 11 y 14 de julio de 2017 por el Centro de Estudios Metropolitanos en el área Metropolitana de Buenos Aires.

El 43 por ciento de los ciudadanos porteños y bonaerenses consultados en la zona metropolitana dijeron sentir “temor” de perder sus empleos por la situación de la economía, según un estudio divulgado en las últimas horas.

El sondeo fue realizado por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), que presentó su tercer Monitor del Clima Social sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dependiente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

El informe arroja una situación complicada en la que el 43 por ciento de la población cree probable perder su trabajo en el corto plazo; a su vez, el 44% piensa que su situación laboral es “peor o mucho peor” que hace un año atrás.

A esto se suma que el 39% de los consultados afirma tener a alguien de su núcleo cercano que fue desempleado.

El segundo cordón del conurbano bonaerense es más afectado con casi la mitad de los entrevistados (49%) con temor a perder su empleo.

El reporte es el resultado de un panorama de opinión pública a partir de 2.400 entrevistas realizadas entre el 11 y 14 de julio de 2017.

El rector de la UMET, Nicolás Trotta, dijo que “es innegable la dura situación que los ciudadanos del AMBA están atravesando; principalmente en el segundo cordón del conurbano que fue el más afectado por las importaciones y el ajuste”.

“Desde abril de este año la inseguridad social no muestra signos de mejoría enfrentando problemas tanto en ámbitos alimenticios, laborales y económicos”, dijo el académico.

Este Monitor del Clima Social está compuesto por siete indicadores de inseguridades: económica, alimenticia, laboral, sanitaria, habitacional, educativa y en transporte; en este monitor sólo se midieron cinco, excluyendo salud y educación.

El Centro de Estudios Metropolitanos es un centro interuniversitario resultado de un acuerdo entre la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Hurlingham.

 

 

Reforma laboral: el desafío de Argentina para entrar a la Revolución 4.0

POR MATÍAS ORTEGA. /Ámbito Financiero/

Ámbito Biz consultó a sectores con un protagonismo central en el mundo de las relaciones laborales respecto a la necesidad de implementar una reforma. Sus pros y sus contras. Los retos del futuro. Alerta por el caso Brasil.

“No nos podemos quedar bajo el mismo sistema de trabajo”. La confirmación de que el Gobierno tiene en análisis un proyecto para avanzar en una reforma laboral no es de un actor menor. Es del propio ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Las luces de alerta se encendieron en el sindicalismo a la par que los empresarios comenzaron a ver materializado públicamente un tema con el que vienen insistiendo ante los funcionarios. Aunque esta cuestión está fuertemente en debate casi desde el cambio de Gobierno, lo que reavivó el debate fueron las bruscas modificaciones en esa materia que implementó Brasil, principal socio comercial de la Argentina, pero también competidor directo en la región y el mundo.

¿Pero de que se trata la ley que implementó el gobierno de Temer? Entre los principales puntos de su reforma laboral se destacan que las convenciones y acuerdos colectivos en las empresas prevalecerán por encima de las disposiciones legales, eliminación del salario mínimo, pagar en base a horas o días y ya no de forma mensual, jornadas de trabajo de hasta 12 horas con 36 horas ininterrumpidas de descanso, fraccionamiento de las vacaciones y pausas de descanso, se crea la figura del empleado autónomo sin vínculo permanente con la empresa, y la no obligatoriedad de aporte sindical (será voluntario), entre otras normativas no menos polémicas.

Algunas de estas normas apuntan a aumentar la productividad de las empresas, mientras que otras encuentran fundamento en los cambios que está generando la tecnología en los procesos industriales y en el trabajo, en función de la denominada cuarta revolución industrial que avanza en el mundo. Este argumento es uno de los principales focos de discusión, con voces a favor y en contra.

Por un lado, cuestiones como la inteligencia artificial, la robotización, y la automatización de tareas, sumado a una tendencia de las nuevas generaciones que según los analistas piensan más en proyectos puntuales que en hacer carrera en una compañía, hacen mella en los cimientos tradicionales del mercado laboral. Y encuentra sus más acérrimos detractores en las organizaciones sindicales que esgrimen el temor a que los cambios deriven en una flexibilización laboral -en el peor sentido del concepto- que erosione las conquistas sociales.

INDUSTRIA 4.0

“Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes”, vaticinó el año pasado Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial y autor del libro “La cuarta revolución industrial”. Y añadió que ésta “no se define por un conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están construidos sobre la infraestructura de la revolución digital (anterior)”.

Tal como destaca Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina de País de la OIT para la Argentina, “el mundo del trabajo está cambiando de manera acelerada, y no sólo por el ingreso e impacto de las nuevas tecnologías, sino que a ello se suman las formas atípicas de empleo, que incluyen el empleo temporal, a tiempo parcial, por medio de una agencia, la relación de trabajo multipartita, el empleo encubierto y el empleo por cuenta propia económicamente dependiente”. Al respecto, el vicepresidente de la UIA y presidente de la Copal, Daniel Funes de Rioja, opinó que “estamos ante un mundo que está cambiando tecnológicamente a gran velocidad y tenemos por delante la inteligencia artificial, la robotización, la automatización, y frente a ello debemos pensar en cuál es el sistema de relaciones laborales y de contratación más adecuado”. Y asegura: “Hay algo que se ha concientizado en el mundo desarrollado al que aspiramos y es que no se pueden proteger los empleos que no van a existir, hay que proteger al trabajador y a su familia”.

En sintonía, Jorge Figueroa, secretario de la Federación Argentina de Empresas de Trabajo Temporario (FAETT), añade que el cambio en los procesos y tareas abre “el debate del futuro” del empleo, ya que muchos puestos que existen en la actualidad desaparecerán, y remarca que la legislación necesita ser modificada a la par de los avances de la nueva realidad. Sin embargo, sostiene que cuestiones como la robotización no necesariamente generan un problema de pérdida de empleo, siempre y cuando sea acompañada de la adecuada formación educativa de las personas. “La connotación histórica de la flexibilización no ayuda, pero yo me inclino más por hablar de nuevas formas de trabajo, producidas por las generaciones nuevas que lo están pidiendo y porque la tecnología hace que haya que tener en cuenta otros factores”, explica.

Desde la CGT, su secretario de Prensa y Comunicación, Jorge Sola, advierte que estos argumentos para imponer una reforma esconden detrás “el verdadero motivo, que es la baja del costo laboral y eso implica apuntar a lo que tiene que ver con las masas salariales”. Pero admite: “No vivimos en una burbuja. Sabemos perfectamente que la modernización, la actualización, el ingreso de la tecnología en actividades que hasta hace poco parecían sólo artesanales es algo que no solo nos supera a trabajadores y a empresarios, sino que tarde o temprano va a venir y en eso estamos trabajando”.

En ese marco, trae a debate el punto central de las preocupaciones de las organizaciones sindicales, que es la “flexibilización” de la forma que se aplicó en los años 90 por la cual sostiene que “se perdieron un montón de derechos en los convenios colectivos”. En ese sentido, el ministro Triaca aseguró que “definitivamente la reforma laboral que impulsamos no va a precarizar las condiciones de los trabajadores”. Ámbito Biz consultó a la cartera laboral los detalles del proyecto, pero prefirieron no hacer más comentarios que los vertidos públicamente por su titular y otros representantes del Ejecutivo, entre ellos el propio presidente Mauricio Macri, que apuntan a avanzar en la reducción de costos laborales y terminar con lo que denominan “la industria de los juicios”, entre otros temas.

DESAFÍO

Entre los empresarios existe una coincidencia generalizada sobre que la Argentina tiene problemas de productividad y competitividad, de salario, de costos laborales, de falta de mano de obra calificada, de creación de empleo y de informalidad. Es allí donde radica el corazón de sus argumentos a favor de una reforma laboral.

Sin referirse puntualmente al caso de la Argentina, Furtado de Oliveira considera que “es natural que los países emprendan iniciativas que revisen y actualicen sus códigos laborales” que respondan “a la constante evolución del mundo del trabajo, con el propósito de proteger a los trabajadores teniendo presentes las necesidades de las empresas sostenibles”. El directivo de la OIT remarca que a nivel mundial “ha habido una tendencia hacia la desregulación que se traduce en un gran número de trabajadores de la economía informal que quedan fuera de la gobernanza”, aunque “se reconoce que las normas del trabajo son un componente clave en los procesos de integración”. El organismo internacional plantea “la ampliación del ámbito del derecho del trabajo, permitiendo incluir formas novedosas de relación laboral, así como asegurar la transición de los trabajadores empleados en la economía informal a modalidades de empleo formal, lo cual es base esencial para cimentar el futuro en numerosos países”.

Tanto Funes de Rioja como Figueroa expresan que la necesidad de una reforma tiene anclaje en las nuevas formas que vienen en el futuro del empleo, por lo que se debe adecuar la legislación a esa nueva realidad. Proponen un sistema de contratación y despido “más ágil”, reducción de los “impuestos al trabajo”, de los costos, de la informalidad, la pobreza, e impulsar el desarrollo de mano de obra calificada. Para estos especialistas, esas modificaciones son instrumentos clave para la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector privado, algo que según las estadísticas no ocurre desde 2011. De hecho, el último informe del INDEC arrojó que la tasa de desocupación ascendió a 9,2% en el primer trimestre de 2017.

Más allá de coincidir en cuestiones como combatir el trabajo en negro y la pobreza, Sola advierte que “achicar cualquier derecho colectivo o individual que tengamos va a contar con el rechazo del movimiento obrero”, y apunta contra los propios empresarios como responsables de algunos de los problemas para los cuales piden soluciones.

Hay un punto en común entre todos los actores: la necesidad de sentarse todos en una mesa, junto con el Estado, a debatir el panorama de las relaciones laborales de cara al futuro y buscar soluciones a través del consenso.

SOCIOS Y COMPETIDORES

Históricamente, Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. El último informe de la consultora Abeceb arrojó un dato preocupante: la balanza bilateral en julio fue deficitaria para nuestro país en u$s 800 millones, lo que representa el mayor rojo mensual del que se tenga registro. Ambos, junto con México, son las economías más industrializadas de la región por lo que también los convierte en competidores naturales. Es por ello que la reforma brasileña prende luces de alerta para la Argentina.

Sobre esta cuestión tanto el Gobierno, la UIA, como FAETT, sostienen que lo que haga Brasil no es un espejo para la Argentina, y que su situación socioeconómica y política no es la que atraviesa el país. Pero sostienen que el vínculo indivisible entre ambos obliga a mirar con atención y tomar las medidas del caso.

“Si quieren disparar para algo tan profundo como lo que están haciendo en Brasil, creo que no están dadas las condiciones laborales, políticas y sociales”, considera Sola y sostiene que la CGT rechaza esa reforma porque “tiene condiciones que no solo atentan contra los derechos laborales, sino también contra condiciones de dignidad humana”. “La verdad que más que mirada al futuro, esta modernización le puso el acento en retroceder varias decenas de años en la legislación solo para tratar de que el sector empresario tenga un lucro mayor”, añade para luego insistir con que cualquier modificación de las condiciones laborales en un sentido similar al que se implementó en Brasil encontrará un rechazo generalizado de las organizaciones gremiales.

 

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