Bolivia. El escarpado camino de la justicia contra el feminicidio
Resumen Latinoamericano / Zulema Alanes Bravo, ANF / 2 de agosto de 2017
De 2013 a junio de 2017, la violencia machista mató a 350 mujeres en Bolivia.
El 11 de julio la fiscal Karina Cuba no estaba presente cuando se pronunció la sentencia absolutoria del acusado por el feminicidio de María Isabel Pillco pero todos apuntaron a ella. Dos años y nueve meses antes acusó a David Viscarra por la muerte de su pareja de 28 años. En un caso de feminicidio el sistema penal no devuelve la vida, pero tiene la obligación de hacer justicia y el primer eslabón para lograrlo es la fiscalía.
Cuba sabe cómo funciona el sistema. Trabajó como supernumeraria, fue pasante de diligencias, asistente de fiscal y secretaria de tribunal. El caso i4LP1414895 fue el segundo feminicidio a cargo de esta fiscal, pero el primero con sentencia absolutoria y la gota que hizo rebalsar las dudas sobre el debido proceso en el sistema de justicia. Y el primero que será sometido a una auditoria jurídica porque si concurren el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión parcial o total de las autoridades encargadas de sancionarlo, el feminicidio es un crimen de Estado.
Desde que conoció la resolución de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que instruyó auditar el juicio penal por este feminicidio, la fiscal ha tomado este caso como un asunto personal porque 40 días antes de la sentencia pronosticó un fallo absolutorio y denunció: “hay parcialización de los jueces”.
Para bien o para mal, Karina Cuba, es una de las fiscales más visibles del Ministerio Público en la sede de Gobierno. Respetada y odiada. Valorada y cuestionada. Los extremos se aproximan a la hora de destacar su disciplina y su dedicación al trabajo. Como coordinadora de la Fiscalía Especializada en Víctimas de Atención Priorizada (FEVAP) debe supervisar el trabajo de un equipo de 10 fiscales y el curso de unas 17 mil demandas penales, pero en medio de las cientos de miles de páginas de los expedientes que saturan las estanterías y se esparcen por los pisos de sus oficinas, 114 son de feminicidio, representan la menor carga procesal pero una de la más importantes porque son el recordatorio de que la desigualdad entre hombres y mujeres mata.
Cada fiscal debe ejercer la acción penal y dirigir la investigación y actuación policial de todos los delitos tipificados como violencia de género (Ley 348) y de trata y tráfico de personas (Ley 263), de 1.500 a 2.000 expedientes, sobrecarga judicial que limita a lo estrictamente necesario la atención de cada caso, impide cumplir los plazos procesales y asistir a las audiencias, y es también excusa para la retardación de justicia.
Los asesinatos de mujeres en ciudad Juárez, México, dieron origen a la tipificación del feminicidio como toda violencia letal que ocasiona la muerte de una mujer por ser mujer. Marcela Lagarde –mexicana, antropóloga, izquierdista, feminista– decidió transformar la consternación y el dolor en denuncia y exigencia de justicia. Hace una década denunció el genocidio de mujeres y definió el feminicidio como una barbarie asociada a prácticas sociales que permiten atentados violentos contra su integridad, su salud, sus libertades y su vida. En la justificación de la ley que promovió en su país –la primera en Iberoamérica– explicó que estos asesinatos “tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables. Y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres”.
En Bolivia el feminicidio se tipificó como delito bajo presión ciudadana, en marzo de 2013, tres semanas después del asesinato de la periodista Hanalí Huaycho a manos de su esposo, el policía Jorge Clavijo, denunciado como agresor ante sus superiores en al menos 14 oportunidades. La Policía, brazo operativo en la lucha contra la violencia machista, no lo amonestó nunca; 15 puñaladas aceleraron la aprobación de la ley 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia).
Aunque ya son 15 los países que en América Latina sancionaron el feminidicio con las penas máximas –en Bolivia 30 años de prisión sin derecho a indulto–aún no lograron dimensionar la magnitud del problema, ni adecuar la institucionalidad para enfrentarlo, ni superar las prácticas que obstaculizan el acceso a la justicia.
You must be logged in to post a comment Login