Argentina. Resumen gremial y social: Seis sindicatos intervenidos en la era Macri/ Sindicatos y abogados laboralistas denunciarán internacionalmente al gobierno/ Allanaron viviendas de trabajadores de ex Coop.Petinari/ Yasky:”El Gobierno quiere demonizar a los dirigentes sindicales”/ Envían Gendarmeria a proteger empresa petrolera Tecpetrol(Techint) que despedirá 300 trabajadores/ La quita de aranceles generó 6 mil despidos …

Resumen Latinoamericano/06 de julio 2017.- Una nueva sección informativa de las luchas sindicales del pueblo argentino contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri.

Con información propia y de Canal Abierto,  Página12, Infonews, Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal.

Invitamos a quienes quieran informar sobre despidos, huelgas, ocupaciones, movilizaciones y conflictos sindicales varios, que nos envíen sus gacetillas y comunicados a resumenrebel@gmail.com

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Ya son seis los sindicatos intervenidos en la era Macri

La medida judicial contra “Canillitas” se suma a otras decisiones de persecución gremial impulsadas por el Ministerio de Trabajo

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó esta semana el allanamiento y la intervención del Sindicato de Vendedores de Diarios (Sivendia), y el procesamiento de su secretario general, el diputado nacional Omar Plaini. El hecho se enmarca en una causa por supuestas irregularidades en las elecciones internas de 2013, sobre la que Corte Suprema falló a favor de la actual conducción del gremio.

José Olivo es el referente de Agrupación de Canillitas “7 de Noviembre”, y candidato de la lista Azul que perdió con Plaini en 2013. Entonces denunció el proceso electoral pero hoy, en diálogo con Canal Abierto, asegura que el juez tergiversó el sentido de su reclamo: “Nosotros acudimos al organismo de aplicación que es el Ministerio de Trabajo, para solicitar que arbitre los medios que nos garanticen una elección libre, transparente y democrática. Después denunciamos en fiscalía la irregularidad de firmas en la planilla de asistencia a la asamblea de la Junta Electoral. Nos rechazaron como querellantes y la Justicia avanzó de oficio. La nuestra era una denuncia de falsificación de documento privado, que después se convirtió en falsificación de documento público para que tenga jurisdicción el juez federal”.

Plaini por su parte expresó ayer que la decisión judicial evidencia un hostigamiento político-partidario, y deslizó que el gobierno nacional estaría detrás de la medida: “Esta es una persecución política y un claro ataque al movimiento obrero organizado”.

Olivo agregó que su sector rechaza la injerencia del gobierno en la conducción del sindicato: “Es una barbaridad, nosotros jamás pedimos la intervención. La Justicia aparece ahora, cuando en septiembre vence el mandato de la actual conducción. Es oportunismo político: se utiliza cuando estamos por ir a elecciones legislativas”.

Desde Canillitas, gremio que durante los últimos años se enfrentó al Grupo Clarín interrumpiendo en muchos casos la distribución y venta del diario, informaron que “la causa quedó archivada y, sorprendentemente, después del cierre de listas, nos encontramos con siete camionetas de Gendarmería para hacer un allanamiento como en los peores momentos de la dictadura”.

Para finalizar, Olivo comentó a Canal Abierto que “hoy se está realizando una marcha a la que no acudimos porque muchos de los compañeros creen que los responsables de esto somos nosotros. Como creemos que es muy difícil que se vuelva atrás con la intervención, lo que estamos reclamando son elecciones en nuestro gremio. No creemos positivo que un delegado interventor proteja los intereses de los vendedores de diarios”.

Mendoza

En abril el gobierno de Alfredo Cornejo intervino el Sindicato de Judiciales de Mendoza, organizado en la CTA Autónoma. El Ministerio de Trabajo había anulado el año pasado las elecciones en el gremio, en las que Adriana Domínguez se impuso sobre Sergio Mortarotti, que luego presentó impugnaciones al proceso eleccionario. Desde entonces, la conducción del sindicato se encontraba vacante, hecho que posibilitó al gobierno provincial imponer la paritaria por decreto.

Jujuy

En la provincia gobernada por Gerardo Morales, la empresa Ledesma pidió esta semana la intervención de la obra social del sindicato azucarero, que cuenta con más de 3500 afiliados. El jefe de asuntos legales del emporio de la familia Blaquier, en una nota dirigida a Oscar Nuttini, uno de los asesores de la asociación sindical y mutual, anticipó que solicitarán la intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud en la Obra Social del Personal del Azúcar de Ingenio Ledesma (OSPAIL). La patronal argumenta que la comisión directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (SOEAIL) y de la obra social tiene el mandato vencido desde el 16 de junio.

El conflicto se originó a mediados del mes pasado, cuando el Ministerio de Trabajo de la Nación suspendió las elecciones del sindicato de trabajadores de la caña de azúcar. La cartera de Triaca notificó el 14 de junio a la comisión directiva del gremio jujeño la nulidad de la convocatoria a elecciones y la suspensión del proceso. El ministerio aprovechó una denuncia presentada por Ricardo Aguilera, secretario adjunto del SOEAIL, que reclama la nulidad de la junta electoral. La maniobra gubernamental beneficia a la empresa, y deja abierta la posibilidad de una intervención del gremio azucarero.

Tucumán

En enero 2017, el Ministerio de Trabajo dispuso la intervención de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA), por considerar que hubo irregularidades en su proceso electoral interno. El secretario general, Juan Correa, denunció una maniobra de sus opositores para quedarse con el manejo de la caja de la obra social de la FEIA, que cuenta con 30.000 afiliados y 60.000 beneficiarios: “En 2015 hubo elecciones en el sindicato, en las que participaron diez de las once filiales. No hubo problemas”. Marcos Díaz, el interventor ministerial, desembarcó en el gremio el décimo día del año con una tropa de efectivos de la Policía Federal

Marítimos

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) fue intervenido por orden judicial el 18 de febrero de 2016. Su jefe, Enrique Omar “Caballo” Suárez, fue detenido en el penal de Marcos Paz por denuncias sobre supuestos cobros de coimas. El Ministerio de Trabajo nombró como interventora entonces a  Gladys González, la ex diputada nacional macrista y titular de Acumar, quien acompañará al ministro de Educación, Esteban Bullrich, como precandidata a senadora bonaerense por Cambiemos. La situación interna del gremio no fue resuelta por la intervención, y la cartera laboral anticipó que las elecciones se realizarán recién el año que viene.

Vigiladores

El gremio del personal de seguridad (Upsra), que conducía el barrionuevista Ángel García, fue intervenido también por irregularidades en el proceso electoral. Quedó como interventor Rodolfo Alonso, un dirigente radical cercano a Enrique “Coti” Nosiglia.

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Sindicatos y abogados laboralistas contraatacan en la ONU y la CIDH

Apenas arrancó el acto, un video sintetizó las declaraciones lesivas del Presidente de la Nación y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, contra jueces y abogados laboralistas a quienes involucran en una supuesta mafia responsable del cierre de empresas, ausencia de inversiones e informalidad en el empleo. Los canales sobre los que se reproducían las agresiones eran los grandes medios de comunicación que vehiculizan sin derecho a réplica los slogans oficiales.

Frente a la pantalla estuvieron sentados Eugenio Zaffaroni, Héctor Recalde (acusado de encabezar cual el Padrino “la mafia de abogados”), dirigentes de la CTA Autónoma y de los Trabajadores, sindicatos de base de la CGT y representantes del CELS, entre otros militantes. Las tragicómicas declaraciones de Macri generaban risas mientras que en otros, iracundas cejas fruncidas.

En su rol de anfitrión, Matías Cremonte llamó a construir una respuesta colectiva y unitaria frente a los atropellos que pasó a enumerar: la designación por decreto de los jueces de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, el pedido de juicio político a cuatro magistrados de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en disconformidad con sus fallos (ver nota) y la participación de abogados laboralistas en la supuesta mafia fogonera de una eventual “industria del juicio” (ver nota).

Fueron los oradores que le procedieron quienes develaron que detrás de la maniobra oficial lo que hay es un intento de embestir contra los derechos de los trabajadores. Eugenio Zafaroni, por ejemplo, advirtió que el gobierno busca una sociedad de 70/30: “Un 70% de personas pobres y un 30% que no lo sean. Un modelo que sólo cierra con represión”.

Juan Carlos Capurro, vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos y abogado de ATE y la CTA Autónoma, advirtió que el caso argentino tiene réplicas regionales y que en todos, los abogados laboralistas son el evidente chivo expiatorio.

El titular de la Federación Judicial Argentina, Hugo Blasco, se refirió a la reforma de la ley de ART sancionada en febrero pasado, a la que calificó de “reaccionaria”, tanto más que el texto original de 1995 y los cambios introducidos en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Blasco también hizo mención al sindicato de trabajadores judiciales de Mendoza que, junto al de Canillitas, integra la lista de seis organizaciones intervenidas por el Gobierno y la Justicia (ver nota ).

Relató luego su caso Roberto Pianelli, titular de la Asociación de Gremial de Trabajadores del Subte, a la que le fue quitada su personería en un claro favor a la UTA. Hugo Godoy, secretario general de ATE, mencionó el procesamiento penal de los dirigentes rionegrinos Aldo Capretti y Rodolfo Aguiar. Los calificó de ilegales, como de “mafiosos” a los empresarios de Pepsico que despidieron a 600 operarios “para maximizar una rentabilidad que de por sí es extraordinaria”.

Siguieron otros dirigentes, como el presidente de la CLATE, Julio Fuentes, que prefirió denominar al gobierno de “patronal” y no de “pro patronal”. Alertó asimismo sobre la creación de una comisión legislativa que buscará, según él, reformar regresivamente el sistema de previsión social.

Y convocó a la unidad, como lo hicieron casi todos los oradores sin excepción, en un marco de amplitud que más que una expresión de deseo pareciera ser el puntapié de un nuevo round en la pelea.

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Allanaron las viviendas de trabajadores de la ex Petinari

El Juzgado N° 2 de Morón ordenó el allanamiento a los domicilios de cuatro directivos de la Cooperativa Acoplados del Oeste, que desde 2015 gestiona la ex fábrica Petinari de Merlo.

El martes pasado, efectivos policiales ingresaron a las viviendas  del presidente de la cooperativa Jorge Gutiérrez, Fernanda Lizarraga, la secretaria; el tesorero Hernán Noir y Luis Becerra, el consejero.

En diálogo con En Otras Palabras (lun a vier de 9 a 12hs), Gutiérrez afirmó que “se está haciendo una persecución” a los trabajadores. “Primero empezaron por el veto de María Eugenia Vidal, siguieron después con perimetrales a compañeros que no pueden acercarse al predio, y el martes pasado este allanamiento a los directivos de la cooperativa”, expresó el presidente de Acoplados del Oeste.

Gutiérrez comentó que los efectivos policiales “estaban en busca de maquinaria” en sus domicilios. En ese sentido, explicó que “un puente de grúa mide 20 metros de largos y pesa casi dos toneladas, es imposible que me lo baje al hombro y es imposible que lo meta en mi domicilio”.

Además, el presidente de ADO expresó que están evaluando realizar una movilización a los Tribunales de Morón para rechazar el allanamiento.

Por último, Gutiérrez recordó que “nosotros nos mantenemos en la puerta de la fábrica acampando desde marzo, cuando nos desalojaron”. “Para mí es una forma de querernos debilitar y sacarnos de la puerta, pero hoy estamos más fuerte que nunca y esto no nos va a voltear”, concluyó.

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Yasky denunció que los empresarios “confunden derechos con costos”

“El Gobierno quiere demonizar a los dirigentes sindicales”

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, exhortó a todo el movimiento obrero a realizar “una gran protesta nacional” el próximo 7 de agosto.
Imagen: DyN

Tras la intervención del Sindicato de Canillitas, el líder de la Central de los Trabajadores Argentinos ratificó la convocatoria a una protesta y movilización contra “el ataque a todo el movimiento sindical” impulsado por el Gobierno nacional y contra las políticas económicas de la gestión de Mauricio Macri, “que generan que una inmensa mayoría esté castigada por la desocupación”. Yasky anticipó que la marcha será el 7 de agosto, fecha que recuerda los históricos reclamos de “pan, paz y trabajo”, encabezados por el entonces secretario general de la CGT, Saúl Ubaldini, en los 80. Reclamó, además, la reapertura de las paritarias, que cerraron por debajo de una inflación que “ya está pasando el 25 por ciento claramente”.

“Estamos en la cuenta regresiva de una protesta más que necesaria”, expresó el titular de la CTA en diálogo con Radio Cooperativa, y destacó que solamente en el conurbano bonaerense el índice de desocupación es del 11,8 por ciento, el pico más alto de los últimos 10 años. Para Yasky, “hay un intento por demonizar a los dirigentes sindicales” de parte del Gobierno nacional, que está buscando “reafirmar la adhesión de un sector del país que pide mano dura y que cree que todos los problemas se van a solucionar cuando no hayan reclamos sindicales ni sociales”. “En este contexto, el Gobierno avanza despreciando a las instituciones democráticas”, denunció.

La convocatoria de la CTA será acompañada por la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, que ayer votó por unanimidad su adhesión a una jornada de protesta seis días antes de las PASO, porque el gobierno “intenta imponer una flexibilización laboral que borre todos los derechos y conquistas históricas de los trabajadores argentinos”.

Respecto del desplazamiento de Omar Plaini del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Capital Federal y Buenos Aires (que ayer recibió el respaldo de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que preside su compañero de la CGT Juan Carlos Schmid), Yasky señaló que se trata de “una clara persecución” porque pertenece al mundo sindical y manifestó su apoyo a Unidad Ciudadana, la coalición que encabeza la ex presidenta, Cristina Kirchner. “Lo que se ha hecho en Canillitas es una clara violación a los convenios sobre libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo”, denunció.

El titular de la CTA destacó que hay un sector de la sociedad que está “obsesionado por terminar con la justicia laboral y con todo lo que tenga que ver con derechos”, y alertó que el Gobierno se propone “destruir las conquistas del movimiento sindical en Argentina”. “Para estos empresarios, derecho es igual a costo. Su política es clara”, subrayó Yasky, quien también criticó a la Justicia “manejada a control remoto”: “La corte Suprema no tiene absoluta independencia y los jueces federales son directamente alfiles que se manejan desde la Casa Rosada”, concluyó.

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La oposición a Plaini también condena la intervención del gremio

La oposición a Plaini también condena la intervención del gremio

Los dirigentes que pidieron en 2013 que Trabajo garantizara las elecciones, condenaron la intervención. Es un “intento de afectar las herramientas con los que contamos los trabajadores para pelear por nuestras condiciones laborales”, dijeron.

“Desde la agrupación de canillitas 7 de noviembre rechazamos la intervención de nuestro sindicato por resolución del juez federal Marcelo Martínez  De Giorgi”, abre el comunicado de prensa de los canillitas referenciados con José Olivo, dirigente opositor a Omar Plaini que en 2013 presentó un requerimiento ante el Ministerio de Trabajo para que garantizara la transparencia de los comicios.

“Una vez más se puede ver el intento de afectar las herramientas con los que contamos los trabajadores para pelear por nuestras condiciones laborales”, sostuvieron.

“La intervención de la casa de los trabajadores, es un escenario nefasto, que deja en serio riesgo Derechos Constitucionales y Gremiales”, añadieron desde el espacio que ahora temen que se nombre un interventor al servicio del Grupo Clarín y La Nación.

“Vemos así la utilización espuria de la impugnación del proceso electoral realizada en el año 2013, la cual tenía como finalidad reclamar el arbitrio a la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Trabajo, para que garantizara un proceso electoral libre, transparente y democrático”, explicaron sobre el proceso que derivó en la intervención y del que ellos no participaron. Según le comentaron a este portal no son querellantes en una causa que pensaron muerta hace dos años.

“Nos oponemos a la intervención por parte del Estado de nuestro gremio y exigimos la convocatoria a elecciones de forma urgente, para que seamos los canillitas de forma democrática y participativa, los que decidamos sobre el futuro de nuestra actividad”, concluyeron.

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Envían Gendarmeria a proteger empresa petrolera  Tecpetrol  (Techint) que despedirá 300 trabajadores.

 Así lo indicaron desde el Sindicato de Petroleros Privados del Chubut. Aseguran que la empresa comunicó que debe realizar una reducción de 300 trabajadores en sus contratistas para mantener la operatividad en El Tordillo. El gremio sostiene que hay connivencia entre el Ejecutivo nacional y la empresa del grupo Techint
 El Poder Ejecutivo nacional envío a 220 gendarmes para proteger las instalaciones del yacimiento El Tordillo que opera la empresa Tecpetrol, del grupo Techint. 

La crisis petrolera ha mostrado ribetes inesperados en la provincia de Chubut. Desde el Sindicato de Petroleros Privados denunciaron que el Poder Ejecutivo nacional envío a 220 gendarmes para proteger las instalaciones del yacimiento El Tordillo que opera la empresa Tecpetrol, del grupo Techint. 

La situación se habría dado ante la advertencia del gremio de llevar adelante medidas de fuerza por la decisión de la empresa de realizar una inminente reducción de 300 trabajadores en sus contratistas. 

“Los directivos de Tecpetrol dejaron de ser empresarios para convertirse en militares con tácticas”

“Los directivos de Tecpetrol dejaron de ser empresarios para convertirse en militares con tácticas”, criticó Jorge Avila, secretario general de los petroleros.

El arribo de 220 gendarmes al yacimiento El Tordillo tensaron las negociaciones para mantener los puestos laborales en las áreas que Tecpetrol tiene en Chubut.

Fuente: La Tecla Patagonia

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Incendian el vehículo de ATE frente a la casa del Secretario General Adjunto

La CTA Autónoma, filial San Luis, repudia enérgicamente el atentado perpetrado contra el Secretario Adjunto de ATE y CTA , Fernando Gatica, a quien en la madrugada de hoy le incendieran en la puerta de su domicilio el vehículo en el que se traslada , propiedad del gremio estatal.
Llama la atención que estos hechos de violencia se produzcan en una provincia cuyo gobierno ha invertido fuertemente en seguridad.

Hacemos responsables de este suceso y de los que pudieron suceder a las autoridades de la provincia y
exigimos la inmediata investigacion de este hecho que nos remonta a un pasado deleznable .

PRENSA CTA Autónoma

Conferencia de Prensa en ATE San Luis tras el incendio de la camioneta del gremio

Esta mañana a las 11 hs se llevó a cabo en el local de ATE San Luis una Conferencia de Prensa con integrantes del Consejo Directivo Nacional de ATE y de la Región CUYO quienes viajaron en solidaridad y repudio al atentado ocurrido la madrugada del día 5 al vehículo de ATE San Luis.
Este terrible suceso ocurrió en el domicilio particular de Fernando Gatica, Secretario Adjunto del sindicato, la madrugada del día miércoles horas antes de que integrantes del Consejo Directivo Provincial viajaran a Concarán a realizar actividades previstas como medidas de fuerza ante el despido de un compañero en dicha localidad.
Este hecho delictivo todavía no ha sido resuelto y desde el sindicato se exige a las autoridades provinciales realizar un proceso de investigación contundente que de con las causas que provocaron el acontecimiento. Una de las vecinas de Fernando Gatica aseguró haber visto como era rociada la camioneta por un grupo de personas lo que indica que el hecho fue provocado de manera intencional.
Silvia León Secretaria de Organización de ATE Nacional estuvo presente en la conferencia y fue clara y contundente al pedir que se realice la investigación pertinente. “En horas de la madrugada de ayer en la puerta de la casa del compañero Fernando Gatica, el Secretario Adjunto del Consejo Directivo Provincial de ATE seccional San Luis, personas no identificadas aún han quemado intencionalmente la camioneta perteneciente a nuestro sindicato en la cual los compañeros tenían previsto partir para llevar el apoyo y acompañar un serio conflicto que tenemos en la ciudad de Concarán en donde el intendente ha despedido a un trabajador con más de 10 años de antigüedad.
Habiendo realizado medidas de fuerza el día anterior desde el gremio y los y las trabajadoras del municipio en apoyo de Walter Leyra, trabajador despedido y en medio de este conflicto fue que ocurrió este suceso delictivo en el domicilio particular del compañero Fernando Gatica. Es un hecho que trascendencia provincial y nacional ya que tiene que ver con una situación de mucha gravedad.
Por esto hacemos el pedido y la reiteración desde el CDN de que se realice la investigación y que se esclarezca el hecho, para con nuestra organización y para con la comunidad de San Luis, ya que hechos de esta magnitud deben ser fuertemente aclarados e investigados. (…)
Mi presencia acá en San Luis tiene que ver con el respaldo, el apoyo pero sobre todo con el pedido de investigación desde el CDN a las autoridades y al gobernador de la provincia de San Luis.”
A su vez también habló Fernando Gatica quién comentó lo siguiente “Teniamos planificado ir a realizar las medidas de fuerza en Concarán pero a su vez pasar a brindar apoyo a un conflicto de la CTA-A y la UCRA (Sindicato de choferes de colectivo) quienes también estaban llevando una medida de fuerza. Alrededor de las 4 de la madrugada me toca la puerta la policía y me avisa que había una camioneta incendiada. Salgo a la puerta de mi domicilio y veo que la camioneta es la Peugeot Partner perteneciente a nuestro sindicato, acto seguido, una vecina muy asustada salió y atestiguo que vio como rociaban la camioneta un grupo de personas, se hizo presente criminalística y realizó su procedimiento de investigación. (…) Estamos atravesando un muy mal momento como sindicato debido a que todo apunta a que esto está relacionado a nuestra actividad gremial en defensa de los y las trabajadoras de la provincia, se trata de un mensaje que nos busca amedrentar y no un hecho al azar”.
Prensa CDP San Luis

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Previo al paro, la denuncia de los docentes contra la Ciudad

El secretario General de Ademys, Jorge Adaro, habló de la política de paritarias porteñas y la comparó con la de la Provincia. Anunciaron un paro para el martes 11.

Previo al paro, la denuncia de los docentes contra la Ciudad

Previo al paro, la denuncia de los docentes contra la Ciudad

Luego de que se anunciara un paro en las escuelas porteñas, el secretario General de Ademys, Jorge Adaro, advirtió que “la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de la Provincia, hace mas de cien días que no convoca a la docencia a discutir un salario”.

En ese sentido, indicó que “la oferta rechazada hace tres meses fue del 19,75 por ciento y debe ser mejorada”. A su vez, añadió a Radio Belgrano que reclaman una nueva negociación: “Dejaremos que hagan la oferta y sobre ella haremos la valoración correspondiente”.

“Es absolutamente legítima la necesidad de exigir al Gobierno una respuesta seria. Ellos van a hacer una propuesta y la van a comunicar”, insistió Adaro que acusó la Ciudad: “Mantienen una política unilateral de dar aumentos sin ningún tipo de discusión”.

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La quita de aranceles ya generó 6 mil despidos en las electrónicas

La quita de aranceles ya generó 6 mil despidos en las electrónicas

A tres meses de la quita del arancel, sólo una empresa sigue fabricando notebooks en el país. “Hace cuatro años se fabricaron casi 5 millones de computadoras en el país; este año no superarán 1 millón”, explican.

La quita del arancel de 35% al ingreso de computadoras, notebooks y tablets del exterior en abril originó un gran cambio en el sector, que hasta entonces producía localmente notebooks, tablets, PCs de escritorio y AllinOne, entre otros productos.

Las empresas aseguran que es imposible competir con productos de Asia, una cosa obvia, donde los costos en general y la mano de obra son mucho más baratos. Como consecuencia, las mayoría de dejó de fabricar notebooks y tablets y comenzó a importarlas.

Algunas sólo continúan haciendo localmente las netbooks para Conectar Igualdad; otras, sólo arman desktops (PC de escritorio) en el país. Una empresa entró en concurso de acreedores y una sola continúa haciendo todos los equipos que producía previamente en su planta, pero con un nuevo foco y al sumar nuevos negocios.

Según datos de Camoca (Cámara de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines), difundidos ayer por El Cronista,la medida causó, de este modo, unos 6000 despidos en todo el país.

Las más afectadas fueron las Pyme del interior. “Unas 200 firmas, sobre todo las que están cerca de la Cordillera o de Paraguay, cerraron. No todos trabajaban bajo la UOM, muchos figuraban como empleados de comercio, de ahí la diferencia en los números relevados”, explicó Carlos Scimone, gerente de Camoca.

Los datos hablan por sí solos. “Hace cuatro años se fabricaron casi 5 millones de computadoras en el país; este año no superarán 1 millón y, para 2018, serán menos de 800.000 equipos”, destacó Scimone.

La excepción a la regla general es Exo. La empresa continúa fabricando los mismos productos, como servidores, notebooks, netbooks, AllInOne, tablets, 2en1, desktop y MiniPC en su planta de Parque Patricios, donde también hacía mothers y memorias; por el momento hace la misma cantidad que antes del arancel 0, pero centrada en equipos más económicos en notebooks y tablets, más enfocados en baja y media gama. La firma asegura que no echó a un solo empleado y que sumó nuevas actividades productivas, como el manejo de energías renovable, con paneles solares; o soluciones en Internet de las Cosas (IOT), entre otras.

En el otro extremo se sitúa Corporate Corp, conocida por la marca Ken Brown. El 5 de abril, apenas unos días después de la medida, un juzgado comercial dispuso la apertura del concurso preventivo de la empresa.

Otras compañías, como Newsan, Positivo BGH o Novatech siguen fabricando sólo para Conectar Igualdad.

Positivo BGH (joint venture de la argentina BGH y la brasileña Positivo Informática) cerró una fábrica en Tierra del Fuego en diciembre pasado y ahora sólo hace localmente netbooks para el plan educativo del gobierno en su fábrica de Pablo Podestá, Gran Buenos Aires. “El resto de los productos de baja, media y alta gama los desarrollamos acá y los mandamos a fabricar en Asia”, explicaron desde la firma.

Lo mismo sucede con Newsan, el principal proveedor del plan educativo, que importa notebooks y hace las netbooks en su planta de Campana. Como los componentes (baterías, memorias, etc) ya no deben ser nacionales, gran parte de ellos son ahora también importados. También Novatech continúa con las netbooks educativas.

Air Computers hace sólo algunos modelos de computadoras portátiles. En tanto, otras empresas como Banghó y Grupo Núcleo (PC Box) producen desktops e importan notebooks y otros equipos que antes hacían localmente.

Salvo el caso de Exo, en los demás el inicio de la importación de parte de los equipos llevó a reducir personal. Y la gran mayoría, como Positivo BGH, Newsan y Banghó, también distribuye en el país equipos de marcas internacionales, como representantes locales.

En cuanto a las primeras marcas mundiales, en el sector aseguran que no traen los equipos más modernos, sino de características antiguas. “Por ahora el mejoramiento de productos no se ha visto”, coincidió Scimone.

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Volvió a fracasar la paritaria de Camioneros y los Moyano activan un plan de lucha

Volvió a fracasar la paritaria de Camioneros y los Moyano activan un plan de lucha

Volvió a fracasar la paritaria de camioneros y los moyano decidieron iniciar el lunes en todas las ramas de la actividad “asambleas permanentes” que, en los hechos, significarán “paros parciales”, en especial en la rama combustibles.

Trabajadores agrupados en el Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA) que conducen Hugo y Pablo Moyano comenzarán este fin de semana “las deliberaciones preparatorias” en cada una de las ramas del convenio colectivo 40/89 para organizar las asambleas.

El secretario Gremial de la organización sindical, Marcelo Aparicio, explicó a Télam que “el cuarto encuentro paritario de hoy en Trabajo fue otro rotundo fracaso” y sostuvo que “la cosa está muy mal” y, los trabajadores, comenzarán el lunes “un plan de acción con asambleas en todas las ramas”.

Dirigentes gremiales encabezados por Aparicio -Pablo Moyano no participó por encontrarse de viaje- y empresarios de la cámara FADEEAC ratificaron hoy en las dependencias laborales de la Avenida Callao al 100 sus respectivas posiciones salariales.

En tanto el sindicato de camioneros exigió otra vez una recomposición de los haberes del 32 por ciento, los directivos del autotransporte de cargas ofrecieron un 19,5 en tres tramos, lo que fue rechazado.

Sin embargo, el funcionario laboral Marcos Ambruzzo -quien encabeza las negociaciones en representación de Trabajo- convocó nuevamente a las partes para las 15 del martes 11 próximo.

A diferencia de lo que había ocurrido hasta ahora, el sindicato no movilizó esta tarde hacia la Avenida Callao, quizá en la certeza de que no iban a producirse avances y con un plan de acción sindical ya aprobado por el plenario general de delegados.

Los dirigentes camioneros responsabilizaron otra vez de forma directa a Trabajo de “obstaculizar las negociaciones” al procurar imponer “techos paritarios” y rechazaron su “intervencionismo”.

De comenzar el lunes las “asambleas permanentes” y los “paros parciales” se obstaculizarían actividades clave, como por ejemplo en las ramas combustibles, caudales, logística y recolección.

La FADEEAC ratificó la mejora del 19,5 por ciento en tres tramos de 6,5 por ciento cada uno en julio, noviembre y marzo, aunque no descartó “encuentros informales” de forma previa al lunes en procura de destrabar el diálogo y evitar las protestas. Para la cámara, es “absolutamente imposible” satisfacer en las actuales circunstancias “las exigencias gremiales” porque “la situación es muy compleja y difícil, existen serios problemas de rentabilidad y presión tributaria y una caída de la actividad”.

Sin embargo, Moyano (h) y otros dirigentes ya habían acusado a los empresarios de “llorar permanentemente, como hace pocos días lo hicieron en el Consejo del Salario Mínimo los representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA)” y ratificaron la demanda del 32 por ciento.

Los camioneros también piden que el adicional que perciben se eleve del 15 al 20 por ciento para la rama combustible y el pago de un bono de fin de año con una base de 10 mil pesos y, para los trabajadores de aguas gaseosas y lácteos, de 20 mil pesos.

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La producción de las Pymes industriales cayó 1,7 % en mayo

Según la Came, la industria Pyme descendió 20 meses consecutivos. Sectores como alimentos, transporte mejoraron, pero siguen en baja textiles, calzados, muebles. El empleo en descenso.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) difundió que la producción de las Pymes industriales se contrajo en mayo 1,7 % con respecto al mismo mes del año pasado. Así, se cumplen 20 meses consecutivos en baja.

La cámara destacó que “aunque la recuperación viene más demorada que en el resto de la economía, en mayo crecieron el 36,4 % de las industrias relevadas. Es la mayor proporción en alza desde septiembre de 2015.”

El resultado surge de la encuesta mensual industrial elaborada por Came entre 250 pequeñas y medianas empresas del país.

El estado de las Pymes industriales no fue uniforme. El sector ligado al agro y alimentos tuvo una mejora, mientras el resto bajó. Las ramas con crecimiento fueron Material de Transporte, 16,8 %; Alimentos y bebidas, 1,2 %; Productos Químicos, 1,1 %; y Productos de metal, maquinaria y equipo, 0,8 %.

Los sectores que descendieron son Papel, cartón, edición e impresión, -9,2 %; Calzado y marroquinería, -8,6 %; Productos de maderas y muebles, -7,8 %; Productos textiles y prendas de vestir, -7,6 %; y Minerales no metálicos, -5,8 %.

La contracara de la caída de la actividad son los despidos. La Fundación Observatorio Pyme sostuvo que el nivel de ocupación de las PyME industriales en el primer trimestre de 2017 se contrajo 2,7 % respecto al mismo período de 2016.

Las empresas ante la reducción de ventas y la rentabilidad responden con despidos, suspensiones y el deterioro de las condiciones laborales para evitar perder sus ganancias. Así, se registró un aumento de la desocupación al 9,2 % en el primer trimestre del año, según el Indec.

 

 

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