Los abogados responsables por la defensa jurídica del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva incluyeron, el martes (20), una nueva prueba en el proceso relacionado al Tríplex (apartamento con tres plantas), localizado en Guarujá, litoral del estado de São Paulo. Con el nuevo documento encaminado a la acción, consideran que la condena del ex presidente en la 13º Jurisdicción Criminal de la Justicia Federal en Curitiba, capital del estado de Paraná, responsable por parte de la operación Lava Jato se vuelve inviable jurídicamente. La presentación de las pruebas fue realizada en entrevista colectiva concedida a la prensa en la tarde del día 20, en São Paulo.
Los abogados Cristiano Zanin Martins e Valeska Teixeira Martin presentaron una documentación que, según ellos, refuerza el argumento de que Lula jamás ha sido propietario del inmueble. Las nuevas pruebas fueron presentadas en el alegato final del proceso y demuestran que el edificio no podría ser contabilizado como patrimonio de la constructora OAS y, por eso, no podría ser ofrecido a Lula como soborno.
El Ministerio Público Federal también ha presentado sus últimas consideraciones sobre el caso y el juez de primera instancia Sérgio Moro está liberado para poner fin a la acción, sin plazo determinado. El ex presidente es acusado de haber recibido el apartamento tríplex como contrapartida de supuestas ventajas concedidas a la OAS a partir de recursos desviados de tres contratos públicos de la Petrobras.
“Mientras el Ministerio Público Federal no ha logrado presentar alguna prueba, la defensa presenta hoy la prueba contundente de la inocencia del presidente Lula”, afirmó Zanin.
Pruebas
La fallecida esposa de Lula, Marisa Letícia, obtuvo una cota de la Cooperativa de los Bancarios de São Paulo (Bancop), en 2005, para adquirir un apartamento en el edificio donde se localiza el tríplex. Cuatro años más tarde, el emprendimiento fue transferido a la constructora OAS.
En la ocasión, Marisa desistió de su cota referente a la adquisición del apartamento. La defensa de Lula afirma que él llegó a visitar el tríplex, pero desistió de la compra.
Los abogados presentaron documentos de operaciones financieras realizadas por la OAS relacionadas al inmueble. Aún en 2009 la OAS emitió obligaciones hipotecarias, mecanismo que funciona como la obtención de préstamos en el mercado a partir de la venta de títulos de crédito. Estes hechos ya estaban evidentes en el proceso.
Las nuevas pruebas se basan en los documentos anexos que indican que la contratista, como forma de garantizar la emisión, concedió los derechos económicos y financieros del inmueble de Guarujá, incluyendo el tríplex, a un fondo administrado por la Caixa Econômica Federal, banco estatal brasileño.
El procedimiento, que sigue en uso, asegura que, para que alguien adquiera una de las unidades del edificio – lo que incluye la propia OAS –, es necesario pagar el precio del inmueble en una cuenta específica indicada por el banco. Ningún recibo de depósito bancario fue presentado por la acusación.
“Solo con los depósitos bancarios en estas cuentas se liberarían los apartamentos para la transferencia de propiedad. Léo Pinheiro [socio de la constructora] y la OAS no tenían este inmueble disponible sin realizar el pago a la Caixa Econômica”, resume Zanin.
La línea de la defensa está fortalecida por elementos que constan en el proceso de recuperación judicial – procedimiento conocido como concordato – de la OAS. La consultoría Apsis apuntó que el edificio en Guarujá no podría estar contabilizado como patrimonio de la constructora debido a la mencionada operación financiera.
Críticas
Los abogados de defensa afirman que los nuevos documentos fueron obtenidos de manera autónoma, ante las negativas del juez Moro para obtener pruebas.
“Todo lo que he presentado está archivado en los registros y archivos públicos. Una investigación imparcial podría obtenerlas”, critica Zanin. “No solo en el momento de la investigación policial podría haber sido descubierta. La defensa, cuando presentó su respuesta a la acusación, solicitó la realización de prueba pericial. Uno de los pedidos cuestionaba si los contratos de la Petrobras generaban algún recurso. Esa prueba fue denegada. Nosotros también hemos solicitado otras pruebas respecto a los aspectos económicos y financieros del inmueble”, resalta.
La defensa de Lula se queja del acceso a la averiguación policial que resultó en este proceso: “Tomamos conocimiento de la averiguación en otro proceso. Con base en esta información, solicitamos al juez Sergio Moro el acceso a la averiguación de investigación del tríplex. Él negó el acceso requerido por la defensa”, dijeron los abogados.
“Nosotros presentamos un reclamo constitucional solicitando acceso a la averiguación. El juez Sergio Moro defiende el acesso dos días antes de la acusación del ex presidente Lula. Es decir, sin la oportunidad de la defensa esclarecer o solicitar la obtención de pruebas”, complementa Zanin.
Política
Los abogados de defensa afirmaron también que el proceso contra Lula “tiene un significado político”. Ambos apuntan que diversas consultorías no encontraron indicios de actuación ilícito de Lula en la Petrobras, al citar de forma específica un parecer de la KPMG. Según la defensa, el Ministerio Público Federal no indicó ninguna prueba en ese sentido.
Valeska afirma que la acusación demuestra “falta de conocimiento de cómo funciona la empresa, su administración y fiscalización”.
Los abogados han resaltado que el Ministerio Público Federal en Curitiba excedió su competencia al listar estes temas en la denuncia, pues la cuestión está en averiguación, bajo la guardia de la Procuraduría General de la República y del Supremo Tribunal Federal y explicaron los mecanismos de nombramiento de directores de la Petrobras: el Consejo de Administración, compuesto por miembros indicados por el gobierno y elegidos por la Asamblea General de los accionistas, elige a los directores de la empresa estatal.
Los nombramientos ocurrieron por aprobación unánime del Consejo, incluyendo el posicionamiento de los consejeros elegidos por el voto de accionistas minoritarios. Valeska afirmó que no hay pruebas de corrupción sistémica en Petrobras, menos aún de relación o conocimiento del ex presidente Lula.
“Ninguna persona, ninguna institución o autoridad – con deber legal y condiciones técnicas – identificó un problema en Petrobras, menos aun de orden sistémica. Si nadie ha identificado, qué sentido hay en el cuestionamiento de Moro al expresidente Lula si él tenía conocimiento de actos de corrupción en la Petrobras? Los directores de Petrobras involucrados a los actos ilícitos no mantenían una relación [directa] con el presidente Lula. Buscan responsabilizar a Lula solamente por haber sido presidente de la República”, complementa Zanin.
En ese sentido, Cristiano y Valeska también señalan en las alegaciones finales, que es inaceptable la aplicación de la teoría del dominio del hecho en el caso: “No es posible aplicar, ni de manera remota, esa teoría”, defiende Valeska. “La teoría es sugerida porque el Ministerio Público no tiene pruebas. No puede amparar la acusación. Quieren la condena por el cargo que él ocupaba.”
A pesar de las críticas a lo que creen ser desvíos políticos de la operación “Lava Jato”, los abogados se muestran confiados en la prueba anexa en la fase final del proceso.
“El proceso político se desarrolló de manera clara desde el comienzo hasta hoy. El proceso tenía una clara finalidad política. En ese momento, con las pruebas que hemos presentado en el alegato final, una sentencia condenatoria será claramente política”, defiende Zanin.
Edición: Vanessa Martina Silva | Traducción: Luiza Mançano
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